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TRADUCCIÓN A OTROS IDIOMAS - TRANSLATION TO OTHER LANGUAGES

martes, 30 de junio de 2020

ÓSCAR UGARTE FIRMÓ UNA LEY QUE FAVORECIÓ A LOS CONSORCIOS EXTRANJEROS QUE TIENEN EL MONOPOLIO DEL OXÍGENO





La gente se está muriendo por falta de oxígeno, mientras las plantas de PSA de las poderosas corporaciones Linde y Air Products han ganado fortunas con la producción del gas medicinal en los últimos diez años. ¿Quiénes fueron las responsables de tremendo negociazo? Nada menos que el propio exministro de Salud, Óscar Ugarte, que el 26 de enero de 2010 firmó la Resolución Ministerial N° 062-2010/Minsa y aprobó el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para exigir que en adelante el suministro de oxígeno medicinal que requerirían los pacientes peruanos debía contar con una concentración del 99% de pureza.




Con esa ley se logró que el resto de productores nacionales de oxigeno que contaban con concentraciones del 93%, se queden fuera en el negocio del oxígeno, y desde ese momento se les denegó el registro sanitario.

Sin embargo, el gobierno siempre premia a los profesionales que desde un principio han sido los verdaderos enemigos de la población nacional y a pesar de eso los recicla. Y aunque es lamentable que el doctor Ugarte esté en estos momentos infectado de Covid, es exigible que luego de su recuperación le dé una explicación al país, por tratarse de una situación grave, tomando en cuenta entre otros factores, que esa irresponsable medida ha generado en esta cuarentena miles de muertes, así como acaparamientos y las quiebras de las economías familiares; a consecuencia de la traba burocrática impuesta y que hoy a luces de todos se evidencia como otro gran lobby.

¿Hasta cuándo sangrará la herida de la indolencia de estas autoridades? Hemos visto varios ministros de Salud pasar por la cartera desde hace algunos quinquenios y a pesar de eso la sanidad pública sigue colapsada, y sin infraestructura. Sin embargo, los medios han erigido al doctor Óscar Ugarte Ubilluz como un héroe por haberse trasladado a sus 75 años a la región Loreto para encabezar la atención de los infectados de Covid. Pero omiten difundir que esas mismas autoridades de salud son las que han favorecido a los monopolios extranjeros, que son los que realmente dictan las reglas en nuestro pais.

A pesar que la propia OMS sugiere que el oxígeno medicinal con 93% de concentración debe emplearse para pacientes clínicos, en nuestro pais el propio ministerio de Salud contradijo ese estándar y exigió una concentración de 99% de pureza basados en una falacia.

Felizmente, hoy entendemos las razones de aquel despropósito y sabemos quiénes fueron los que realmente se vieron favorecidos con esa exigencia burocrática y lobista.

Incluso Indecopi que por estos tiempos se ha vuelto un ente ciego, sordo y mudo, el 22 de noviembre de 2012  (0334-2012/CEB-INDECOPI) resolvió a favor de tres productores nacionales de oxígeno. Ellos denunciaron el mal proceder del ministerio de Salud y en aquel fallo se declaró que hubo una barrera burocrática ilegal en la exigencia establecida en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales – PNUME (aprobado por Resolución Ministerial Nº 599-2012-MINSA), de que el oxígeno medicinal a utilizarse en el país, tenga una concentración de 99% a 100%. Y a su vez, declararon que también hubo barrera burocrática carente de razonabilidad de la condición o exigencia impuesta por el Ministerio para que el oxígeno medicinal a utilizarse en el país tenga una concentración de 99% a 100%.


Pero lo más insólito al respecto es que hasta el momento el Minsa no acata la medida impuesta por INDECOPI, y no cambia su normativa hasta nuestros días.

En el expediente de INDECOPI de los demandantes de acuerdo a información contrastada por otros reportes de salud concluyeron:

1.     Que la exigencia del oxígeno en concentraciones del 99%, la cual se encuentra en el PNUME, no se encuentra justificada en el interés público, hasta la fecha no existe ningún reporte de reacción adversa al oxígeno con grado de concentración del 93%.
2.     Que las características instauradas por el PNUME no son proporcionales a los fines que se requiere alcanzar, el concentrado de oxígeno de 93% tiene la misma eficacia terapéutica, seguridad e incluso disponibilidad que el oxígeno de concentración del 99%. Para ello, adjunta documentación en la que se evidencia de que existen otros países en los cuales se incluye dentro de su farmacopea el oxígeno de 93% de concentración.


