LOS ALCALDES DEL SUR QUE TERMINARON SENTENCIADOS POR CORRUPCIÓN URGE CAMBIAR LEY ELECTORAL CON EL FIN DE EVITAR QUE CANDIDATOS CON PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE PUEDAN POSTULAR

 

Al menos 13 autoridades ediles de las regiones de Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua recibieron sentencia por actos de corrupción en los últimos cinco años. El último fue el alcalde de la Ciudad Blanca Omar Candia Aguilar, quién deberá permanecer 6 años en el penal de Socabaya, aunque hasta el momento está prófugo.

El viernes pasado la Corte Superior de Justicia de Arequipa ratificó la sentencia de 6 años de prisión efectiva contra Omar Candia Aguilar, el alcalde provincial en funciones de esa ciudad. Con esto, el edil se suma a la lista de otros doce burgomaestres que fueron sentenciados en los últimos cinco años por actos de corrupción en las regiones del sur del Perú: Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. Algunos de ellos, al igual que Candia, fueron sentenciados en medio de sus gestiones.

 

Cuando Candia Aguilar postuló al sillón de Arequipa su caso estaba en medio del juicio oral y la Fiscalía ya contaba con elementos de convicción que hacían prever que sería condenado. Mientras la lista de autoridades municipales sentenciadas se alarga, especialistas consultados por Convoca explican que se debería modificar la ley electoral con el fin de impedir que candidatos con juicios por corrupción, que pasaron la etapa de control de acusación, postulen a cargos de representación.

 

 

 

Candia sentenciado

 

Omar Candia supo dilatar su caso y aplazó el día de su sentencia por más de diez años. Y es que en el 2012 se denunció que cuando aún era alcalde del distrito de Alto Selva Alegre se había coludido con sus funcionarios y empresarios del consorcio Soluciones Andinas para beneficiarlos con el contrato del proyecto de adquisición e implementación de 40 cámaras de seguridad para dicha comuna. El costo fue de más de S/ 2 millones. El Ministerio Público abrió un expediente y acusó a Candia por el delito de colusión agravada. En dos oportunidades los funcionarios de Candia fueron sentenciados y él dejado libre, pero la Fiscalía apeló y logró un nuevo enjuiciamiento. Finalmente Candia fue sentenciado a 6 años de prisión efectiva y la pena fue ratificada el último viernes 18 de noviembre.

 

Tras el término del juicio, el juzgado arequipeño ordenó la captura del alcalde de Arequipa, pero desde el viernes nadie conoce su paradero. Actualmente está prófugo y las autoridades ya dieron aviso a Migraciones y a la Interpol para su pronta captura. Luego de eso será llevado hacia el penal de Socabaya, donde se encontrará con el ex gobernador regional Elmer Cáceres Llica, con prisión preventiva desde noviembre del año pasado también por supuestos delitos de corrupción.

 

Omar Candia (derecha) se unirá al exgobernador Elmer Cáceres Llica (izquierda) en el penal de Socabaya.

Más alcaldes sentenciados

 Omar Candia no es el primer edil que recibe una condena por actos de corrupción entre las regiones del sur peruano. En los últimos cinco años al menos doce alcaldes de las regiones del sur han sido procesados y cumplen sus condenas.

 

La región con más casos es Tacna, donde un exalcalde de la provincia patriótica y otros de tres distritos fueron condenados por actos de corrupción. El caso más representativo es el del exalcalde Jacinto Gómez Mamani. Este gestionó la ciudad entre el 2003 y 2006 y se coludió con varias empresas para beneficiarlas con contratos para ejecutar 18 obras por un valor total de S/ 33 millones. Gómez Mamani y sus funcionarios fueron condenados en segunda instancia a 7 años de pena privativa de la libertad en octubre de este año. Y también fueron sentenciados los representantes de cuatro empresas.

 

Otras ex autoridades municipales tacneñas que fueron condenadas son Denis Quenta Cruz, del municipio de Sitajara (2011-2014), Fausto Foraquita, de Pocollay (2007-2010), e Ysaúl Rivera Chávez, de Ite (2007-2010).

