jueves, 20 de octubre de 2022
miércoles, 19 de octubre de 2022
EL CONGRESO NO PUEDE INAPLICAR ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN
(Fotos Andina)
En medio de la niebla cognitiva que
cubre el escenario actual, la confusión jurídica es más que notoria. Juristas
de presunto prestigio producen sentenciosos pronunciamientos para cada
necesidad y cada grupo de clientes; y entierran de paso la noción (cuando menos
aquí) que el jurista debiera ser respecto del abogado lo que el filósofo del
sofista.
ELOY ESPINOSA, cuya actuación como
miembro del Tribunal Constitucional entre 2014 a 2022, fue destacada, es, en
cambio un jurista que opina con libertad y lucidez. En lucha sin tregua con una
enfermedad que lo obliga al uso constante de oxígeno, Espinoza Saldaña mantiene
una actividad intelectual intensa y una notable claridad de juicio que se hace
evidente en esta ENTREVISTA REALIZADA POR ERNESTO DE LA JARA.
FUENTE: Entrevista Realizada por Ernesto
de la Jara al exmagistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinoza.
Publicado el martes 18 de octubre,
2022 a las 18:57 | RSS 2.0.
Última actualización el martes 18 de
octubre, 2022 a las 22:48
TENIENTES ALCALDES ELECTOS EN LIMA LLEGAN CON SENTENCIAS, CUESTIONAMIENTOS Y MUY POCA EXPERIENCIA PARA EL CARGO
Si bien el caso del joven de 19 años
Pablo Núñez del Río llamó la atención por su juventud, en los distritos
capitalinos encontramos también a regidores que se vieron envueltos en líos
judiciales por materia alimenticia familiar. Además, un candidato electo fue
investigado por el presunto delito de abuso de autoridad y otra fue retirada de
las elecciones congresales porque no declaró sus bienes y rentas ante el JNE.
Además, en VMT y VES, los puestos de primeros regidores están reservados para
familiares.
A casi una semana de realizadas las
Elecciones Regionales y Municipales 2022, y con el conteo de votos culminado a
casi el 100%, los ciudadanos de todo el país empiezan a conocer a los
candidatos que se convertirán en los nuevos alcaldes y gobernadores para el
periodo 2023-2026, salvo ciertas excepciones que tendrán que disputarse el
cargo en una segunda vuelta electoral.
No obstante, pese a la claridad de
los resultados, los electores desconocen en su mayoría quiénes son las personas
que se convertirán en tenientes alcaldes o tenientes gobernadores, cargos más
que importantes si se tiene en cuenta que asumirán las riendas de sus
municipios o gobernaturas en caso de que tengan que reemplazar a los
burgomaestres elegidos.
Se analizó las listas ganadoras en
los 42 distritos de Lima Metropolitana y descubrió que muchos de ellos tienen
un pasado que debe considerarse. Se detectó que un par de ellos fueron
sentenciados por la justicia, afrontaron serios cuestionamientos y varios
carecen de experiencia en gestión.
El JNE organizó un debate electoral para conocer a los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana, pero no desplegó esfuerzos para conocer más a fondo a los postulantes a nivel distrital. Captura de pantalla.
Sentencias
Se detectó que algunos candidatos se
convertirán en tenientes alcaldes, a pesar que cuentan con sentencias
judiciales. Es el caso de Manuel Eulogio Guillermo Mena, virtual primer regidor
de Santa Rosa, por el partido Podemos Perú. Según consta en la Plataforma
Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el político fue demandado para
exigirle una pensión de alimentos. Sin embargo, en abril del 2019, el Tercer
Juzgado de Paz Letrado de Ancón y Santa Rosa dejó sin efecto el descuento del
50% que se le realizaba para cubrir una manutención.
Asimismo, fue procesado por el delito
de administración fraudulenta, episodio del que consta una sentencia del 9 de
marzo del 2012, emitida por el Primer Juzgado Penal Transitorio de Lima. Anotó
que el proceso fue archivado.
En un caso similar, Jesús Agapito
Baldeón Llacsa, virtual teniente alcalde de El Agustino por el mismo partido,
Podemos Perú, fue demandado por materia familiar en el 23º Juzgado Penal de
Lima.
“Cabe indicar que en el año 1997 se
me inició un proceso penal por alimentos, en el cual recayó una sentencia a mi
persona por dos años, estando obligado a firmar mensualmente, pena que ya se
cumplió y que a la fecha no tiene deudas por pensión de alimentos”, explicó el
candidato a modo de descargo, en la hoja de vida alcanzada al JNE.
Como contraste a esta deuda
alimentaria, se puede señalar que Baldeón Llacsa reportó tener cuatro terrenos
a su nombre. Uno de ellos no está inscrito en la SUNARP. Además, reportó ser
propietario de 5 camiones.
