Se cumplen seis meses de la autoproclamación de Juan Guaidó, que parecen 6
días en cuanto a los avances de su plan, pero que al venezolano de a pie le
pesan como 6 años.
La ministra de Gobierno del Ecuador consideró “llamativo” que un canal ruso
que emite en español cubriera las protestas de su país. Pero quienes
participaron en las protestas centraron sus críticas en otros medios.
El Gobierno del Ecuador decretó el ‘estado de excepción’ tras las masivas
protestas por las medidas económicas que acompañan al nuevo crédito del FMI.
* Fe de erratas: por un error de las fuentes consultadas dijimos en el 4:34
que Lucio Gutiérrez fue el último en decretar estado de excepción. Se decretó
unos días en 2010 durante el golpe contra Correa y también en el gobierno de
Lenin.
Durante treinta años, el modelo chileno se ha citado como ejemplar para
Latinoamérica, pero lo que se ocultaba detrás, acaba de estallarle en las manos
a la clase dirigente del país sudamericano.
LAS MENTIRAS SOBRE VENEZUELA POR EL
PRESIDENTE DE COLOMBIA ES UN FIASGO
Las fotos que presentó ante la
ONU el presidente colombiano para acusar a Venezuela de complicidad con la
guerrilla se le volvieron en contra a las pocas horas de su discurso.
¡Ahí les va! Información con
humor, y humor con información.
“El ataque
imperialista quiere golpear el corazón de nuestra economía, la industria petrolera,
nuestra capacidad de interactuar con el mercado mundial para evitar que
obtengamos financiamientos”, señaló Arreaza.
El canciller de
Venezuela, Jorge Arreaza, aseveró que su país consolida alianzas estratégicas
con Rusia, China y Vietnam; en función de su desarrollo económico y como
alternativa frente al bloqueo de Estados Unidos, publicó Prensa Latina.
En una
entrevista concedida al medio italiano L’Antidiplomatico, Arreaza denunció que
la intención de la hegemonía norteamericana y las corporaciones europeas,
subordinadas a la política estadounidense, es evitar y golpear la relación
comercial de la nación suramericana con el resto del mundo.
“El ataque
imperialista quiere golpear el corazón de nuestra economía, la industria
petrolera, nuestra capacidad de interactuar con el mercado mundial para evitar
que obtengamos financiamientos. Por lo tanto, es vital que logremos producir
nuestra propia comida y tecnología, al igual que otros países que han sufrido
un bloqueo similar”, declaró.
Jorge Arreaza, canciller de Venezuela,ministro de Relaciones Exteriores subrayó que la organización social, la denuncia permanente de los ataques externos y la solidaridad mundial dentro de la diplomacia de paz constituyen mecanismos para prevenir la guerra y la dominación imperialista. Foto: Cancillería de Venezuela.
El ministro de
Relaciones Exteriores subrayó que la organización social, la denuncia
permanente de los ataques externos y la solidaridad mundial dentro de la
diplomacia de paz constituyen mecanismos para prevenir la guerra y la
dominación imperialista.
Puntualizó que
las relaciones que promueve la nación suramericana con el resto del mundo se
fundamentan en el ideario bolivariano y chavista, promoviendo espacios de
intercambio, respeto, independencia y autodeterminación de los pueblos.
El jefe de la
diplomacia venezolana indicó, además, que las féminas forman parte del grupo
social más atacado por las medidas coercitivas del Gobierno de Estados Unidos,
puesto que el acoso económico busca relegarlas a un papel secundario en la
sociedad, “tiene como objetivo volver a privatizar sus vidas”.
Explicó Arreaza
que durante el proceso bolivariano la mujer se incorporó a la vida política y
es protagonista en la doctrina de transformación social y consolidación del
Poder Popular.
El nicaragüense
Carlos Fonseca Terán, militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), decidió responder a Lenín Moreno y explicarle las razones por las
cuales la insurrección popular ecuatoriana no es ninguna intentona golpista.
El pueblo
ecuatoriano se rebeló contra el presidente de su país, Lenín Moreno, y su
paquete de medidas neoliberales. Se trata del mismo pueblo que lo llevó hasta
la jefatura de Estado, así como también se trata del mismo político que en
campaña electoral les prometió que daría continuidad a la Revolución Ciudadana
y que jamás aplicaría un “paquetazo” económico que los empobreciera.