 

En Moquegua también hay un exalcalde provincial con sentencia condenatoria. Se trata de Alberto Coayla Vilca, quien fue edil entre 2011 y 2014 y tuvo tiempo para interesarse por la venta de un terreno de propiedad de la comuna en beneficio de un empresario. En 2019 fue sentenciado a cuatro años de pena suspendida por el delito de negociación incompatible. Y en la provincia de Sánchez Cerro también recibió una condena judicial el exalcalde Pascual Baylón Coaquira (2011-2014) por fraccionar de manera indebida una obra de mejoramiento de infraestructura de riego.

 

Y la misma situación pasó en la ciudad imperial de Cusco. Luis Flores García fue alcalde entre 2011 y 2014 y en setiembre del 2019 fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida luego de ser encontrado culpable por la muerte de un obrero municipal. Esto porque como alcalde no garantizó la seguridad del trabajador, quién murió luego de que una máquina le cayera encima. Flores García se presentó para las elecciones municipales de este año, pero no consignó esta sentencia en su hoja de vida. Por este motivo fue excluido del proceso electoral.

 

En este departamento también fueron sentenciados Wilman Caviedes Choque, que fue alcalde distrital de Maranura (2015-2018), y Manuel Sutta Pfocco, exburgomaestre de Quispicanchi (2019-2022).

 

Y en Puno, los alcaldes Gregorio Luque Apaza y Edgar Mamani Coriapaza, quienes gestionaron entre el 2011 y 2014 en los distritos de San Juan el Oro y Platería, fueron sentenciados por malversar dinero para obras y favorecer a empresas en licitaciones. El último caso es el de Felipe Vilca Chambi, alcalde del distrito de Muñani hasta marzo de este año. Este se declaró culpable y se acogió a la terminación anticipada luego de pedir una coima de S/ 7.400 para acelerar la elaboración de un expediente de obra.

 

Alcaldes sentenciados en el sur del Perú

La ley debe cambiar

 

Al respecto, los analistas políticos de la Universidad Católica San Pablo, Carlos Timana Kure y Fernando Mendoza Banda, indican que la ley electoral debe cambiar con el fin de evitar que candidatos con procesos judiciales en trámite puedan postular.

 

Timana Kure aclara que estos casos no son simples denuncias fiscales, sino que han sido investigados por el Ministerio Público y han pasado la etapa de control de acusación, que es donde el juez verifica si existen elementos de convicción para iniciar un juicio.

 

“La idea no es restringir que cualquiera con investigaciones fiscales pueda postular, porque así un candidato sería muy fácil de bloquear, simplemente los contrincantes políticos podrían presentar una denuncia y con eso evitarían su postulación", aclara el especialista. "Se trata de exautoridades o autoridades en ejercicio que están investigadas por el Ministerio Público y que ya han sido acusadas ante el Poder Judicial. Esas personas no deberían poder postular porque ya está en duda su integridad y en muchos casos existen pruebas, elementos de convicción, que los involucran”, explica.

 

Por su parte Mendoza Banda cuestiona la integridad de estos candidatos y autoridades, que se ven envueltos en actos de corrupción e insisten en continuar en el poder. “Deja mucho que desear. Siendo un poco perspicaz, me preguntaría: si ya tengo un juicio, ¿para qué insistir? Aparte del tiempo y dinero que se pierde también está el descrédito personal. Pero no, insisten. Y algunas veces son reelectos y en medio de sus gestiones son sentenciados y tienen que dejar el cargo. Como le ha pasado a Omar Candia”, añade.

 

Finalmente, Carlos Timaná y Fernando Mendoza proponen una reforma, al menos en el reglamento electoral. Timana, por ejemplo, pide que en las balotas de votación se incluya una casilla en blanco, para que los electores la marquen en caso ningún candidato les convenza. “Que el voto en blanco sea explícito. Creo que así se le da la opción al ciudadano. Si el voto blanco es mayoritario se realiza un nuevo proceso electoral con nuevos candidatos que no estén cuestionados, que no tengan juicios o que no estén involucrados en la corrupción”, puntualiza.