Cuestionamientos
Aunque no fueron sentenciados por la
justicia, un grupo de regidores estuvieron expuestos a ciertos
cuestionamientos, en diferentes circunstancias. La virtual teniente alcalde de
Comas por Somos Perú, Carmen Acuña Jara, fue excluida de las elecciones
congresales del 2021 por omitir información en la declaración jurada de bienes
y rentas que alcanzó al JNE.
A través de la Resolución Nº
0251-2021, el JNE señaló que la postulante no declaró tener acciones activas en
las sociedades M & A Travel Express SAC y Frosty Fruit SAC, tal como
aparece en los registros de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(Sunarp).
Como se sabe, el hecho de dejar de
lado la declaración de bienes y rentas, así como de sentencias por delitos
contra la vida, el cuerpo y la salud, violencia sexual y peculado, son causales
de exclusión para los candidatos.
En tanto, en Villa El Salvador y
Villa María del Triunfo, los cargos de teniente alcalde quedan en familia.
Debido a que por ley una autoridad no puede llevar en su propia lista a
familiares directos, los virtuales alcaldes de estos distritos, Guido Iñigo
Peralta y Eloy Chávez Hernández, incluyeron a las hermanas del otro en sus
planchas. Ambos son viejos amigos e integrantes del mismo partido: Alianza para
el Progreso.
De este modo, Cendi Yñigo Peralta se
convertirá, el 1 de enero de 2023, en la teniente alcaldesa de VMT. En tanto,
Olinda Evelyn Chávez Hernández hará lo propio en VES. Esta última candidata,
además, reportó como suyas seis empresas con rubros tan diversos como el
deportivo [Club Deportivo Los Chancas CYC], hotelero [Hotel Talavera Center],
licorero [Cervecería Apurimeña] y de combustibles [Consorcio Gasoperú], entre
otros. El éxito empresarial le sonríe a esta integrante del clan Yñigo.
Guido Iñigo llevó en su lista como teniente alcalde para Villa El Salvador a Olinda Chávez, hermana de Eloy Chávez. Al mismo tiempo, Chávez llevó a Cendi Íñigo en Villa María del Triunfo. Foto: Andina.
De otro lado, en Santiago de Surco,
los vecinos tienen claro, desde las 5:00 de la tarde del domingo 2 de octubre,
que el nuevo alcalde del distrito será el excongresista Carlos Bruce Monte de
Oca. Sin embargo, muchos desconocen que lo acompaña como teniente alcalde el
exjefe de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), Armando
Subauste Bracesco. La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín –
Tercer Despacho (carpeta fiscal Nº 936-2021), investigó al ciudadano por el
presunto delito de abuso de autoridad, entre otros, en aparente agravio de la
compañía Trotan SAC, cuando aún formaba parte de la entidad supervisora.
La SBS se hizo cargo de los gastos de
su defensa, según consta en la Resolución N.° 0007-2022/SBN. “Disponer que la
Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, conforme al ámbito de sus competencias, adopten acciones pertinentes
para la ejecución de los gastos respectivos en virtud a la defensa legal
concedida en el artículo 1 de la presente Resolución (...)”, se lee en el
documento.
En tanto, en Santa Anita, el virtual
teniente alcalde por Alianza por el Progreso, John Valverde Ramírez, se vio
implicado en un hecho contra la salud pública como los que deberá combatir a
partir de enero de 2023. El odontólogo fue intervenido en mayo de 2019 en la
sede de su empresa, el Centro Odontológico Dental Jade, por no contar con un centro
de esterilización. Además, se descubrió que su socio se desempeñaba como
dentista a pesar de que no contaba con el título profesional.
Juventud
En los últimos días, se hizo público
el caso de Pablo Núñez del Río, candidato a regidor de la Municipalidad de
Pueblo Libre por Renovación Popular quien, tras la exclusión de Fabiola Silva
Montero como regidora, se convertirá en el teniente alcalde del municipio.
Quiere decir, reemplazará a la burgomaestre Mónica Tello ante cualquier
eventualidad, a sus 19 años de edad.
“Tiene cara de niño, pero ya está en
el cuarto ciclo en Derecho. En principio, tenía una primer regidora, pero
lamentablemente fue excluida. Por lo tanto, él asume ser el primer regidor”,
afirmó la alcaldesa en diálogo con los medios televisivos.
Sin embargo, el caso de Núñez del Río
no es único. En San Martín de Porres encontramos a Israel Enrique Donaire
Viterio, de Podemos Perú, quién asumirá el cargo de teniente alcalde del
distrito con tan solo 22 años de edad. Al igual que el candidato de Renovación
Popular, el joven regidor no reportó experiencia laboral. No obstante, sí
reportó que cuenta -a su corta edad- con dos predios a su nombre en la
cooperativa de vivienda César Vallejo, en su distrito.
Estos ciudadanos, que iniciarán sus
funciones el 2 de enero del 2023, serán el soporte de algunos de los alcaldes
que deberán trabajar de manera conjunta por el bien de sus jurisdicciones y de
Lima Metropolitana, una metrópoli en la que 10 millones de ciudadanos viven
entre la opulencia novelesca y la pobreza más encarnizada.
