sábado, 10 de diciembre de 2022
viernes, 9 de diciembre de 2022
EL ABOGADO GUILLERMO OLIVERA EXPLICA QUE PEDRO CASTILLO NO HA COMETIDO REBELIÓN, CONSPIRACIÓN, NI SEDICIÓN.
Toda la prensa repite que Castillo a cometido Rebelión, pero el Derecho Penal afirma que Pedro Castillo no está inmerso en las imputaciones que lo señala el Poder Judicial.
Lo único que ha hecho es dirigir un pronunciamiento hoy investigado, que fue realizado en circunstancias extrañas, que tiene que ser investigado.
ASI INFORMAN LOS MEDIOS DE COMUNICACION TV, RADIAL Y PRENSA ESCRITA, PARA SEGUIR CONTROLANDO LA FORMA DE PENSAR DEL PUEBLO PERUANO
Informan que Pedro Castillo a
cometido REBELIÓN, CONSPIRACIÓN Y SEDICIÓN, sabiendo que ninguna de esas
imputaciones está inmerso.
¡DROGARON Y OBLIGARON A CASTILLO A DAR MENSAJE GOLPISTA CONTRA SU VOLUNTAD!
8-DIC-2022 |
¡ESCÁNDALO INTERNACIONAL! EMPIEZA A
SALIR TODA LA VERDAD. GOLPISTAS OBLIGARON AL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO A LEER
UN DISCURSO QUE ÉL NO ESCRIBIÓ, CON EL CUAL NO ESTABA DE ACUERDO Y FUE DROGADO.
jueves, 8 de diciembre de 2022
RIESGO: PRIMERAS MOVILIZACIONES
Las primeras horas tras la vacancia
presidencial han mostrado reacciones iniciales en algunas regiones en línea con
el “QUE SE VAYAN TODOS” y en rechazo al Congreso. Especialmente en el sur del
país:
1. Andahuaylas.
2. Canchis.
3. Juliaca.
4. Puno.
5. Majes.
6. Moquegua.
7. Espinar
8. Chumbivilcas.
No hay una defensa a Pedro Castillo
ni un pedido por reponerlo en el cargo, SINO UN RECHAZO A LA OPOSICIÓN. Además,
toma fuerza la propuesta de NUEVAS ELECCIONES Y PODRÍA SUMARSE LA PROPUESTA DE
ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
No obstante, hasta el momento son
grupos pequeños, algunos liderados por políticos de discurso radical. Se
anuncian nuevas movilizaciones para los siguientes días.
VOTACIÓN EN LA SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONTRA DINA BOLUARTE
La votación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
en la que se archivó la denuncia contra Boluarte sirve para aproximarnos a qué bancadas
podrían tener (a priori) mayor cercanía con la nueva presidenta.
¿QUÉ BANCADAS APOYARON A LA ENTONCES VICEPRESIDENTA?
1.
Las oficialistas.
2.
Acción Popular.
3.
Integridad y Desarrollo.
¿QUÉ BANCADAS NO APOYARON A LA ENTONCES VICEPRESIDENTA?
1.
En contra, la oposición:
2.
Fuerza Popular.
3.
Renovación Popular.
4.
Avanza País.
5.
Somos Perú.
6.
Alianza Para el Progreso.
Esto no significa que estas últimas bancadas no tendrán
disposición alguna para negociar con Boluarte, pero es una señal de qué
agrupaciones podrían ser las más cercanas a la nueva titular del Poder
Ejecutivo.
DOS ESCENARIOS SE PRESENTA PARA DINA BOLUARTE PRESIDENTA
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ESCENARIO 1: LLEGA AL 2026
Primer mensaje
v En su primera aparición como
presidenta, Dina Boluarte dejó en claro que su intención inicial es sostenerse
hasta el 2026.
v En ese sentido, solicitó “una tregua
política”; convocó “a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos”, así
como al diálogo entre todas las fuerzas políticas; y anunció que constituirá
“un gabinete de todas las sangres” y que la reforma política “es
impostergable”.
¿Qué no dijo?
v La nueva presidenta no hizo mención a
dos aspectos cruciales: el
adelanto de elecciones y la Asamblea
Constituyente.
v Boluarte da señales de que estos
temas no son una prioridad por lo menos al inicio de su mandato—. DIO UN
DISCURSO PARA EL CONGRESO.