Por Roberth Orihuela | 24 Noviembre, 2022

Por Por Roberth Orihuela | 24 Noviembre, 202Roberth Orihuela | 24 Noviembre, 202

Por Roberth Orihuela | 24 Noviembre, 202

TÍTULOS Y FAVORES A LA MEDIDA DEL GUSTO

 

Pocos días después de asumir el cargo de fiscal de la Nación, Patricia Benavides nombró, el 7 de julio, a Nórvil Cieza Montenegro como gerente central de la Escuela del Ministerio Público.

 

Es un cargo muy importante. La Escuela del Ministerio Público fue creada para la capacitación y el perfeccionamiento continuo de los fiscales, con cursos y talleres que les permitan comprender y enfrentar los complejos problemas que les presenta la vida y que no alcanzaron a estudiar en sus universidades.

 

 

            Nórvil Cieza Montenegro. (Foto: Facebook)

 

Por ejemplo, ¿cómo puede un fiscal investigar por estafa agravada a quien la fiscal de la Nación acaba de nombrar como gerente central de la Escuela del Ministerio Público?

 

Si el caso fuera hipotético sería interesante. Pero lo es mucho más por ser real, como lo es.

 

Casi todo misterio académico –y este no fue la excepción– empieza también en el ámbito académico … o el que se presenta como tal.

 

Patricia Benavides obtuvo tanto la maestría como el doctorado en la Universidad Alas Peruanas (UAP), en los años 2008 y 2009. Eso fue, claro está, antes de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegara la licencia a esa universidad por no cumplir con estándares académicos básicos.

 

El presidente del jurado calificador en la maestría y, un año después, en el doctorado, fue Willy Ramírez Chávarry, entonces catedrático “principal” de la UAP.

 

El jurado calificó la tesis de Benavides, que obtuvo la maestría en Derecho Civil y Comercial el 18 de julio de 2008, con un Magna Cum Laude, lo que significa literalmente “con grandes honores [o elogios]” y equivale a “muy destacado” o “sobresaliente”. La única calificación superior es “Summa Cum Laude”, que equivale a un veinte de nota.

 

 

 

El 4 de diciembre de 2009, con Ramírez Chávarry otra vez como presidente del jurado, Patricia Benavides optó por el grado de doctor en Derecho en Alas Peruanas; y su tesis volvió a ser calificada Magna Cum Laude por el jurado.

 

 

 

Maestría y doctorado en menos de dos años, con dos Magna Cum Laude. Uno supondría que las dos tesis fueron extraordinarias … pero no hay cómo saberlo.

 

En septiembre de este año, IDL-R pidió a Alas Peruanas una copia de las tesis; y reiteró varias veces el pedido. Pero la exaérea universidad, después del forzoso aterrizaje que significó la denegatoria de licencia por la Sunedu, ni siquiera contestó y menos ofreció una explicación.

 

IDL-R también solicitó las tesis a su autora, la fiscal de la Nación, a través de la oficina de prensa de su institución. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

 

De manera que, por lo menos hasta ahora, las dos tesis están desaparecidas y apreciar su calidad es materia de clarividencia antes que de comprobación.

 

El que fuera presidente de aquellos jurados en Alas Peruanas, Willy Ramírez Chávarry, es hoy miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), delegado por el Colegio de Abogados de Lima, nada menos.

 

Willy Ramírez Chávarry, representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Pleno del JNE. (Foto: JNE)

 

¿Qué tiene que ver Nórvil Cieza con esa historia?

 

Sucede que existe una larga y reveladora trayectoria que une a Ramírez Chávarry con Nórvil Cieza Montenegro, que puede explicar la razón del nombramiento de este como gerente central de la Escuela del Ministerio Público.