La reacción
popular ha sido tan aplastante que el Mandatario decidió trasladar la sede de
su Gobierno de Quito a Guayaquil, tras el arribo de miles de indígenas a la
ciudad capital y previo al cerco que se le impuso al Palacio de Carondelet y a
la Asamblea Nacional.
La respuesta de
Moreno ha sido decretar Estado de Excepción y toque de queda, sacando al
Ejército a las calles para reprimir la protesta social, con la orden de
utilizar, incluso, armas letales contra los ciudadanos desarmados.
Ante el caos que
generó su “paquetazo”, Lenín Moreno se ha dedicado, en primer lugar, a
ratificar que las medidas neoliberales para complacer al Fondo Monetario
Internacional (FMI) sí van; y en segunda instancia a denunciar una supuesta
intentona de golpe de Estado en su contra.
Para ello, alega
que detrás de esa acción se encuentran el expresidente Rafael Correa, el
mandatario venezolano, Nicolás Maduro, migrantes venezolanos que a su juicio
agitan las protestas y hasta militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) infiltrados. Todo ello sin presentar una sola prueba de sus
denuncias.
Carlos Fonseca Terán, militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua. Foto: Web
Ante tanta
irresponsabilidad, el nicaragüense Carlos Fonseca Terán, militante del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en su país, decidió responder a Moreno
y explicarle las razones por las cuales la insurrección popular en Ecuador no
es ninguna intentona de golpe de Estado como lo quieren presentar los grandes
medios y los gobiernos del Grupo de Lima.
En un artículo
titulado “Diferencias entre un intento de golpe de Estado y una insurrección
cívica popular”, Fonseca compara la crisis ecuatoriana y lo vivido en Nicaragua
en 2018, cuando el Gobierno de Estados Unidos financió a grupos irregulares
para desestabilizar la gestión del presidente Daniel Ortega, después de las
impopulares propuestas del Mandatario en contra de los adultos mayores
secundadas por algunos universitarios.
El FMI siempre
en el tapete
En Nicaragua, el
detonante de la crisis de 2018 fueron unas reformas a la seguridad social
opuestas a las que quería imponer el FMI, contrarias a los intereses de los
grandes empresarios, y favorables al bienestar social del pueblo trabajador.
En Ecuador la
crisis actual tuvo como detonante la aplicación obediente, por parte del
gobierno de Moreno, de las políticas neoliberales dictadas por el FMI, las
cuales van en perjuicio del pueblo y en beneficio de los grandes empresarios.
Lenín Moreno
cerrando el acuerdo con Christine Lagarde, ex directora general del Fondo
Monetario Internacional. Foto. Agencias
Los grupos
armados financiados
En Nicaragua,
los disturbios contaron con la participación de grupos armados financiados
desde EE. UU. Para atacar a las fuerzas policiales y a partidarios del proceso
revolucionario. De allí se generaron muertos en ambos bandos, aunque fue
superior la cantidad de víctimas entre los sandinistas que entre los
opositores. Además, cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en defensa
del gobierno y su proyecto revolucionario.
En Ecuador, las
protestas las protagonizan las clases más pobres, indígenas, estudiantes y
mujeres, sin el uso de armas y sin atacar a partidarios del gobierno de Moreno,
quienes, curiosamente, no han salido a manifestarse en defensa de las políticas
del FMI, ni de un Gobierno que responde a los intereses de las élites.
La respuesta del
Gobierno
En Nicaragua, el
Gobierno de Ortega llamó al diálogo desde el primer momento de la crisis y
repitió el llamado siempre como estrategia, con la participación d ella Iglesia
y de voceros extranjeros. Además, en aras de crear un ambiente propicio, derogó
provisionalmente las reformas a la seguridad social.
En Ecuador, lo
primero que hizo el presidente Moreno fue decretar estado de Excepción por 60
días para limitar las garantías individuales de los ciudadanos, además de
imponer un toque de queda nacional por las noches y de ratificar una y otra vez
que el “Paquetazo” económico sí va, arbitrariamente y sin dar explicaciones.