Retos para llegar al 2026
v Al no contar con bancada propia
tendrá que negociar con los mismos grupos que apoyaron a Pedro Castillo. Debe
conformar un gabinete que genere confianza en las diversas tiendas políticas
(algunas buscarán seguir con la lógica del “cuoteo”).
v Elemento a favor para su continuidad:
“nos quedamos todos (menos
Castillo)” à la salida de Boluarte
haría que la continuidad del Congreso quede en duda debido a que el titular del
Parlamento tendría que asumir la Presidencia y podría existir resistencia de la
ciudadanía (“que se vayan todos”).
ESCENARIO 2: NO LLEGA AL 2026
A. Contexto
Gobierno inestable
v Puede darse que —tras una luna de
miel inicial— Boluarte y sus ministros no sean capaces de lograr consensos entre
las distintas fuerzas políticas, quedándose sin los apoyos que requerirá en el
Congreso para poder gobernar.
v También debe considerarse el nivel de
aprobación (popularidad) que registren las primeras encuestas respecto a la
presidenta. En una medición de setiembre (IPSOS), el escenario de que Boluarte
reemplace a Castillo y continue junto con el Congreso hasta el 2026, solo era
apoyado por el 10% de la ciudadanía. Una
baja aprobación la vuelve más vulnerable.
v A esto se suma la posibilidad de que
exista una gestión ineficiente del aparato estatal y el deterioro de la
situación económica y social (sequía en la zona andina).
v Sin bancada, sería una constante el
riesgo de la vacancia, a lo que podría sumarse un alto nivel de control
político y de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
B. Consecuencias
Adelanto de elecciones
v En este contexto, tras unos meses de
gobierno, Boluarte podría concluir que las posibilidades de que concluya su
mandato son bajas y apueste por promover el adelanto de elecciones generales.
Se convierte en un gobierno de transición.
Vacancia presidencial
v Un escenario de confrontación puede
llevar al Congreso a vacar a la presidenta. El titular del Parlamento tendría
que asumir el gobierno. Situación puede precipitar un adelanto de elecciones
generales con un gobierno de transición.
Cierre del Congreso
v Frente a un contexto de
conflictividad con el Congreso, Boluarte podría volver a utilizar las
cuestiones de confianza para lograr el cierre del Parlamento. Alternativa de
bajas chances pues el Parlamento podría vacarla primero.
viernes, 2 de diciembre de 2022
¿QUÉ ES LO QUE PASARÁ CON EL PERÚ?
¿QUÉ ES LO QUE PASARÁ CON EL PERÚ?
Eloy Espinosa Saldaña entrevista al
abogado constitucionalista Omar Cairo sobre la DEMANDACOMPETENCIAL y LA MEDIDA
CAUTELAR PRESENTADA ANTE EL TC POR EL CONGRESO.
FUENTE: La Mula TV
martes, 29 de noviembre de 2022
LOS ALCALDES DEL SUR QUE TERMINARON SENTENCIADOS POR CORRUPCIÓN URGE CAMBIAR LEY ELECTORAL CON EL FIN DE EVITAR QUE CANDIDATOS CON PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE PUEDAN POSTULAR
Al menos 13 autoridades ediles de las
regiones de Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua recibieron sentencia por
actos de corrupción en los últimos cinco años. El último fue el alcalde de la
Ciudad Blanca Omar Candia Aguilar, quién deberá permanecer 6 años en el penal
de Socabaya, aunque hasta el momento está prófugo.
El viernes pasado la Corte Superior
de Justicia de Arequipa ratificó la sentencia de 6 años de prisión efectiva
contra Omar Candia Aguilar, el alcalde provincial en funciones de esa ciudad.
Con esto, el edil se suma a la lista de otros doce burgomaestres que fueron
sentenciados en los últimos cinco años por actos de corrupción en las regiones
del sur del Perú: Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. Algunos de ellos, al
igual que Candia, fueron sentenciados en medio de sus gestiones.
Cuando Candia Aguilar postuló al
sillón de Arequipa su caso estaba en medio del juicio oral y la Fiscalía ya
contaba con elementos de convicción que hacían prever que sería condenado.
