El nicaragüense
Carlos Fonseca Terán, militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), decidió responder a Lenín Moreno y explicarle las razones por las
cuales la insurrección popular ecuatoriana no es ninguna intentona golpista.
El pueblo
ecuatoriano se rebeló contra el presidente de su país, Lenín Moreno, y su
paquete de medidas neoliberales. Se trata del mismo pueblo que lo llevó hasta
la jefatura de Estado, así como también se trata del mismo político que en
campaña electoral les prometió que daría continuidad a la Revolución Ciudadana
y que jamás aplicaría un “paquetazo” económico que los empobreciera.
La reacción
popular ha sido tan aplastante que el Mandatario decidió trasladar la sede de
su Gobierno de Quito a Guayaquil, tras el arribo de miles de indígenas a la
ciudad capital y previo al cerco que se le impuso al Palacio de Carondelet y a
la Asamblea Nacional.
La respuesta de
Moreno ha sido decretar Estado de Excepción y toque de queda, sacando al
Ejército a las calles para reprimir la protesta social, con la orden de
utilizar, incluso, armas letales contra los ciudadanos desarmados.
Ante el caos que
generó su “paquetazo”, Lenín Moreno se ha dedicado, en primer lugar, a
ratificar que las medidas neoliberales para complacer al Fondo Monetario
Internacional (FMI) sí van; y en segunda instancia a denunciar una supuesta
intentona de golpe de Estado en su contra.
Para ello, alega
que detrás de esa acción se encuentran el expresidente Rafael Correa, el
mandatario venezolano, Nicolás Maduro, migrantes venezolanos que a su juicio
agitan las protestas y hasta militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) infiltrados. Todo ello sin presentar una sola prueba de sus
denuncias.
Carlos Fonseca Terán, militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua. Foto: Web
Ante tanta
irresponsabilidad, el nicaragüense Carlos Fonseca Terán, militante del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en su país, decidió responder a Moreno
y explicarle las razones por las cuales la insurrección popular en Ecuador no
es ninguna intentona de golpe de Estado como lo quieren presentar los grandes
medios y los gobiernos del Grupo de Lima.
En un artículo
titulado “Diferencias entre un intento de golpe de Estado y una insurrección
cívica popular”, Fonseca compara la crisis ecuatoriana y lo vivido en Nicaragua
en 2018, cuando el Gobierno de Estados Unidos financió a grupos irregulares
para desestabilizar la gestión del presidente Daniel Ortega, después de las
impopulares propuestas del Mandatario en contra de los adultos mayores
secundadas por algunos universitarios.
El FMI siempre
en el tapete
En Nicaragua, el
detonante de la crisis de 2018 fueron unas reformas a la seguridad social
opuestas a las que quería imponer el FMI, contrarias a los intereses de los
grandes empresarios, y favorables al bienestar social del pueblo trabajador.
En Ecuador la
crisis actual tuvo como detonante la aplicación obediente, por parte del
gobierno de Moreno, de las políticas neoliberales dictadas por el FMI, las
cuales van en perjuicio del pueblo y en beneficio de los grandes empresarios.
Lenín Moreno
cerrando el acuerdo con Christine Lagarde, ex directora general del Fondo
Monetario Internacional. Foto. Agencias
Los grupos
armados financiados
En Nicaragua,
los disturbios contaron con la participación de grupos armados financiados
desde EE. UU. Para atacar a las fuerzas policiales y a partidarios del proceso
revolucionario. De allí se generaron muertos en ambos bandos, aunque fue
superior la cantidad de víctimas entre los sandinistas que entre los
opositores. Además, cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en defensa
del gobierno y su proyecto revolucionario.
En Ecuador, las
protestas las protagonizan las clases más pobres, indígenas, estudiantes y
mujeres, sin el uso de armas y sin atacar a partidarios del gobierno de Moreno,
quienes, curiosamente, no han salido a manifestarse en defensa de las políticas
del FMI, ni de un Gobierno que responde a los intereses de las élites.
