Pocos días después de asumir el cargo
de fiscal de la Nación, Patricia Benavides nombró, el 7 de julio, a Nórvil
Cieza Montenegro como gerente central de la Escuela del Ministerio Público.
Es un cargo muy importante. La
Escuela del Ministerio Público fue creada para la capacitación y el
perfeccionamiento continuo de los fiscales, con cursos y talleres que les
permitan comprender y enfrentar los complejos problemas que les presenta la
vida y que no alcanzaron a estudiar en sus universidades.
Nórvil Cieza Montenegro. (Foto:
Facebook)Por ejemplo, ¿cómo puede un fiscal
investigar por estafa agravada a quien la fiscal de la Nación acaba de nombrar
como gerente central de la Escuela del Ministerio Público?
Si el caso fuera hipotético sería
interesante. Pero lo es mucho más por ser real, como lo es.
Casi todo misterio académico –y este
no fue la excepción– empieza también en el ámbito académico … o el que se
presenta como tal.
Patricia Benavides obtuvo tanto la
maestría como el doctorado en la Universidad Alas Peruanas (UAP), en los años
2008 y 2009. Eso fue, claro está, antes de que la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegara la licencia a esa
universidad por no cumplir con estándares académicos básicos.
El presidente del jurado calificador
en la maestría y, un año después, en el doctorado, fue Willy Ramírez Chávarry,
entonces catedrático “principal” de la UAP.
El jurado calificó la tesis de
Benavides, que obtuvo la maestría en Derecho Civil y Comercial el 18 de julio
de 2008, con un Magna Cum Laude, lo que significa literalmente “con grandes
honores [o elogios]” y equivale a “muy destacado” o “sobresaliente”. La única
calificación superior es “Summa Cum Laude”, que equivale a un veinte de nota.
El 4 de diciembre de 2009, con
Ramírez Chávarry otra vez como presidente del jurado, Patricia Benavides optó
por el grado de doctor en Derecho en Alas Peruanas; y su tesis volvió a ser
calificada Magna Cum Laude por el jurado.
Maestría y doctorado en menos de dos
años, con dos Magna Cum Laude. Uno supondría que las dos tesis fueron
extraordinarias … pero no hay cómo saberlo.
En septiembre de este año, IDL-R
pidió a Alas Peruanas una copia de las tesis; y reiteró varias veces el pedido.
Pero la exaérea universidad, después del forzoso aterrizaje que significó la
denegatoria de licencia por la Sunedu, ni siquiera contestó y menos ofreció una
explicación.
IDL-R también solicitó las tesis a su
autora, la fiscal de la Nación, a través de la oficina de prensa de su
institución. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
De manera que, por lo menos hasta
ahora, las dos tesis están desaparecidas y apreciar su calidad es materia de
clarividencia antes que de comprobación.
El que fuera presidente de aquellos
jurados en Alas Peruanas, Willy Ramírez Chávarry, es hoy miembro del Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), delegado por el Colegio de Abogados de
Lima, nada menos.
Willy Ramírez Chávarry, representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Pleno del JNE. (Foto: JNE)
¿Qué tiene que ver Nórvil Cieza con
esa historia?
Sucede que existe una larga y
reveladora trayectoria que une a Ramírez Chávarry con Nórvil Cieza Montenegro,
que puede explicar la razón del nombramiento de este como gerente central de la
Escuela del Ministerio Público.
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Juez Richard Concepción Carhuancho, fiscal Jorge Chávez Cotrina y Nórvil Cieza Montenegro en el taller “Fortalecimiento de capacidades para afrontar la lucha contra el Crimen Organizado”, realizado el pasado 5 de septiembre. (Foto: Fiscalía)
Cieza Montenegro es un licenciado en
Educación y abogado que, en las dos últimas décadas, ocupó diversos cargos en
tres universidades que terminaron con sus licencias denegadas por la Sunedu.
Fue docente de la Universidad Alas Peruanas (UAP), vicerrector de la
Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) y coordinador de la
Facultad de Derecho de la Universidad Privada Juan Pablo II.
A lo largo de esa trayectoria
profesional, Cieza Montenegro mantuvo una sólida y consistente relación con
Willy Ramírez Chávarry.
Ambos, Ramírez y Cieza, son oriundos
de la provincia de San Miguel, en Cajamarca; y ambos estudiaron Derecho en la
Universidad San Martín de Porres. Luego, aterrizaron como catedráticos en la
Universidad Alas Peruanas. Y en medio de sus vuelos académicos, ambos
obtuvieron sus doctorados en una universidad por correspondencia (o “a
distancia”, si prefieren), la Atlantic International University, con sede en
Honolulu, Hawái.