La represión de
los cuerpos de seguridad contra el pueblo ecuatoriano que protesta ha ido en
aumento con el pasar de los días. Foto: AFP
La seguridad
versus la represión
En Nicaragua,
como muestra de buena voluntad, el Gobierno acuarteló a la Policía, que aún así
fue víctima de asedio por parte de los grupos armados violentos. Es por ello
que se incrementó la cantidad de muertos por día, demostrándose así que estos
no eran producto de represión alguna.
En Ecuador, en
medio del Estado de Excepción, Moreno sacó a las Fuerzas Armadas a la calle
para reprimir las protestas sociales. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín,
confesó en televisión pública nacional que el Ejército tenía la orden de
utilizar armas letales en los caso que considerara conveniente. Todo ello
origino, incluso, enfrentamientos entre la Policía Nacional y el Ejército.
Los ataques
contra civiles
En Nicaragua,
los grupos armados, aprovechando el acuartelamiento policial y confabulados con
el crimen organizado, tomaron posesión de ciudades enteras, secuestrando a
civiles, capturando a militantes sandinistas, torturándolos y asesinándolos.
Hubo más fallecidos en los enfrentamientos callejeros que en la ofensiva
posterior de las autoridades para recuperar las ciudades.
En Ecuador no se
han reportado represalias de los manifestantes contra partidarios del gobierno,
ni tampoco ha habido control territorial armado. Las tomas de ciudades e
instituciones clave del Gobierno han sido sin armas.
Las Fuerzas
Armadas han recibido la orden de disparar con armas letales contra los
manifestantes, si así lo consideran necesario. Foto: Agencias
Las
reivindicaciones sociales
En Nicaragua,
tras derogarse las reformas a la seguridad social, la oposición no levantó
ninguna reivindicación social, debido a que es el sandinismo el que ha
defendido esas reivindicaciones y las ha atendido a través de políticas
públicas. En los gobiernos de derecha, esas reivindicaciones eran ignoradas y
los derechos del pueblo pisoteados.
En Ecuador
ocurre lo contrario, los manifestantes defienden reivindicaciones sociales
afectadas por el paquete neoliberal de Moreno, que incluye la eliminación del
subsidio al combustible y de impuestos y aranceles a grandes empresas;
reducción del periodo vacacional de los empleados públicos y del 20 % del
salario para las nuevos contratos, además de la “donación” al Estado de un día
mensual de salario.
El
financiamiento extranjero
En Nicaragua,
las acciones de la oposición fueron financiadas por agencias extranjeras, entre
ellas la USAID y la NED, usadas por EE. UU. para desestabilizar gobiernos no
afines a sus intereses. A ellos se sumaron empresas privadas, medios de
comunicación, políticos tradicionales de la derecha y la cúpula de la Iglesia
Católica.
En Ecuador, las
protestas son impulsadas por organizaciones sociales, sindicales, indígenas y
demás sectores organizados de la sociedad, así como por la militancia política
revolucionaria identificada con los intereses del pueblo. En tanto, la empresa
privada, los medios, los políticos de derecha y la cúpula eclesiástica repudian
a los manifestantes.
Ante la
autocensura de los grandes medios, las redes sociales son el canal más
utilizado para denunciar las violaciones de derechos humanos. Foto: Web
El papel de los
medios
En Nicaragua,
las acciones desestabilizadoras contaron con intensas campañas de manipulación
mediática y por numerosos montajes y noticias falsas difundidas ampliamente por
redes sociales.
En Ecuador, la
insurrección popular no es producto de la realidad virtual, sino de los efectos
de las políticas reales de Moreno que han encarecido el costo de la vida, y
lamentablemente son satanizadas por los grandes medios, mientras que quienes se
atreven a difundir los hechos son censurados y hasta allanados y cerrados.
Las elecciones
generales
En Nicaragua no
hubo una situación que justificara el adelanto de elecciones, pues el Gobierno
apostó desde el principio por un diálogo abierto y sincero, que era boicoteado
por la oposición. Además, la Constitución de ese país no contempla esa opción
política.
En Ecuador la
Constitución sí contempla el adelanto de elecciones ante situaciones de
“conmoción nacional” y hasta establece los procedimientos correspondientes. Sin
embargo, el Gobierno se niega a dialogar y mucho más a adelantar elecciones.