FUENTE: Por Roger Chuquín | 9
Octubre, 2022
lunes, 17 de octubre de 2022
EXAUTORIDADES INVESTIGADAS POR CORRUPCIÓN Y OTROS DELITOS GOBERNARÁN REGIONES DE LA AMAZONÍA
Un agricultor que cultiva palma aceitera, un minero
artesanal, un empresario que transfiere sus bienes y un médico son los
virtuales gobernadores de cuatro regiones de la Amazonía peruana. Todos tienen
en común investigaciones por corrupción y otros delitos que se les atribuyen
durante el ejercicio de la función pública mientras lideraban gobiernos
regionales o municipalidades. Con el historial de las nuevas autoridades de
Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Loreto, el futuro de la población en los
territorios amazónicos se presenta incierto.
Un futuro incierto le aguarda a la Amazonía peruana, pues
exgobernadores y exalcaldes investigados por corrupción y otros delitos son los
virtuales gobernadores de cuatro regiones, como resultado de estas Elecciones
Regionales y Municipales 2022. Además, dos de estas nuevas autoridades son
accionistas de empresas que realizan actividades relacionadas con la deforestación
de estos territorios: el cultivo de palma aceitera y la minería artesanal.
Los candidatos a gobernadores regionales que ocuparon los
primeros puestos en Ucayali, Madre de Dios, Loreto y San Martín obtuvieron más
del 30% de los votos válidamente emitidos, por lo que asumirán estos cargos
públicos, mientras que, en Amazonas, el postulante con mayor votación no superó
esta valla y tendrá que disputar una segunda vuelta con su contendor más
cercano.
Tres de los cuatro virtuales gobernadores amazónicos
pertenecen a partidos políticos nacionales y sólo uno integra un movimiento
regional. Por el Partido Democrático Somos Perú, fueron elegidos Jorge René
Chávez Silvano, en Loreto, y Walter Grundel Jiménez, en San Martín. En
representación de Avanza País ganó Luis Otsuka Salazar.
Ajeno a una bandera partidaria, en Ucayali, fue electo Manuel
Gambini Rupay, del Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino. En
Amazonas, el gobernador será elegido en un balotaje entre Gilmer Horna, de
Sentimiento Amazonense Regional, y Grimaldo Vásquez Tan, del Movimiento
Regional Victoria Amazonense.
Los virtuales gobernadores amazónicos no sólo tienen en común que son investigados por el Ministerio Público y afrontan procesos en el Poder Judicial por corrupción y otros delitos, sino tambíén que aparecen en informes de la Contraloría General de la República por irregularidades en obras realizadas cuando ocuparon cargos públicos.
Flourish logoInteractive content by Flourish
“¿Cómo es posible que, por yo abrir una carretera en el Manu,
tenga denuncia? Una carretera es para llevarle el desarrollo a los pueblos que
viven en extrema pobreza. Me están investigando por abrir una carretera. Ya van
siete años pagando abogado”, se quejó Luis Otsuka, virtual gobernador de Madre
de Dios, cuando Convoca.pe le preguntó sobre la investigación que afronta por
delitos ambientales.
En su primer año como gobernador de Madre de Dios, en 2015,
Otsuka inició la construcción de una carretera entre Nuevo Edén y Puerto
Shipetiari, sin solicitar la opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Dicha entidad advirtió que la vía
beneficiaría a taladores y mineros ilegales y afectaría la zona de
amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, donde viven comunidades
nativas y grupos de indígenas en aislamiento voluntario y que está ubicada
cerca al Parque Nacional del Manu.
Como Otsuka insistió en construir la carretera de 12
kilómetros, la Fiscalía Provincial en Materia Ambiental de Madre de Dios le
inició una investigación preliminar, en septiembre de 2015, por presuntos
delitos ambientales contra los recursos naturales en agravio del Estado
Peruano.
Esta fue una de las tantas veces que Otsuka desafió a
entidades del Poder Ejecutivo durante su gestión como gobernador. Su público
enfrentamiento con el ministro del Ambiente, Javier Pulgar-Vidal, en la gestión
del presidente Pedro Pablo Kuczynski, motivó que el titular de esta cartera lo
acusara de “querer la impunidad total en Madre de Dios y pretender destruir la
Amazonía”.
Hoy, Luis Otsuka vuelve “recargado” al Gobierno Regional de
Madre de Dios, respaldado por el 31% de los votos de su región. El único
gobernador electo por Avanza País amenaza con denunciar ante el Poder Judicial
“a todos esos corruptos y ladrones”. “Y si tuviese el poder, los elimino a
todos esos ladrones. Hay que ordenar el Perú. Hay que hacer una limpieza, pero una
limpieza moral”, agrega.