Es la universidad que otorgó, en
tiempo récord, doctorados a una gran cantidad del personal docente de Alas
Peruanas, que se declaró muy emocionada por esa relación y su lluvia de
doctorados. Emoción que, luego, parece que no compartió la Sunedu.
En 2005, Cieza y Ramírez publicaron
un libro voluminoso sobre ‘Derecho Romano’, bajo el sello del Fondo Editorial
de la Universidad Alas Peruanas.
Pero dicho tratado no fue la única
vez en la que ambos personajes se vincularon como coautores.
En 2017, Cieza y Ramírez fueron
denunciados por estafa agravada por haber, supuestamente, ofrecido títulos de
maestría en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) sin que
dichos estudios tuvieran acreditación de la Sunedu.
En ese año, ambos se habían mudado,
cuando menos parcialmente, de la Universidad Alas Peruanas, para ejercer los
cargos de rector (Ramírez Chávarry) y vicerrector (Cieza Montenegro) de la
UPCI.
El abogado José Rolando Chávez
Hernández denunció ese año a Ramírez y Cieza ante el Ministerio Público por
estafa agravada. A decir de Chávez, el entonces rector de la UPCI, Willy Ramírez
Chávarry, le ofreció obtener una maestría en Derecho Civil y Comercial en un
plazo de dos meses, previo pago por la convalidación de cursos de una maestría
cursada en otra universidad.
Sin embargo, tras sustentar y aprobar
su tesis de grado, Chávez adujo que tanto Ramírez Chávarry como el vicerrector
de la casa de estudios, Cieza Montenegro, incumplieron con entregarle el
diploma. Preocupado, el mismo Chávez hizo una consulta a la Sunedu. La
respuesta del ente regulador, para su sorpresa, fue que la UPCI no estaba
facultada para dictar dicha maestría.
Como respaldo, Chávez presentó a la
Fiscalía el cuadro de cursos convalidados que lleva la firma de Ramírez
Chávarry, quien, además de rector, era director de la Escuela de Posgrado de la
UPCI. El denunciante también presentó el acta de sustentación de su tesis, en
la que Cieza Montenegro figura como presidente del jurado calificador.
A pesar de ello, el 20 de agosto de
2019 la fiscal provincial Yanet Roller archivó la investigación con el asombroso
argumento de que, si bien quedaba comprobado que la universidad no estaba
autorizada para dictar dicha maestría, “existe competencia [sic] de la víctima,
pues la persona José Rolando Chávez Hernández, a efectos de proteger su
patrimonio se encontraba en la obligación de verificar si la UPCI contaba o no
con la autorización para prestar y/o ofertar el programa de Maestría en Civil y
Comercial, por lo que la responsabilidad le es imputada a su persona”.
En otras palabras, el responsable de
la estafa era la víctima, no el estafador. Chávez Hernández presentó una queja,
pero en noviembre de 2019 la fiscal superior Sonia Chávez la declaró
inadmisible. Sin tomar en cuenta que Ramírez y Cieza tuvieron injerencia
directa en la convalidación de cursos y aprobación de la tesis, la fiscal
Chávez argumentó que el rector y vicerrector “no se encuentran directamente
relacionados con la expedición de grados académicos” y, por lo tanto, no les
cabía responsabilidad penal.
Mientras el caso seguía su curso
azangarino en la Fiscalía, el 31 de octubre de 2018 Ramírez Chávarry fue
despedido como rector de la UPCI. Pero la razón no fue ese sino otro caso.
De acuerdo con el documento de
despido, tanto Ramírez Chávarry como Cieza Montenegro habían infringido el
Reglamento de Convalidaciones de la institución para “favorecer indebidamente a
la alumna Jane Mariette Jansson de Ramírez”, esposa de Willy Ramírez Chávarry.
Entre otros argumentos, se daba
cuenta de que, al trasladarse de la Universidad Alas Peruanas a la UPCI, Jane
Jansson de Ramírez logró la convalidación de 21 asignaturas, pese a que solo se
“evidencian fotocopias simples de 13 sílabos [asignaturas, NdR] de la Facultad
de origen”.
La carta precisaba que Ramírez “tenía
perfecto conocimiento del proceder del Dr. Cieza y que favoreció a su señora
cónyuge, por lo que se debe concluir que ha incurrido en las faltas a las que
se refiere la Carta de Preaviso, más aún si tenemos en cuenta los descargos del
Dr. Cieza que evidencian un claro contubernio con su persona”.