Mientras la lista de autoridades municipales sentenciadas se alarga,
especialistas consultados por Convoca explican que se debería modificar la ley
electoral con el fin de impedir que candidatos con juicios por corrupción, que
pasaron la etapa de control de acusación, postulen a cargos de representación.
Candia sentenciado
Omar Candia supo dilatar su caso y
aplazó el día de su sentencia por más de diez años. Y es que en el 2012 se
denunció que cuando aún era alcalde del distrito de Alto Selva Alegre se había
coludido con sus funcionarios y empresarios del consorcio Soluciones Andinas
para beneficiarlos con el contrato del proyecto de adquisición e implementación
de 40 cámaras de seguridad para dicha comuna. El costo fue de más de S/ 2 millones.
El Ministerio Público abrió un expediente y acusó a Candia por el delito de
colusión agravada. En dos oportunidades los funcionarios de Candia fueron
sentenciados y él dejado libre, pero la Fiscalía apeló y logró un nuevo
enjuiciamiento. Finalmente Candia fue sentenciado a 6 años de prisión efectiva
y la pena fue ratificada el último viernes 18 de noviembre.
Tras el término del juicio, el
juzgado arequipeño ordenó la captura del alcalde de Arequipa, pero desde el
viernes nadie conoce su paradero. Actualmente está prófugo y las autoridades ya
dieron aviso a Migraciones y a la Interpol para su pronta captura. Luego de eso
será llevado hacia el penal de Socabaya, donde se encontrará con el ex
gobernador regional Elmer Cáceres Llica, con prisión preventiva desde noviembre
del año pasado también por supuestos delitos de corrupción.
Omar Candia (derecha) se unirá al exgobernador Elmer Cáceres Llica (izquierda) en el penal de Socabaya.
Más alcaldes sentenciados
La región con más casos es Tacna,
donde un exalcalde de la provincia patriótica y otros de tres distritos fueron
condenados por actos de corrupción. El caso más representativo es el del
exalcalde Jacinto Gómez Mamani. Este gestionó la ciudad entre el 2003 y 2006 y
se coludió con varias empresas para beneficiarlas con contratos para ejecutar
18 obras por un valor total de S/ 33 millones. Gómez Mamani y sus funcionarios
fueron condenados en segunda instancia a 7 años de pena privativa de la
libertad en octubre de este año. Y también fueron sentenciados los
representantes de cuatro empresas.
Otras ex autoridades municipales
tacneñas que fueron condenadas son Denis Quenta Cruz, del municipio de Sitajara
(2011-2014), Fausto Foraquita, de Pocollay (2007-2010), e Ysaúl Rivera Chávez,
de Ite (2007-2010).
En Moquegua también hay un exalcalde
provincial con sentencia condenatoria. Se trata de Alberto Coayla Vilca, quien
fue edil entre 2011 y 2014 y tuvo tiempo para interesarse por la venta de un
terreno de propiedad de la comuna en beneficio de un empresario. En 2019 fue
sentenciado a cuatro años de pena suspendida por el delito de negociación
incompatible. Y en la provincia de Sánchez Cerro también recibió una condena
judicial el exalcalde Pascual Baylón Coaquira (2011-2014) por fraccionar de
manera indebida una obra de mejoramiento de infraestructura de riego.
Y la misma situación pasó en la
ciudad imperial de Cusco. Luis Flores García fue alcalde entre 2011 y 2014 y en
setiembre del 2019 fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida luego de ser
encontrado culpable por la muerte de un obrero municipal. Esto porque como
alcalde no garantizó la seguridad del trabajador, quién murió luego de que una
máquina le cayera encima. Flores García se presentó para las elecciones
municipales de este año, pero no consignó esta sentencia en su hoja de vida.
Por este motivo fue excluido del proceso electoral.
En este departamento también fueron
sentenciados Wilman Caviedes Choque, que fue alcalde distrital de Maranura
(2015-2018), y Manuel Sutta Pfocco, exburgomaestre de Quispicanchi (2019-2022).