El virtual gobernador de Madre de Dios, el empresario minero Luis Otsuka, afronta una investigación por delitos ambientales, iniciada durante su primera gestión al frente de la región, en 2015. Foto: Facebook
Elecciones 2022
El virtual gobernador de Madre de Dios, el empresario minero
Luis Otsuka, afronta una investigación por delitos ambientales, iniciada
durante su primera gestión al frente de la región, en 2015. Foto: Facebook
Al término de su gestión en el Gobierno Regional, en 2019,
Otsuka retomó la actividad extractiva con Minera K-1. Sus ingresos declarados
en 2021 suman 1 millón 534 mil 535 soles, por el ejercicio de su labor en el
sector privado. “¿Y le parece mucho que declare yo mis ingresos, mis egresos?
Eso me está controlando la Sunat”, respondió a este medio digital sobre la alta
suma que percibe anualmente.
Además, Otsuka es titular de tres concesiones mineras y un
grifo, posee predios con un valor total de autovalúo superior al medio millón
de soles y 14 vehículos por una suma de medio millón de soles, de acuerdo con
su declaración jurada de hoja de vida presentada al JNE.
“Ja, ja, ja. Me está tomando como si yo fuese el malo, el
depredador. Yo trabajo porque tengo concesión minera y eso lo tienen todas las
grandes empresas. ¿Por qué no cuestionan a las grandes empresas que tienen
concesiones? Yo también tengo concesión y me dicen que estoy depredando”,
responde Otsuka sobre su ocupación como minero artesanal.
Acerca de una supuesta alianza con los mineros ilegales,
Otsuka asegura que es un mito que han creado en su contra. Además, acusa al
Estado de generar la mayor ilegalidad en la minería y afirma que “el Perú es el
único país del mundo que ha prohibido trabajar a la minería artesanal”.
El agricultor de palma aceitera
En Ucayali, Manuel Gambini, del Movimiento Independiente
Cambio Ucayalino, obtuvo el 37,6% de los votos, por lo que volverá a gobernar
esta región, tal como lo hizo del 2015 al 2018. Antes de llegar al sillón
regional, fue alcalde de la Municipalidad Distrital de Irázola durante dos
periodos entre 2007 y 2014.
En agosto de este año, la Fiscalía Especializada contra la
Criminalidad Organizada de Ucayali formalizó y dispuso la continuación de una
investigación preparatoria por un plazo de 36 meses a Manuel Gambini y otras 58
personas, acusados de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de
tierras y lavado de activos.
De acuerdo con la tesis del fiscal Dennis Vargas Sotelo, esta
red delincuencial, supuestamente conformada por Gambini y otros funcionarios de
su gestión como gobernador regional, entregaba títulos individuales de tierras
consideradas intangibles. Estas formaban parte de bosques de protección permanente
o de comunidades indígenas que aún no estaban tituladas.
Con el título, los nuevos propietarios vendían sus tierras a
la empresa de cultivadora de palma aceitera Plantaciones de Ucayali (la misma
que luego las transfirió al grupo Ocho Sur) para cultivar palma aceitera.
Durante los tres años que gobernó Manuel Gambini, la Fiscalía identificó que el
Gobierno Regional de Ucayali emitió 128 certificados de posesión de terrenos,
con una extensión total de más de 4 mil hectáreas, en el distrito de Nueva Requena,
en la provincia de Coronel Portillo.
"Esta última denuncia me sorprende. No tengo ni arte ni
parte, pero los que deberían de estar ya no están", dijo Manuel Gambini al
medio regional La Voz Ucayalina, en agosto último. En este caso, el fiscal Dennis
Vargas archivó la investigación a Celia Isabel Prado Seijas y Miguel Ángel
Seijas Del Castillo, exdirectores de agricultura en el gobierno de Jorge
Velásquez Portocarrero, y al empresario Dennis Melka.
El entonces candidato negó que tenga que ver con Plantaciones
de Ucayali y su director Dennis Melka, empresario estadounidense investigado
por la deforestación masiva que le permitió plantar casi 11 mil hectáreas de
palma aceitera en la selva de Ucayali. Gambini ecordó que cuando asumió el
gobierno regional en 2015, esa empresa ya estaba cosechando su palma.
La Fiscalía investiga a Manuel Gambini, virtual gobernador de Ucayali, por su presunta participación en una organización criminal de tráfico de tierras y lavado de activos. Foto: Facebook
Elecciones 2022
La Fiscalía investiga a Manuel Gambini, virtual gobernador de
Ucayali, por su presunta participación en una organización criminal de tráfico
de tierras y lavado de activos. Foto: Facebook
Junto con Gambini son investigadas otras 58 personas, la
mayoría han sido funcionarios públicos. Uno de ellos es Isaac Huamán Pérez, ex
director de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, quien es acusado
de ser el cabecilla de la organización criminal y otorgar de forma ilegal
derechos de posesión de tierras. De acuerdo con información del expediente
fiscal publicada por Convoca.pe, Huamán era protector de la empresa
Plantaciones de Pucallpa, de Dennis Melka.
