RIESGO. La Contralaft encargó el estudio para conocer los "problemas concretos" del sector de casinos y tragamonedas, una actividad "en sí riesgosa".
Desde el régimen de Alberto Fujimori,
el negocio de los casinos –de alto riesgo por la penetración del lavado de
dinero, según la Unidad de Inteligencia Financiera– ha sido cercano a la
elaboración de sus políticas, sus representantes en el Parlamento y su
candidata presidencial. La elección del Bicentenario no ha sido la excepción. Se identificó a 17 financistas de las apelaciones de Keiko Fujimori
ante el Jurado Nacional de Elecciones: uno de ellos es representante del casino
Emporium y tesorero de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar, y el otro dueño
de la cadena de tragamonedas Mythic.
Un grupo de 17 personas –entre ellos
un representante de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), Rubén Awa
Matsukawa; un empresario del mismo sector, Iván Katekaru Gushiken; así como
otros del rubro inmobiliario y legal– financiaron el pago de tasas de más de
300 apelaciones presentadas por el partido de Keiko Fujimori, ante el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE), para revertir los resultados oficiales que dan
como ganador a Pedro Castillo, de Perú Libre, al 100% del conteo de la ONPE.
La ley electoral indica que el
personero legal de cada partido deberá pagar una tasa de S/660 por cada
apelación planteada ante el Pleno del JNE. OjoPúblico comprobó que Katekaru
Gushiken y Awa Matsukawa, relacionados al negocio de juegos de azar, pagaron
más de S/25 mil en 39 apelaciones, que representan el 12,6% de los más de S/203
mil solventados en favor de Fuerza Popular después de la segunda vuelta del 6
de junio. Dichos pagos deberán ser reportados como aportes de campaña por
Fujimori, según la normativa.
Katekaru Gushiken es un empresario de
46 años vinculado a, por lo menos, 12 compañías del sector de juegos de azar y
tragamonedas. Su principal marca es la cadena Mythic, con cuatro locales en Los
Olivos, Breña, Cercado de Lima y el Callao; aunque también cuenta con una sala
de juegos llamada ‘Bambú’ en Tarapoto, San Martín. Awa Matsukawa, por su parte,
tiene 52 años; es apoderado de Inversiones Kyodo, cuyo nombre comercial es
Emporium; y ejerce como tesorero del citado gremio de juegos de azar desde
1998.
LOS JUEGOS DE AZAR TIENEN ALTO RIESGO
DE LAVADO DE DINERO, SEGÚN LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF).
De los 39 pagos identificados,
Katekaru Gushiken financió el costo de 16 pagando S/10.560; mientras que Awa
Matsukawa pagó S/15.180 por los 23 recursos legales restantes de segunda
instancia. Los números de sus documentos de identidad están impresos en cada
uno de estos 39 comprobantes de pago que fueron entregados por Fuerza Popular,
y que están alojados en el portal del JNE.
La aparición de estos empresarios,
como financistas del pago de tasas de Fuerza Popular, confirma una relación de
larga data entre el fujimorismo y el sector de juegos de azar. El régimen de
Alberto Fujimori inafectó del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) a
este sector; por lo cual el Estado dejó de recaudar alrededor de S/400 millones
al año, desde el 2017, según el Ministerio de Economía y Finanzas. El Marco
Macroeconómico Multianual proyecta que no se recaudará S/174 millones este año
debido a dicha medida.
En 2018, el Gobierno impuso un
Impuesto Selectivo al Consumo para los juegos de azar. Fuerza Popular y el
excongresista, Miguel Torres, intentaron derogar esa medida con un proyecto de
ley, que no llegó a ser aprobado. Torres fue integrante, hasta 2016, del
estudio Torres y Torres Lara, que defiende a clientes del sector de
tragamonedas. Según la acusación fiscal contra Fujimori por el Caso Lava Jato,
dicha iniciativa legal fue un intento para “favorecer a grupos de poder
empresarial vinculados a la organización criminal”.
Fotografía de Keiko Fujimori y Miguel
Torres.REAPARICIÓN. Miguel Torres era parte
del equipo legal de Keiko Fujimori, hasta que el Poder Judicial ordenó que no
se reúna con ella por ser testigo del caso Lava Jato.
Foto: OjoPúblico / Óscar Rosario
La relación entre Fuerza Popular y
dueños de casinos, efectivamente, está bajo investigación del Ministerio
Público, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha alertado
sobre los enormes riesgos de lavado de dinero en dicho sector. De acuerdo al
Equipo Especial Lava Jato, el empresario José Sam Yuen ─dueño de los casinos
Golden Palace y Hacienda, y de las salas de juego Tropicana, Copacabana y
Silver Moon─ reclutó a 11 falsos aportantes para la campaña de Fuerza Popular
en 2011 y 2016.