El
vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en un encuentro reciente que sostuvo
con el presidente Lenín Moreno, en Quito. Foto. Agencias
La injerencia
extranjera
En Nicaragua,
las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos, y organismos
lacayos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), respaldaron
públicamente a la oposición en su intento por derrocar al gobierno sandinista
por vías inconstitucionales.
En Ecuador
sucede lo contrario: los poderosos del mundo, sumisos a Washington, apoyan al
gobierno y sus medidas neoliberales, y rechazan las acciones de los sectores
populares que reivindican sus derechos alcanzados en Revolución Ciudadana.
Así, Fonseca
Terán expone unas diferencias que considera “abismales” entre dos realidades
distintas. En Nicaragua se vivió “un intento de derrocamiento de un gobierno
legítimo que defiende los intereses del pueblo frente a las pretensiones del
imperialismo, que pretende imponer su voluntad e intervenir en los asuntos
internos de países soberanos”.
En tanto,
argumenta cómo en Ecuador se evidencia hoy “una rebelión popular no armada, en
demanda de derechos cercenados por un gobierno que defiende los intereses de la
oligarquía y responde a los dictados del imperialismo a través de organismos
como el FMI”.
Igualmente,
recuerda que casi todos los gobiernos de izquierda en América Latina desde
1999, tras el triunfo de la Revolución Bolivariana en Venezuela, surgieron de
la lucha popular, para luego afianzarse en procesos electorales.
“Es imposible la
conquista del poder por el pueblo y echar a andar un proceso revolucionario si
no es a través de la lucha popular, independientemente de que ésta tenga luego
expresiones políticas de tipo electoral”, defiende.
Miles de
indígenas tomaron la ciudad de Quito para exigir la derogación del “Paquetazo”
económico de Lenín Moreno. Foto: Web.
Fonseca también
recuerda que en Nicaragua “jamás habría regresado el sandinismo al poder sin el
acumulado de las luchas populares libradas contra el neoliberalismo en los
diecisiete años en que la derecha desgobernó a nuestro país”, aunque nunca se
planteó una vía que no fuera pacífica y electoral.
“Cuando nos
levantábamos en contra de políticas neoliberales, se negociaba para alcanzar,
al menos parcialmente, las reivindicaciones populares que motivaban aquellas
protestas. Así, nos desmovilizábamos temporalmente por voluntad propia y
disciplina política, contrario a lo que ocurrió con las fuerzas golpistas en
2018, cuyo único objetivo era derrocar al Gobierno sandinista”, detalla el
nicaragüense.
En ese contexto,
Fonseca evoca un lema inspirado en aquel de la época de la lucha guerrillera en
El Salvador, que decía: ‘Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá’. “Este nuevo
lema de ahora es: ‘Si Nicaragua venció, Ecuador vencerá’”.
“Si Nicaragua
venció a las fuerzas tenebrosas dirigidas por el imperialismo norteamericano y
logró impedir que éstas derrocaran a nuestro Gobierno revolucionario, Ecuador
vencerá a esas mismas fuerzas, pero que en su caso están en el Gobierno, de
igual manera que lo hicimos nosotros: mediante la lucha popular organizada”,
enfatizó.
Al final,
sostiene que los ecuatorianos lo que exigen son transformaciones sociales que
garanticen una mejor calidad de vida al pueblo, mediante una justa distribución
de la riqueza y el ejercicio del poder político y económico por parte de las
fuerzas populares organizadas.
Las elecciones parlamentarias complementarias
de Perú de 2020 se llevarán a cabo el domingo 26 de enero de 2020, como parte
del protocolo posterior a la disolución del Congreso de la República por parte
del presidente Martín Vizcarra el 30 de septiembre de 2019 de acuerdo al
artículo 134 de la Constitución Política del Perú.2
En esta ocasión se elegirá la totalidad de
los 130 congresistas correspondientes a los 26 distritos electorales para
terminar el periodo congresal 2016-2021. Serán la séptima elecciones
parlamentarias desde la Constitución de 1993, que estableció la creación del
actual Congreso de la República del Perú.