La respuesta del
Gobierno
En Nicaragua, el
Gobierno de Ortega llamó al diálogo desde el primer momento de la crisis y
repitió el llamado siempre como estrategia, con la participación d ella Iglesia
y de voceros extranjeros. Además, en aras de crear un ambiente propicio, derogó
provisionalmente las reformas a la seguridad social.
En Ecuador, lo
primero que hizo el presidente Moreno fue decretar estado de Excepción por 60
días para limitar las garantías individuales de los ciudadanos, además de
imponer un toque de queda nacional por las noches y de ratificar una y otra vez
que el “Paquetazo” económico sí va, arbitrariamente y sin dar explicaciones.
La represión de
los cuerpos de seguridad contra el pueblo ecuatoriano que protesta ha ido en
aumento con el pasar de los días. Foto: AFP
La seguridad
versus la represión
En Nicaragua,
como muestra de buena voluntad, el Gobierno acuarteló a la Policía, que aún así
fue víctima de asedio por parte de los grupos armados violentos. Es por ello
que se incrementó la cantidad de muertos por día, demostrándose así que estos
no eran producto de represión alguna.
En Ecuador, en
medio del Estado de Excepción, Moreno sacó a las Fuerzas Armadas a la calle
para reprimir las protestas sociales. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín,
confesó en televisión pública nacional que el Ejército tenía la orden de
utilizar armas letales en los caso que considerara conveniente. Todo ello
origino, incluso, enfrentamientos entre la Policía Nacional y el Ejército.
Los ataques
contra civiles
En Nicaragua,
los grupos armados, aprovechando el acuartelamiento policial y confabulados con
el crimen organizado, tomaron posesión de ciudades enteras, secuestrando a
civiles, capturando a militantes sandinistas, torturándolos y asesinándolos.
Hubo más fallecidos en los enfrentamientos callejeros que en la ofensiva
posterior de las autoridades para recuperar las ciudades.
En Ecuador no se
han reportado represalias de los manifestantes contra partidarios del gobierno,
ni tampoco ha habido control territorial armado. Las tomas de ciudades e
instituciones clave del Gobierno han sido sin armas.
Las Fuerzas
Armadas han recibido la orden de disparar con armas letales contra los
manifestantes, si así lo consideran necesario. Foto: Agencias
Las
reivindicaciones sociales
En Nicaragua,
tras derogarse las reformas a la seguridad social, la oposición no levantó
ninguna reivindicación social, debido a que es el sandinismo el que ha
defendido esas reivindicaciones y las ha atendido a través de políticas
públicas. En los gobiernos de derecha, esas reivindicaciones eran ignoradas y
los derechos del pueblo pisoteados.
En Ecuador
ocurre lo contrario, los manifestantes defienden reivindicaciones sociales
afectadas por el paquete neoliberal de Moreno, que incluye la eliminación del
subsidio al combustible y de impuestos y aranceles a grandes empresas;
reducción del periodo vacacional de los empleados públicos y del 20 % del
salario para las nuevos contratos, además de la “donación” al Estado de un día
mensual de salario.
El
financiamiento extranjero
En Nicaragua,
las acciones de la oposición fueron financiadas por agencias extranjeras, entre
ellas la USAID y la NED, usadas por EE. UU. para desestabilizar gobiernos no
afines a sus intereses. A ellos se sumaron empresas privadas, medios de
comunicación, políticos tradicionales de la derecha y la cúpula de la Iglesia
Católica.
En Ecuador, las
protestas son impulsadas por organizaciones sociales, sindicales, indígenas y
demás sectores organizados de la sociedad, así como por la militancia política
revolucionaria identificada con los intereses del pueblo. En tanto, la empresa
privada, los medios, los políticos de derecha y la cúpula eclesiástica repudian
a los manifestantes.
Ante la
autocensura de los grandes medios, las redes sociales son el canal más
utilizado para denunciar las violaciones de derechos humanos. Foto: Web
El papel de los
medios
En Nicaragua,
las acciones desestabilizadoras contaron con intensas campañas de manipulación
mediática y por numerosos montajes y noticias falsas difundidas ampliamente por
redes sociales.
En Ecuador, la
insurrección popular no es producto de la realidad virtual, sino de los efectos
de las políticas reales de Moreno que han encarecido el costo de la vida, y
lamentablemente son satanizadas por los grandes medios, mientras que quienes se
atreven a difundir los hechos son censurados y hasta allanados y cerrados.