 Así las cosas, debido al caos, la especulación y las colas de personas que empleaban sus ahorros para salvar a sus parientes enfermos, y sumado a las pérdidas humanas que todos los días observa nuestro país, recién el gobierno se ha visto en la obligación de emitir el Decreto de Urgencia N° 066-2020 que dicta medidas extraordinarias para incrementar la producción y el acceso a sistemas de oxígeno medicinal para el tratamiento del coronavirus y reforzar la respuesta sanitaria, en el marco del estado de emergencia nacional por el Covid-19, y en su artículo segundo señala excepcionalmente que se autorice el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%. Eso significa que los pulmones de todos los peruanos siempre requirieron sin ningún problema el gas de los oxígenos al 93% de pureza, y no los de 99% como el Minsa nos ha hecho creer en los últimos diez años.



Tampoco nos ilusionemos, porque esta ley del Ejecutivo señala que solo es excepcionalmente. Eso significa que a partir de enero de 2021, el control absoluto del suministro de oxígeno medicinal para los nosocomios del ministerio de Salud, EsSalud y gobiernos regionales del Perú, volverá a las manos de las poderosas corporaciones, Linde de Alemania y Air Products de Estados Unidos, tal como señala el Decreto de Urgencia en su tercer artículo: “Autorizase, excepcionalmente, al Ministerio de Salud, para que, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud – CENARES y durante el Año Fiscal 2020, efectúe las contrataciones que garanticen la provisión de oxígeno medicinal a todos los centros de salud e instalaciones de ampliación de la oferta hospitalaria a nivel nacional”.

Bonus track:

En política el sistema en Perú no ha cambiado y para designar a los expertos que tienen que solucionar los problemas de índole nacional siempre se recurre a gente que tiene trayectoria y experiencia basados en el aspecto cronológico y no precisamente por los aciertos, logros, o buenos resultados que aquel profesional haya cosechado durante su producción en todos esos periodos de su cronología profesional; en otras palabras el reciclaje ya se ha convertido en un modus operandi.

Aquí un ejemplo sencillo: «tenemos a un profesor que tiene 30 años de experiencia como docente y que a lo largo de esos años no preparó bien su curricula y método de estudio y finalmente los 1,200 alumnos que pasaron por su aula durante todo ese tiempo no aprendieron nada de la materia que el profesor les dictó; sin embargo, luego los promotores le colocan en otro plantel de mayor prestigio con el argumento de que tiene 30 años de experiencia ininterrumpida y por lo tanto está capacitado para el puesto”.



Generalmente ese es el tipo de criterio y meritocracia que se ejerce en nuestro país, y sucede también en las instancias corporativas, sociales y estudiantiles. En ese sentido, dos de los profesionales de la salud que han sido designados para trabajar en aquel nuevo Comando de Operaciones Covid-19 son los médicos Pilar Mazzetti y Óscar Ugarte.

Todo lo que necesitas saber sobre Óscar Ugarte Ubilluz






Ahora que está internado por Covid, el doctor Ugarte del equipo del Comando de Operaciones Covid-19, efectivamente, tiene experiencia en salud pública porque fue Viceministro de Salud de enero a diciembre de 2002 durante el mandato de Alejandro Toledo.

Luego, en el gobierno aprista fue designado por el Premier Yehude Simons, como ministro de Salud desde octubre de 2008 hasta terminar el mandato de Alan García, en julio de 2011. En aquella época a pesar del conflicto del Baguazo y la crisis del gabinete que renunció en su totalidad, Ugarte fue blindado y continuó como ministro con el nuevo gabinete Velásquez Quesquén y volvió a juramentar como titular de Salud el 11 de julio de 2009.



Óscar Ugarte también fue el protegido de Alan García porque este le defendió cuando patinó durante los rumores del brote de la gripe (H1N1) al asegurar que una mujer de nacionalidad argentina había traído el virus al país, luego se descartó en un laboratorio que no había tal virus en la mujer y se confirmó que la tesis de Ugarte era falsa, de tal manera que había alarmado antes de tiempo al país.

Asimismo, Óscar Ugarte supo acomodarse en otras jefaturas estatales, porque ha sido también Presidente de SISOL (Sistema Metropolitano de la Solidaridad) entidad que administra a todos los hospitales de la Solidaridad; y por si fuera poco también ha sido Jefe del hoy desactivado IGSS (Instituto de Gestión de Servicios de Salud) una entidad adscrita al Minsa y que en la práctica no generaba resultados, más allá de mantener salarios elevados. Además en 2013 el Presidente de la Federación Médica Cesar Palomino lo acusó de realizar conflicto de intereses por haber suscrito convenios entre SISOL y el Minsa (justamente cuando Ugarte era titular de Sisol y Midori de Habich respectivamente del Minsa) y que como ellos: de Habich y Ugarte antes pertenecieron a una ONG PHR (Partners for Heatlh Reform) eso significaba que siempre trabajaban juntos.