 

Juez Richard Concepción Carhuancho, fiscal Jorge Chávez Cotrina y Nórvil Cieza Montenegro en el taller “Fortalecimiento de capacidades para afrontar la lucha contra el Crimen Organizado”, realizado el pasado 5 de septiembre. (Foto: Fiscalía)

 

Cieza Montenegro es un licenciado en Educación y abogado que, en las dos últimas décadas, ocupó diversos cargos en tres universidades que terminaron con sus licencias denegadas por la Sunedu. Fue docente de la Universidad Alas Peruanas (UAP), vicerrector de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) y coordinador de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Juan Pablo II.

 

A lo largo de esa trayectoria profesional, Cieza Montenegro mantuvo una sólida y consistente relación con Willy Ramírez Chávarry.

 

Ambos, Ramírez y Cieza, son oriundos de la provincia de San Miguel, en Cajamarca; y ambos estudiaron Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Luego, aterrizaron como catedráticos en la Universidad Alas Peruanas. Y en medio de sus vuelos académicos, ambos obtuvieron sus doctorados en una universidad por correspondencia (o “a distancia”, si prefieren), la Atlantic International University, con sede en Honolulu, Hawái.

 

Es la universidad que otorgó, en tiempo récord, doctorados a una gran cantidad del personal docente de Alas Peruanas, que se declaró muy emocionada por esa relación y su lluvia de doctorados. Emoción que, luego, parece que no compartió la Sunedu.

 

En 2005, Cieza y Ramírez publicaron un libro voluminoso sobre ‘Derecho Romano’, bajo el sello del Fondo Editorial de la Universidad Alas Peruanas.

   

Pero dicho tratado no fue la única vez en la que ambos personajes se vincularon como coautores.

 

En 2017, Cieza y Ramírez fueron denunciados por estafa agravada por haber, supuestamente, ofrecido títulos de maestría en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) sin que dichos estudios tuvieran acreditación de la Sunedu.

 

En ese año, ambos se habían mudado, cuando menos parcialmente, de la Universidad Alas Peruanas, para ejercer los cargos de rector (Ramírez Chávarry) y vicerrector (Cieza Montenegro) de la UPCI.

 

El abogado José Rolando Chávez Hernández denunció ese año a Ramírez y Cieza ante el Ministerio Público por estafa agravada. A decir de Chávez, el entonces rector de la UPCI, Willy Ramírez Chávarry, le ofreció obtener una maestría en Derecho Civil y Comercial en un plazo de dos meses, previo pago por la convalidación de cursos de una maestría cursada en otra universidad.

 

Sin embargo, tras sustentar y aprobar su tesis de grado, Chávez adujo que tanto Ramírez Chávarry como el vicerrector de la casa de estudios, Cieza Montenegro, incumplieron con entregarle el diploma. Preocupado, el mismo Chávez hizo una consulta a la Sunedu. La respuesta del ente regulador, para su sorpresa, fue que la UPCI no estaba facultada para dictar dicha maestría.

 

 

 

Como respaldo, Chávez presentó a la Fiscalía el cuadro de cursos convalidados que lleva la firma de Ramírez Chávarry, quien, además de rector, era director de la Escuela de Posgrado de la UPCI. El denunciante también presentó el acta de sustentación de su tesis, en la que Cieza Montenegro figura como presidente del jurado calificador.

 

 

 

A pesar de ello, el 20 de agosto de 2019 la fiscal provincial Yanet Roller archivó la investigación con el asombroso argumento de que, si bien quedaba comprobado que la universidad no estaba autorizada para dictar dicha maestría, “existe competencia [sic] de la víctima, pues la persona José Rolando Chávez Hernández, a efectos de proteger su patrimonio se encontraba en la obligación de verificar si la UPCI contaba o no con la autorización para prestar y/o ofertar el programa de Maestría en Civil y Comercial, por lo que la responsabilidad le es imputada a su persona”.

 

 

 

En otras palabras, el responsable de la estafa era la víctima, no el estafador. Chávez Hernández presentó una queja, pero en noviembre de 2019 la fiscal superior Sonia Chávez la declaró inadmisible. Sin tomar en cuenta que Ramírez y Cieza tuvieron injerencia directa en la convalidación de cursos y aprobación de la tesis, la fiscal Chávez argumentó que el rector y vicerrector “no se encuentran directamente relacionados con la expedición de grados académicos” y, por lo tanto, no les cabía responsabilidad penal.

 

Mientras el caso seguía su curso azangarino en la Fiscalía, el 31 de octubre de 2018 Ramírez Chávarry fue despedido como rector de la UPCI. Pero la razón no fue ese sino otro caso.

 

De acuerdo con el documento de despido, tanto Ramírez Chávarry como Cieza Montenegro habían infringido el Reglamento de Convalidaciones de la institución para “favorecer indebidamente a la alumna Jane Mariette Jansson de Ramírez”, esposa de Willy Ramírez Chávarry.

 

Entre otros argumentos, se daba cuenta de que, al trasladarse de la Universidad Alas Peruanas a la UPCI, Jane Jansson de Ramírez logró la convalidación de 21 asignaturas, pese a que solo se “evidencian fotocopias simples de 13 sílabos [asignaturas, NdR] de la Facultad de origen”.

 

La carta precisaba que Ramírez “tenía perfecto conocimiento del proceder del Dr. Cieza y que favoreció a su señora cónyuge, por lo que se debe concluir que ha incurrido en las faltas a las que se refiere la Carta de Preaviso, más aún si tenemos en cuenta los descargos del Dr. Cieza que evidencian un claro contubernio con su persona”.

 

 

 

Pero Ramírez Chávarry logró, en octubre de 2020, que el Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte de Lima emitiera una sentencia a su favor por despido arbitrario. Ramírez argumentó, entonces, que las personas que lo despidieron no tenían capacidad para ejercer la representación jurídica de la UPCI.

 

El juzgado, a cargo de Pamela Cumpa Moreno, concluyó que si bien se advertían «errores» en el proceso de convalidación de los cursos de Jane Jansson de Ramírez, la UPCI no había podido probar de forma fehaciente la injerencia de Ramírez Chávarry ni de Cieza Montenegro. En consecuencia, dispuso que la casa de estudios indemnizara al abogado:

 

 

 

Un dato que la jueza quizá ignoró es que los tres personajes estaban vinculados hasta los dientes. De acuerdo con Registros Públicos, en 2007 se inscribió el primer Consejo Directivo de la Asociación de Odontólogos Voluntarios del Perú (OvPerú). Ramírez Chávarry fue designado vicepresidente; Jansson, secretaria de Asuntos Exteriores, y Cieza Montenegro, vocal de Promoción Institucional.

 

OvPerú, inscrita como Organismo No Gubernamental en la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), fue dada de baja de oficio en junio de 2013.

 

Pese a las evidencias, Ramírez Chávarry parecía haberse librado de las acusaciones en su contra, lo que le permitió proseguir en su singular ascenso institucional. Sin embargo, en mayo de 2021 fue excluido de la lista de postulantes al Tribunal Constitucional debido a una tacha presentada en su contra.

 

El autor de la tacha fue José Rolando Chávez Hernández, el abogado que lo denunció sin éxito ante la Fiscalía por estafa agravada. Esta vez la tacha de Chávez prosperó.

 

En su denuncia, Chávez reveló además la demanda civil que había interpuesto contra Ramírez Chávarry, Nórvil Cieza y la UPCI, reclamando indemnización por daños y perjuicios.

 

El caso se encuentra en el 34 Juzgado Civil de la Corte de Lima, a cargo del juez Eddy Vidal Ccanto, a la espera de una sentencia.

 

Las historias continuaron. Ramírez Chávarry logró eventualmente ser elegido como representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

 

Su nombre no tardó en retornar a la notoriedad.

 

En mayo de este año, 2022, el vacado alcalde de Lima, Jorge Muñoz presentó unos audios sobre una presunta extorsión.

 

El exalcalde de Lima, Jorge Muñoz. (Foto: Semana Económica)

 

En uno de los audios, un funcionario de la Municipalidad de Lima afirma conocer al hermano de un miembro del JNE de apellido “Ramírez” que podría ayudar a Muñoz a revertir la vacancia a cambio de un soborno.

