LA PRIMERA JUGADA FUE DE ANÍBAL.
El jueves 17, el presidente del
Consejo de Ministros, Aníbal Torres, exhortó al Congreso a derogar la Ley
31399. Torres advirtió que cualquier respuesta del Legislativo que no fuera un
“sí”, sería interpretado como un “no”. La disyuntiva cuestión de confianza
quedaba planteada, nada menos que pidiendo la derogatoria de la ley que la
impedía.
¿RECUERDAN LA LEY 31399?
Hasta enero de este año, la ley
peruana establecía que si el Congreso deniega la confianza al Gobierno en dos
oportunidades, este queda facultado para disolverlo. Eso fue lo que sucedió en
octubre de 2019, cuando el Congreso –donde la oposición tenía mayoría– fue disuelto tras una “denegación fáctica”.
Este Congreso quiere evitar a toda
costa que se repita la historia de 2019, y por eso aprobó en enero la Ley
31399. Antes, en octubre de 2021, modificó el artículo 86 de su reglamento
interno. La 31399 impide realizar cualquier consulta ciudadana sin el permiso
del Parlamento y la modificación del artículo 86 indica que el Congreso puede
declarar improcedente una solicitud de confianza sin que ello pueda ser
interpretado como una denegación.
Con eso, parecía que el actual
Congreso quedaba blindado contra los dos mecanismos que podían disolverlo
constitucionalmente: la consulta ciudadana y la cuestión de confianza.
Pero la airada reacción de la
oposición al pedido de Torres, acusándolo de pretender cerrar el Congreso,
indica que los congresistas no confían en la eficacia de las normas que ellos
mismos aprueban y que temen poner a prueba su blindaje.
SILLAS MUSICALES
Es casi seguro que el Congreso
declarará que el pedido de confianza de Torres es improcedente. Pero el viernes
anunció que lo discutirá cuando la misión de la OEA –de visita en Lima– se haya
ido.
¿POR QUÉ ESPERAR?
Es probable que, con las visitas en
casa, el Congreso no quiera dar la impresión de ser intransigente o propiciador
de crisis. Además, buena parte de la oposición percibe a la OEA como
progobiernista e interpreta su presencia en Lima como un apoyo a Castillo y a su
gobierno.
Al final, la oposición –de derecha y
de izquierda– es un amasijo de intereses, objetivos e ideología diversos,
divergentes, enfrentados. Y, paradójicamente, un espejo del oficialismo.
El agente aglutinante allí es
–todavía– el declarado objetivo de inhabilitar a Castillo y a su
vicepresidenta, Dina Boluarte; convocar a elecciones presidenciales (¡no
congresales!) y que gane un candidato afín a sus intereses, para llegar –por lo
menos hasta el 28 de julio de 2026– sentados en la misma curul.
Pero el ánimo vacador pierde fuerza
ante la diversidad de intereses y de objetivos de los congresistas. Y además,
no pesa en las encuestas. Esto es clave para entender por qué la vacancia sigue
perdiendo tracción.
Es cierto que las presiones para
vacar a Castillo son enormes, pero provienen principalmente de grupos sin
representantes asegurados en el Congreso (conglomerados de medios, empresarios
y negociantes, grupos de conservadores, sobre todo de ultraderecha, etc.).
Tienen las ganas, pero no los votos.
Es cierto que hay razones más que
suficientes para sacar a Castillo, claro que sí… y al Congreso también. Pero el
prospecto de una destrucción mutua en el proceso mengua los entusiasmos y drena
los votos necesarios.
Para muchos congresistas, la vacancia
significa un suicidio político y probablemente laboral. ¿Ese suicidio tiene un
precio? No es imposible, pero todavía no sucede.
El gobierno de Castillo no tiene un
gramo de logro que mostrar y está enlodado en fundadas denuncias de corrupción.
Pero afirmar que no hay elementos de racismo y clasismo en el ánimo por vacarlo
es faltar a la verdad. Y quien puede capitalizar toda esa barrosa oscuridad
está de gira por el VRAEM y cercanías, con sus bases de reservistas,
licenciados y etnocaceristas, esperando que la derecha le cumpla aquello de que
nadie sabe para quién trabaja.
COLOFÓN
Hasta la semana pasada, Torres
insultaba al Congreso; este devolvía los insultos; Castillo se victimizaba; el
Congreso amenazaba con vacarlo; Castillo se victimizaba de nuevo y a empezar
otra vez.
HOY, ALGO HA CAMBIADO.
La discusión que seguirá a la
declaración de improcedencia del pedido de confianza de Torres durará semanas
y, seguramente, la ganará el Congreso. Pero ese tiempo favorecerá al Gobierno,
mientras la osteoporosis de las bancadas avanza a medida que cada congresista
se acomoda según crea que se mueve el poder.
En tanto continúe el pleito, el
Gobierno acumulará respaldos, comprará más apoyo inflando presupuestos y
Castillo subirá otro punto en las encuestas. Y la oposición seguirá
resquebrajándose y se le hará más costosa y lejana la posibilidad de vacarlo a
él para quedarse ella.
Más de la mitad de los peruanos cree,
según una encuesta de Ipsos, que “el Congreso debería buscar entenderse con el
Gobierno”. Eso, en la práctica, significa que este Gobierno permanecería hasta el 2026. Y lo más probable es que se
quede –al menos– hasta el 29 de julio del 2025, fecha a partir de la cual el
Congreso se vuelve indisoluble haga lo que haga.
Quizás es lo que todos están
esperando.
Por Por Luis Davelouis
Publicado el miércoles 23 de
noviembre, 2022 a las 17:41 | RSS 2.0.
Actualizado miércoles 23 de
noviembre, 2022 al 19:25
Última actualización martes 29 de
noviembre, 2022 a las 22:48
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