Nueve de los 17 miembros de la Comisión
de Educación del Congreso tienen algún vínculo con los intereses de las
universidades sancionadas por la SUNEDU.
Los ataques contra la reforma universitaria desde
la Comisión de Educación del Congreso no son fortuitos y menos gratuitos. Detrás del sabotaje se esconde un operativo
para mantener a las universidades
sin licencia funcionando indefinidamente y para abrir nuevos centros de educación superior privados con fines de lucro.
La lista de intereses de nueve de los 17
miembros titulares que integran
este grupo de trabajo es reveladora: cinco parlamentarios de la Comisión de Educación estudiaron, se
graduaron o enseñan en universidades que
perdieron la licencia de funcionamiento por no cumplir los requisitos
mínimos de calidad que demanda la
"Ley Universitaria".
Un sexto legislador de este grupo estudia
en una institución que continúa en proceso de licenciamiento.
Y otros tres parlamentarios de la
Comisión de Educación tienen
estrechos vínculos con personajes
que están en campaña permanente contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU), exigiendo la creación de nuevas
instituciones, a pesar de estar prohibido por ley. Ellos son mayoría en
la Comisión de Educación.
La congresista María
Gallardo Becerra, cuyos
ataques a la SUNEDU son
continuos, pertenece, por
ejemplo, a la bancada de Podemos, el partido
de José Luna Gálvez, también
dueño de la Universidad Privada TELESUP, que perdió la licencia
para funcionar en mayo del 2019.
Gallardo estudió Derecho en la Universidad Particular de Chiclayo (UDCH), cesada
en sus funciones el año pasado al no haber podido demostrar el
cumplimiento de ninguna de las
"Condiciones Básicas de Calidad" que exige la Ley Universitaria.
En las
sesiones virtuales de la Comisión de Educación,
Gallardo pidió a la SUNEDU la
"re evaluación" de la universidad donde
ella estudió. También solicitó que la
Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, todavía en evaluación, mantenga su licenciamiento. Gallardo realizó
estudios de posgrado en esta
institución.
"Mi
gran preocupación son los miles de alumnos que piden seguir estudiando
para lograr terminar sus
carreras y que sus universidades se licencien a través de un proceso justo e
igualitario", manifestó Gallardo el pasado
viernes 19. "No al abuso
contra la UDCH (Universidad Particular de Chiclayo)", pretendió fustigar.
Otro
con intereses conflictuados es
el congresista de Unión
por el Perú
(UPP) Rubén Ramos
Zapana. Según la base de datos del observatorio INFOGOB,
Ramos es docente de Química Médica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, de Juliaca. La SUNEDU denegó el licenciamiento de funcionamiento a esta
casa de estudios en marzo
de este año, pocos días antes del inicio de la cuarentena.
El
último miércoles Ramos Zapana
y su colega de bancada Javier Mendoza presentaron un proyecto de ley que
propone declarar en
"emergencia" y reorganizar
el sistema educativo en nuestro
país. El documento de Ramos y Mendoza exige la "derogatoria o modificatoria" de la Ley Universitaria
y plantea la creación de una
"Comisión Especial Multisectorial de Emergencia Educativa" que
reforme "integralmente" el sistema
de educación.
El parlamentario de
Fuerza Popular Gilbert Alonzo Fernández es otro integrante de la Comisión
de Educación con un claro conflicto de intereses en este caso. Alonzo estudió
Ciencias Sociales en la Universidad San Luis Gonzaga, de lea
(UNICA), que perdió la licencia institucional para seguir funcionando en octubre pasado.
Alonzo quien en las sesiones virtuales de este grupo de trabajo suele colocar como fondo de pantalla una fotografia de Alberto
Fujimori y de su hija Keiko no desaprovecha la menor oportunidad
para atacar a la SUNEDU. "Hay
un lobby dentro de la SUNEDU para
beneficiar a universidades
privadas en perjuicio de los alumnos
y egresados de las
universidades públicas",
declaró el legislador fujimorista al diario "Exitosa" el pasado domingo 21.
"Seguiremos en la lucha para lograr
el licenciamiento de la Universidad
Nacional y de la titulación de
nuestros egresados",
reconoció Alonzo Fernández.