Pero Ramírez Chávarry logró, en
octubre de 2020, que el Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de
la Corte de Lima emitiera una sentencia a su favor por despido arbitrario.
Ramírez argumentó, entonces, que las personas que lo despidieron no tenían
capacidad para ejercer la representación jurídica de la UPCI.
El juzgado, a cargo de Pamela Cumpa
Moreno, concluyó que si bien se advertían «errores» en el proceso de
convalidación de los cursos de Jane Jansson de Ramírez, la UPCI no había podido
probar de forma fehaciente la injerencia de Ramírez Chávarry ni de Cieza
Montenegro. En consecuencia, dispuso que la casa de estudios indemnizara al
abogado:
Un dato que la jueza quizá ignoró es
que los tres personajes estaban vinculados hasta los dientes. De acuerdo con
Registros Públicos, en 2007 se inscribió el primer Consejo Directivo de la
Asociación de Odontólogos Voluntarios del Perú (OvPerú). Ramírez Chávarry fue
designado vicepresidente; Jansson, secretaria de Asuntos Exteriores, y Cieza
Montenegro, vocal de Promoción Institucional.
OvPerú, inscrita como Organismo No
Gubernamental en la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), fue
dada de baja de oficio en junio de 2013.
Pese a las evidencias, Ramírez
Chávarry parecía haberse librado de las acusaciones en su contra, lo que le
permitió proseguir en su singular ascenso institucional. Sin embargo, en mayo
de 2021 fue excluido de la lista de postulantes al Tribunal Constitucional
debido a una tacha presentada en su contra.
El autor de la tacha fue José Rolando
Chávez Hernández, el abogado que lo denunció sin éxito ante la Fiscalía por
estafa agravada. Esta vez la tacha de Chávez prosperó.
En su denuncia, Chávez reveló además
la demanda civil que había interpuesto contra Ramírez Chávarry, Nórvil Cieza y
la UPCI, reclamando indemnización por daños y perjuicios.
El caso se encuentra en el 34 Juzgado
Civil de la Corte de Lima, a cargo del juez Eddy Vidal Ccanto, a la espera de
una sentencia.
Las historias continuaron. Ramírez
Chávarry logró eventualmente ser elegido como representante del Colegio de
Abogados de Lima ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.
Su nombre no tardó en retornar a la
notoriedad.
En mayo de este año, 2022, el vacado
alcalde de Lima, Jorge Muñoz presentó unos audios sobre una presunta extorsión.
El exalcalde de Lima, Jorge Muñoz. (Foto: Semana Económica)
En uno de los audios, un funcionario
de la Municipalidad de Lima afirma conocer al hermano de un miembro del JNE de
apellido “Ramírez” que podría ayudar a Muñoz a revertir la vacancia a cambio de
un soborno.
La denuncia originó una investigación
preliminar en el despacho del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien allanó
el domicilio de Johan Ramírez Chavarry, hermano de Willy Ramírez, y
posteriormente logró que el Poder Judicial dictara impedimento de salida del
país en su contra.
Nórvil Cieza Montenegro, en tanto,
mantuvo vínculos con la UAP en tiempos recientes.
El año pasado fue el asesor de tesis
de dos estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Alas Peruanas.
El primero, Carlos Isaac Acosta Ledesma, se ha desempeñado como secretario de
confianza de los jueces supremos Carlos Arias Lazarte y Eliana Araujo Sánchez,
y optaba el grado de Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos,
mientras que la segunda, Lidia Cristina de la Cruz Arriarán, es fiscal adjunta
provincial de Lima Este y buscaba obtener el grado de doctor en Derecho.
Pareciera un caso de dos por uno,
pues las semejanzas entre ambas tesis son evidentes, comenzando por los
títulos:
Y continúan en la introducción:
Las coincidencias prosiguen en el
marco teórico:
Probablemente gracias a méritos
académicos como esos, Nórvil Cieza Montenegro fue nombrado gerente central de
la Escuela del Ministerio Público el 7 de julio de este año, apenas seis días
después de que Patricia Benavides asumiera la Fiscalía de la Nación.
Cieza encabezó varios eventos
académicos hasta inicios de octubre, cuando fue reemplazado por la abogada
Wendy Ledesma. Sin embargo, se mantiene en la misma Escuela del Ministerio
Público, con el cargo de gerente académico.
No hay nada que hacer. Con Alas
Peruanas y sus pasajeros se vuela lejos.
Publicado el miércoles 09 de
noviembre, 2022 a las 22:12 | RSS 2.0.
Última actualización el martes 22 de
noviembre, 2022 a las 19:59
Última actualización martes 29 de
noviembre, 2022 a las 22:48
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