El 1 de octubre del 2019, el Jurado Nacional
de Elecciones publicó la resolución que fija el 30 de septiembre del 2019 como
el cierre del padrón electoral.
Por la crisis política, el presidente de la
República Martín Vizcarra hizo uso de la constitución:
Artículo 134 El Presidente de la República
está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su
confianza a dos Consejos de Ministros.
El decreto de disolución contiene la
convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan
dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse
el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último
año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión
Permanente, la cual no puede ser disuelta.
No hay otras formas de revocatoria del
mandato parlamentario.
Bajo estado de sitio, el Congreso no puede
ser disuelto.
Sistema electoral
Se elegirá a 130 miembros correspondientes a
los 26 distritos (24 departamentos, Lima Metropolitana y la Provincia
Constitucional del Callao), empleando el método de la cifra repartidora, con
doble voto preferencial opcional, a excepción de Madre de Dios, donde solo se
aplicará el voto preferencial opcional.
La circunscripción electoral del Distrito
Electoral de Lima que considera a los electores residentes en el extranjero fue
excluido.
Los partidos políticos que no participen en
el proceso congresal del próximo 26 de enero del 2020 perderán su inscripción
ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Asimismo, también perderán su situación legal
aquellos que no obtengan al menos 5 por ciento de votos y los que, formando
parte de una alianza electoral, "no logren colocar al menos un
congresista".
"Todos los partidos políticos están
obligados a participar, solos o en alianza. Los partidos que no participen
perderán su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo con la
reforma política aprobada en julio último", manifestó.
En ese sentido, recordó que hasta el proceso
de los comicios generales del 2016 las agrupaciones políticas podían retirarse
de las elecciones o "guardarse" para las próximas, siendo que en
ambos casos "mantenían su inscripción ante el JNE pese a no
competir".
"Hay, pues, un cambio significativo que
ayudará a depurar el registro de organizaciones políticas retirando a las que
no tienen capacidad mínima de representación, actúan de forma intermitente o se
prestan como vientres de alquiler", señaló Távara.
Por otro lado, precisó que la reforma
constitucional aprobada en diciembre del 2018 prohíbe la reelección para el
periodo parlamentario inmediato.
"En este caso, es claro, entonces, que
los elegidos para el periodo 2016-2021 no podrán postular en las votaciones
generales del 2021", aseguró.
Távara agregó que las reformas electorales
aprobadas vía referéndum son aplicables al proceso del próximo año; por lo
tanto, se deberá aplicar la disposición "sobre alternancia de hombres y
mujeres con un mínimo de 40 por ciento de postulantes de un mismo sexo en las
listas parlamentarias".
Barata indicó
que el seudónimo “Campanha regional” identificaba a los exalcaldes Luis
Castañeda Lossio y Susana Villarán de la Puente.
Además, también
se dio a conocer que la exancadidata municipal, Lourdes Flores Nano, también
habría recibido dinero ilegal por parte de la empresa brasileña.
“Se ha recibido
información valiosa en ese aspecto y estamos incorporándola en la estrategia de
cada uno de los fiscales(…) Ha habido
entrega de información y existe el compromiso de una programación oportuna de
continuación de la diligencia, eso se hará mañana de manera conjunta con el
procurador general y a partir de reprogramación estaremos en condiciones de
cumplir con toda la decodificación”, añadió Vela
INFORMACIÓN DIFUNDIDA POR LA REPÚBLICA Y
EL COMERCIO
El Equipo Especial Lava Jato interrogaron a
Jorge Barata, quien fuera representante de la empresa Odebrecht en el Perú,
para que diera cuenta de los “codinomes” (seudónimos) empleados por la
constructora brasileña para el presunto pago de coimas a diferentes autoridades
del país.
1.Sipán: Javier
Velásquez – Yehude Simons
2.Pastor Alemán: Aurelio Pastor
3.Campaña legislativa: Juan
Carlos Eguren (PPC) – Hildebrando Tapia (PPC) – José Augusto Vargas (Apra)
4.Campaña regional:
Lourdes Flores – Susana Villarán – Luis Castañeda
Rafael Vela manifestó: “Sí
se han revelado algunos codinomes. Ha habido una entrega de información. Pero
ha habido una reprogramación (de la diligencia), donde estaremos en condiciones
de poder cumplir con toda la decodificación y también con el respaldo propio de
carácter financiero de todos los documentos que están incluidos en el sistema
(de Odebrecht)”.