Las elecciones
generales
En Nicaragua no
hubo una situación que justificara el adelanto de elecciones, pues el Gobierno
apostó desde el principio por un diálogo abierto y sincero, que era boicoteado
por la oposición. Además, la Constitución de ese país no contempla esa opción
política.
En Ecuador la
Constitución sí contempla el adelanto de elecciones ante situaciones de
“conmoción nacional” y hasta establece los procedimientos correspondientes. Sin
embargo, el Gobierno se niega a dialogar y mucho más a adelantar elecciones.
El
vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en un encuentro reciente que sostuvo
con el presidente Lenín Moreno, en Quito. Foto. Agencias
La injerencia
extranjera
En Nicaragua,
las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos, y organismos
lacayos como la Organización de los Estados Americanos (OEA), respaldaron
públicamente a la oposición en su intento por derrocar al gobierno sandinista
por vías inconstitucionales.
En Ecuador
sucede lo contrario: los poderosos del mundo, sumisos a Washington, apoyan al
gobierno y sus medidas neoliberales, y rechazan las acciones de los sectores
populares que reivindican sus derechos alcanzados en Revolución Ciudadana.
Así, Fonseca
Terán expone unas diferencias que considera “abismales” entre dos realidades
distintas. En Nicaragua se vivió “un intento de derrocamiento de un gobierno
legítimo que defiende los intereses del pueblo frente a las pretensiones del
imperialismo, que pretende imponer su voluntad e intervenir en los asuntos
internos de países soberanos”.
En tanto,
argumenta cómo en Ecuador se evidencia hoy “una rebelión popular no armada, en
demanda de derechos cercenados por un gobierno que defiende los intereses de la
oligarquía y responde a los dictados del imperialismo a través de organismos
como el FMI”.
Igualmente,
recuerda que casi todos los gobiernos de izquierda en América Latina desde
1999, tras el triunfo de la Revolución Bolivariana en Venezuela, surgieron de
la lucha popular, para luego afianzarse en procesos electorales.
“Es imposible la
conquista del poder por el pueblo y echar a andar un proceso revolucionario si
no es a través de la lucha popular, independientemente de que ésta tenga luego
expresiones políticas de tipo electoral”, defiende.
Miles de
indígenas tomaron la ciudad de Quito para exigir la derogación del “Paquetazo”
económico de Lenín Moreno. Foto: Web.
Fonseca también
recuerda que en Nicaragua “jamás habría regresado el sandinismo al poder sin el
acumulado de las luchas populares libradas contra el neoliberalismo en los
diecisiete años en que la derecha desgobernó a nuestro país”, aunque nunca se
planteó una vía que no fuera pacífica y electoral.
“Cuando nos
levantábamos en contra de políticas neoliberales, se negociaba para alcanzar,
al menos parcialmente, las reivindicaciones populares que motivaban aquellas
protestas. Así, nos desmovilizábamos temporalmente por voluntad propia y
disciplina política, contrario a lo que ocurrió con las fuerzas golpistas en
2018, cuyo único objetivo era derrocar al Gobierno sandinista”, detalla el
nicaragüense.
En ese contexto,
Fonseca evoca un lema inspirado en aquel de la época de la lucha guerrillera en
El Salvador, que decía: ‘Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá’. “Este nuevo
lema de ahora es: ‘Si Nicaragua venció, Ecuador vencerá’”.
“Si Nicaragua
venció a las fuerzas tenebrosas dirigidas por el imperialismo norteamericano y
logró impedir que éstas derrocaran a nuestro Gobierno revolucionario, Ecuador
vencerá a esas mismas fuerzas, pero que en su caso están en el Gobierno, de
igual manera que lo hicimos nosotros: mediante la lucha popular organizada”,
enfatizó.
Al final,
sostiene que los ecuatorianos lo que exigen son transformaciones sociales que
garanticen una mejor calidad de vida al pueblo, mediante una justa distribución
de la riqueza y el ejercicio del poder político y económico por parte de las
fuerzas populares organizadas.
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