"Hay funcionarios regionales investigados porque se han
beneficiado económicamente a través del otorgamiento ilegal de derechos sobre
tierras de la Amazonía. Isaac Huáman Pérez está imputado por delitos contra la
comunidad de Santa Clara de Uchunya", explicó a este medio Álvaro Másquez,
abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que defiende a esta comunidad
indígena en un proceso penal ambiental por crimen organizado. Huamán fue
detenido el 12 de diciembre de 2018.
A los comuneros de Santa Clara de Uchunya les tocó enfrentar
al Grupo Melka, un conglomerado transnacional que accedió a estos territorios que
ellos reclaman como tierras ancestrales. "De un día a otro, llegaron
decenas de tractores que se instalaron sobre siete mil hectáreas que habían
negociado previamente y empezaron a desforestarlas, árbol por árbol. Dentro del
territorio hay una plantación de palma aceitera en siete mil hectáreas de
bosque, lo que ha generado un perjuicio permanente en la comunidad",
recordó el abogado Álvaro Másquez.
Al referirse al investigado Isaac Huamán, ex funcionario
durante su gestión en el gobierno regional, Manuel Gambini dijo a La Voz
Ucayalina: "No estoy para taparle a un funcionario o una funcionaria.
Nosotros nombramos, pero como son unidades ejecutoras las direcciones
regionales, tampoco estamos metidos en todo. Si alguien falló, que la justicia
diga si cometió o no faltas y errores".
La Fiscalía investiga al virtual gobernador de Madre de Dios,
Luis Otsuka, por delitos ambientales y al de Ucayali, Manuel Gambini, por
integrar una organización criminal dedicada al tráfico de tierras y lavado de
activos".
En el Ministerio Público, Manuel Gambini figura con seis
investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias, contra la
administración pública, colusión, malversación y omisión, rehusamiento o demora
de actos funcionales, de acuerdo con el portal Vigilancia Electoral. En el
Poder Judicial, tiene cuatro procesos por supuestos delitos contra la
administración pública, cohecho activo genérico, peculado y colusión.
Al ser consultado por el número de investigaciones fiscales y
juicios que tiene, Manuel Gambini respondió a La Voz Ucayalina: "Tengo
varias denuncias preliminares" y explicó que lo involucraron en casos de
las direcciones regionales porque que era titular del gobierno regional.
Además, Manuel Gambini aparece en cuatro informes de control
de la Contraloría General de la República realizados entre 2018 y 2019. Estos
están relacionados con obras, contrataciones, adjudicaciones de predios y
nombramiento de funcionarios durante su gestión como gobernador regional de
Ucayali.
Palmicultor, cacaotero, dedicado a actividades agrícolas, es
la ocupación que Manuel Gambini declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones
para los últimos comicios. Sus ingresos anuales ascienden a S/ 343.316 y
provienen de intereses originados por la colocación de capitales, regalías,
rentas vitalicias, entre otros.
Manuel Gambini es accionista en tres empresas: Servicentro
Palma SAC, Oleaginosas Amazónicas SAC y y Agroindustrias Oleaginosas del Perú,
que cultivan y extraen aceite de palma. Tiene 14 predios registrados a su
nombre, la mayoría rurales y ubicados en Pucallpa. Diez de ellos fueron
adquiridos por adjudicación y cuatro por compra venta.
El empresario que dona sus bienes
“Yo tengo ocho años de alcalde en la provincia de San Martín.
He hecho muchas obras sin ninguna denuncia de corrupción y eso me da una
garantía de que yo trabajo en base a resultados”, aseguró Walter Grundel, del
partido Somos Perú, a los periodistas que le preguntaron sobre las
investigaciones que tiene en el Ministerio Público, tras una reunión que
tuvieron los gobernadores electos con el presidente Pedro Castillo, el último
lunes.
Sin embargo, el gobernador electo de San Martín tiene un
proceso en el Tercer Juzgado Unipersonal de Tarapoto, con número de expediente
936-2017, por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado. A
Walter Grundel se le acusa de contratar irregularmente a una empresa para el
cobro de deudas a Telefónica del Perú, lo que habría generado un perjuicio
económico de más de 100 mil soles a la Municipalidad de San Martín, cuando era
alcalde provincial, en 2015.
Por un audio difundido en redes sociales el 17 de octubre de
2021, la jueza del Tercer Juzgado Unipersonal de Tarapoto, Mariella Del Rocío
Vargas Flores, se apartó del proceso contra Walter Grundel, en la etapa del
juicio oral, a solicitud de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Tarapoto.
En la grabación, un interlocutor, que se sospecha que sería
Walter Grundel, se refiere a hacer un pago de "150", a hablar con una
jueza, de nombre Mariella, y a tener cuidado con su esposo, de apellido Sotelo.
Estos datos coincidían con la magistrada y su cónyuge, por lo que la Fiscalía
argumentó que la investigarían por presuntos hechos de corrupción para
favorecer al exalcalde.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el
exalcalde Grundel negó que haya sido una de las personas que aparece en el
audio donde se alude a una coima para la referida jueza.
Publicación del Ministerio Público tras difusión de audio de Walter Grundel que involucraría a jueza a cargo de proceso por colusión.
Publicación del Ministerio Público tras difusión de audio de
Walter Grundel que involucraría a jueza a cargo de proceso por colusión.
En 2018, la difusión de otro audio de Walter Grundel generó
el inicio de una investigación fiscal por una supuesta conversación con el ex
presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas. Este último habla
de un traspaso de maquinaria pesada y se compromete a financiar la candidatura
para la reelección del entonces burgomaestre de San Martín y a conseguirle
obras públicas. El diálogo se habría producido en 2013.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Tarapoto inició
una investigación a Walter Grundel y a Víctor Isla, por el presunto delito de
lavado de activos, en la carpeta fiscal 1369-2017. El exalcalde aceptó
públicamente que su voz estaba en la grabación, mientras que el extitular del
Congreso lo negó.
A su salida del Palacio de Gobierno, el virtual gobernador de San Martín, Walter Grundel, dijo que no tiene denuncias por corrupción, lo cual no es cierto. Foto: Presidencia de la República.
Elecciones 2022
A su salida del Palacio de Gobierno, el virtual gobernador de
San Martín, Walter Grundel, dijo que no tiene denuncias por corrupción, lo cual
no es cierto. Foto: Presidencia de la República.
El traspaso de bienes no es una novedad para Walter Grundel.
En su declaración jurada de hoja de vida presentada este año al JNE, el
candidato informó que no tenía ningún inmueble, pues el último registrado a su
nombre lo otorgó a otra persona, en calidad de donación, en junio de 2022.
Además, transfirió la propiedad de diez de los 15 vehículos registrados a su
nombre, por un valor de más de 170 mil soles, en favor de terceros, también
como donación.
El año pasado, Walter Grundel percibió 15 mil 390 soles de
ingresos anuales, en el sector privado, según declaró al JNE. Desde 2018, es
gerente general y accionista de la empresa Agroavícola Escalera. A partir de
2021, también ocupa la gerencia general del Grupo Las Brisas, empresa de la
cual dejó de ser accionista, en 2016, porque transfirió sus acciones en favor
de un tercero.
El exalcalde también tiene un proceso judicial por el
presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del
cargo, iniciado en 2016. Ya se emitió sentencia y se encuentra en estado de
apelación.
Walter Grundel fue alcalde provincial de San Martín en dos
períodos, de 2011 a 2014, y de 2015 a 2018. Por su gestión en dicho municipio,
aparece en dos informes de la Contraloría General de la República: en 2017, por
la ejecución contractual de una obra de saneamiento, y en 2019, por ampliaciones
de plazo de la obra de construcción de un puente vehicular sobre el río
Shilcayo.
Jorge René Chávez, virtual gobernador de Loreto, a su salida de Palacion de Gobierno. Tiene investigaciones por peculado en la Fiscalía Anticorrupción y tuvo una sanción administrativa. Foto: Presidencia de la República.
Jorge René Chávez, virtual gobernador de Loreto, a su salida
de Palacion de Gobierno. Tiene investigaciones por peculado en la Fiscalía
Anticorrupción y tuvo una sanción administrativa. Foto: Presidencia de la
República.
El llamado médico del pueblo
El virtual gobernador de Loreto, Jorge René Chávez, del
partido Somos Perú, se hace llamar el médico del pueblo, apelativo que se
autoimpuso cuando brindaba atención médica en los barrios de Loreto durante la
pandemia del Covid-19.
Entre 2015 y 2018 fue alcalde provincial de Datem del
Marañón. En 2020, trabajó en la Dirección Regional de Loreto y, en 2021, en el
sector privado. A diferencia de las otras autoridades regionales, René Chávez
sí tiene estudios superiores y ha declarado ante el JNE que vive de su
profesión de médico. En 2021, su ingreso anual fue de 35 mil 830 soles.
René Chávez afronta tres investigaciones por peculado en las
Fiscalías Anticorrupción y un proceso judicial por omisión, rehusamiento o
demora de actos funcionales. Además, el candidato declaró que tenía una sanción
derivada de un proceso administrativo disciplinario, que se encontraba en plazo
de apelación para ser resuelto por el tribunal de Servir, la entidad del
Servicio Civil. Dicha sanción ya no figura en el registro de esa autoridad.
Chávez consideró esa sanción como una persecución política.
Lo sancionaron por haber recibido y permitido el pago de incentivos laborales a
funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Loreto, en noviembre y
diciembre de 2020, por montos mayores a los establecidos en la escala única de
incentivos aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
“Debo decirles que estemos del lado correcto y, de una vez
por todas, hagamos las cosas denunciando los actos de corrupción, que hacen
bastante daño al país”, dijo el presidente de la República, Pedro Castillo, el
último lunes, a los virtuales gobernadores regionales que acudieron a Palacio de
Gobierno, entre ellos las nuevas autoridades de Loreto y San Martín. Este es el
pedido de un mandatario investigado por corrupción y otros delitos formulado a
nuevas autoridades que son investigadas por hechos similares.
FUENTE: Por Elena Miranda | 13 Octubre, 2022
LA INFRAESTRUCTURA CAPAZ DE LLEVAR INTERNET DE ALTA VELOCIDAD A CASI TODAS LAS CAPITALES DE REGIONES Y DE PROVINCIAS SIGUE SIENDO DESAPROVECHADA Y NO HAY CLARIDAD SOBRE SU FUTURO
FRACASO EN LOS INTENTOS PARA CONTRATAR NUEVO OPERADOR REVELA
LA INCERTIDUMBRE DEL PROYECTO
La infraestructura capaz de llevar
internet de alta velocidad a casi todas las capitales de regiones y de
provincias sigue siendo desaprovechada y no hay claridad sobre su futuro. Luego
de que se resolviera el contrato con la concesionaria Azteca, el Programa
Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) indagó en dos oportunidades el
mercado sin éxito. El primer proceso para elegir a una nueva operadora llegó a
la fase final, pero cayó por falta de presupuesto. El segundo se interrumpió
debido a la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de
manejar temporalmente la red a través del Pronatel.
El próximo 25 de octubre es el plazo
máximo para que el Grupo de Trabajo Sectorial del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) presente el informe final que definirá el modelo y los
criterios para continuar con el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra
Óptica (RDNFO). Como se sabe, esta infraestructura, que permitiría llevar
internet de alta velocidad a casi todas las capitales regionales y provinciales
del Perú, fue instalada y operada por la empresa mexicana Azteca desde 2014.
Pero debido al poco aprovechamiento que se le estaba dando, el Estado decidió
dar por terminado el contrato en julio de 2021.
Hasta diciembre de 2020 solo se
utilizaba el 3,2% de su capacidad, a pesar de que durante la vigencia del
contrato de Azteca ya se le había pagado con dinero público 290 millones de
dólares por concepto de inversión, mantenimiento y operación.
La comisión del MTC no ha adelantado
información alguna sobre el contenido de su informe, pero lo cierto es que la
Red Dorsal continúa siendo operada por el Programa Nacional de
Telecomunicaciones (Pronatel) desde el 14 de enero de este año, luego de que la
entidad no pudiera contratar un nuevo concesionario.
El contrato público original con
Azteca, propiedad del Grupo Salinas, fue resuelto luego de que el MTC decidiera
resolver el contrato de concesión por la causal de interés público. Es decir,
por el poco aprovechamiento de la infraestructura de la red. A partir de
entonces, el Pronatel tuvo seis meses para conseguir un nuevo concesionario,
plazo largamente vencido.
El Pronatel realizó una indagación de
mercado en noviembre del 2021 y escogió a tres proveedores para la fase final:
Cymtel SAC, Ecytel SAC y un consorcio formado por Gilat Network Perú SA, Gilat
Home Perú SA y Optical Technologies SAC. Sus ofertas para operar la red fueron
de 106, 119 y 139 millones de soles anuales, respectivamente. De acuerdo a un
informe de la Contraloría General de la República de este año, Pronatel
solicitó una reformulación al consorcio participante, que redujo su oferta a
aproximadamente 132 millones de soles. Sin embargo, el proceso de contratación
no concluyó debido a la falta de presupuesto.
El Pronatel asumió la operación de la RNDFO el 14 de enero del 2022, luego de que fracasara su primer intento de adjudicarla a un privado. Foto: Difusión.
El economista Carlos Huamán, experto
en el mercado de telecomunicaciones, afirma que las ofertas elevadas responden
a que las empresas desconocen el estado de la infraestructura de la RDNFO y eso
se refleja en la cantidad de consultas que se remitieron al Pronatel por parte de
los postores.
“El primer proceso de selección tuvo
setecientas consultas. No se había visto algo así antes. En estos procesos
suelen haber una cantidad grande de setenta, ochenta. Las preguntas, en
síntesis, eran sobre en qué estado está la red o dudas con el anterior contrato
de Azteca. El nivel de incertidumbre era tal que los precios ofertados iban a
ser altos”, explica.
La segunda indagación de mercado se
abrió en marzo de este año fijando como fecha de consultas entre el 21 y 29 del
mismo mes. No obstante, se amplió el plazo para absolver dudas cuatro veces
más, hasta el 5 de mayo.
Extracto del hito de control N° 1 de la Contraloría sobre el procedimiento de contratación directa para la RDNFO
El proceso de contratación se canceló
finalmente debido a la disposición del Viceministerio de Comunicaciones (parte
del MTC) en junio del 2022 para que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
continúe siendo operada por Pronatel. Esta entidad viene manejando dicha red
luego de que suscribierea el "Acta sobre relevo operativo del NOC (Centro
de Operación de Redes)" entre el representante del Pronatel y el de Azteca.