 

La denuncia originó una investigación preliminar en el despacho del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien allanó el domicilio de Johan Ramírez Chavarry, hermano de Willy Ramírez, y posteriormente logró que el Poder Judicial dictara impedimento de salida del país en su contra.

 

Nórvil Cieza Montenegro, en tanto, mantuvo vínculos con la UAP en tiempos recientes.

 

El año pasado fue el asesor de tesis de dos estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Alas Peruanas. El primero, Carlos Isaac Acosta Ledesma, se ha desempeñado como secretario de confianza de los jueces supremos Carlos Arias Lazarte y Eliana Araujo Sánchez, y optaba el grado de Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, mientras que la segunda, Lidia Cristina de la Cruz Arriarán, es fiscal adjunta provincial de Lima Este y buscaba obtener el grado de doctor en Derecho.

 

Pareciera un caso de dos por uno, pues las semejanzas entre ambas tesis son evidentes, comenzando por los títulos:

 

 

 

Y continúan en la introducción:

 

 

 

Las coincidencias prosiguen en el marco teórico:

 

 

 

Probablemente gracias a méritos académicos como esos, Nórvil Cieza Montenegro fue nombrado gerente central de la Escuela del Ministerio Público el 7 de julio de este año, apenas seis días después de que Patricia Benavides asumiera la Fiscalía de la Nación.

 

Cieza encabezó varios eventos académicos hasta inicios de octubre, cuando fue reemplazado por la abogada Wendy Ledesma. Sin embargo, se mantiene en la misma Escuela del Ministerio Público, con el cargo de gerente académico.

 

No hay nada que hacer. Con Alas Peruanas y sus pasajeros se vuela lejos.

 

Por César Prado

Publicado el miércoles 09 de noviembre, 2022 a las 22:12 | RSS 2.0.

Última actualización el martes 22 de noviembre, 2022 a las 19:59

 

 

 

Última actualización martes 29 de noviembre, 2022 a las 22:48

 

TE VACO, TE DISUELVO o NOS VAMOS A MIAMI

                            El premier Aníbal Torres en su presentación ante el Congreso. (Foto: EC)

 

LA PRIMERA JUGADA FUE DE ANÍBAL.

 

El jueves 17, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, exhortó al Congreso a derogar la Ley 31399. Torres advirtió que cualquier respuesta del Legislativo que no fuera un “sí”, sería interpretado como un “no”. La disyuntiva cuestión de confianza quedaba planteada, nada menos que pidiendo la derogatoria de la ley que la impedía.

 

¿RECUERDAN LA LEY 31399?

 

Hasta enero de este año, la ley peruana establecía que si el Congreso deniega la confianza al Gobierno en dos oportunidades, este queda facultado para disolverlo. Eso fue lo que sucedió en octubre de 2019, cuando el Congreso –donde la oposición tenía mayoría–  fue disuelto tras una “denegación fáctica”.

 

Este Congreso quiere evitar a toda costa que se repita la historia de 2019, y por eso aprobó en enero la Ley 31399. Antes, en octubre de 2021, modificó el artículo 86 de su reglamento interno. La 31399 impide realizar cualquier consulta ciudadana sin el permiso del Parlamento y la modificación del artículo 86 indica que el Congreso puede declarar improcedente una solicitud de confianza sin que ello pueda ser interpretado como una denegación.

 

Con eso, parecía que el actual Congreso quedaba blindado contra los dos mecanismos que podían disolverlo constitucionalmente: la consulta ciudadana y la cuestión de confianza.

 

Pero la airada reacción de la oposición al pedido de Torres, acusándolo de pretender cerrar el Congreso, indica que los congresistas no confían en la eficacia de las normas que ellos mismos aprueban y que temen poner a prueba su blindaje.

 

 

 

SILLAS MUSICALES

 

 

 

Es casi seguro que el Congreso declarará que el pedido de confianza de Torres es improcedente. Pero el viernes anunció que lo discutirá cuando la misión de la OEA –de visita en Lima– se haya ido.