Sunedu: estas
son las 16 universidades a las que se les denegó la licencia institucional.
Centros de
estudios tienen un plazo de hasta dos años para cesar sus actividades. La
Sunedu denegó este viernes la licencia institucional a dos universidades,
ubicadas en Lima y Loreto
La
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha
denegado la licencia institucional a 16 universidades peruanas. Estos
procedimientos se llevan a cabo luego de que la Superintendencia haya
verificado que estos centros universitarios no cumplen con las Condiciones
Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.
Todas las
universidades a las que la Sunedu le deniega la licencia institucional tienen
un plazo de 2 años para el cese de sus actividades. Estos centros de estudios
que no cumplen con las CBC quedan automáticamente impedidos de realizar
procesos de admisión y de matricular estudiantes nuevos.
LAS UNIVERSIDADES CON LICENCIA
INSTITUCIONAL DENEGADA SON:
Este viernes 20
de setiembre, Sunedu denegó la licencia institucional:
1.a la UNIVERSIDAD PRIVADA JUAN PABLO II, que
funciona desde el 2010. Cuenta con 930 estudiantes y 90 docentes en un local
ubicado en el distrito de Ate Vitarte, Lima. Este centro de estudios no cumplió
con ninguna de las CBC, informó Sunedu. Por ejemplo, no evidenció una gestión
de calidad, su repositorio no contiene toda su producción académica y de
investigación. Además, el análisis de sostenibilidad financiera de la
universidad concluyó que se encuentra en un escenario de continuas pérdidas.
2.Adicionalmente
a este centro de estudios, la Sunedu denegó la licencia institucional a la UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA SELVA PERUANA
(UPS), que tiene su sede en la región Loreto con una población de 1.021
estudiantes y 63 docentes. Así como la Universidad Juan Pablo II, tampoco pudo
demostrar el cumplimiento de ninguna de las CBC establecidas en la Ley
Universitaria. Uno de las deficiencias señalas por Sunedu precisa que el local
principal de la universidad no es de uso exclusivo, pues se comparte con la
oficina de control satelital de una empresa proveedora de televisión por cable.
Por otro lado, los laboratorios y equipamiento de enseñanza son insuficientes
para el desarrollo de los cinco programas que ofrece.
3.El
viernes 13 de setiembre, el Consejo Directivo de la Sunedu denegó la licencia
institucional solicitada por la UNIVERSIDAD
DE AYACUCHO FEDERICO FROEBEL (UDAFF), por no haber demostrado el
cumplimiento de las CBC.
La UDAFF
es una casa de estudios privada de naturaleza societaria. Recibió la
autorización de funcionamiento por parte del extinto Consejo Nacional para la
Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) en el año 2010.
Actualmente, ofrece tres programas académicos, cuenta con 52 docentes y suma
437 estudiantes con matrícula en su único local ubicado en Huamanga, Ayacucho. A
la fecha, registra 67 bachilleres y cuatro titulados.
4.Este
jueves 5 de setiembre, la Sunedu denegó la licencia institucional, mediante
resolución de su Consejo Directivo, a la UNIVERSIDAD
PRIVADA DE ICA (UPICA). A la fecha, cuenta con 487 alumnas y alumnos que
atienden tres programas de pregrado: obstetricia (244 estudiantes), derecho
(165) y contabilidad (78). Entre las deficiencias encontradas, la UPICA no
cuenta con un proyecto institucional articulado.
Así, se identificaron
problemas en el diseño de la planificación institucional en los tres últimos
años, lo cual repercute en el logro de los objetivos estratégicos
institucionales y no garantiza el desarrollo de un proceso de mejora continua.
5.El 9 de
agosto, la Sunedu denegó la licencia institucional solicitada por la UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA (UPP),
debido a que esta no cumple las Condiciones Básicas de Calidad (CBC),
requisitos esenciales para brindar el servicio educativo de nivel universitario
en el Perú.
La UPP ES UNA UNIVERSIDAD PRIVADA de naturaleza
societaria que fue fundada en el año 2005. Actualmente, atiende a 1.022
estudiantes que cursan cuatro programas de pregrado: Administración y Negocios,
Ciencias Contables y Financieras, Derecho y Ciencias Políticas, e Ingeniería de
Sistemas. Su único local se ubica en el distrito de Callería, provincia de
Coronel Portillo, región Ucayali.
El
proceso de licenciamiento de la UPP se inició el 26 de febrero de 2016, fecha
en la que la universidad presentó la respectiva solicitud. La Sunedu revisó la
documentación enviada, formuló observaciones, solicitó la presentación de un
Plan de Adecuación (PDA) y realizó actuaciones probatorias a fin de obtener
evidencias del cumplimiento de las CBC.
6.El
pasado 25 de julio, la Sunedu denegó la licencia institucional solicitada por
la UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO
(UDCH), debido a que esta no cumplió con las CBC.
La UDCH
es una universidad privada de naturaleza asociativa, fundada en 1985. A la
fecha, atiende a 6.234 estudiantes distribuidos en su sede principal y su
filial en Jaén. A partir de la denegatoria del licenciamiento, la UDCH deberá
iniciar un proceso de cese paulatino de sus actividades, el cual no podrá
superar los dos años. La Sunedu supervisará que durante este proceso se
respeten los derechos de sus estudiantes, así como la reglamentación vigente.
La
universidad presentó su solicitud de licenciamiento institucional el 17 de
octubre de 2016. Durante el proceso de licenciamiento, la Sunedu le remitió
observaciones, le requirió un PDA y realizó actuaciones probatorias en los
locales de la universidad, a fin de recoger evidencias in situ del cumplimiento
de las CBC. A partir de todas estas diligencias y la información recogida, se
determinó que la UDCH no cumple prácticamente la totalidad (90%) de los indicadores
evaluados.
7.La
Sunedu denegó a inicios de julio el licenciamiento institucional a la UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS (USAN). Luego
de esta decisión, la casa de estudios, con única sede en el distrito limeño de
Independencia y una población estudiantil de 505 alumnos, deberá cesar sus
actividades en un plazo máximo de dos años. Asimismo, quedó automáticamente
impedida de realizar procesos de admisión o matricular nuevos estudiantes.
Según la
resolución de la Sunedu, la USAN inició su proceso de licenciamiento el 2 de
febrero del 2017, y en marzo del año pasado presentó un plan de adecuación
(PDA). Sin embargo, luego de dos diligencias realizadas entre agosto del 2018 y
abril pasado por la superintendencia, se resolvió desaprobar dicho plan porque
no garantizaba el cumplimiento de las CBC.
Entre
las deficiencias identificadas está que la universidad "no demostró tener
objetivos institucionales claros, ni pudo demostrar que sus reglamentos de
seguridad y sus protocolos para el uso de laboratorios cuenten con aprobación
legal".
Igualmente,
se detectaron "inconsistencias en los sílabos de varios cursos en relación
a las horas de dictado y el número de créditos, así como sílabos con altos
niveles de similitud con las propuestas de otras universidades". Respecto
a las líneas de investigación, "la universidad no fue capaz de garantizar
presupuesto para esta tarea".
La USAN
tampoco cumplió con los requisitos mínimos que exige la Ley Universitaria
respecto a su plana docente: hoy apenas tiene un 15% de profesores a tiempo
completo, cuando la norma establece que sea el 25%. En tanto, "sus
instrumentos de evaluación y procedimientos de capacitación están
deficientemente diseñados".
8.La
Sunedu denegó la licencia institucional a la UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA (UAL). Esta decisión obedece a
que dicha casa de estudios no cumple las Condiciones Básicas de Calidad (CBC),
indispensables para brindar el servicio educativo de nivel universitario.
La
Sunedu informó que entre los indicadores desaprobados a la UAL resaltan la
falta de claridad de sus metas institucionales, los problemas estructurales de
gestión, las serias deficiencias en sus instrumentos de planificación y la
ausencia de una propuesta articulada para la mejora continua de la calidad.
9.En el
caso de Telesup, según la superintendencia, durante toda la evaluación “no fue
capaz de demostrar” el cumplimiento de ninguna de las ocho CBC, pese a que en
el semestre 2018-II la universidad dejó de dictar 18 carreras profesionales (en
las que se habían matriculado más de 5.700 estudiantes). A la fecha, contaba
con 12 carreras a través de cuatro facultades.
Entre
las deficiencias más graves que detectó la Sunedu durante las distintas etapas
del licenciamiento (revisión documentaria, verificación presencial), está que
“no tiene una propuesta educativa consistente y claramente definida” que
sustente las diversas modalidades de estudio (presencial y semipresencial) que
ofrecía en sus 42 programas académicos.
10.En febrero, la Sunedu le denegó la
licencia a la UNIVERSIDAD PERUANA SIMÓN
BOLÍVAR (UPSB), cuya sede se encuentra en el distrito de Pueblo Libre, en
Lima.
La
universidad privada cuenta hasta el momento con una población de 538 alumnos y
alumnas. Tras las evaluaciones se distinguieron problemas en su gestión,
inconsistencias y omisiones en su normativa, y poca evidencia del cumplimiento
de las metas planteadas por la misma universidad, informó la Sunedu.
Tampoco
demostró contar con un portal de transparencia con información pública,
disponible y actualizada.
La
universidad privada cuenta hasta el momento con una población de 538 alumnos y
alumnas. Tras las evaluaciones se distinguieron problemas en su gestión,
inconsistencias y omisiones en su normativa, y poca evidencia del cumplimiento
de las metas planteadas por la misma universidad, informó la Sunedu.
Tampoco
demostró contar con un portal de transparencia con información pública,
disponible y actualizada.
11.En abril de este año, la Sunedu denegó
la licencia institucional a LA
UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES (UPSB), ubicada en la provincia de
Cañete, región Lima.
Esta
decisión, adoptada por el Consejo Directivo de la Sunedu, respondió a que dicha
casa de estudios no cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC)
establecidas en la Ley Universitaria.
La
decisión de denegar la licencia institucional a esta universidad se sustenta en
una larga serie de inconsistencias e incumplimientos por parte de la universidad
a lo largo de todo el proceso de licenciamiento, que se inició en febrero del
2016.
Así, la
UPSB no pudo cumplir con ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas
por la ley. Esto, a pesar de haber presentado sucesivas correcciones a su Plan
de Adecuación (PDA) y de haberse desistido de tres locales (en Lima, Huaral y
Cajamarca), además de nueve programas nuevos declarados en su Solicitud de
Licenciamiento (SLI).
12.En tanto, en enero la Sunedu denegó la
licencia institucional a LA UNIVERSIDAD
MARÍTIMA DEL PERÚ (UMP). Entre las deficiencias más graves se cuentan las
relacionadas a infraestructura, irregularidades académicas relacionadas al
número de horas lectivas y acceso a talleres y laboratorios, incumplimiento de
procesos de selección y evaluación docente, ausencia de sistemas virtuales
básicos, entre otros. A ello, se suma la carencia de políticas y presupuesto
para el desarrollo de investigación.
13.En diciembre del año pasado, se le
denegó la licencia institucional a la UNIVERSIDAD
DE LAMBAYEQUE (UDL). Las deficiencias más graves están relacionadas con la
investigación, los mecanismos de mediación e inserción laboral, los servicios
educacionales complementarios e infraestructura.
14.Por otro lado, el 30 de noviembre del
año pasado la Sunedu le denegó la licencia a la UNIVERSIDAD PERUANA DE INVESTIGACIÓN Y NEGOCIOS (UPEIN), ubicada en
el distrito de Jesús María.
15.Asimismo, a fines de octubre la Sunedu
le denegó el licenciamiento a la UNIVERSIDAD
PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL (UPIG), donde hay una población de 1.257
estudiantes.
Entre
las razones por las que se le denegó la licencia son que no cuenta con
laboratorios apropiadamente equipados y adecuados para las carreras que ofrece,
no tiene un repositorio de investigaciones, no cuenta con mecanismos de apoyo a
la inserción laboral, entre otros.
16.En tanto, la primera universidad a la
que sele denegó la licencia fue a la UNIVERSIDAD PERUANA DE ARTE ORVAL,
ubicada en San Borja (Lima), el 19 de octubre del año pasado. Esta casa de
estudios tiene una población educativa de 176 alumnos.