La acusación contra Fujimori,
presentada por el fiscal José Pérez Gómez, incluye además a la empresaria Sil
Yok Lee como presunta cómplice del delito de lavado de dinero e integrante de
dicha organización criminal. En 2020, se reveló que ella y su hijo Juan
Yi Lee, ambos aportantes de Fuerza Popular, son dueños del grupo empresarial
que controla las salas Wan Wha en el Callao y Bingo Palace en Surco. Este
conglomerado incluye sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas, a
través de Mossack Fonseca.
El sector de casinos y tragamonedas,
como muchos otros del rubro de entretenimiento a nivel nacional, ha sido uno de
los afectados por la pandemia debido a las restricciones sanitarias. Entre
noviembre del 2020 y abril de este año, trabajadores de este sector han
realizado diversos plantones en Lima, exigiendo la reactivación de sus
actividades. Mientras tanto, empresarios de juegos de azar han destinado parte
de su capital al financiamiento de la estrategia legal de Fuerza Popular.
Los financistas de las apelaciones, de Fuerza Popular
En la lista de financistas de las
apelaciones de Fuerza Popular, destacan Katekaru
Gushiken y Awa Matsukawa; quienes pagaron, en conjunto, un total de S/25.740
para que dicha agrupación política pueda presentar 39 recursos legales ante el
Pleno del JNE. A la fecha, del total de 271 apelaciones que fueron admitidas
para trámite y que buscan anular mesas de sufragio donde ganó el candidato de
Perú Libre, dicha autoridad electoral ha rechazado alrededor de 81 recursos por
falta de pruebas.
Katekaru Gushiken es natural de Lima,
hijo del comerciante Carlos Katekaru Kadekaru y de Mercedes Gushiken. De
acuerdo a los Registros Públicos, su primera incursión en el sector de juegos
de azar ocurrió en el 2003, con la fundación en Breña de la compañía Triple
Play, dedicada a la administración de tragamonedas. Katekaru Gushiken
constituyó esta empresa junto con su socio Roberto Arakaki Taba, con quien
registra un largo historial de inversiones conjuntas en el sector de apuestas.
Ambos socios son los dueños de la
cadena de tragamonedas Mythic, con cuatro locales en la capital y el Callao. El
primero está ubicado en la avenida Antúnez de Mayolo, en Los Olivos. En dicha
dirección están registradas tres compañías que fueron constituidas por Katekaru
Gushiken y Arakaki Taba, entre 2012 y 2014: Okanecorp, Okanekin e Inversiones
Gaming Kin Capital. Esta última sociedad es la única de las tres que se
encuentra de baja ante la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (Sunat).
Fotografía de la fachada de la sala
de juegos de azar Mythic
CADENA. La sala de juegos Mythic, de
propiedad de Iván Katekaru Gushiken, financista de Fuerza Popular, tiene cuatro
locales distribuidos en Lima y el Callao.
Foto: Facebook de Mythic
En 2015, además de fundar una octava
empresa bajo el nombre de Okanefiori en San Martín de Porres, Katekaru Gushiken
y Arakaki Taba expandieron sus negocios fuera de Lima. Ese año constituyeron
Tokanet SAC en el jirón Jiménez Pimentel, en Tarapoto, San Martín; donde
funciona la “Sala de Juegos Bambú”. Katekaru Gushiken es, además, gerente
general de Menfixa, una compañía que administra la sala de juegos Memphis en
Los Olivos, y de La Máxima, que controla el tragamonedas Metrópolis en San Juan
de Miraflores.
Katekaru Gushiken registra la
importación de máquinas tragamonedas y accesorios de estas, entre los años 2012
y 2013, a través de otra empresa vinculada a él: Okane SAC, que hoy se
encuentra en liquidación. En 2013, se sumó Okanecorp a esta labor. Las
importaciones de ambas empresas ascienden a US$335 mil en dicho periodo de dos
años, y sus principales proveedores son Guangzhou Zhengyu Trading de China, y
Spielo International de Canadá.
IVÁN KATEKARU GUSHIKEN FINANCIÓ 16
APELACIONES DE FUERZA POPULAR ANTE PLENO DEL JNE CON MÁS DE S/10 MIL.
El segundo empresario del sector de
juegos de azar y financista de las apelaciones de Fuerza Popular es Awa
Matsukawa, quien es natural de Lima e hijo de Jose Awa Matayoshi y Ana Masoko
Matsukawa. En 2003, dicho empresario y otros cinco socios ─Ángel Gima
Shimabukuro, José Kohatsu Hirano, Daniel Moromisato Kanashiro, Rafael Arashiro
Oshiro y David Shimabukuro Makikado─ fundaron Nikkei Investment SA. De acuerdo
a su partida de inscripción, se dedica a la administración de tragamonedas.
