El agua no es un bien comercial, sino un bien
público En la actualidad 1.200 millones de personas tienen dificultad para
acceder al agua potable. En los próximos 25 años, 2 de cada 3 personas sufrirán
serias dificultades acceder al agua que necesitan para vivir.
Injusticias hídricas: el agua corre hacia el poder
Por Joan Martínez Alier
Bajo la expresión justicia hídrica se agrupan las
investigaciones y acciones dirigidas a preservar el acceso al agua como un
servicio público a un precio asequible a los más pobres. El contexto es urbano.
La oleada neoliberal de la década de 1990 fue acompañada por una campaña de
privatización de los servicios de agua y saneamiento, con la idea de que las
compañías privadas serían capaces de subir los precios y de hacer las
inversiones requeridas. Los precios sí subieron, las familias pobres sufrieron
y además las prometidas inversiones no siempre se efectuaron. De Cochabamba a
Buenos Aires, pero también Sudáfrica y hasta Londres, se extendieron las
protestas.
La mayor parte del aprovisionamiento del agua y del
saneamiento continúa en manos públicas (municipales, regionales). Más allá de
la privatización impulsada por la ideología neoliberal, se plantea la cuestión
de cómo mejorar el suministro de agua en manos públicas, cómo conseguir una
distribución justa, cómo evitar que el pago del agua tenga carácter regresivo,
cómo compaginar el uso urbano con otros usos en una perspectiva regional.
También, cómo fomentar los sistemas de water harvesting (captación de aguas
pluviales) y de desalación con técnicas locales apropiadas, cómo evitar que los
pobres urbanos deban pagar su escaso consumo a precios superiores porque
dependen de la llegada de tanques a las periferias urbanas al carecer de agua
entubada, cómo evitar la gran injusticia de la falta de servicios de
saneamiento en algunos barrios. Todos estos son aspectos de la justicia hídrica
urbana.
Cuando en cualquier lugar del mundo una comunidad
lucha contra una plantación de eucaliptos (para pasta de papel para
exportación), o contra un ingenio azucarero que se lleva el agua (como en
Morelos en tiempos de Zapata), contra una mina que va a destruir la calidad del
agua local, contra una extracción ilegal de arenas y gravas en el río, está
luchando por la justicia ambiental y por la justicia social, y concretamente
por la justicia hídrica.
Muy frecuentemente, cuando hay explotaciones
mineras, o represas y trasvases de agua, quienes más sufren de los desalojos y
de la desposesión de sus medios de vida son las comunidades indígenas. Así está
ocurriendo en el río Xingú, en Brasil, con la enorme represa de Belo Monte, al
parecer la tercera mayor del mundo tras Itaipú y las Tres Gargantas, más de 11
mil megavatios (MW) de potencia. Aunque más chico, es famoso el caso de la
represa Urrá, sobre el río Sinú, en la región atlántica de Colombia, que
constituyó una catástrofe ambiental así como un desastre para la población
local. Afectó la existencia del pueblo indígena embera katío y de las
comunidades de pescadores del área. Durante esta lucha desigual, hubo muertes,
amenazas y exilios. La zona ha estado controlada por grupos paramilitares. La
central Urrá es de 340 MW solamente. Formó un gran lago, desplazando a los
embera katío. Además, la presencia de Urrá impide que el río Sinú lleve agua
hacia la costa y las tierras de cultivo aguas abajo se salinizan. Eso fue
aprovechado por industrias camaroneras para expulsar a agricultores, con ayuda
de paramilitares. Se planeó una segunda represa, pero no se llevó a cabo,
aunque fueron asesinados uno tras otro los líderes Alonso Domicó, en 1998,
Alejandro y Lucindo Domicó, en 1999, y Kimy Pernía Domicó en 2001.
Un grupo de la Universidad de Wageningen, con el
profesor Rutgerd Boelens, investiga en cooperación con activistas locales sobre
tales injusticias hídricas en territorios de América Latina y de otros
continentes. Anuncia sus cursos y trabajos en español en justiciahidrica.org/ y
ha publicado el excelente libro Justicia hídrica: acumulación, conflicto y
acción social (Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2011). En la introducción,
los editores afirman que el agua corre en dirección al poder. Donde el poder se
acumula, allá llega el agua que se robó de otros sitios. Muchas veces se
acumula en manos de unos cuantos usuarios dominantes en sectores favorecidos.
La distribución injusta del agua se manifiesta no sólo en términos de pobreza,
sino que también constituye una grave amenaza para la seguridad alimentaria y
la sostenibilidad ambiental.
En un contexto general, que incluya lo urbano y lo
rural, lo local, lo nacional y lo internacional, debemos ver la justicia
hídrica como parte del gran movimiento global de justicia ambiental que lucha
contra las asimetrías en el uso de recursos naturales y en las cargas de la
contaminación.
Así como hay un movimiento de justicia climática,
hay un incipiente movimiento internacional de justicia hídrica que nace y se
sustenta de la resistencia contra tantas injusticias locales.
Fuente: La Jornada
¿Qué puedes hacer tú?
Pedir "El derecho al agua y el saneamiento como
derecho humano"
El agua no es un bien comercial, sino un bien
público - Se invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa
para la implementación del derecho humano al agua y el saneamiento reconocido
por la ONU y a promover el suministro de agua y el saneamiento como servicios
públicos esenciales para todos. La legislación de la UE debe exigir a los
gobiernos que garanticen y proporcionen a todos los ciudadanos servicios de
agua potable y saneamiento convenientes. Entra en la web http://www.right2water.eu/es y toma parte de la campaña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario