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miércoles, 18 de agosto de 2021

LA OPOSICIÓN QUE HA PERDIDO LAS ELECCIONES, HOY SE HA PROPUESTO TRAER ABAJO Y COMO SEA, AL GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO. TODO VALE, HASTA LA INFAMIA




La oposición se ha propuesto traer abajo y como sea, al gobierno de la mayoría nacional. Todo vale, hasta la infamia como la que dispararon a Héctor Béjar para derribarlo. La prensa rebusca, azuza y prepara las condiciones para la jugada sucia. Los autores intelectuales nunca aparecen. Para eso, están los sicarios, mercenarios y testaferros. ¿La CIA no está detrás de esto? Veamos y comparemos hechos, para comprender todo este entripado de lo que viene sucediendo. Pero allí no acaba todo.

 

PARA QUE LA GENTE DESPREVENIDA ENTIENDA LO QUE ESTÁ PASANDO, CONSIGNO UN RESUMEN SOBRE LO QUE LA CIA HIZO CONTRA ALLENDE, SEGÚN FUENTES OFICIALES DE EE UU:

 

El derrocamiento del Presidente Salvador Allende contado por Washington

 

Desde 1961, apenas posesionado, el presidente John F. Kennedy nombró un comité encargado de las elecciones que se desarrollarían en Chile tres años después. Según la investigación de la Comisión Church del Senado estadounidense [1], estuvo compuesto de altos responsable del Departamento de Estado, la Casa Blanca y la CIA. Este Comité fue reproducido en la embajada estadounidense en Santiago, capital chilena. El objetivo era impedir que el candidato socialista, Salvador Allende, ganara los comicios [2].

 

Allende era un marxista convencido de que por la vía pacífica se podía llegar al gobierno, y, desde ahí, dar un vuelco a las estructuras del Estado en beneficio de las mayorías empobrecidas. Expresaba que para lograr tal objetivo se debía nacionalizar las grandes industrias, priorizando las que estaban en manos estadounidenses, al ser éstas las que explotaban los recursos estratégicos. Estos, y otros ideales sociales, lo convirtieron en un indeseable para Washington: podría servir de ejemplo para los pueblos de otras naciones latinoamericanas.

 

Para hacerle oposición, varios millones de dólares fueron distribuidos entre los partidos políticos de centro y de la derecha para que realizaran su propaganda. Al momento de elegir el candidato a la presidencia, Washington decidió apoyar a Eduardo Frei, del partido Demócrata Cristiano, un personaje que impuso a sus otros financiados.

 

En total, la operación costó unos veinte millones de dólares, una suma inmensa para la época, al punto de sólo poderse comparar con lo gastado en las elecciones presidenciales estadounidenses. Es que Washington no tanto invirtió en el candidato Frey, sino que realizó toda una campaña de propaganda anticomunista a largo plazo.

 

La Comisión del Senado dijo: “Se explotaron todos los medios posibles: prensa, radio, películas, volantes, folletos, correos, banderolas, pinturas murales.” La Comisión reconoció que la CIA realizó, por intermedio de sus partidos comprados y varias organizaciones sociales, una “campaña alarmista” donde el objetivo principal fueron las mujeres, a las cuales se les aseguraba que los soviéticos y los cubanos llegarían para arrebatarle a sus hijos si ganaba Allende. Afiches distribuidos masivamente mostraban a niños llevando en la frente un tatuaje con la hoz y el martillo. La tradición religiosa también fue manipulada al máximo para que se temiera al “comunismo ateo e impío.”

 

La operación psicológica funcionó por encima de las expectativas: Frei logró el 56% de votos, mientras que Salvador Allende el 39%. La CIA, según la Comisión del Senado, aseguró que “la campaña de inculcar miedo anticomunista había sido la más eficaz de todas las actividades adelantadas”.

 

Fue una operación psicológica, con carácter de guerra, cuya base eran los planes aplicados en Guatemala que terminaron derrocando al presidente Jacobo Arbenz, en junio de 1954 [3]. Una operación que en Chile no se desmanteló con el triunfo de Frei, porque, a pesar de todo, la cantidad de votos logrados por Allende fue alta. Y el vencido tenía todas las intenciones de presentarse a las futuras elecciones.

 

En sus Memorias William “Bill” Colby, jefe de la CIA entre 1973 y1976, cuenta que, durante las elecciones presidenciales de 1970, “la CIA debió dirigir todos los esfuerzos contra el marxista Allende. Ella se encargó de organizar una vasta campaña de propaganda contra su candidatura” [4]. La operación se llamó “Segunda Vía”. Todo por orden directa de Richard Nixon.

 

Henry Kissinger, el consejero para la Seguridad Nacional del presidente, expresaría durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre Chile, el 27 de junio de 1970: “Yo no veo por qué debemos quedarnos indiferentes, mientras un país cae en el comunismo por culpa de la irresponsabilidad de su pueblo” [5]. O sea, la soberana decisión de los ciudadanos no podía ser válida si no estaba en concordancia con los intereses estadounidenses. Durante esta reunión se decidió sumar trescientos mil dólares a la operación de propaganda que ya se adelantaba.

 

Según la Comisión Church del senado, Richard Helms, jefe de la CIA desde 1966, envió a dos oficiales de la CIA, a los que conocía desde los primeros preparativos de invasión a Cuba, como responsables; ambos especialistas de la guerra psicológica y la desinformación; con importante participación en el golpe de Estado en Guatemala, y acababan de desembarcar de la guerra en Indochina: David Atlee Phillips y David Sánchez Morales. La Comisión del Senado dijo que una de las consignas que englobaba la campaña era: “La victoria de Allende significa la violencia y la represión estalinista”.

 

Pero el 4 de septiembre de 1970 Allende ganó las elecciones. Escribe Colby que “Nixon entró en cólera. Él estaba convencido de que la victoria de Allende haría pasar a Chile al campo de la revolución castrista y anti–americana, y que el resto de América Latina no tardaría en seguirle los pasos”. Prosigue el ex patrón de la CIA: Nixon convocó a Helms “y le impuso claramente la responsabilidad de evitar que Allende asumiera sus funciones”. En la misma reunión Nixon encargó a Kissinger darle un seguimiento estricto al complot.

 

Es que quedaba una posibilidad para evitar que Allende asumiera la presidencia: había triunfado, pero con una mayoría relativa, debido a que las fuerzas de izquierda se habían dividido, carcomidas por la campaña mediática y/o el dinero que la CIA logró inyectar a ciertos grupos. Por tanto, el Congreso chileno se debía reunir el 24 de octubre para decidir entre Allende y Jorge Alessandri, candidato del partido conservador y quien obtuviera la segunda votación.

 

El plan de Washington era, entonces, comprar el voto de congresistas para que no confirmaran el triunfo del socialista. Helms envió a un “grupo de trabajo” que mantuvo una “actividad frenética” durante seis semanas, según relata Colby. Esto tampoco funcionó y Allende sería declarado ganador de las elecciones.

 

Los operarios especiales de la CIA tomaron contacto con responsables políticos y militares para seleccionar aquellos que podrían estar listos para actuar contra Allende, “y determinar con ellos la ayuda financiera, las armas y el material que fuera necesario para barrerlo de la ruta hacia la presidencia”, según Colby.

 

La mayor esperanza se centró en las Fuerzas Armadas, pero todo dependía de su comandante, el general René Schneider. El problema que encontró la CIA es que este militar había expresado claramente que su institución respetaría la Constitución. Y Colby, en sus Memorias, reconoce con una naturalidad espeluznante: “Entonces era un hombre a matar. Se organiza contra él una tentativa de secuestro que termina mal: fue herido al oponer resistencia y muere poco después debido a las heridas.”

 

Según la Comisión Church el 22 de octubre, muy temprano en la mañana, la CIA entregó a conspiradores chilenos metralletas y municiones “esterilizadas”, denominadas así porque en caso de investigación no es posible determinar su origen. Horas después se produjo el atentado. Tres días después moriría Schneider, “el hombre a matar”. Inmediatamente el Presidente Nixon envió un cínico mensaje a su homólogo chileno: “Yo quisiera hacerle parte de mi dolor ante este repugnante acto”.

 

El 3 de noviembre de 1970 Allende se posesionó como Presidente: Nixon no le envió el regular mensaje de felicitación que exige el protocolo diplomático, ni el embajador estadounidense asistió a la investidura.

 

Ahora correspondía preparar la desestabilización del nuevo gobierno, lo cual se encargaría a la Dirección del Hemisferio Occidental de la Agencia. Una dependencia que desde 1972 tuvo como director a un oficial con gran experiencia en operaciones clandestinas: Ted Shackley. Y éste nombró a su hombre-sombra, Tom Clines, para que se concentrara en el “caso Allende”, teniendo bajo su responsabilidad a los viejos colegas Sánchez Morales y Atlee Phillips.

 

En marzo del siguiente año Bill Colby vuelve a ser el superior de Shackley y Clines como subdirector de Operaciones Especiales. Este trío regresaba de estar al frente de la guerra sucia en Indochina, muy particularmente en Vietnam.

 

Desde 1972 este equipo de la CIA, en Washington y Chile, fue desarrollando la operación más perfeccionada de desinformación y sabotaje económico que hasta ese momento se conociera en el mundo.

 

Colby confesó que fue una “experiencia de laboratorio que demostró la eficacia de la inversión financiera para desacreditar y derrocar a un gobierno” [6].

 

No fue todo. Según la Comisión del Senado estadounidense, la estación de la CIA en Santiago se dedicó a recoger toda la información necesaria para un eventual golpe de Estado. “Listas de personas a detener; infraestructuras y personal civil que debían ser protegidos con prioridad; instalaciones gubernamentales a ocupar; planes de urgencia previstos por el gobierno si se diera un levantamiento militar” [7].

 

Según el ex funcionario del Departamento de Estado, William Blum, esta información sensible de Estado fue obtenida a partir de la “compra” de altos funcionarios y de dirigentes políticos de la coalición partidaria de Allende, La Unidad Popular [8]. Mientras que en Washington los empleados de la embajada chilena se quejaban de la desaparición de documentos, no sólo de la sede diplomática sino de sus propios domicilios. Sus comunicaciones fueron sometidas a escucha. Un trabajo realizado por el mismo equipo que muy poco después se involucraría en el Watergate [9].

 

La acción contra Allende necesitó de una campaña internacional de difamación e intrigas. Buena parte de ella fue encargada a un inexperto en política exterior y casi desconocido político, aunque viejo conocido del Presidente Nixon y de los hombres que adelantaban la operación: George H.W. Bush. Esa tarea la realizó como embajador en la ONU, función que ocupaba desde febrero de 1971. Cuando fue nombrado para el cargo nadie quiso recordar que pocos meses antes había logrado, como representante a la Cámara de Texas, que se restableciera en ese Estado la pena de muerte para los “homosexuales reincidentes”.

 

El 11 de septiembre de 1973 se da el sangriento golpe de Estado contra el gobierno de Allende, encabezado por el general Augusto Pinochet, y se desata una terrible represión. Aunque Shackley había dejado su cargo unos días antes de aquel fatídico día, fue la figura clave en el operativo. Su biógrafo afirma: “Salvador Allende murió durante el golpe. Cuando el humo se disipó, el General Augusto Pinochet, dirigente de la Junta Militar, estaba en el poder dictatorial, debido en parte al arduo trabajo de Shackley […]” [10].

 

Casi un mes después, el 16 de octubre, Henry Kissinger recibiría el Premio Nobel de la Paz… Al año siguiente del golpe, mientras la dictadura seguía ensangrentando a la nación, el Presidente Gerald Ford declaraba que los estadounidenses habían actuado “por los mejores intereses de los chilenos y, obviamente, para los de Estados Unidos” [11].

 

Mientras que en 1980 Nixon escribiría: “Los detractores se preocupan únicamente por la represión política en Chile, e ignoran las libertades fruto de una economía libre […] Más que reclamar la perfección inmediata en Chile, deberíamos apoyar los progresos realizados” [12].

 

NOTAS:

 

1- Comisión especial presidida por el senador Frank Church: “Alleged Assassination Plots Involving foreign Leaders.” November, 1975. U.S. Government printing office 61-985, Washington, 1975.

 

2- Cover Action in Chile, 1963-1973. The Select Committe to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, US Senate. Washington, 18 décembre 1975.

 

3- El Presidente Dwight David Eisenhower autorizó a la CIA el derrocamiento de Arbenz, aplicando un plan integral, inédito hasta ese momento en el continente, que contenía acciones de guerra sicológica, mercenaria y paramilitar, cuyo nombre en clave fue PBSUCCESS. Ver: Cullather, Nick. “Secret History: the CIA Classified Accounts of its Operations in Guatemala, 1952-1954”. Stanford University. 1999.

 

4- Colby, William. “30 ans de C.I.A.” Presses de la Renaissance. París, 1978.

 

5- Newsweek. Washington, 23 septembre 1974.

 

6- New York Times. 8 septembre 1974.

 

7- Cover Action in Chile, 1963-1973. Ob. Cit.

 

8- Blum, William. “Les guerres scélérates”. Parangon, París 2004.

 

9- Watergate se llamaba el edificio donde ese encontraban las oficinas del Partido Demócrata. Ilegalmente, en 1972 Nixon ordenó que fueran puestas bajo escucha. Ante las pruebas y el escándalo el presidente debió renunciar en agosto de 1974. Ver: Marchetti, Victor y Marks, John. “La CIA et le culte du renseignement”. Ed. Robert Laffont. París, 1975.

 

10- Corn, David. Blond Ghost, “Ted Shackley and the CIA’s Crusades”. Simon & Schuster. New York, 1994.

 

11- New York Times. 17 septembre 1974.

 

12- Nixon, Richard. “La vraie guerre”. Albin Michel. París, 1980.

 

Fuente: Cuba Debate.

 

Por Hernando Calvo Ospina. Es periodista y escritor colombiano, radicado en Francia. Autor del libro “Ron Bacardí: la guerra oculta”, entre otros.

 

Santiago, 12 de septiembre 2020.

 

Crónica Digital.


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Milciades Ruiz


Si comparamos los hechos descritos, con lo que viene sucediendo en Perú, nos daremos cuenta que la conducta de la señora KK, la del fiscal miembro del JNE, la intriga al interior de la izquierda y de PL, la campaña contra Cerrón, las movidas del Parlamento, el rol de la prensa, la campaña contra Bellido, la campaña contra Héctor Béjar, la trampa mediática en la que ha caído la izquierda que se suma al descontento prefabricado y toda la guerra sucia desatada contra el nuevo gobierno, veremos que hay una similitud muy clara. Salvo que no quieran verlo.

 

Para EE UU y la CIA, el más peligroso del nuevo gobierno era Héctor Béjar, por su honestidad, capacidad y liderazgo. La prensa mercenaria ha propalado noticias engañosas mezclando información pasada con la actual. Una conversación informal en la que Béjar aparece dando una opinión personal sobre el terrorismo en mérito a la libre expresión y que sucedió meses antes de las elecciones de abril, es “sembrada” en las noticias actuales indebidamente, cuando ya era canciller, para crear animadversiones, especialmente de la oficialidad naval que es la entidad más macartista.

 

Los medios ocultaron que el Dr. Héctor Béjar ha sido profesor del Centro de Altos Estudios Militares- CAEM y que tiene ascendencia entre sus alumnos. Es decir, la prensa oculto información que no convenía a la maniobra del complot. En aquellos días, ni tenía idea de que sería nombrado canciller. Pero en la guerra sucia no hay moral y han logrado apartarlo del gabinete. Pero el objetivo, no es Béjar en sí mismo. ¡Qué va!

 

Lo que ha asustado a EE UU, a la CIA y a la oposición, ha sido la importancia de Béjar en la geopolítica continental. Lo imaginaron reactivando la integración regional que tanto trabajo les ha costado desactivar. Lo imaginaron defendiendo la soberanía nacional y oponiéndose en los organismos internacionales al bloqueo contra Cuba, Venezuela y, Nicaragua. Entonces dijeron ¡Eso no puede ser!

 

El psicosocial mediático consiguió impactar en desprevenidos como el ministro Torres que no ven los entretelones de las maniobras desestabilizadoras. Nada de esta sucia maniobra política hubiera sucedido si el ganador de las lecciones hubiera sido un político tradicional. Alineados con la derecha, sí. Con la izquierda, no. Corruptos sí Lavadores de dinero sí. Pura sangre japonesa sí, pura sangre nativa, no.

 

La verdad es que Héctor Béjar es contrario a todo terrorismo, venga de donde venga. Cuando era Director del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación –CEDEP, tuvo la amarga experiencia de un ataque terrorista contra el proyecto de Repoblamiento de Alpacas en el Callejón de Huaylas en apoyo a las comunidades campesinas. Con este propósito, viajaron a Puno los genetistas científicos Alberto Pumayalla, decano de la facultad de zootecnia de la UNALM y Glicerio Gonzáles para seleccionar el ganado, en compañía de Edilberto Márquez, sobreviviente de la incursión guerrillera por Puerto Maldonado.

 

El 3 de junio de 1990, cuando estaban en esta misión con el ganadero Manuel Barrera, fueron sorprendidos por los terroristas de “Sendero Luminoso”. Márquez pudo escapar, pero los demás fueron asesinados. De modo que, no es que Héctor Béjar haya sido defenestrado por sus declaraciones sobre terrorismo. Ese es el engaño y la verdad es otra. No quieren personas honestas en el gobierno del país. Rompería la tradición de gobernantes genuflexos, ante el amo yanqui “revuelto y brutal que nos desprecia” (J. Martí).

 

Si piensan que con su renuncia se quedarán tranquilos, lo comprobarán muy pronto. Hay quienes están acostumbrados a renegar viendo solamente a la derecha para todo. No ven más allá. Pero, no hay en el mundo mayor aparato terrorista que la CIA. Pruebas hay muchas, como el atentado al avión cubano, que mató a 73 pasajeros, entre los que se encontraban los victoriosos jóvenes cubanos de la delegación deportiva de esgrima.

 

Aquí no acaba esta guerra política. Sacar de carrera a Béjar no significa que el gobierno renunciará también a su política internacional. ¿O sí?

 

Agosto 17- 2021


Escribe: Milcíades Ruiz

lunes, 16 de agosto de 2021

INGRESO LIBRE A UNIVERSIDADES SERÁ GRADUAL Y FOCALIZADO


 

MINEDU: INGRESO LIBRE A UNIVERSIDADES SERÁ GRADUAL Y FOCALIZADO

Director de Educación Superior dijo que se fortalecerá la calidad en las universidades públicas

El ingreso libre a las universidades e institutos superiores públicos será gradual y focalizado a fin de permitir que los estudiantes con mayor desempeño académico y escasos recursos económicos puedan acceder a la educación superior, informó Jorge Mori, titular de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación (Minedu).

En declaraciones a la agencia Andina, Mori aclaró que esta modalidad de acceso libre focalizado va a convivir con otras alternativas de admisión a la oferta de educación pública.

“Esto no significa que se elimina los exámenes de admisión para todos. Claro que habrá examen de admisión, pero las universidades, por autonomía, crearán mecanismos de acceso libre para el talento regional para que los estudiantes que no tengan los recursos económicos o que tengan barreras de acceso puedan acceder a la educación universitaria”, anotó.

Dijo que esta propuesta aún tiene que ser aprobada y contar con un presupuesto adicional que viene siendo coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las universidades públicas.

En tal sentido, Mori dijo que el Minedu no solo quiere mantener sino mejorar las condiciones básicas de calidad, llevando a las universidades púbicas hacia una ruta de excelencia.

“Eso requiere un financiamiento especial. Por un lado, diseña y financia los mecanismos de acceso para los estudiantes que quieren ingresar a la educación superior, pero, por otro lado, también tienes que financiar más vacantes a las universidades públicas con un financiamiento que les permita mantener o mejorar las condiciones de calidad que actualmente tienen”, insistió.

Enfatizó que lo que tiene que hacer el Minedu y el Estado es cubrir los costos de la universidad para estos cambios.

“No se trata de generarle un hueco financiero a la universidad pública, ni un perjuicio, pero estos son los cálculos que se tienen que hacer, porque las universidades y los institutos públicos no se deben ver perjudicados por este tipo de medidas”, manifestó

Programas de nivelación

Mori dijo que otro componente que se está diseñando son los programas de nivelación que ayude a los estudiantes que egresan de la educación básica a cumplir con las aptitudes y condiciones necesarias para acceder a las instituciones de educación superior.

“Tenemos que pensar en los programas de nivelación que permita cerrar la brecha entre la educación básica y la superior”, anotó.

En otro momento, Mori dijo la Sunedu exigirá a las universidades públicas mantener las condiciones de calidad en esta ampliación de la oferta educativa.

“En el caso de las universidades públicas, estas han pasado por un proceso de licenciamiento de cumplimiento de condiciones básicas de calidad. Lo mínimo que va a exigir la Sunedu para no poner en riesgo el licenciamiento es que se mantengas las condiciones de calidad en esta ampliación de la oferta”, indicó.

Mori sostuvo que la propuesta del ingreso libre a las universidades e institutos superiores públicos busca atender los problemas de acceso a la educación superior que hay en el Perú.

Dijo que 3 de cada 10 jóvenes que egresa de la educación básica regular accede a la educación superior, y que esos índices son uno de los más bajos de América Latina.

“Hay muchas barreras para el acceso a la educación superior, incluso para los mejores estudiantes, porque si no tienen recursos económicos no están llegando a las universidades o institutos públicos”, subrayó.


16 INSTITUCIONES QUE SERÁN “ELIMINADAS” POR EL GOBIERNO DE PEDRO CASTILL


 

Dichas instituciones manejan millonarios presupuestos y más del 95% del personal trabaja en Lima con sueldos de entre 5 a 24 mil soles mensuales.

EDUCACIÓN

1.- Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED): Pasará a la gerencia de infraestructura de los gobiernos regionales.

SALUD

1.- Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS): Pasará a la gerencia de infraestructura de los gobiernos regionales.

TRANSPORTES

1.- Provías Descentralizado: Pasará a las direcciones regionales de transportes de los gobiernos regionales.

AGRICULTURA: Organismos Públicos Adscritos (OPA): Todos pasarán a las direcciones regionales de agricultura de los gobiernos regionales.

1.- Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA)

2.- Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA)

3.- Autoridad Nacional del Agua (ANA)

4.- Agroideas

5.- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

6.- Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)

7.- Sierra y Selva Exportadora

8.- Sierra Azul

9.- Agrorural

10.- Rediagro

11.- Sistema de Información de Cultivos

12.- Sistema de Información de Estadística Agraria

TRABAJO

1.- Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL): Pasará a las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo.

Dichas instituciones manejan millonarios presupuestos y más del 95% del personal trabaja en Lima con sueldos de entre 5 a 24 mil soles mensuales.

EDUCACIÓN

1.- Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED): Pasará a la gerencia de infraestructura de los gobiernos regionales.

SALUD

1.- Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS): Pasará a la gerencia de infraestructura de los gobiernos regionales.

TRANSPORTES

1.- Provías Descentralizado: Pasará a las direcciones regionales de transportes de los gobiernos regionales.

AGRICULTURA: Organismos Públicos Adscritos (OPA): Todos pasarán a las direcciones regionales de agricultura de los gobiernos regionales.

1.- Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA)

2.- Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA)

3.- Autoridad Nacional del Agua (ANA)

4.- Agroideas

5.- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)

6.- Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)

7.- Sierra y Selva Exportadora

8.- Sierra Azul

9.- Agrorural

10.- Rediagro

11.- Sistema de Información de Cultivos

12.- Sistema de Información de Estadística Agraria

TRABAJO

1.- Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL): Pasará a las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo.


miércoles, 4 de agosto de 2021

DUEÑOS DE JUEGOS DE AZAR Y TRAGAMONEDAS DESTACAN ENTRE FINANCISTAS DE APELACIONES DE KEIKO FUJIMORI

 


RIESGO. La Contralaft encargó el estudio para conocer los "problemas concretos" del sector de casinos y tragamonedas, una actividad "en sí riesgosa".

Foto: Pixabay



Desde el régimen de Alberto Fujimori, el negocio de los casinos –de alto riesgo por la penetración del lavado de dinero, según la Unidad de Inteligencia Financiera– ha sido cercano a la elaboración de sus políticas, sus representantes en el Parlamento y su candidata presidencial. La elección del Bicentenario no ha sido la excepción. Se  identificó a 17 financistas de las apelaciones de Keiko Fujimori ante el Jurado Nacional de Elecciones: uno de ellos es representante del casino Emporium y tesorero de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar, y el otro dueño de la cadena de tragamonedas Mythic.

 

Un grupo de 17 personas –entre ellos un representante de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), Rubén Awa Matsukawa; un empresario del mismo sector, Iván Katekaru Gushiken; así como otros del rubro inmobiliario y legal– financiaron el pago de tasas de más de 300 apelaciones presentadas por el partido de Keiko Fujimori, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para revertir los resultados oficiales que dan como ganador a Pedro Castillo, de Perú Libre, al 100% del conteo de la ONPE.

 

La ley electoral indica que el personero legal de cada partido deberá pagar una tasa de S/660 por cada apelación planteada ante el Pleno del JNE. OjoPúblico comprobó que Katekaru Gushiken y Awa Matsukawa, relacionados al negocio de juegos de azar, pagaron más de S/25 mil en 39 apelaciones, que representan el 12,6% de los más de S/203 mil solventados en favor de Fuerza Popular después de la segunda vuelta del 6 de junio. Dichos pagos deberán ser reportados como aportes de campaña por Fujimori, según la normativa.

 

Katekaru Gushiken es un empresario de 46 años vinculado a, por lo menos, 12 compañías del sector de juegos de azar y tragamonedas. Su principal marca es la cadena Mythic, con cuatro locales en Los Olivos, Breña, Cercado de Lima y el Callao; aunque también cuenta con una sala de juegos llamada ‘Bambú’ en Tarapoto, San Martín. Awa Matsukawa, por su parte, tiene 52 años; es apoderado de Inversiones Kyodo, cuyo nombre comercial es Emporium; y ejerce como tesorero del citado gremio de juegos de azar desde 1998.

 

LOS JUEGOS DE AZAR TIENEN ALTO RIESGO DE LAVADO DE DINERO, SEGÚN LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF).

 

De los 39 pagos identificados, Katekaru Gushiken financió el costo de 16 pagando S/10.560; mientras que Awa Matsukawa pagó S/15.180 por los 23 recursos legales restantes de segunda instancia. Los números de sus documentos de identidad están impresos en cada uno de estos 39 comprobantes de pago que fueron entregados por Fuerza Popular, y que están alojados en el portal del JNE.

 

La aparición de estos empresarios, como financistas del pago de tasas de Fuerza Popular, confirma una relación de larga data entre el fujimorismo y el sector de juegos de azar. El régimen de Alberto Fujimori inafectó del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) a este sector; por lo cual el Estado dejó de recaudar alrededor de S/400 millones al año, desde el 2017, según el Ministerio de Economía y Finanzas. El Marco Macroeconómico Multianual proyecta que no se recaudará S/174 millones este año debido a dicha medida.

 

En 2018, el Gobierno impuso un Impuesto Selectivo al Consumo para los juegos de azar. Fuerza Popular y el excongresista, Miguel Torres, intentaron derogar esa medida con un proyecto de ley, que no llegó a ser aprobado. Torres fue integrante, hasta 2016, del estudio Torres y Torres Lara, que defiende a clientes del sector de tragamonedas. Según la acusación fiscal contra Fujimori por el Caso Lava Jato, dicha iniciativa legal fue un intento para “favorecer a grupos de poder empresarial vinculados a la organización criminal”.

 

Fotografía de Keiko Fujimori y Miguel Torres.

REAPARICIÓN. Miguel Torres era parte del equipo legal de Keiko Fujimori, hasta que el Poder Judicial ordenó que no se reúna con ella por ser testigo del caso Lava Jato.

Foto: OjoPúblico / Óscar Rosario

 

 

La relación entre Fuerza Popular y dueños de casinos, efectivamente, está bajo investigación del Ministerio Público, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha alertado sobre los enormes riesgos de lavado de dinero en dicho sector. De acuerdo al Equipo Especial Lava Jato, el empresario José Sam Yuen ─dueño de los casinos Golden Palace y Hacienda, y de las salas de juego Tropicana, Copacabana y Silver Moon─ reclutó a 11 falsos aportantes para la campaña de Fuerza Popular en 2011 y 2016.

 

La acusación contra Fujimori, presentada por el fiscal José Pérez Gómez, incluye además a la empresaria Sil Yok Lee como presunta cómplice del delito de lavado de dinero e integrante de dicha organización criminal. En 2020, se reveló que ella y su hijo Juan Yi Lee, ambos aportantes de Fuerza Popular, son dueños del grupo empresarial que controla las salas Wan Wha en el Callao y Bingo Palace en Surco. Este conglomerado incluye sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, a través de Mossack Fonseca.

 

El sector de casinos y tragamonedas, como muchos otros del rubro de entretenimiento a nivel nacional, ha sido uno de los afectados por la pandemia debido a las restricciones sanitarias. Entre noviembre del 2020 y abril de este año, trabajadores de este sector han realizado diversos plantones en Lima, exigiendo la reactivación de sus actividades. Mientras tanto, empresarios de juegos de azar han destinado parte de su capital al financiamiento de la estrategia legal de Fuerza Popular.


Los financistas de las apelaciones, de Fuerza Popular

En la lista de financistas de las apelaciones de Fuerza Popular, destacan Katekaru Gushiken y Awa Matsukawa; quienes pagaron, en conjunto, un total de S/25.740 para que dicha agrupación política pueda presentar 39 recursos legales ante el Pleno del JNE. A la fecha, del total de 271 apelaciones que fueron admitidas para trámite y que buscan anular mesas de sufragio donde ganó el candidato de Perú Libre, dicha autoridad electoral ha rechazado alrededor de 81 recursos por falta de pruebas.

 

Katekaru Gushiken es natural de Lima, hijo del comerciante Carlos Katekaru Kadekaru y de Mercedes Gushiken. De acuerdo a los Registros Públicos, su primera incursión en el sector de juegos de azar ocurrió en el 2003, con la fundación en Breña de la compañía Triple Play, dedicada a la administración de tragamonedas. Katekaru Gushiken constituyó esta empresa junto con su socio Roberto Arakaki Taba, con quien registra un largo historial de inversiones conjuntas en el sector de apuestas.

 

Ambos socios son los dueños de la cadena de tragamonedas Mythic, con cuatro locales en la capital y el Callao. El primero está ubicado en la avenida Antúnez de Mayolo, en Los Olivos. En dicha dirección están registradas tres compañías que fueron constituidas por Katekaru Gushiken y Arakaki Taba, entre 2012 y 2014: Okanecorp, Okanekin e Inversiones Gaming Kin Capital. Esta última sociedad es la única de las tres que se encuentra de baja ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

 

Fotografía de la fachada de la sala de juegos de azar Mythic

CADENA. La sala de juegos Mythic, de propiedad de Iván Katekaru Gushiken, financista de Fuerza Popular, tiene cuatro locales distribuidos en Lima y el Callao.

Foto: Facebook de Mythic

 

 El segundo local de Mythic está en la avenida Alfonso Ugarte, en Breña; domicilio de Triple Play y Gaming Okane, ambas constituidas por Katekaru Gushiken y Arakaki Taba en 2003 y 2014. La tercera sede se encuentra en la avenida Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima, bajo la administración de Inversiones Kamiya. Esta empresa también fue creada por Katekaru Gushiken en 2015. El último local está ubicado en el Callao, en el mismo domicilio fiscal de Domokane, sociedad fundada en 2015 por Katekaru Gushiken y su socio.

 

En 2015, además de fundar una octava empresa bajo el nombre de Okanefiori en San Martín de Porres, Katekaru Gushiken y Arakaki Taba expandieron sus negocios fuera de Lima. Ese año constituyeron Tokanet SAC en el jirón Jiménez Pimentel, en Tarapoto, San Martín; donde funciona la “Sala de Juegos Bambú”. Katekaru Gushiken es, además, gerente general de Menfixa, una compañía que administra la sala de juegos Memphis en Los Olivos, y de La Máxima, que controla el tragamonedas Metrópolis en San Juan de Miraflores.

 

Katekaru Gushiken registra la importación de máquinas tragamonedas y accesorios de estas, entre los años 2012 y 2013, a través de otra empresa vinculada a él: Okane SAC, que hoy se encuentra en liquidación. En 2013, se sumó Okanecorp a esta labor. Las importaciones de ambas empresas ascienden a US$335 mil en dicho periodo de dos años, y sus principales proveedores son Guangzhou Zhengyu Trading de China, y Spielo International de Canadá.

 

IVÁN KATEKARU GUSHIKEN FINANCIÓ 16 APELACIONES DE FUERZA POPULAR ANTE PLENO DEL JNE CON MÁS DE S/10 MIL.

 

El segundo empresario del sector de juegos de azar y financista de las apelaciones de Fuerza Popular es Awa Matsukawa, quien es natural de Lima e hijo de Jose Awa Matayoshi y Ana Masoko Matsukawa. En 2003, dicho empresario y otros cinco socios ─Ángel Gima Shimabukuro, José Kohatsu Hirano, Daniel Moromisato Kanashiro, Rafael Arashiro Oshiro y David Shimabukuro Makikado─ fundaron Nikkei Investment SA. De acuerdo a su partida de inscripción, se dedica a la administración de tragamonedas.

 

Desde ese mismo 2003, sin embargo, Awa Matsukawa ya figuraba como representante de otra empresa de juegos de azar: Inversiones Kyodo. De acuerdo a los Registros Públicos, Awa Matsukawa figura desde dicho año como representante de Inversiones Kyodo ante la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), gremio que agrupa a las empresas de este sector. A la fecha, según el portal web de dicha asociación, Awa Matsukawa se mantiene como tesorero de la entidad, y aún vinculado a Inversiones Kyodo.

 

Inversiones Kyodo es una compañía constituida en 1998 por siete socios: Pedro Tokashiki Gamaja, Ricardo Ogusuku Oshiro, Francisco Tamashiro Oyakawa, Ricardo Ganaja Kamistao, Juan Gibu Tsukayama, Tomas Miyasato Miyasato y Rafael Arashiro Oshiro. Este último también es fundador de Nikkei Investment junto con Awa Matsukawa. La sala de juegos Emporium, ubicada en San Borja, es administrada por Inversiones Kyodo; y Awa Matsukada es apoderado de dicha empresa desde 2009, de manera oficial.

 

RELACIÓN. Rubén Awa figura desde el año 2003 como representante de Inversiones Kyodo, que administra la sala de juegos Emporium en San Borja.

Imagen: Google Maps

 

Ante la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Inversiones Kyodo está registrada como importadora de equipos vinculados a este sector. Desde 2013, esta compañía ha importado productos por más de US$615 mil; y sus principales proveedores son Aristocrat Technologies de EE.UU., Baez y Ayala Group de México, Guangzhou Zhengyu Trading de China, e International Game Technology (IGT) de Inglaterra.

 

Awa Matsukawa, además, ha sido financista de la campaña regional de Fuerza Popular en Ica, en el 2014. De acuerdo a la base de datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dicho empresario aportó S/20 mil en publicidad para la lista que encabezó Fernando Cilloniz Benavides, quien sería elegido como gobernador regional. Nuestro medio intentó contactarse con Awa Matsukawa y Katekaru Gushiken para recoger sus comentarios sobre este reportaje, pero no hubo respuesta hasta el cierre de edición.

 

Además de Katekaru Gushiken y Awa Matsukawa, OjoPublico detectó otros 15 financistas de las apelaciones que fueron presentadas por Fuerza Popular ante el Pleno del JNE. Esta lista es encabezada por Álvaro Estrada Briceño con el pago de S/25.080 por 38 recursos legales del fujimorismo. Estrada Briceño es gerente general de la constructora AJJ Contratistas Generales y de la inmobiliaria Evergran Grupo Inmobiliario.

 

La lista continúa con José Roberto Estremadoyro Ramírez, quien desembolsó S/19.140 para financiar 29 apelaciones de Fuerza Popular. Dicho empresario es administrador de compañías dedicadas a la venta de productos médicos. También aparece Rafael Isidoro Franco Montes, empresario dedicado al sector transporte y que tuvo un breve paso por la política, como candidato al Congreso en 1995 por la organización Renovación.

 

RUBÉN AWA MATSUKAWA PAGÓ S/15.180. PARA FINANCIAR UN TOTAL DE 23 RECURSOS LEGALES DE FUERZA POPULAR.

 

En el listado de financistas aparece también Rosa María Perales Rivera, abogada y fundadora del estudio legal Perales & Asociados, que tiene oficinas en Lima y en el norte del país. Su aporte asciende a S/16.500 y está vinculada a 25 apelaciones. Dicho aporte ha sido incluido en las indagaciones del despacho del fiscal José Pérez Gómez, quien ha abierto una nueva investigación por presunto lavado de dinero contra Fujimori.

 

En la lista además destaca Manuel Marquez San Román. Este último ─gerente general de la compañía Linings, dedicada a la fabricación de maquinaria─ ha pagado S/15.180 por otras 23 apelaciones de Fuerza Popular. Le sigue Karl Reusche Arambulo con S/12.540 por 19 recursos legales del fujimorismo en segunda instancia. Reusche Arámbulo está dedicado a la gerencia de compañías de consultoría empresarial e inmobiliarias.

 

La lista de financistas también incluye a las excongresistas fujimoristas Milagros Takayama Jiménez y Alejandra Aramayo Gaona, quienes financiaron, en conjunto, 21 apelaciones por un total de S/13.860. Otros 85 recursos legales fueron pagados por José Navarro Tantalean (S/11.220), Stephan Reusche Ciriani (S/10.560), Erika Márquez San Román (S/10.560), Enrique Portaro Pancorvo (S/9.900), Jaime Barco Roda (S/8.580), Steve Wakeham Penny (S/3.960) y Adolfo Laura Chirinos (S/1.320).

 

Por: Ernesto Cabral

 


CLUB DE LAS FARMACÉUTICAS: DOS EMPRESAS INVESTIGADAS INCREMENTARON SUS VENTAS DURANTE LA GESTIÓN DE MOLINELLI

 

ALLANAMIENTO. Como parte de la investigación, el Ministerio Público incautó bienes y documentos de las oficinas de Essalud.

Foto: Andina


Dos empresas involucradas en la investigación del caso El Club de las Farmacéuticas incrementaron sus contratos con Essalud entre el 2018 y el 2020, precisamente durante la gestión de la presidenta ejecutiva, Fiorella Molinelli Aristondo. El aumento más destacado es el de la empresa publicitaria Importaciones Via Ayaychan S. A. C.: aunque no registraba ventas en el rubro salud antes de la pandemia, logró contratos de dispositivos médicos por S/19 millones con dicha entidad. Otra empresa, Q-Medical S. A. C., también registró mayores contrataciones en este periodo. De acuerdo con el Ministerio Público, Molinelli Aristondo lideraba la organización criminal que concertaba adquisiciones con proveedores.

 

 

El último viernes, con el allanamiento de las viviendas de siete funcionarios de Essalud, las oficinas de la institución y locales de empresas proveedoras del Estado, se conocieron los detalles del caso El Club de las Farmacéuticas. El Ministerio Público investiga a 14 personas acusadas de integrar una organización criminal que concertó compras sobrevaloradas, por más de S/18 millones, en plena emergencia sanitaria.

 

La presunta organización, según la hipótesis fiscal, es liderada por Fiorella Molinelli Aristondo, presidenta ejecutiva de Essalud desde el 6 de marzo de 2018, quien habría centrado las coordinaciones de las compras irregulares, realizadas por la entidad. Otros seis funcionarios de la institución también están involucrados.

 

Entre los investigados también se encuentran siete directivos y accionistas de las empresas Tecnología Nacional e Industrial SA (Tecnasa), Importaciones Via Ayaychan SAC. y Speedymen's SAC. Una cuarta empresa, Q-Medical SAC, fue incluida en el allanamiento por presuntamente participar en una cotización sobrevalorada, en perjuicio del Estado.

 

SEGÚN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN, TRES CONTRATACIONES REGISTRARON UNA SOBREVALORACIÓN DE S/18 MILLONES.

 

Un dato relevante en este contexto es conocer cómo estas compañías aumentaron sus contratos durante los últimos años. De acuerdo a un análisis realizado por OjoPúblico, dos de estas cuatro empresas  investigadas por la fiscalía anticorrupción incrementaron sus ventas con Essalud entre el 2018 y 2020, precisamente durante la gestión de Molinelli Aristondo. El caso más resaltante es el de Importaciones Via Ayaychan S. A. C., que entre junio y noviembre de 2020, registró ventas de dispositivos médicos por más de S/19 millones, aunque no tenía experiencia previa como proveedora del sector salud.

 

Según su partida en Registros Públicos, Importaciones Via Ayaychan, fue fundada en 2016 por Manuel Altamirano Ramírez y Carlos Reyes Montoya, con un capital de S/30 mil. La empresa con sede en el distrito de La Victoria (Lima), registró como rubro económico el de prensa y publicidad. Antes de la pandemia, había obtenido contrataciones por servicios publicitarios con otras entidades del Estado, como el Poder Judicial, el Ministerio de Energía y Minas, y el Banco de la Nación, entre otras, por un total de S/1’034.537.

 

En junio de 2020, la empresa suscribió un contrato con Essalud para la venta de alcohol isopropílico, por S/4,2 millones. Según el Ministerio Público, un mes después, en el marco de una indagación de mercado de Essalud para la adquisición de lentes antisalpicaduras, Importaciones Via Ayaychan S. A. C. modificó su rubro económico, agregando la venta de productos como mascarillas y lentes protectores.

 


En octubre, logró otro contrato por la venta de lentes de seguridad por S/9 millones, de los cuales, al menos, S/8,37 millones corresponden a una sobrevaloración respecto al precio del mercado, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público. La hipótesis fiscal sostiene que esta empresa coordinó con los funcionarios para adecuarse a las bases del proceso de contratación y pagó coimas para ingresar lotes de productos en mal estado a los almacenes de Essalud.

 

Una tercera venta de lentes protectores, por S/5,9 millones, también está en investigación por una sobrevaloración de S/4,9 millones, según la fiscalía anticorrupción.- Después de concretar todas estas ventas, Via Ayaychan S. A. C. entró en liquidación.

 

La fiscalía anticorrupción también plantea que un accionista de esta empresa, Manuel Altamirano, tenía comunicación personal con Molinelli Aristondo, quien “autorizó las contrataciones directas” que hoy son materia de investigación. Además, habría intervenido en la adquisición de seis tomógrafos, ofrecidos por la empresa Tecnasa, con una sobrevaloración de casi S/5 millones.

 


En el caso de los lentes protectores, Importaciones Via Ayaychan, vendió cada unidad hasta a S/21,5, cuando su precio en el mercado es de S/2,88. Según la Fiscalía, esta empresa concertó con otro proveedor, Q-Medical S. A. C., para que cotice el precio unitario de este producto en S/23, de modo que su propuesta sea bien recibida.

 

Q-Medical S. A. C. es una empresa fundada en 2002 por José Díaz Sandoval, Christian Portugal Valenzuela y Rodolfo Pacheco Salas, con un capital de S/3 mil. Según información de Registros Públicos, se constituyó para importar y vender productos médicos. En setiembre de 2020, esta empresa importó pruebas rápidas de Covid-19 sin certificación sanitaria.

 

Desde marzo de 2008 hasta marzo de 2018, esta compañía suscribió contratos con Essalud por S/3 millones, según información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce). A partir de esa fecha, logró ventas totales por S/33 millones con el seguro social.

 

A diferencia de Via Ayaychan, Q-Medical ha logrado ventas en el rubro médico por S/119 millones con otras instituciones públicas, entre 2008 y 2021. Entre los productos más vendidos se encuentran material quirúrgico y dispositivos médicos, a los hospitales Hipólito Unanue, Cayetano Heredia, establecimientos del Ministerio de Salud, entre otros. El análisis de los datos permite identificar que las ventas a otras instituciones se incrementaron progresivamente a lo largo de los años. No obstante, en el caso de Essalud hubo un crecimiento marcado, a partir de 2019.

 

Se intentó comunicarse con las empresas Q-Medical y Tecnasa, así como con Manuel Altamirano, accionista de Via Ayaychan. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no obtuvo respuesta. Asimismo, este medio se contactó vía telefónica con la empresa Speedymen's, pero el interlocutor se negó a brindarnos mayor información.

 

ASÍ FUNCIONABA LA ORGANIZACIÓN

 De acuerdo a la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, seis funcionarios de Essalud liderados por la presidenta ejecutiva de la entidad intervinieron en la compra irregular de seis tomógrafos y 779 mil lentes de seguridad contra salpicaduras. El esquema permitió favorecer a ciertos proveedores, al establecer montos de dinero, generar documentaciones y regularizar trámites.

 

La investigación fiscal inició en 2020, a partir de las escuchas legales del caso Los Gánsters de la política, que involucró al congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez. Durante estos seguimientos, los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) identificaron indicios de compras irregulares en las conversaciones que mantenía el fallecido Fernando Obregón Mansilla, presunto operador político de Luna Gálvez, con otros interlocutores de Essalud. Esta unidad alertó al Ministerio Público, que solicitó ampliar el seguimiento de las comunicaciones para el caso El Club de las Farmacéuticas.

 

Según la fiscalía anticorrupción, Molinelli Aristondo era la persona clave en la organización, al tener el control de las labores administrativas. “Habría permitido y avalado la ejecución de las actividades ilícitas, previa concertación con otros funcionarios y personas ajenas a la institución”, sostuvo el Ministerio Público. La presidenta ejecutiva de Essalud fue mencionada en varias comunicaciones telefónicas, que dieron cuenta de una relación cercana con Manuel Altamirano, accionista de Importaciones Via Ayaychan S. A. C.

 

HABRÍA PERMITIDO Y AVALADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS", SOSTIENE EL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE MOLINELLI.

 

Un primer grupo incluido en la indagación está integrado por funcionarios públicos de Essalud: el gerente general de la entidad, Alfredo Barredo Moyano, considerado el brazo derecho de Molinelli Aristondo, y Carolina Cabanillas Horna, gerente de Abastecimiento de Bienes Estratégicos, quien tenía a cargo el requerimiento de los bienes. Ambos firmaron los contratos con las empresas Via Ayaychan y Tecnasa.

 

De acuerdo a la tesis fiscal, también están involucrados los funcionarios Marco Ortiz de la Cruz, quien como subgerente de Adquisiciones de Bienes Estratégicos, tenía a cargo la formulación y preparación de los expedientes de contratación, y César Carreño Díaz, gerente de la Central de Operaciones, quien emitía informes favorables a las contrataciones. A ellos se suman, Jorge Polanco Zevallos, especialista en contrataciones y presunto encargado de revisar la documentación presentada por los proveedores favorecidos, y Rafael Sotelo Zorrilla, ayudante de almacén que recibió los productos en mal estado, sin reportar el hecho en la institución.

 

El segundo grupo considerado en el esquema de la organización figuran Manuel Altamirano Ramírez, accionista de Via Ayaychan, y quien es considerado financista, proveedor favorecido y presunto intermediario en las negociaciones con otras empresas. La fiscalía anticorrupción sostiene que Altamirano Ramírez, junto al fallecido Fernando Obregón, realizaron las coordinaciones para internar determinados bienes adquiridos sin controles, además de realizar gestiones para conseguir la buena pro en la contratación de Tecnasa.

 

En este grupo de investigados también están Duilio Mesinas Chiabra y Jorge del Busto Herrera, representante legal y dueño de Tecnasa, respectivamente, por la sobrevaloración de los tomógrafos. Además, Bertha Ángeles Chumacero (esposa de Altamirano Ramírez), Alfonso Wun García, José Chumaranga Santibáñez y Rocky Carrillo Gutiérrez, por integrar la empresa Speedymen’s, a través de la cual Vía Ayaychan realizó la importación de productos de acuerdo a la tesis fiscal.

 COMPRAS SOBREVALORADAS

Tres contrataciones han servido de sustento para requerir el allanamiento y descerraje de las viviendas de los involucrados. Las dos primeras están relacionadas a la compra de 779 mil lentes de seguridad contra salpicaduras, por un monto de S/15 ’613.237, a Importaciones Via Ayaychan S. A. C. Cada unidad fue adquirida por Essalud en S/21,50, en el primer proceso de compra, y en S/18 en el segundo. Es decir, hasta más de siete veces su precio estimado en el mercado. Lo que da como resultado, una sobrevaloración de más de S/13 millolnes de soles.

 

Otra irregularidad advertida en la investigación es que Importaciones Via Ayaychan S. A. C. no tenía experiencia como proveedora del sector salud. Incluso, no registró importaciones de los productos que vendió a Essalud. Según el Ministerio Público, Manuel Altamirano creó esta empresa como una fachada de Speedysmen’s S. A. C., que sí importó varios lotes de lentes protectores desde China a USD 0,75 la unidad. Esta firma  pertenece a su esposa —Bertha Ángeles Chumacero—  y fue sancionada por Osce, en 2015, por presentar información falsa.

 

El tercer contrato que sustentó los allanamientos fue el de la compra de seis tomógrafos básicos de emergencia, a Tecnasa. Según la investigación fiscal, inicialmente, esta empresa cotizó los equipos con una sobrevaloración de un millón de soles cada uno. Sin embargo, los intermediarios Manuel Altamirano y Fernando Obregón, intercedieron para que la empresa bajara sus precios y gane, así, el proceso de contratación.

 

Para mantener los beneficios, los intermediarios propusieron a la empresa ofrecer tres tomógrafos a precio de mercado y otros tres con una sobrevaloración. Las actualizaciones de precios coincidieron con las fechas de las comunicaciones entre Altamirano y Obregón. De acuerdo a la documentación recabada, Tecnasa habría importado tres tomógrafos valorizados en USD 165.000, para venderlos a USD 391.575, el precio de un modelo superior.

 

En las comunicaciones, la Fiscalía advirtió que Manuel Altamirano tenía un vínculo directo con Molinelli Aristondo. Incluso, según las conversaciones del intermediario, fue la presidenta ejecutiva quien le indicó que un funcionario de Essalud, Juan José Bobadilla Aguilar, había advertido la sobrevaloración. Más adelante, Altamirano Ramírez reveló que Molinelli Aristondo le pidió información para retirar a este funcionario “por haber cuestionado el proceso de contratación de los tomógrafos”.

 

El proceso de allanamiento en las viviendas de los involucrados en el Club de las Farmacéuticas se extendió el último viernes por más de ocho horas. El fiscal Carlos Nivin Valdiviezo informó que Molinelli Aristondo —quien no estuvo presente durante las labores de la Fiscalía— será citada en los próximos días para brindar su declaración por el caso.


Por:

1.     Claudia Chávez Amaya.

2.     Gianfranco Huamán