Desde ese mismo 2003, sin embargo,
Awa Matsukawa ya figuraba como representante de otra empresa de juegos de azar:
Inversiones Kyodo. De acuerdo a los Registros Públicos, Awa Matsukawa figura
desde dicho año como representante de Inversiones Kyodo ante la Sociedad
Nacional de Juegos de Azar (Sonaja), gremio que agrupa a las empresas de este
sector. A la fecha, según el portal web de dicha asociación, Awa Matsukawa se
mantiene como tesorero de la entidad, y aún vinculado a Inversiones Kyodo.
Inversiones Kyodo es una compañía
constituida en 1998 por siete socios: Pedro Tokashiki Gamaja, Ricardo Ogusuku
Oshiro, Francisco Tamashiro Oyakawa, Ricardo Ganaja Kamistao, Juan Gibu
Tsukayama, Tomas Miyasato Miyasato y Rafael Arashiro Oshiro. Este último
también es fundador de Nikkei Investment junto con Awa Matsukawa. La sala de
juegos Emporium, ubicada en San Borja, es administrada por Inversiones Kyodo; y
Awa Matsukada es apoderado de dicha empresa desde 2009, de manera oficial.
RELACIÓN. Rubén Awa figura desde el
año 2003 como representante de Inversiones Kyodo, que administra la sala de
juegos Emporium en San Borja.Imagen: Google Maps
Ante la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Inversiones Kyodo está registrada como importadora de equipos vinculados a este sector. Desde 2013, esta compañía ha importado productos por más de US$615 mil; y sus principales proveedores son Aristocrat Technologies de EE.UU., Baez y Ayala Group de México, Guangzhou Zhengyu Trading de China, e International Game Technology (IGT) de Inglaterra.
Awa Matsukawa, además, ha sido
financista de la campaña regional de Fuerza Popular en Ica, en el 2014. De
acuerdo a la base de datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE), dicho empresario aportó S/20 mil en publicidad para la lista que encabezó
Fernando Cilloniz Benavides, quien sería elegido como gobernador regional.
Nuestro medio intentó contactarse con Awa Matsukawa y Katekaru Gushiken para
recoger sus comentarios sobre este reportaje, pero no hubo respuesta hasta el
cierre de edición.
Además de Katekaru Gushiken y Awa
Matsukawa, OjoPublico detectó otros 15 financistas de las apelaciones que
fueron presentadas por Fuerza Popular ante el Pleno del JNE. Esta lista es
encabezada por Álvaro Estrada Briceño con el pago de S/25.080 por 38 recursos
legales del fujimorismo. Estrada Briceño es gerente general de la constructora
AJJ Contratistas Generales y de la inmobiliaria Evergran Grupo Inmobiliario.
La lista continúa con José Roberto
Estremadoyro Ramírez, quien desembolsó S/19.140 para financiar 29 apelaciones
de Fuerza Popular. Dicho empresario es administrador de compañías dedicadas a
la venta de productos médicos. También aparece Rafael Isidoro Franco Montes,
empresario dedicado al sector transporte y que tuvo un breve paso por la
política, como candidato al Congreso en 1995 por la organización Renovación.
RUBÉN AWA MATSUKAWA PAGÓ S/15.180.
PARA FINANCIAR UN TOTAL DE 23 RECURSOS LEGALES DE FUERZA POPULAR.
En el listado de financistas aparece
también Rosa María Perales Rivera, abogada y fundadora del estudio legal
Perales & Asociados, que tiene oficinas en Lima y en el norte del país. Su
aporte asciende a S/16.500 y está vinculada a 25 apelaciones. Dicho aporte ha
sido incluido en las indagaciones del despacho del fiscal José Pérez Gómez, quien
ha abierto una nueva investigación por presunto lavado de dinero contra
Fujimori.
En la lista además destaca Manuel
Marquez San Román. Este último ─gerente general de la compañía Linings,
dedicada a la fabricación de maquinaria─ ha pagado S/15.180 por otras 23
apelaciones de Fuerza Popular. Le sigue Karl Reusche Arambulo con S/12.540 por
19 recursos legales del fujimorismo en segunda instancia. Reusche Arámbulo está
dedicado a la gerencia de compañías de consultoría empresarial e inmobiliarias.
La lista de financistas también
incluye a las excongresistas fujimoristas Milagros Takayama Jiménez y Alejandra
Aramayo Gaona, quienes financiaron, en conjunto, 21 apelaciones por un total de
S/13.860. Otros 85 recursos legales fueron pagados por José Navarro Tantalean
(S/11.220), Stephan Reusche Ciriani (S/10.560), Erika Márquez San Román
(S/10.560), Enrique Portaro Pancorvo (S/9.900), Jaime Barco Roda (S/8.580),
Steve Wakeham Penny (S/3.960) y Adolfo Laura Chirinos (S/1.320).
Por: Ernesto Cabral
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