Óscar Ugarte a pesar de ser médico, es ya un político curtido y recientemente el 26 de enero postuló a este Congreso Extraordinario y lo hizo por la agrupación de izquierda Juntos por el Perú liderada por Yehude Simmons y Verónika Mendoza; no obstante, su agrupación política no pasó la valla electoral y por ende no consiguió una sola curul.


Ahora bien, hace unos meses cuando el doctor Ugarte estaba en plena campaña era todo un experto en la materia y solía decir en los medios que él podía hacer mucho porque la salud es un derecho de las personas, y que para mejorar el sistema de salud: además de gestión también se requiere mayor financiamiento. También habló que se requiere de decisión política, porque hay dinero suficiente, pero como país invertimos poco en el sector. Es decir, todo un gurú de la salud ¿Y ustedes qué opinan?


Por  LUIS FELIPE ALPACA

MIRIAN MORALES DESDE PALACIO DE GOBIERNO Y LOS CONTRATOS DE SU EX PAREJA CON EL ESTADO DEL PERÚ

Mirian Morales y Jorge Mere con su hija




Todo comenzó con los más de 175 mil soles que el Ministerio de Cultura le pagó a Richard Swing en diversas órdenes de servicio desde el año 2018 al 2020. La ruta de las contrataciones nos fue dando más nombres de los involucrados. Hoy, no solo es Richard Swing quien se benefició de sus contactos para lograr jugosos pagos. En esta historia también aparece Mirian Morales Córdova, Secetraria General del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, y en este informe te contaremos, cómo Jorge Mere Vidal, ex pareja y padre de la hija de Mirian Morales, consiguió diversas contrataciones con el Estado, a pesar de no contar con grados o títulos académicos.

¿QUIÉN ES MIRIAN MORALES?

Para entender más sobre el caso, debemos conocer su formación y el recorrido de Morales Córdova en el Estado. La señora Morales es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Magíster en Política y Gestión Medio Ambiental por la Universidad Carlos III de Madrid, con estudios de doctorado en Antropología. Antes de trabajar con el presidente Vizcarra, Morales Córdova ocupó diferentes puestos en diversos ministerios en el Gobierno de Ollanta Humala.


Miran Morales. Foto: El Comercio.

Su primer trabajo en el Estado fue en el Ministerio de Energía y Minas, donde tuvo el cargo de «Especialista en Resolución de conflictos de Gestión Social», entre diciembre del 2010 y junio de 2012. Luego pasó a trabajar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo el cargo de «Experta en Misión. Proyecto de Prevención de Conflicto en el uso de Recursos Naturales», de julio de 2012 a septiembre de 2014.

En agosto de 2014, Mirian Morales llega al Ministerio de Agricultura y Riego, ahí es colocada como «Coordinadora de la Unidad de Prevención de Gestión de Conflictos y Asesora de Alta Dirección» en la Autoridad Nacional del Agua, institución adscrita al MINAGRI. Puesto que ocupó hasta agosto del año 2016.

Todo comenzó con los más de 175 mil soles que el Ministerio de Cultura le pagó a Richard Swing en diversas órdenes de servicio desde el año 2018 al 2020. La ruta de las contrataciones nos fue dando más nombres de los involucrados. Hoy, no solo es Richard Swing quien se benefició de sus contactos para lograr jugosos pagos. En esta historia también aparece Mirian Morales Córdova, Secetraria General del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, y en este informe te contaremos, cómo Jorge Mere Vidal, ex pareja y padre de la hija de Mirian Morales, consiguió diversas contrataciones con el Estado, a pesar de no contar con grados o títulos académicos.

Con la llegada de PPK a la presidencia en el 2016, Martín Vizcarra se convierte en Vicepresidente del Perú y en ministro de Transportes y Comunicaciones. Otra de las personas que llega al Ministerio de Transportes en agosto de 2016, es Mirian Morales, designada por Vizcarra como Directora de Asuntos Socio Ambientales.


Presidente Martín Vizcarra y Mirian Morales. Foto: Caretas.

Con el escándalo del caso Chinchero, Martín Vizcarra se va del país y se convierte en embajador del Perú en Canadá, pero Morales Córdova permanece en su puesto hasta el 24 de marzo de 2018. En dicha fecha el exministro del MTC Bruno Giuffra Monteverde, aceptó su renuncia y horas después con la llegada de Martín Vizcarra a la presidencia del Perú, Mirian Morales se convirtió en Secretaria General del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno, nuevamente designada por Martín Vizcarra.

Sin duda, durante la época del Ministerio de Transportes, Morales Córdova supo ganarse la confianza del presidente Vizcarra.