Y en Puno, los alcaldes Gregorio
Luque Apaza y Edgar Mamani Coriapaza, quienes gestionaron entre el 2011 y 2014
en los distritos de San Juan el Oro y Platería, fueron sentenciados por
malversar dinero para obras y favorecer a empresas en licitaciones. El último
caso es el de Felipe Vilca Chambi, alcalde del distrito de Muñani hasta marzo
de este año. Este se declaró culpable y se acogió a la terminación anticipada
luego de pedir una coima de S/ 7.400 para acelerar la elaboración de un
expediente de obra.
Alcaldes sentenciados en el sur del Perú
La ley debe cambiar
Al respecto, los analistas políticos
de la Universidad Católica San Pablo, Carlos Timana Kure y Fernando Mendoza
Banda, indican que la ley electoral debe cambiar con el fin de evitar que
candidatos con procesos judiciales en trámite puedan postular.
Timana Kure aclara que estos casos no
son simples denuncias fiscales, sino que han sido investigados por el
Ministerio Público y han pasado la etapa de control de acusación, que es donde
el juez verifica si existen elementos de convicción para iniciar un juicio.
“La idea no es restringir que
cualquiera con investigaciones fiscales pueda postular, porque así un candidato
sería muy fácil de bloquear, simplemente los contrincantes políticos podrían
presentar una denuncia y con eso evitarían su postulación", aclara el
especialista. "Se trata de exautoridades o autoridades en ejercicio que
están investigadas por el Ministerio Público y que ya han sido acusadas ante el
Poder Judicial. Esas personas no deberían poder postular porque ya está en duda
su integridad y en muchos casos existen pruebas, elementos de convicción, que
los involucran”, explica.
Por su parte Mendoza Banda cuestiona
la integridad de estos candidatos y autoridades, que se ven envueltos en actos
de corrupción e insisten en continuar en el poder. “Deja mucho que desear.
Siendo un poco perspicaz, me preguntaría: si ya tengo un juicio, ¿para qué
insistir? Aparte del tiempo y dinero que se pierde también está el descrédito
personal. Pero no, insisten. Y algunas veces son reelectos y en medio de sus
gestiones son sentenciados y tienen que dejar el cargo. Como le ha pasado a
Omar Candia”, añade.
Finalmente, Carlos Timaná y Fernando
Mendoza proponen una reforma, al menos en el reglamento electoral. Timana, por
ejemplo, pide que en las balotas de votación se incluya una casilla en blanco,
para que los electores la marquen en caso ningún candidato les convenza. “Que
el voto en blanco sea explícito. Creo que así se le da la opción al ciudadano.
Si el voto blanco es mayoritario se realiza un nuevo proceso electoral con
nuevos candidatos que no estén cuestionados, que no tengan juicios o que no
estén involucrados en la corrupción”, puntualiza.
Por Roberth Orihuela | 24 Noviembre,
2022
Por Por Roberth Orihuela | 24 Noviembre, 202Roberth Orihuela | 24 Noviembre, 202
Por Roberth Orihuela | 24 Noviembre, 202
TÍTULOS Y FAVORES A LA MEDIDA DEL GUSTO
Pocos días después de asumir el cargo
de fiscal de la Nación, Patricia Benavides nombró, el 7 de julio, a Nórvil
Cieza Montenegro como gerente central de la Escuela del Ministerio Público.
Es un cargo muy importante. La
Escuela del Ministerio Público fue creada para la capacitación y el
perfeccionamiento continuo de los fiscales, con cursos y talleres que les
permitan comprender y enfrentar los complejos problemas que les presenta la
vida y que no alcanzaron a estudiar en sus universidades.
Nórvil Cieza Montenegro. (Foto:
Facebook)Por ejemplo, ¿cómo puede un fiscal
investigar por estafa agravada a quien la fiscal de la Nación acaba de nombrar
como gerente central de la Escuela del Ministerio Público?
Si el caso fuera hipotético sería
interesante. Pero lo es mucho más por ser real, como lo es.
Casi todo misterio académico –y este
no fue la excepción– empieza también en el ámbito académico … o el que se
presenta como tal.
Patricia Benavides obtuvo tanto la
maestría como el doctorado en la Universidad Alas Peruanas (UAP), en los años
2008 y 2009. Eso fue, claro está, antes de que la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegara la licencia a esa
universidad por no cumplir con estándares académicos básicos.