 

¿POR QUÉ ESPERAR?

 

Es probable que, con las visitas en casa, el Congreso no quiera dar la impresión de ser intransigente o propiciador de crisis. Además, buena parte de la oposición percibe a la OEA como progobiernista e interpreta su presencia en Lima como un apoyo a Castillo y a su gobierno.

 

Al final, la oposición –de derecha y de izquierda– es un amasijo de intereses, objetivos e ideología diversos, divergentes, enfrentados. Y, paradójicamente, un espejo del oficialismo.

 

El agente aglutinante allí es –todavía– el declarado objetivo de inhabilitar a Castillo y a su vicepresidenta, Dina Boluarte; convocar a elecciones presidenciales (¡no congresales!) y que gane un candidato afín a sus intereses, para llegar –por lo menos hasta el 28 de julio de 2026– sentados en la misma curul.

 

Pero el ánimo vacador pierde fuerza ante la diversidad de intereses y de objetivos de los congresistas. Y además, no pesa en las encuestas. Esto es clave para entender por qué la vacancia sigue perdiendo tracción.

 

Es cierto que las presiones para vacar a Castillo son enormes, pero provienen principalmente de grupos sin representantes asegurados en el Congreso (conglomerados de medios, empresarios y negociantes, grupos de conservadores, sobre todo de ultraderecha, etc.). Tienen las ganas, pero no los votos.

 

Es cierto que hay razones más que suficientes para sacar a Castillo, claro que sí… y al Congreso también. Pero el prospecto de una destrucción mutua en el proceso mengua los entusiasmos y drena los votos necesarios.

 

Para muchos congresistas, la vacancia significa un suicidio político y probablemente laboral. ¿Ese suicidio tiene un precio? No es imposible, pero todavía no sucede.

 

El gobierno de Castillo no tiene un gramo de logro que mostrar y está enlodado en fundadas denuncias de corrupción. Pero afirmar que no hay elementos de racismo y clasismo en el ánimo por vacarlo es faltar a la verdad. Y quien puede capitalizar toda esa barrosa oscuridad está de gira por el VRAEM y cercanías, con sus bases de reservistas, licenciados y etnocaceristas, esperando que la derecha le cumpla aquello de que nadie sabe para quién trabaja.

 

 

 

COLOFÓN

 

 

 

Hasta la semana pasada, Torres insultaba al Congreso; este devolvía los insultos; Castillo se victimizaba; el Congreso amenazaba con vacarlo; Castillo se victimizaba de nuevo y a empezar otra vez.

 

HOY, ALGO HA CAMBIADO.

 

La discusión que seguirá a la declaración de improcedencia del pedido de confianza de Torres durará semanas y, seguramente, la ganará el Congreso. Pero ese tiempo favorecerá al Gobierno, mientras la osteoporosis de las bancadas avanza a medida que cada congresista se acomoda según crea que se mueve el poder.

 

En tanto continúe el pleito, el Gobierno acumulará respaldos, comprará más apoyo inflando presupuestos y Castillo subirá otro punto en las encuestas. Y la oposición seguirá resquebrajándose y se le hará más costosa y lejana la posibilidad de vacarlo a él para quedarse ella.

 

Más de la mitad de los peruanos cree, según una encuesta de Ipsos, que “el Congreso debería buscar entenderse con el Gobierno”. Eso, en la práctica, significa que este Gobierno permanecería  hasta el 2026. Y lo más probable es que se quede –al menos– hasta el 29 de julio del 2025, fecha a partir de la cual el Congreso se vuelve indisoluble haga lo que haga.

 

Quizás es lo que todos están esperando.

 

Por Por Luis Davelouis

 

 

 

Publicado el miércoles 23 de noviembre, 2022 a las 17:41 | RSS 2.0.

