Al menos 13 autoridades ediles de las
regiones de Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua recibieron sentencia por
actos de corrupción en los últimos cinco años. El último fue el alcalde de la
Ciudad Blanca Omar Candia Aguilar, quién deberá permanecer 6 años en el penal
de Socabaya, aunque hasta el momento está prófugo.
El viernes pasado la Corte Superior
de Justicia de Arequipa ratificó la sentencia de 6 años de prisión efectiva
contra Omar Candia Aguilar, el alcalde provincial en funciones de esa ciudad.
Con esto, el edil se suma a la lista de otros doce burgomaestres que fueron
sentenciados en los últimos cinco años por actos de corrupción en las regiones
del sur del Perú: Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. Algunos de ellos, al
igual que Candia, fueron sentenciados en medio de sus gestiones.
Cuando Candia Aguilar postuló al
sillón de Arequipa su caso estaba en medio del juicio oral y la Fiscalía ya
contaba con elementos de convicción que hacían prever que sería condenado.
Mientras la lista de autoridades municipales sentenciadas se alarga,
especialistas consultados por Convoca explican que se debería modificar la ley
electoral con el fin de impedir que candidatos con juicios por corrupción, que
pasaron la etapa de control de acusación, postulen a cargos de representación.
Candia sentenciado
Omar Candia supo dilatar su caso y
aplazó el día de su sentencia por más de diez años. Y es que en el 2012 se
denunció que cuando aún era alcalde del distrito de Alto Selva Alegre se había
coludido con sus funcionarios y empresarios del consorcio Soluciones Andinas
para beneficiarlos con el contrato del proyecto de adquisición e implementación
de 40 cámaras de seguridad para dicha comuna. El costo fue de más de S/ 2 millones.
El Ministerio Público abrió un expediente y acusó a Candia por el delito de
colusión agravada. En dos oportunidades los funcionarios de Candia fueron
sentenciados y él dejado libre, pero la Fiscalía apeló y logró un nuevo
enjuiciamiento. Finalmente Candia fue sentenciado a 6 años de prisión efectiva
y la pena fue ratificada el último viernes 18 de noviembre.
Tras el término del juicio, el
juzgado arequipeño ordenó la captura del alcalde de Arequipa, pero desde el
viernes nadie conoce su paradero. Actualmente está prófugo y las autoridades ya
dieron aviso a Migraciones y a la Interpol para su pronta captura. Luego de eso
será llevado hacia el penal de Socabaya, donde se encontrará con el ex
gobernador regional Elmer Cáceres Llica, con prisión preventiva desde noviembre
del año pasado también por supuestos delitos de corrupción.
Omar Candia (derecha) se unirá al exgobernador Elmer Cáceres Llica (izquierda) en el penal de Socabaya.
Más alcaldes sentenciados
La región con más casos es Tacna,
donde un exalcalde de la provincia patriótica y otros de tres distritos fueron
condenados por actos de corrupción. El caso más representativo es el del
exalcalde Jacinto Gómez Mamani. Este gestionó la ciudad entre el 2003 y 2006 y
se coludió con varias empresas para beneficiarlas con contratos para ejecutar
18 obras por un valor total de S/ 33 millones. Gómez Mamani y sus funcionarios
fueron condenados en segunda instancia a 7 años de pena privativa de la
libertad en octubre de este año. Y también fueron sentenciados los
representantes de cuatro empresas.
Otras ex autoridades municipales
tacneñas que fueron condenadas son Denis Quenta Cruz, del municipio de Sitajara
(2011-2014), Fausto Foraquita, de Pocollay (2007-2010), e Ysaúl Rivera Chávez,
de Ite (2007-2010).