El presidente del jurado calificador
en la maestría y, un año después, en el doctorado, fue Willy Ramírez Chávarry,
entonces catedrático “principal” de la UAP.
El jurado calificó la tesis de
Benavides, que obtuvo la maestría en Derecho Civil y Comercial el 18 de julio
de 2008, con un Magna Cum Laude, lo que significa literalmente “con grandes
honores [o elogios]” y equivale a “muy destacado” o “sobresaliente”. La única
calificación superior es “Summa Cum Laude”, que equivale a un veinte de nota.
El 4 de diciembre de 2009, con
Ramírez Chávarry otra vez como presidente del jurado, Patricia Benavides optó
por el grado de doctor en Derecho en Alas Peruanas; y su tesis volvió a ser
calificada Magna Cum Laude por el jurado.
Maestría y doctorado en menos de dos
años, con dos Magna Cum Laude. Uno supondría que las dos tesis fueron
extraordinarias … pero no hay cómo saberlo.
En septiembre de este año, IDL-R
pidió a Alas Peruanas una copia de las tesis; y reiteró varias veces el pedido.
Pero la exaérea universidad, después del forzoso aterrizaje que significó la
denegatoria de licencia por la Sunedu, ni siquiera contestó y menos ofreció una
explicación.
IDL-R también solicitó las tesis a su
autora, la fiscal de la Nación, a través de la oficina de prensa de su
institución. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
De manera que, por lo menos hasta
ahora, las dos tesis están desaparecidas y apreciar su calidad es materia de
clarividencia antes que de comprobación.
El que fuera presidente de aquellos
jurados en Alas Peruanas, Willy Ramírez Chávarry, es hoy miembro del Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), delegado por el Colegio de Abogados de
Lima, nada menos.
Willy Ramírez Chávarry, representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Pleno del JNE. (Foto: JNE)
¿Qué tiene que ver Nórvil Cieza con
esa historia?
Sucede que existe una larga y
reveladora trayectoria que une a Ramírez Chávarry con Nórvil Cieza Montenegro,
que puede explicar la razón del nombramiento de este como gerente central de la
Escuela del Ministerio Público.
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Juez Richard Concepción Carhuancho, fiscal Jorge Chávez Cotrina y Nórvil Cieza Montenegro en el taller “Fortalecimiento de capacidades para afrontar la lucha contra el Crimen Organizado”, realizado el pasado 5 de septiembre. (Foto: Fiscalía)
Cieza Montenegro es un licenciado en
Educación y abogado que, en las dos últimas décadas, ocupó diversos cargos en
tres universidades que terminaron con sus licencias denegadas por la Sunedu.
Fue docente de la Universidad Alas Peruanas (UAP), vicerrector de la
Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) y coordinador de la
Facultad de Derecho de la Universidad Privada Juan Pablo II.
A lo largo de esa trayectoria
profesional, Cieza Montenegro mantuvo una sólida y consistente relación con
Willy Ramírez Chávarry.
Ambos, Ramírez y Cieza, son oriundos
de la provincia de San Miguel, en Cajamarca; y ambos estudiaron Derecho en la
Universidad San Martín de Porres. Luego, aterrizaron como catedráticos en la
Universidad Alas Peruanas. Y en medio de sus vuelos académicos, ambos
obtuvieron sus doctorados en una universidad por correspondencia (o “a
distancia”, si prefieren), la Atlantic International University, con sede en
Honolulu, Hawái.
Es la universidad que otorgó, en
tiempo récord, doctorados a una gran cantidad del personal docente de Alas
Peruanas, que se declaró muy emocionada por esa relación y su lluvia de
doctorados. Emoción que, luego, parece que no compartió la Sunedu.
En 2005, Cieza y Ramírez publicaron
un libro voluminoso sobre ‘Derecho Romano’, bajo el sello del Fondo Editorial
de la Universidad Alas Peruanas.
Pero dicho tratado no fue la única
vez en la que ambos personajes se vincularon como coautores.
En 2017, Cieza y Ramírez fueron
denunciados por estafa agravada por haber, supuestamente, ofrecido títulos de
maestría en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) sin que
dichos estudios tuvieran acreditación de la Sunedu.