Lo cierto es que, de acuerdo a lo
establecido por el MTC, el Pronatel puede operar la red directamente o a través
de terceros por un periodo no mayor de tres años. ¿Y después? No hay
información al respecto. Convoca.pe solicitó insistentemente información a esta
entidad pública sobre el futuro de esta infraestructura, pero no hubo una
respuesta.
Tarifa poco atractiva
La Red Dorsal Nacional de Fibra
Óptica (RDNFO) es una estructura de soporte de conectividad que recorre
aproximadamente 13 mil 500 km de fibra óptica a nivel nacional y permite la
prestación del servicio de internet de alta velocidad. Los expertos la
describen como una "vía expresa" de datos.
El especialista en
telecomunicaciones, Carlos Sotelo, señala que la creación de esta
infraestructura tuvo como objeto desarrollar la conectividad en el país,
fomentar la igualdad, pero al ser llevado el proyecto a un concurso público
—para el financiamiento del proyecto— se estableció un contrato que se quedó
con la condiciones fijas de tarifas desde que se adjudicó. Así, en ese momento
se estableció un precio mensual de US$23 por megabit por segundo (Mbps) sin
IGV, en cualquier tramo de la red.
Anexo 7 del contrato entre Azteca Comunicaciones S.A y el MTC en el que se establece la tarifa del uso de la red
De acuerdo con Huamán, esta tarifa
fue atractiva cuando el proyecto fue formulado en el 2011. Sin embargo, la
cifra permaneció intacta tres años después sin considerar que los precios del
mercado de fibra óptica ya habían cambiado.
El economista sostiene que debió
consultarse con la entidad encargada de evaluar la fijación tarifaria: Osiptel.
De hecho, en un informe sobre el estado de la RDNFO del 2017, la entidad afirma
que su opinión no fue muy tomada en cuenta durante este proceso.
Extracto del informe de Osiptel sobre análisis y recomendaciones sobre la situación comercial de la RDNFO del 2017.
Por otro lado,
Huamán remarca que las
tarifas también van acorde a la densidad demográfica y geografía. “Hay muchas
más redes en las ciudades con más población, por lo que tienen menores costos a
comparación de donde es más difícil de llegar por la orografía. Pero la tarifa
de la red dorsal era igual en todo el ámbito geográfico, por lo que no era muy
atractiva”, comenta.
“La red dorsal va a provincias, donde
existen redes de transporte [privadas] de otros operadores, pero también va a
otras donde no hay. En los sitios donde existen otros operadores [empresas con
sus propias redes], cualquier operador pequeño los contrata porque son más
económicos”, afirma Sotelo. La tarifa es la principal responsable de que solo
se utilice poco más del 3% de la capacidad de la costosa red nacional.
Despliegue
En junio del 2014, durante el
gobierno de Ollanta Humala, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)
y Azteca suscribieron el contrato de concesión para construir, operar y
mantener la red dorsal por veinte años. Dos años después, cuando la fase de
despliegue culminó, empezó el servicio portador por el que Azteca proporciona
el transporte de telecomunicaciones.
El Estado invirtió un total de US$290
millones por inversión, mantenimiento y operación. La red tenía un modelo de
cofinanciamiento, en el que el Estado terminó pagando US$ 192 millones más que
Azteca.
“El cofinanciamiento implica que el
estado es quien aporta el dinero necesario para que el precio sea viable para
el concesionario. Este vende según el modelo financiero del proyecto. En este
caso, era un fideicomiso con Pronatel. Por ejemplo, si es que el
cofinanciamiento, para ser viable, era de cien y Azteca vendía diez, el Estado
ponía el complemento para que llegue a esa cifra, y así con los demás”, explica
Huamán.
En 2012, con la Ley de Promoción de
la Banda Anacha (Ley 29904), se declaró de necesidad pública la creación de la
Red Nacional del Estado Peruano (Rednace) con la finalidad de garantizar la
conexión a colegios, hospitales, comisarías, etc.. En suma, a instituciones con
fines no comerciales. La norma establece que un porcentaje de la capacidad de
la RDNFO será utilizada para ello y que le corresponde al Estado determinar los
términos y condiciones.
La RDNFO abarca 180 capitales de
provincia de las 195 que hay en el Perú. De acuerdo con un artículo publicado
por el economista Humberto Campodónico en el portal Otramirada, la Red Dorsal
puede proveer internet a más de mil quinientos distritos, 82% del total en el
país, sobre todo rural. Sin embargo, la Rednace no ha aprovechado esta
oportunidad debido a la falta de reglamentación de la ley.
Carlos Sotelo sostiene que los
posteriores funcionarios no reglamentaron claramente el uso de la reserva de
capacidad de la Red Dorsal, por lo que la Rednace se quedó en el aire unos
años. Menciona que, con este retraso, las instituciones públicas ya habían
contratado proveedores privados, por lo que Rednace ya no fue una opción.
FUENTE: Por Daniela Rojas | 16
Octubre, 2022
Suscribirse a:
Entradas (Atom)