El congresista Julio Condori Flores, de Alianza para el Progreso (APP), también es egresado de la
Universidad San Luis Gonzaga. Cursó estudios en la Facultad de Economía y
Contabilidad.
Desde
su ingreso a
la Comisión de
Educación, Condori promueve la
interpelación del ministro de
Educación Martín Benavides y la intervención del organismo
fiscalizador que denegó la licencia
de funcionamiento a la universidad
donde estudió. "El ministro
ha perjudicado a nuestros estudiantes, a nuestros futuros
profesionales. Estas denuncias sobre la entrega de licencias ya lindan
con lo delictivo", manifestó Condori
durante una sesión de la Comisión de Educación, a la que acudió el
ministro Benavides para brindar explicaciones sobre los licenciamientos a la
Universidad Tecnológica del
Perú (UTP) y a la Universidad Peruano
Alemana.
Condori también votó a favor de conformar una comisión
investigadora de los licenciamientos
que otorgó la Sunedu.
El congresista de APP, por cierto, es
uno de los más entusiastas defensores
públicos de Anselmo Magallanes
Carrillo, el rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. En
abril del año pasado la Procuraduría
Pública de la SUNEDU solicitó ante el Ministerio
Público prisión preventiva e impedimento de salida del país para Magallanes y otras autoridades involucradas en una
supuesta emisión de títulos
fraudulentos en esta casa de estudios.
El pasado martes 16 el congresista moqueguano de
Podemos Johan Flores se
pronunció a favor de aprobar una iniciativa de ley para que el Estado proporcione un "rescate
financiero" para las universidades
privadas sin licencia. Entre ellas figura la Universidad Privada José Carlos
Mariátegui, de Moquegua, que perdió la licencia de funcionamiento el
pasado 13 de junio.
A este grupo se suma el congresista Hans
Troyes Delgado, de Acción
Popular. Troyes estudió en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que aún no
ha concluido el proceso de licenciamiento.
La parlamentaria del
Frente Popular Agrícola
del Perú (Frepap) Julia Ayquipa Torres no registra estudios superiores, según
INFOGOB. Sin embargo, uno de sus principales asesores,
Alcibiades Manco Campos, estudió en la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga, condenada al cierre por la mala calidad
de su enseñanza.
Napoleón Puño Lecarnaque, otro integrante
de la Comisión de Educación del Congreso, fue rector de la Universidad
Nacional de Tumbes y ejerció un cargo
directivo en la archipodrida Asamblea
Nacional de Rectores, cuando la presidía
Orlando Velásquez.
Un audio difundido en las redes sociales
en el 2018 reveló que Orlando Velásquez, uno de los presuntos miembros
de la organización
criminal "Cuellos Blancos",
ofreció a sus empleados de la
desaparecida ANR un "examen facilito" para que, cuando se cerrara la ANR, pudieran quedarse a trabajar en la SUNEDU.
El congresista Puño Lecarnaque, del
partido de César Acuña, adelantó
que presentará un proyecto de ley que busca modificar la designación del
Superintendente de la Sunedu. El
argumento de la
bancada del empresario universitario es que, tal y como está ahora la
designación, se vulnera la autonomía
de las universidades.
El
papel de Luis Dioses Guzmán, el presidente de la Comisión de Educación,
ha sido decisivo para armar un pelotón de ataque contra el jefe de la SUNEDU y el ministro de Educación. Dioses
invitó a los congresistas
Cecilia García y Arón Espinoza,
ambos del partido de José Luna Gálvez, a las sesiones de este grupo
de trabajo en las
que participaron los
titulares de Educación y de la SUNEDU. Y
García y su colega Espinoza
aprovecharon la cortesía de
Dioses para atacar duramente a ambos funcionarios. "Están
buscando refuerzos de otros lados del Congreso y los invitan
a las sesiones para atacar a lo que consideran que no
van con sus intereses", dice a esta revista una fuente de la SUNEDU. La
bancada de Podemos, el partido del dueño de la Universidad TELESUP, juega un
rol clave en esta trama.
"Daniel Urresti dijo que su bancada
no se iba a meter con la reforma, precisamente porque hay un
conflicto de intereses con José Luna. Pero esta bancada
hace una
cosa diferente a lo que
anunció Urresti", advierte la fuente.