 LA EX PAREJA (JORGE MERE VIDAL)

La ex pareja y padre de la hija de Mirian Morales, es Jorge Mere Vidal. Curiosamente Mere Vidal no cuenta con grados o títulos académicos, como lo confirma la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).



 A pesar de eso, el señor Mere Vidal comienza a ser contratado por el Estado el 24 de octubre de 2013. Su primera orden de servicios fue por el monto de 6 mil soles con el Ministerio de Agricultura y Riego.

El 28 de enero de 2015 Jorge Mere, consigue una nueva orden de servicio por el monto de S/ 6 750 soles, en SERFOR, órgano adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. En esta oportunidad es contratado para el «Servicio de Apoyo al Archivo de SERFOR». Recordemos que esa misma fecha Mirian Morales Córdova ocupaba el cargo de «Coordinadora de la Unidad de Prevención de Gestión de Conflictos y Asesora de Alta Dirección» en la Autoridad Nacional del Agua, institución adscrita al Ministerio de Agricultura.


Cinco meses después, Jorge Mere conseguiría otra orden de servicio con SERFOR, con la diferencia que el monto se elevó a S/ 10 125 soles. ¿Qué tenía que hacer esta vez? lo mismo que meses atrás: «Servicio de Apoyo en el Archivo de SERFOR». En esta fecha Mirian Morales continuaba en su cargo en el Ministerio de Agricultura.

Tres meses después, Jorge Mere conseguiría su cuarta orden de servicio con el Gobierno. El 14 de septiembre de 2015, aparece un contrato por el monto de S/ 10 500 soles. Por tercera vez para las labores de «Servicio de Apoyo de Archivo» en SERFOR. ¿Quién era la Directora Ejecutiva de SERFOR en el 2015, año en que Jorge Mere conseguía las órdenes de servicio? nada menos que la actual ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Ella ocupó el cargo de Directora Ejecutiva de SERFOR, entre Julio de 2014 y Octubre de 2016. Es decir, esos contratos para la ex pareja de Mirian Morales fue precisamente cuando Fabiola Muñoz y Morales Córdova trabajan en el Ministerio de Agricultura. ¿Casualidades?


Como mencionamos, Fabiola Muñoz deja el cargo en octubre de 2016 en SERFOR. Pero un hecho grave sucede en su gestión como Directora Ejecutiva. Se trata de la denuncia por fraude presentada por Edgard Lázaro Alcántara, representante legal del Banco GNB Perú, en la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima. Un fraude que sufrió el Banco GNB Perú, por un monto aproximado de 12 millones de soles. Dentro de los investigados en dicho caso, aparece  Lita Aimé Verastegui Soto, ella se desempeñaba como Directora de la Oficina General de Recursos Humanos en  SERFOR, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Riego entre el año 2015 y 2016.

Viceministra Patricia Balbuena, Lita Verástegui y ministra Fabiola Muñoz.

Lita Verástegui, luego fue designada por Patricia Balbuena como Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura. Luego pasó a PRONABEC del MINEDU, y finalmente terminó trabajando al lado de Patricia Balbuena en el Ministerio de Inclusión Social en plena cuarentena. ¿Por qué mencionamos a Lita Verastegui Soto? sucede que la mencionada funcionaria también fue citada para el 23 de junio por la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, por el caso Richard Swing.

Aquí el documento de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima.


De igual forma la actual ministra Fabiola Muñoz fue involucrada directamente por tres presuntas irregularidades, debido a la exoneración del proceso de selección para las contrataciones por un monto aproximado de un millón setecientos mil soles, tal como lo señala el informe de Auditoría N° 017-2016-2-0052.


JORGE MERE Y LOS CONTRATOS EN LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE VIZCARRA

El 17 de mayo de 2016, 11 de julio de 2016 y el 01 de agosto de 2016, Jorge Mere Vidal consiguió tres órdenes de servicio en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El monto de cada orden de servicio fue de 2 mil soles. Pero su suerte cambiaría con Mirian Morales como Secretaria General de Palacio de Gobierno y con Martín Vizcarra como presidente de la República.

Posteriormente, Jorge Mere Vidal inició el año 2019 con pie derecho, ya que el 17 de enero consiguió una orden de servicio por el monto de 5 mil soles. En el detalle del contrato aparece «Contratación de Consultor como Asistente para Archivo del Programa de Agua Potable y Saneamiento». Esta orden de servicio fue realizada por el Ministerio de Vivienda.

Un mes después, exactamente el 20 de febrero de 2019, la ex pareja de Mirian Morales consiguió otra orden de servicio por 5 mil soles. Nuevamente para trabajar como asistente del archivo en el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda. 13 días después, Morales Córdova viajó a Canadá para una convención anual de minería.