En Moquegua también hay un exalcalde
provincial con sentencia condenatoria. Se trata de Alberto Coayla Vilca, quien
fue edil entre 2011 y 2014 y tuvo tiempo para interesarse por la venta de un
terreno de propiedad de la comuna en beneficio de un empresario. En 2019 fue
sentenciado a cuatro años de pena suspendida por el delito de negociación
incompatible. Y en la provincia de Sánchez Cerro también recibió una condena
judicial el exalcalde Pascual Baylón Coaquira (2011-2014) por fraccionar de
manera indebida una obra de mejoramiento de infraestructura de riego.
Y la misma situación pasó en la
ciudad imperial de Cusco. Luis Flores García fue alcalde entre 2011 y 2014 y en
setiembre del 2019 fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida luego de ser
encontrado culpable por la muerte de un obrero municipal. Esto porque como
alcalde no garantizó la seguridad del trabajador, quién murió luego de que una
máquina le cayera encima. Flores García se presentó para las elecciones
municipales de este año, pero no consignó esta sentencia en su hoja de vida.
Por este motivo fue excluido del proceso electoral.
En este departamento también fueron
sentenciados Wilman Caviedes Choque, que fue alcalde distrital de Maranura
(2015-2018), y Manuel Sutta Pfocco, exburgomaestre de Quispicanchi (2019-2022).
Y en Puno, los alcaldes Gregorio
Luque Apaza y Edgar Mamani Coriapaza, quienes gestionaron entre el 2011 y 2014
en los distritos de San Juan el Oro y Platería, fueron sentenciados por
malversar dinero para obras y favorecer a empresas en licitaciones. El último
caso es el de Felipe Vilca Chambi, alcalde del distrito de Muñani hasta marzo
de este año. Este se declaró culpable y se acogió a la terminación anticipada
luego de pedir una coima de S/ 7.400 para acelerar la elaboración de un
expediente de obra.
Alcaldes sentenciados en el sur del Perú
La ley debe cambiar
Al respecto, los analistas políticos
de la Universidad Católica San Pablo, Carlos Timana Kure y Fernando Mendoza
Banda, indican que la ley electoral debe cambiar con el fin de evitar que
candidatos con procesos judiciales en trámite puedan postular.
Timana Kure aclara que estos casos no
son simples denuncias fiscales, sino que han sido investigados por el
Ministerio Público y han pasado la etapa de control de acusación, que es donde
el juez verifica si existen elementos de convicción para iniciar un juicio.
“La idea no es restringir que
cualquiera con investigaciones fiscales pueda postular, porque así un candidato
sería muy fácil de bloquear, simplemente los contrincantes políticos podrían
presentar una denuncia y con eso evitarían su postulación", aclara el
especialista. "Se trata de exautoridades o autoridades en ejercicio que
están investigadas por el Ministerio Público y que ya han sido acusadas ante el
Poder Judicial. Esas personas no deberían poder postular porque ya está en duda
su integridad y en muchos casos existen pruebas, elementos de convicción, que
los involucran”, explica.
Por su parte Mendoza Banda cuestiona
la integridad de estos candidatos y autoridades, que se ven envueltos en actos
de corrupción e insisten en continuar en el poder. “Deja mucho que desear.
Siendo un poco perspicaz, me preguntaría: si ya tengo un juicio, ¿para qué
insistir? Aparte del tiempo y dinero que se pierde también está el descrédito
personal. Pero no, insisten. Y algunas veces son reelectos y en medio de sus
gestiones son sentenciados y tienen que dejar el cargo. Como le ha pasado a
Omar Candia”, añade.
Finalmente, Carlos Timaná y Fernando
Mendoza proponen una reforma, al menos en el reglamento electoral. Timana, por
ejemplo, pide que en las balotas de votación se incluya una casilla en blanco,
para que los electores la marquen en caso ningún candidato les convenza. “Que
el voto en blanco sea explícito. Creo que así se le da la opción al ciudadano.
Si el voto blanco es mayoritario se realiza un nuevo proceso electoral con
nuevos candidatos que no estén cuestionados, que no tengan juicios o que no
estén involucrados en la corrupción”, puntualiza.
Por Roberth Orihuela | 24 Noviembre,
2022
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