En ese año, ambos se habían mudado,
cuando menos parcialmente, de la Universidad Alas Peruanas, para ejercer los
cargos de rector (Ramírez Chávarry) y vicerrector (Cieza Montenegro) de la
UPCI.
El abogado José Rolando Chávez
Hernández denunció ese año a Ramírez y Cieza ante el Ministerio Público por
estafa agravada. A decir de Chávez, el entonces rector de la UPCI, Willy Ramírez
Chávarry, le ofreció obtener una maestría en Derecho Civil y Comercial en un
plazo de dos meses, previo pago por la convalidación de cursos de una maestría
cursada en otra universidad.
Sin embargo, tras sustentar y aprobar
su tesis de grado, Chávez adujo que tanto Ramírez Chávarry como el vicerrector
de la casa de estudios, Cieza Montenegro, incumplieron con entregarle el
diploma. Preocupado, el mismo Chávez hizo una consulta a la Sunedu. La
respuesta del ente regulador, para su sorpresa, fue que la UPCI no estaba
facultada para dictar dicha maestría.
Como respaldo, Chávez presentó a la
Fiscalía el cuadro de cursos convalidados que lleva la firma de Ramírez
Chávarry, quien, además de rector, era director de la Escuela de Posgrado de la
UPCI. El denunciante también presentó el acta de sustentación de su tesis, en
la que Cieza Montenegro figura como presidente del jurado calificador.
A pesar de ello, el 20 de agosto de
2019 la fiscal provincial Yanet Roller archivó la investigación con el asombroso
argumento de que, si bien quedaba comprobado que la universidad no estaba
autorizada para dictar dicha maestría, “existe competencia [sic] de la víctima,
pues la persona José Rolando Chávez Hernández, a efectos de proteger su
patrimonio se encontraba en la obligación de verificar si la UPCI contaba o no
con la autorización para prestar y/o ofertar el programa de Maestría en Civil y
Comercial, por lo que la responsabilidad le es imputada a su persona”.
En otras palabras, el responsable de
la estafa era la víctima, no el estafador. Chávez Hernández presentó una queja,
pero en noviembre de 2019 la fiscal superior Sonia Chávez la declaró
inadmisible. Sin tomar en cuenta que Ramírez y Cieza tuvieron injerencia
directa en la convalidación de cursos y aprobación de la tesis, la fiscal
Chávez argumentó que el rector y vicerrector “no se encuentran directamente
relacionados con la expedición de grados académicos” y, por lo tanto, no les
cabía responsabilidad penal.
Mientras el caso seguía su curso
azangarino en la Fiscalía, el 31 de octubre de 2018 Ramírez Chávarry fue
despedido como rector de la UPCI. Pero la razón no fue ese sino otro caso.
De acuerdo con el documento de
despido, tanto Ramírez Chávarry como Cieza Montenegro habían infringido el
Reglamento de Convalidaciones de la institución para “favorecer indebidamente a
la alumna Jane Mariette Jansson de Ramírez”, esposa de Willy Ramírez Chávarry.
Entre otros argumentos, se daba
cuenta de que, al trasladarse de la Universidad Alas Peruanas a la UPCI, Jane
Jansson de Ramírez logró la convalidación de 21 asignaturas, pese a que solo se
“evidencian fotocopias simples de 13 sílabos [asignaturas, NdR] de la Facultad
de origen”.
La carta precisaba que Ramírez “tenía
perfecto conocimiento del proceder del Dr. Cieza y que favoreció a su señora
cónyuge, por lo que se debe concluir que ha incurrido en las faltas a las que
se refiere la Carta de Preaviso, más aún si tenemos en cuenta los descargos del
Dr. Cieza que evidencian un claro contubernio con su persona”.
Pero Ramírez Chávarry logró, en
octubre de 2020, que el Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de
la Corte de Lima emitiera una sentencia a su favor por despido arbitrario.
Ramírez argumentó, entonces, que las personas que lo despidieron no tenían
capacidad para ejercer la representación jurídica de la UPCI.