Después de 30 días, Jorge Mere es beneficiado con una nueva orden de servicio, pero aquí comenzaría también un nuevo ascenso económico. El 21 de marzo del año 2019, el Programa Nacional de Saneamiento Rural contrató al padre de la hija de Mirian Morales por el monto de 15 mil soles por el servicio de «Encargado de Archivo para la Coordinación Administrativa Financiera». Esa sería su tercera orden de servicio con el Ministerio de Vivienda.

Pero la ex pareja de Mirian Morales seguiría con la buena racha, ya que 70 días después, conseguiría un nuevo contrato por un monto de 20 mil soles. Tal como figura en la orden de servicio del 12 de junio de 2019. La entidad que contrata nuevamente es el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda. ¿Quiénes estuvieron como ministros de Vivienda cuando Jorge Mere logró esos contratos? fueron dos funcionarios conocidos: Javier Román Piqué del Pozo y Carlos Bruce Montes de Oca. Todas las órdenes de servicio del señor Jorge Mere suman un total de S/ 84 375 soles.

Morales Córdova aparte de ser Secretaria General en Palacio de Gobierno, actualmente también es parte del directorio de Electro Perú, y es conocida en el ambiente palaciego como la mano derecha del presidente Martín Vizcarra.

El viernes 26 fue citada a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República por el caso Richard Swing. Esta vez Morales Córdova se presentó de forma presencial y respondió aunque algo incomoda, las diversas preguntas de los congresistas que integran la Comisión de Fiscalización. Una de las preguntas fue ¿existe algún grado de afinidad con Richard «Swing» Cisneros? a lo que respondió «No me une ningún grado de parentesco ni afinidad». Pero cuando el parlamentario y presidente la Comisión de Fiscalización Edgard Alarcón, le preguntó sobre el señor Jorge Mere Vidal, Mirian Morales confirmó que el señor Mere Vidal es el padre de su hija.

Mirian Morales en la Comisión de Fiscalización del Congreso

La pregunta la tomó por sorpresa, porque su expresión y esos segundos en silencio antes de responder reflejaron su preocupación y nerviosismo. Otra confirmación que hizo la misma Morales Córdova, es que conoce y se reunió en Palacio de Gobierno con el señor Luis Rivera Talledo, a quien hemos denominado el Richard Swing del Ministerio de Educación.

Los personajes y las evidencias saltan a la vista. Conocer o tener relaciones con el poder de turno permite buenos beneficios económicos. No solo Richard Swing sería uno de los beneficiados; en la lista también aparece el nombre de Luis Rivera Talledo, Jorge Mere (ex pareja de Mirian Morales), Edgar Zapata Yactayo (esposo de Karem Roca Luque), Odaliz y Alejandro Paul Roca (hermanos de Karem Roca). También se confirmó que trabajan en el Estado tres hermanos de Mirian Morales. Se trata de José Antonio (PerúPetro), Mary Lucerina (DIRESA) y Luz Marina Morales Córdova (OSCE).


Declaración Jurada de Mirian Morales.
Para finalizar, otra de las personas que también consiguió órdenes de servicio en el Ministerio de Transportes fue Claudia Mere Vidal, hermana de Jorge Mere. Ella registra dos órdenes de servicio en el MTC. La primera orden tiene fecha de 20 de septiembre de 2017, por el monto de S/ 4, 500 soles. La segunda orden de servicio es por S/ 22 500 soles, con fecha de 01 de octubre de 2018. El segundo contrato, ya con Martín Vizcarra como presidente del Perú.



Luego de ser cuestionado en conferencia de prensa sobre el caso Richard Swing, el presidente Martín Vizcarra mencionó:

“…El cargo público tienes que ganártelo con tu conocimiento, con tu experiencia, te lo ganas solo y para eso hay los procedimientos para ingresar al sector público…”.

Lamentablemente son solo palabras. La realidad es otra.


Por LIMA GRIS

CONTRATACIONES A DEDO EN EL ENTORNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ MARTÍN VIZCARRA






El caso de Richard Swing nos sigue revelando más información sobre diversas contrataciones a dedo que se realizaron en el entorno del presidente Martín Vizcarra.

Panorama también difundió esta noche el caso de Mirian Morales y las contrataciones de Jorge Mere Vidal, ex pareja y padre de la hija de Morales Córdova, mano derecha del presidente Vizcarra. «El Congreso de la República y la Fiscalía tienen en la mira a Miriam Morales, quien contrató a la tía de su hija, ella junto a otros funcionarios por la escandalosa contratación de Richard Swing en el estado, se presume que ella podría haber interferido con el Ministerio de Cultura para dicha contratación».