Actualizado miércoles 23 de noviembre, 2022 al 19:25

Última actualización martes 29 de noviembre, 2022 a las 22:48

SALUDAN LA ACTUACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ DONDE PRIMO EL DERECHO A LA LIBRE MANIFESTACIÓN

 

Saludo el actuar de la PNP, respetaron el derecho a la libre manifestación.

La congresista de Perú Libre, María Agüero, señaló que los policías no usaron perdigones ni bombas lacrimógenas indiscriminadamente.

La congresista de Perú Libre, María Agüero, se pronunció acerca de la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la marcha que se realizó el último sábado, 5 de noviembre, en contra del Gobierno del presidente Castillo. La parlamentaria indicó que, en la manifestación, los efectivos policiales demostraron que respetan “el derecho a la libre manifestación”.

 

“La manipulación de la marcha es tema aparte. Saludo el actuar de la PNP en la manifestación ciudadana, donde no usaron perdigones ni bombas lacrimógenas indiscriminadamente, se nota cuando se respeta el derecho a la libre manifestación”, señaló la congresista Agüero.

 

EXITOSA NOTICIAS / 6 Noviembre, 2022

 

LA MOVILIZACIÓN DE AYER SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE CONTRA EL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO NO SE COMPARA POR LAS MARCHAS DE LOS AFILIADOS A LA ONP Y AFP QUE LLEGO A CONVOCAR 5 MIL PERSONAS APROXIMADAMENTE

 

IMAGEN EXTRAIDA DEL FACEBOOK DE EXITOSA NOTICIAS

Cecilia García sobre marcha contra Pedro Castillo: Más personas había en la marcha de afiliados a la ONP y AFP.

 

"Yo ayer he visto las marchas. Las marchas en algunas provincias no eran más de cien personas", dijo la conductora de Exitosa.

La conductora de Exitosa, Cecilia García, se refirió este domingo a la movilización que se llevó a cabo ayer sábado 5 de noviembre contra el presidente Pedro Castillo e indicó que “más personas” salían a marchar por mejoras en el sistema de pensiones en el Perú, pero no contaban con la cobertura de medios de comunicación y con el apoyo de figuras políticas.

 

“Yo ayer he visto las marchas. Las marchas en algunas provincias no eran más de 100 personas. La marcha en Lima, que los medios de comunicación han dicho que es contundente, eran cinco mil personas. Nosotros en la AFP sacábamos a cinco mil personas y decían que eso no era contundente. Con la ONP y AFP hacíamos lo mismo y llenábamos la Plaza San Martín”, declaró.

 

La comunicadora señaló que estas movilizaciones “chocaban contra los intereses de los grandes medios”, y lamentó que no hayan tenido la cobertura que tuvo la manifestación contra el jefe de Estado. Mencionó también que en estas marchas los ciudadanos también sufrieron represión policial.

 

“Salíamos más de cinco mil y seis mil personas en las calles. Ayer había un escándalo porque había una policía montada y les tiraron bombas lacrimógenas. A nosotros nos tiraban agua sucia de desagüe, del rochabus, con tanta potencia que el agua tiraba a la gente de la AFP y los hacía dar vueltas. La gente gritaba y decía que no eran delincuentes”, recordó.

 

Sobre la actual crisis política, Cecilia García consideró importante que el mandatario Pedro Castillo esclarezca su situación judicial. “Los de derecha, los de izquierda, los que están a favor de la vacancia y los que no, todos merecemos saber la verdad. Queremos saber cuánto está el presidente involucrado en actos de corrupción”, resaltó.

 

RADIO EXITOSA / 6 Noviembre, 2022

LULA SE IMPUSO POR 50,83% AL 49,17% AL MANDATARIO DE ULTRADERECHA

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA ES EL NUEVO PRESIDENTE DE BRASIL, después de ganarle al mandatario Jair Bolsonaro. LULA SE IMPUSO POR 50,83% AL 49,17% AL MANDATARIO DE ULTRADERECHA. Además, el presidente Pedro Castillo habló desde Cerro de Pasco y dijo que "le gustaría que un golpista venga acá", también cuestionó a la Fiscalía y al Congreso.