El juzgado, a cargo de Pamela Cumpa
Moreno, concluyó que si bien se advertían «errores» en el proceso de
convalidación de los cursos de Jane Jansson de Ramírez, la UPCI no había podido
probar de forma fehaciente la injerencia de Ramírez Chávarry ni de Cieza
Montenegro. En consecuencia, dispuso que la casa de estudios indemnizara al
abogado:
Un dato que la jueza quizá ignoró es
que los tres personajes estaban vinculados hasta los dientes. De acuerdo con
Registros Públicos, en 2007 se inscribió el primer Consejo Directivo de la
Asociación de Odontólogos Voluntarios del Perú (OvPerú). Ramírez Chávarry fue
designado vicepresidente; Jansson, secretaria de Asuntos Exteriores, y Cieza
Montenegro, vocal de Promoción Institucional.
OvPerú, inscrita como Organismo No
Gubernamental en la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), fue
dada de baja de oficio en junio de 2013.
Pese a las evidencias, Ramírez
Chávarry parecía haberse librado de las acusaciones en su contra, lo que le
permitió proseguir en su singular ascenso institucional. Sin embargo, en mayo
de 2021 fue excluido de la lista de postulantes al Tribunal Constitucional
debido a una tacha presentada en su contra.
El autor de la tacha fue José Rolando
Chávez Hernández, el abogado que lo denunció sin éxito ante la Fiscalía por
estafa agravada. Esta vez la tacha de Chávez prosperó.
En su denuncia, Chávez reveló además
la demanda civil que había interpuesto contra Ramírez Chávarry, Nórvil Cieza y
la UPCI, reclamando indemnización por daños y perjuicios.
El caso se encuentra en el 34 Juzgado
Civil de la Corte de Lima, a cargo del juez Eddy Vidal Ccanto, a la espera de
una sentencia.
Las historias continuaron. Ramírez
Chávarry logró eventualmente ser elegido como representante del Colegio de
Abogados de Lima ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Su nombre no tardó en retornar a la
notoriedad.
En mayo de este año, 2022, el vacado
alcalde de Lima, Jorge Muñoz presentó unos audios sobre una presunta extorsión.
El exalcalde de Lima, Jorge Muñoz. (Foto: Semana Económica)
En uno de los audios, un funcionario
de la Municipalidad de Lima afirma conocer al hermano de un miembro del JNE de
apellido “Ramírez” que podría ayudar a Muñoz a revertir la vacancia a cambio de
un soborno.
La denuncia originó una investigación
preliminar en el despacho del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien allanó
el domicilio de Johan Ramírez Chavarry, hermano de Willy Ramírez, y
posteriormente logró que el Poder Judicial dictara impedimento de salida del
país en su contra.
Nórvil Cieza Montenegro, en tanto,
mantuvo vínculos con la UAP en tiempos recientes.
El año pasado fue el asesor de tesis
de dos estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Alas Peruanas.
El primero, Carlos Isaac Acosta Ledesma, se ha desempeñado como secretario de
confianza de los jueces supremos Carlos Arias Lazarte y Eliana Araujo Sánchez,
y optaba el grado de Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos,
mientras que la segunda, Lidia Cristina de la Cruz Arriarán, es fiscal adjunta
provincial de Lima Este y buscaba obtener el grado de doctor en Derecho.
Pareciera un caso de dos por uno,
pues las semejanzas entre ambas tesis son evidentes, comenzando por los
títulos:
Y continúan en la introducción:
Las coincidencias prosiguen en el
marco teórico:
Probablemente gracias a méritos
académicos como esos, Nórvil Cieza Montenegro fue nombrado gerente central de
la Escuela del Ministerio Público el 7 de julio de este año, apenas seis días
después de que Patricia Benavides asumiera la Fiscalía de la Nación.
Cieza encabezó varios eventos
académicos hasta inicios de octubre, cuando fue reemplazado por la abogada
Wendy Ledesma. Sin embargo, se mantiene en la misma Escuela del Ministerio
Público, con el cargo de gerente académico.
No hay nada que hacer. Con Alas
Peruanas y sus pasajeros se vuela lejos.
Publicado el miércoles 09 de
noviembre, 2022 a las 22:12 | RSS 2.0.
Última actualización el martes 22 de
noviembre, 2022 a las 19:59
Última actualización martes 29 de
noviembre, 2022 a las 22:48
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