Sombra electoral. La Fiscalía considera que los candidatos y los partidos
políticos lavaron activos y cometieron otros delitos de corrupción en las
elecciones desde el 2006 hasta la actualidad, por lo que investiga a cuatro
candidatos a la presidencia y nueve partidos políticos. Hay investigaciones por
otros delitos.
Postulan al límite. Ocho candidatos a la presidencia de la República
afrontan investigaciones penales en el Ministerio Público. Una situación que
distraerá y afectará su desempeño, si uno de ellos logra ser elegido para
dirigir el país, para el periodo de julio 2021 a julio 2026.
Adicionalmente, nueve partidos políticos participantes en las elecciones
generales de abril próximo también están involucrados en investigaciones del
Ministerio Público. Se sospecha que fueron infiltrados por organizaciones
criminales para lavar dinero de origen ilícito o realizaron actos de corrupción
para lograr su registro electoral.
Una primera consecuencia inmediata de esta situación es que las
elecciones generales de abril próximo y la política en general del país se ven
afectadas por las decisiones que toman los magistrados del Ministerio Público y
el Poder Judicial.
Investigaciones fiscales y judiciales sobre delitos de lavado de activos o corrupción de funcionarios pueden tardar entre 8 y 10 años. Foto: difusión
Una investigación fiscal y judicial por delitos de lavado de activos y
corrupción de funcionarios desde que se inician las primeras pesquisas hasta
que se emite una decisión final y definitiva puede durar un promedio de ocho a
10 años.
La demora en las investigaciones y los procesos judiciales no es
responsabilidad exclusiva de los operadores de justicia ni de los abogados
defensores. Es consecuencia de muchos factores. Falta de suficientes peritos
para los exámenes contables y financieros, demora en obtener documentos, ya sea
a nivel internacional o dentro del país, y los mismos plazos procesales y
vacíos, entre una etapa y otra.
TODOS SOSPECHOSOS
JUNTO A ELLOS TAMBIÉN:
DE ELLOS:
El equipo fiscal que ve este caso les atribuye haber recibido, con su
conocimiento, aportes de campaña de procedencia ilícita de la constructora
brasileña Odebrecht.
Candidatos presidenciales son investigados por sus presuntos vínculos con la constructora Odebrecht. Foto: La República
Ese dinero ilícito, dice la Fiscalía, fue blanqueado, a través del
aparato partidario, vía aportes simulados, para ser utilizado en los gastos de
campañas en las elecciones 2006, 2011, 2016 o en beneficio personal de los
líderes de los partidos.
Bajo el mismo esquema, pero con fondos de una fuente aún desconocida, ES
INVESTIGADO EL DUEÑO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, CÉSAR ACUÑA, Y SU PARTIDO
ALIANZA PARA EL PROGRESO. La Fiscalía le atribuye haber recibido aportes de
campaña ilícitos para las elecciones del 2016.
EL EXMINISTRO Y ACTUAL CANDIDATO PRESIDENCIAL FERNANDO OLIVERA también es
investigado por el caso Lava Jato. Se indaga su participación en la
adjudicación del contrato de la Carretera Interoceánica a Odebrecht, UN
PROYECTO POR EL QUE ODEBRECHT ADMITIÓ HABER PAGADO UN MILLONARIO SOBORNO AL
EXPRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO.
EL EXMINISTRO DANIEL URRESTI AFRONTA UN JUICIO COMO PRESUNTO ACTOR
MEDIATO DEL ASESINATO DEL PERIODISTA HUGO BUSTÍOS EN AYACUCHO, por parte de un
destacamento militar, durante la guerra contrasubversiva. Aunque el partido por
el que postula, PODEMOS POR EL PERÚ, no está incluido en este proceso, sí está
investigado por otros hechos.
Daniel Urresti es investigado por ser el presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Foto: La República
CAMBALACHE
El partido por el que postula Urresti, PODEMOS PERÚ, FUNDADO POR EL
EMPRESARIO Y DUEÑO DE LA UNIVERSIDAD TELESUP, JOSÉ LUNA GÁLVEZ, ESTÁ
INVOLUCRADO EN LA INVESTIGACIÓN A LA RED DE CORRUPCIÓN POLÍTICA Y JUDICIAL
“CUELLOS BLANCOS DEL PUERTO”.