El presidente de la Comisión de Educación
y el congresista José Luna Morales,
hijo del dueño de Telesup,
presentaron juntos el
proyecto de ley
para suspender el cobro de los peajes durante la pandemia. Y hace algunos
días Dioses Guzmán sorprendió a la Comisión de Educación al poner en la agenda de
debate un predictamen
de ley "'Parte del proyecto de ley presentado por los congresistas
de UPP Ramos Zapana y Mendoza Marquina y que propone declarar en emergencia el
sistema educativo que propuso la
creación de una nueva instancia, por
encima de la SUNEDU, para revisar y
resolver los recursos de
impugnación que podrían presentar
las universidades que se quedaron sin licencia.
El
escándalo que generó
el asunto obligó a Luis
Dioses a retroceder y retirar la iniciativa.
El pasado martes 16 el presidente de la Comisión de Educación
volvió a la carga: planteó
debatir una propuesta para que las
universidades privadas con licencia
rechazada -corno TELESUP, de su
"jefe" José Luna, la Inca
Garcilaso de la Vega y Alas
Peruanas pudieran acogerse a un
"Plan de Emergencia" regulado
exclusivamente para ayudar a las universidades públicas sin licencia.
La bancada del Partido Morado se
opuso y el debate, afortunadamente, no prosperó.
Pero los intentos de la Comisión de
Educación para cambiar las reglas de
juego y favorecer a las universidades
sin licencia no han cesado. Este grupo de trabajo ha citado ya cuatro
veces al mi nistro de Educación entre el 15 de mayo y el 19 de junio de este
año. Y dos veces al superintendente de la SUNEDU Oswaldo Zegarra.
La semana pasada la Comisión de
Educación acordó proponer la creación de una
comisión especial para investigar
las presuntas irregularidades en los
procesos de licenciamiento de la SUNEDU.
Sería la cuarta investigación que afronta
la SUNEDU desde el 2015.
Lo que
está en juego, según diversos analistas, es el negocio de la educación.
Desde que el gobierno de Alberto Fujimori
aprobó una "ley de promoción
de la inversión en
la educación" que
permitió la creación de universidades privadas con fines
de lucro, en 1996, el Perú se convirtió en el segundo país
sudamericano, por detrás del
gigante Brasil, con mayor número
de universidades de baja calidad.
Este escenario empezó a cambiar en el 2018
con la reforma universitaria. En
los últimos dos años la SUNEDU denegó el
licenciamiento de 44 universidades y dos escuelas de posgrado. Entre ellas se encuentran la Universidad Privada TELESUP, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad Alas Peruanas.
La reforma parecía avanzar viento en
popa hasta hace pocos meses, cuando grupos políticos vinculados a los dueños
de universidades privadas tomaron las riendas de la Comisión de Educación del Congreso con una agenda bajo el brazo: mantener a las universidades que obligaron a echar el candado
operando indefinidamente. Y reducir los plazos para la creación y autorización
de nuevas universidades públicas
y privadas a 120 días. Esto, eventualmente, podría también
servir para que, aquellas que fueron
obligadas a cerrar, vuelvan a
levantar la reja con una razón social diferente:
La Sunedu solicitó
una "reflexión
profunda" al Congreso para frenar cualquier propuesta que atente contra la
ley universitaria. Sin embargo
no brindó ninguna aclaración
sobre la norma que amplía el plazo
de cese de las universidades con licencia denegada de dos a cinco
años. Un vocero del Ministerio de Educación dijo a este semanario que la medida buscaría ayudar
a que los centros de estudio sin licencia cumplan con sus obligaciones a tiempo
y que miles de alumnos afectados por la pandemia del covid19
puedan concluir sus carreras.
Pero esta extensión significaría
también que universidades
como la Inca
Garcilaso de la Vega y Alas
Peruanas puedan seguir expidiendo
cartones en el mercado laboral y lucrando durante cinco años más.
La Sunedu señala
que existen una serie de
requisitos para ampliar el periodo de
cierre de un centro de estudios sin
licenciamiento. Y sostiene que la Universidad
Privada TELESUP, del fundador
del partido Podemos, no podrá acceder a este beneficio porque se encuentra inmersa
en un
proceso sancionador por
incumplir, también, el reglamento del
cese de actividades.
Quizá esto explique las últimas movidas
en la Comisión de Educación minada
de "topos".
Por AMÉRICO ZAMBRANO