En Lima Gris ya habíamos presentado el caso de Jorge y Claudia Mere Vidal. La tía de su hija no sería la única que ha tenida suerte con Miriam Morales en un alto cargo, su ex pareja Jorge Mere también logró un ascenso económico con diversas órdenes de servicio.

Aquí el informe completo de Panorama.



Por LIMA GRIS

EL NEGOCIO DE LA EDUCACIÓN TRUCHA ESTÁ EN JUEGO




Nueve de los 17 miembros de la Comisión de Educación del Congreso tienen algún vínculo con los intereses de las universidades sancionadas por la SUNEDU.

Los ataques contra la reforma    universitaria   desde   la   Comisión    de   Educación del Congreso  no son fortuitos y menos gratuitos. Detrás  del sabotaje se esconde  un operativo   para mantener  a las universidades sin licencia funcionando indefinidamente y para abrir nuevos  centros de educación superior privados  con fines de lucro.

La lista de intereses de nueve de los 17 miembros titulares que integran   este  grupo  de trabajo es reveladora:  cinco parlamentarios  de la Comisión de Educación estudiaron, se graduaron o enseñan  en universidades que perdieron la licencia de funcionamiento por no cumplir los requisitos mínimos  de calidad que demanda la "Ley Universitaria".

Un sexto legislador de este grupo  estudia  en  una  institución que continúa en proceso de licenciamiento. Y otros tres parlamentarios de  la Comisión  de Educación  tienen  estrechos vínculos con personajes  que están en campaña permanente contra la   Superintendencia   Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), exigiendo la creación   de  nuevas   instituciones, a pesar de estar prohibido por ley. Ellos son mayoría en la Comisión de Educación.

La congresista  María  Gallardo  Becerra,  cuyos  ataques  a la SUNEDU   son   continuos,   pertenece, por ejemplo,  a la bancada de Podemos,  el partido  de José Luna Gálvez, también  dueño  de la Universidad  Privada TELESUP, que perdió la licencia para  funcionar en mayo del 2019. Gallardo estudió Derecho en la Universidad Particular de Chiclayo (UDCH),  cesada  en sus funciones el año pasado al no haber podido demostrar el cumplimiento de ninguna  de las "Condiciones Básicas de Calidad" que exige la Ley Universitaria.

En las  sesiones  virtuales   de la Comisión  de Educación,  Gallardo  pidió a la  SUNEDU la  "re evaluación" de la universidad donde ella estudió. También  solicitó que la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, todavía en evaluación,  mantenga su licenciamiento. Gallardo realizó estudios de posgrado  en esta institución.

"Mi  gran  preocupación  son los miles de alumnos  que piden seguir  estudiando  para   lograr terminar sus carreras y que sus universidades se licencien a través de un proceso justo e igualitario", manifestó Gallardo el pasado  viernes 19.  "No al abuso contra la UDCH (Universidad Particular de Chiclayo)", pretendió fustigar.

Otro   con  intereses   conflictuados    es   el   congresista   de Unión  por  el  Perú  (UPP)  Rubén   Ramos   Zapana.   Según  la base de datos del observatorio INFOGOB, Ramos es docente de Química Médica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez,  de Juliaca. La SUNEDU denegó  el licenciamiento de funcionamiento  a esta  casa  de estudios  en marzo  de este año, pocos días antes del inicio de la cuarentena.

El  último   miércoles  Ramos Zapana  y su colega de bancada Javier Mendoza presentaron un proyecto de ley que propone declarar en  "emergencia" y reorganizar  el sistema  educativo  en nuestro  país.  El documento  de Ramos y Mendoza  exige la "derogatoria  o modificatoria" de la Ley Universitaria y plantea  la creación  de una  "Comisión Especial Multisectorial de Emergencia Educativa" que reforme "integralmente" el sistema  de educación.

El parlamentario  de  Fuerza Popular Gilbert Alonzo Fernández es otro integrante de la Comisión de Educación con un claro conflicto de intereses en este caso. Alonzo estudió Ciencias Sociales en la Universidad San Luis Gonzaga,  de lea  (UNICA), que perdió la licencia institucional para  seguir funcionando en octubre  pasado.

Alonzo ­quien en las sesiones virtuales  de este grupo de trabajo suele  colocar como fondo  de pantalla una fotografia de Alberto Fujimori y de su hija Keiko­ no desaprovecha la menor  oportunidad  para atacar a la SUNEDU. "Hay  un  lobby  dentro de la SUNEDU  para  beneficiar  a  universidades  privadas   en  perjuicio de los  alumnos  y egresados de las  universidades  públicas", declaró el legislador fujimorista al diario "Exitosa" el pasado  domingo 21. 