El exjefe de la ONPE Adolfo Castillo ha reconocido que fue reclutado por
Luna Gálvez y el asesor político José Luis Cavassa para postular y ejercer la
jefatura del organismo electoral, nombrado por el desactivado Consejo Nacional
de la Magistratura, con el fin de asegurar el registro de Podemos por el Perú.
OTRO CASO PECULIAR ES EL DE JULIO GUZMÁN. El equipo fiscal del caso Lava
Jato le inició una investigación por supuestamente recibir un aporte ilícito de
Odebrecht en las elecciones del 2016, vía el partido Todos por el Perú.
El 2016, Odebrecht ya estaba en conversaciones con el grupo Lava Jato en
Brasil y el departamento de justicia de Estados Unidos para colaborar con la
investigación, por lo que es difícil que se haya dado una escapada para
aportar, una vez más, a una campaña política en el Perú.
Por otro lado, EL PARTIDO QUE GUZMÁN FUNDÓ Y POR EL QUE AHORA POSTULA,
PARTIDO MORADO, HA SIDO MENCIONADO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS “CUELLOS BLANCOS
DEL PUERTO” POR UN PRESUNTO FAVORECIMIENTO A SU REGISTRO POLÍTICO.
El partido que lidera Julio Guzmán también fue mencionado durante las investigaciones del caso Cuellos Blancos. Foto: Aldair Mejía/La República
ALBERTO BEINGOLEA AFRONTA UNA INVESTIGACIÓN EN LAS FISCALÍAS
ANTICORRUPCIÓN por una asesoría que brindó al Gobierno Regional del Callao,
para un programa de capacitación.
Esa investigación no alcanza a su partido, PERO EL PPC ESTÁ INCLUIDO EN
LA INVESTIGACIÓN A LA EXCANDIDATA LOURDES FLORES POR SUPUESTOS APORTES DE
ODEBRECHT en la campaña presidencial del 2006 y municipal del 2010.
Completa el cuadro EL EXALCALDE DE LA VICTORIA GEORGE FORSYTH POR UNA
DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR QUE PRESENTÓ SU EXPAREJA VANESSA TERKES.
Los candidatos presidenciales de Solidaridad Nacional, APRA y Unión por
el Perú presentan CANDIDATOS SIN PROBLEMAS CON LA JUSTICIA, PERO LAS
ORGANIZACIONES SÍ LOS TIENEN.
AL CUELLO
De acuerdo con la legislación vigente, LOS FISCALES DEL CASO LAVA JATO
APUNTAN A LA DISOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, en caso de una sentencia
condenatoria, como instrumentos del delito.
Esto es lo que los fiscales han pedido EN LOS CASOS FUJIMORI Y HUMALA Y
QUE PEDIRÁN PARA EL RESTO DE GRUPOS POLÍTICOS INVESTIGADOS.
El fiscal José Domingo Pérez pidió al juez Víctor Zúñiga LA SUSPENSIÓN DE
FUERZA POPULAR POR DOS AÑOS Y MEDIO, LO QUE LE IMPEDIRÍA PARTICIPAR EN LAS
ELECCIONES DEL 2021 Y 2022. Al acusar pedirá la disolución.
En mayo del 2019, cuando todavía no se había activado políticamente, AL
FORMULAR ACUSACIÓN Y PEDIR 20 AÑOS DE PRISIÓN PARA OLLANTA HUMALA POR LAVADO DE
ACTIVOS, el fiscal Germán Juárez planteó que AL EMITIRSE SENTENCIA SE DISPONGA
LA DISOLUCIÓN DEL PARTIDO NACIONALISTA.
Así, la suspensión de Fuerza Popular es el primer paso. Si la Fiscalía
logra probar sus sospechas, esta será la última elección en la que participarán
Fuerza Popular, el PNP y otros partidos. Claro, el elector los podría disolver
antes.
El fiscal José Domingo Pérez solicitó la suspensión de Fuerza Popular. Foto: La República
TIEMPOS
Antecedentes. Una investigación compleja como la que se sigue a los
candidatos presidenciales y los partidos políticos tiene un promedio de
duración de ocho a 10 años.
PLAZOS: En todos los casos se están cumpliendo 3 años de investigación
preliminar y otros tres de investigación preparatoria. Luego, ya no hay plazos
fijos. Humala va a cumplir dos años de control de acusación. El juicio se
podría iniciar a mediados del 2021.
FUENTES: ALONSO COLLANTES- LA REPUBLICA
12 Dic 2020 | 4:15 h
Actualizado
el 12 de Diciembre 2020 | 13:20 h