"Seguiremos en la lucha para lograr el licenciamiento  de  la  Universidad  Nacional y de  la titulación de nuestros egresados",    reconoció    Alonzo Fernández.

El congresista Julio  Condori Flores, de Alianza para  el Progreso (APP), también es egresado de la Universidad San Luis Gonzaga. Cursó estudios en la Facultad de Economía y Contabilidad.

Desde  su  ingreso   a  la   Comisión  de  Educación,   Condori promueve la interpelación  del ministro    de   Educación    Mar­tín  Benavides y la intervención del  organismo   fiscalizador  que denegó  la  licencia  de funcionamiento  a la  universidad   donde estudió.  "El  ministro  ha  perjudicado a nuestros  estudiantes, a nuestros   futuros   profesionales. Estas denuncias sobre la entrega de licencias ya lindan con lo delictivo",  manifestó  Condori  durante una sesión de la Comisión de Educación, a la que acudió el ministro Benavides para brindar explicaciones sobre los licenciamientos  a la  Universidad Tecnológica  del Perú  (UTP) y a la Universidad Peruano Alemana.

Condori también  votó a favor de conformar una  comisión  investigadora de los licenciamientos que otorgó la Sunedu.

El congresista de APP, por cierto, es uno de los más  entusiastas   defensores  públicos  de Anselmo   Magallanes   Carrillo, el rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. En abril del año pasado  la Procuraduría Pública de la SUNEDU solicitó  ante  el Ministerio  Público prisión preventiva e impedimento de salida  del país para Magallanes  y otras autoridades involucradas en una supuesta emisión   de  títulos   fraudulentos en esta casa de estudios.  El pasado  martes  16 el congresista moqueguano  de  Podemos   Johan Flores se pronunció a favor de aprobar una iniciativa de ley para que el Estado  proporcione un "rescate financiero"  para las universidades privadas sin licencia. Entre ellas figura la Universidad Privada José Carlos Mariátegui,  de Moquegua,  que perdió la licencia de funcionamiento el pasado  13 de junio.

A este grupo se suma el congresista   Hans  Troyes  Delgado, de Acción Popular. Troyes estudió en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que aún no ha concluido el proceso de licencia­miento.

La parlamentaria  del  Frente  Popular  Agrícola  del  Perú (Frepap)  Julia Ayquipa Torres  no registra estudios  superiores, según   INFOGOB.   Sin   embargo, uno de sus principales asesores, Alcibiades Manco Campos, estudió  en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, condenada al cierre por la mala calidad de su enseñanza.

Napoleón Puño Lecarnaque, otro  integrante  de la  Comisión de Educación  del Congreso, fue rector de la Universidad Nacional de Tumbes  y ejerció un cargo directivo en la archipodrida Asamblea  Nacional   de  Rectores, cuando  la presidía  Orlando Velásquez.

Un audio difundido en las redes sociales en el 2018 reveló que Orlando Velásquez, uno de los presuntos  miembros  de la organización criminal  "Cuellos Blancos", ofreció a sus empleados  de la desaparecida ANR un "examen facilito" para  que, cuando se cerrara la ANR, pudieran  quedarse a trabajar en la SUNEDU.

El congresista Puño Lecarnaque, del partido de César Acuña,  adelantó que  presentará un proyecto de ley  que busca modificar la designación del Superintendente de la Sunedu. El  argumento  de  la  bancada del empresario universitario es que, tal y como está ahora la de­signación,  se vulnera la autonomía de las universidades.

El  papel de Luis Dioses Guzmán, el presidente de la Comisión de Educación, ha sido decisivo para armar un pelotón de ataque contra  el jefe de la SUNEDU  y el ministro de Educación. Dioses invitó  a los  congresistas  Cecilia García y Arón Espinoza,  ambos del partido de José Luna Gálvez, a las sesiones  de este grupo  de trabajo  en  las  que  participaron los titulares  de Educación y de la SUNEDU. Y García y su colega Espinoza  aprovecharon  la cortesía de Dioses para  atacar  duramente a ambos funcionarios. "Están buscando  refuerzos  de otros lados del Congreso y los  invitan  a las sesiones para atacar a lo que consideran  que  no van con sus intereses", dice a esta revista una fuente de la SUNEDU. La bancada de Podemos, el partido del dueño de la Universidad TELESUP, juega un rol clave en esta trama.

"Daniel Urresti dijo que su bancada no se iba a meter con la reforma, precisamente porque hay  un  conflicto   de  intereses con José Luna. Pero esta bancada hace  una  cosa diferente a lo que  anunció   Urresti",   advierte la fuente.



El presidente de la Comisión de  Educación   y  el  congresista José Luna  Morales,  hijo  del dueño  de Telesup,  presentaron juntos   el proyecto  de  ley  para suspender el cobro de los peajes durante la pandemia. Y hace algunos días Dioses Guzmán  sorprendió   a  la Comisión  de Educación al poner en la agenda de debate   un  predictamen  de ley "'Parte del proyecto de ley presentado por los congresistas de UPP Ramos Zapana y Mendoza Marquina y que propone declarar en emergencia el sistema educativo que propuso  la creación  de una nueva instancia, por encima de la SUNEDU,  para revisar y resolver  los  recursos de  impugnación que podrían  presentar las universidades que se quedaron sin licencia.

El  escándalo  que  generó  el asunto  obligó a  Luis  Dioses a retroceder y retirar la iniciativa.

El pasado  martes 16 el presidente de la Comisión  de Educación  volvió a la  carga: planteó debatir una propuesta para  que las universidades privadas   con  licencia  rechazada -corno TELESUP,  de su "jefe" José  Luna, la Inca Garcilaso  de la  Vega y Alas  Peruanas­  pudieran  acogerse a un  "Plan  de Emergencia" regulado exclusivamente para ayudar a las universidades públicas  sin licencia.

La bancada del Partido Morado se opuso  y el debate,  afortunadamente, no prosperó.

Pero los intentos de la Comisión de Educación para cambiar las  reglas de juego y favorecer a las universidades  sin licencia no han cesado. Este grupo de trabajo ha citado ya cuatro veces al mi­ nistro de Educación entre el 15 de mayo y el 19 de junio de este año. Y dos veces al superintendente de la SUNEDU Oswaldo Zegarra.

La semana pasada la Comisión de Educación acordó proponer  la creación  de una  comisión  especial para investigar las presuntas irregularidades   en  los  procesos de licenciamiento de la SUNEDU.

Sería la cuarta investigación que afronta la SUNEDU desde el 2015.

Lo que  está  en juego,  según diversos analistas,  es el negocio de la educación.

Desde que el gobierno de Alberto  Fujimori  aprobó una  "ley de  promoción  de  la  inversión en  la  educación"   que  permitió la creación de universidades privadas  con fines  de lucro,  en 1996, el Perú  se convirtió en el segundo     país    sudamericano, por  detrás   del  gigante   Brasil, con mayor número de universidades de baja calidad.

Este escenario empezó a cambiar  en el 2018  con la  reforma universitaria. En los últimos dos años la SUNEDU  denegó el licenciamiento de 44 universidades y dos escuelas de posgrado.  Entre ellas se encuentran la Universidad  Privada TELESUP,  la Universidad  Inca Garcilaso de la  Vega y la Universidad Alas Peruanas.

La reforma parecía avanzar viento en popa hasta hace pocos meses,  cuando  grupos políticos vinculados  a los dueños  de universidades privadas tomaron las riendas  de la Comisión  de Educación del Congreso con una agenda  bajo el brazo: mantener a las  universidades que  obligaron a echar  el candado  operando  indefinidamente.  Y reducir los plazos para la creación y autorización de nuevas  universidades   públicas   y  privadas  a 120 días. Esto, eventualmente, podría  también  servir para  que, aquellas  que fueron  obligadas  a cerrar, vuelvan a levantar la reja con una razón social diferente:

La Sunedu  solicitó  una  "reflexión profunda" al Congreso para frenar cualquier propuesta que atente contra la ley universitaria.   Sin  embargo   no  brindó ninguna  aclaración  sobre la norma que  amplía  el plazo  de cese de las universidades con licencia denegada de dos a cinco años.  Un vocero  del Ministerio de Educación  dijo a este semanario que la medida buscaría ayudar a que los centros de estudio  sin  licencia cumplan con sus obligaciones  a tiempo  y que miles de alumnos  afectados  por la pandemia del  covid­19  puedan concluir sus carreras.

Pero esta extensión  significaría  también   que  universidades  como  la  Inca  Garcilaso  de la Vega y Alas Peruanas puedan seguir expidiendo  cartones en el mercado laboral y lucrando durante  cinco años más.

La Sunedu  señala  que  existen una serie de requisitos para ampliar el periodo  de cierre  de un centro de estudios sin licenciamiento. Y sostiene que la Universidad   Privada   TELESUP, del fundador del partido Podemos, no podrá acceder a este beneficio porque se encuentra inmersa en  un  proceso sancionador  por incumplir,  también, el reglamento del cese  de actividades. 

Quizá esto explique las últimas movidas en la Comisión de  Educación   minada   de  "to­pos".

Por AMÉRICO ZAMBRANO