Un agricultor que cultiva palma aceitera, un minero
artesanal, un empresario que transfiere sus bienes y un médico son los
virtuales gobernadores de cuatro regiones de la Amazonía peruana. Todos tienen
en común investigaciones por corrupción y otros delitos que se les atribuyen
durante el ejercicio de la función pública mientras lideraban gobiernos
regionales o municipalidades. Con el historial de las nuevas autoridades de
Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Loreto, el futuro de la población en los
territorios amazónicos se presenta incierto.
Un futuro incierto le aguarda a la Amazonía peruana, pues
exgobernadores y exalcaldes investigados por corrupción y otros delitos son los
virtuales gobernadores de cuatro regiones, como resultado de estas Elecciones
Regionales y Municipales 2022. Además, dos de estas nuevas autoridades son
accionistas de empresas que realizan actividades relacionadas con la deforestación
de estos territorios: el cultivo de palma aceitera y la minería artesanal.
Los candidatos a gobernadores regionales que ocuparon los
primeros puestos en Ucayali, Madre de Dios, Loreto y San Martín obtuvieron más
del 30% de los votos válidamente emitidos, por lo que asumirán estos cargos
públicos, mientras que, en Amazonas, el postulante con mayor votación no superó
esta valla y tendrá que disputar una segunda vuelta con su contendor más
cercano.
Tres de los cuatro virtuales gobernadores amazónicos
pertenecen a partidos políticos nacionales y sólo uno integra un movimiento
regional. Por el Partido Democrático Somos Perú, fueron elegidos Jorge René
Chávez Silvano, en Loreto, y Walter Grundel Jiménez, en San Martín. En
representación de Avanza País ganó Luis Otsuka Salazar.
Ajeno a una bandera partidaria, en Ucayali, fue electo Manuel
Gambini Rupay, del Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino. En
Amazonas, el gobernador será elegido en un balotaje entre Gilmer Horna, de
Sentimiento Amazonense Regional, y Grimaldo Vásquez Tan, del Movimiento
Regional Victoria Amazonense.
Los virtuales gobernadores amazónicos no sólo tienen en común que son investigados por el Ministerio Público y afrontan procesos en el Poder Judicial por corrupción y otros delitos, sino tambíén que aparecen en informes de la Contraloría General de la República por irregularidades en obras realizadas cuando ocuparon cargos públicos.
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“¿Cómo es posible que, por yo abrir una carretera en el Manu,
tenga denuncia? Una carretera es para llevarle el desarrollo a los pueblos que
viven en extrema pobreza. Me están investigando por abrir una carretera. Ya van
siete años pagando abogado”, se quejó Luis Otsuka, virtual gobernador de Madre
de Dios, cuando Convoca.pe le preguntó sobre la investigación que afronta por
delitos ambientales.
En su primer año como gobernador de Madre de Dios, en 2015,
Otsuka inició la construcción de una carretera entre Nuevo Edén y Puerto
Shipetiari, sin solicitar la opinión técnica del Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Dicha entidad advirtió que la vía
beneficiaría a taladores y mineros ilegales y afectaría la zona de
amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, donde viven comunidades
nativas y grupos de indígenas en aislamiento voluntario y que está ubicada
cerca al Parque Nacional del Manu.
Como Otsuka insistió en construir la carretera de 12
kilómetros, la Fiscalía Provincial en Materia Ambiental de Madre de Dios le
inició una investigación preliminar, en septiembre de 2015, por presuntos
delitos ambientales contra los recursos naturales en agravio del Estado
Peruano.
Esta fue una de las tantas veces que Otsuka desafió a
entidades del Poder Ejecutivo durante su gestión como gobernador. Su público
enfrentamiento con el ministro del Ambiente, Javier Pulgar-Vidal, en la gestión
del presidente Pedro Pablo Kuczynski, motivó que el titular de esta cartera lo
acusara de “querer la impunidad total en Madre de Dios y pretender destruir la
Amazonía”.
Hoy, Luis Otsuka vuelve “recargado” al Gobierno Regional de
Madre de Dios, respaldado por el 31% de los votos de su región. El único
gobernador electo por Avanza País amenaza con denunciar ante el Poder Judicial
“a todos esos corruptos y ladrones”. “Y si tuviese el poder, los elimino a
todos esos ladrones. Hay que ordenar el Perú. Hay que hacer una limpieza, pero una
limpieza moral”, agrega.
El virtual gobernador de Madre de Dios, el empresario minero Luis Otsuka, afronta una investigación por delitos ambientales, iniciada durante su primera gestión al frente de la región, en 2015. Foto: Facebook
Elecciones 2022
El virtual gobernador de Madre de Dios, el empresario minero
Luis Otsuka, afronta una investigación por delitos ambientales, iniciada
durante su primera gestión al frente de la región, en 2015. Foto: Facebook
Al término de su gestión en el Gobierno Regional, en 2019,
Otsuka retomó la actividad extractiva con Minera K-1. Sus ingresos declarados
en 2021 suman 1 millón 534 mil 535 soles, por el ejercicio de su labor en el
sector privado. “¿Y le parece mucho que declare yo mis ingresos, mis egresos?
Eso me está controlando la Sunat”, respondió a este medio digital sobre la alta
suma que percibe anualmente.
Además, Otsuka es titular de tres concesiones mineras y un
grifo, posee predios con un valor total de autovalúo superior al medio millón
de soles y 14 vehículos por una suma de medio millón de soles, de acuerdo con
su declaración jurada de hoja de vida presentada al JNE.
“Ja, ja, ja. Me está tomando como si yo fuese el malo, el
depredador. Yo trabajo porque tengo concesión minera y eso lo tienen todas las
grandes empresas. ¿Por qué no cuestionan a las grandes empresas que tienen
concesiones? Yo también tengo concesión y me dicen que estoy depredando”,
responde Otsuka sobre su ocupación como minero artesanal.
Acerca de una supuesta alianza con los mineros ilegales,
Otsuka asegura que es un mito que han creado en su contra. Además, acusa al
Estado de generar la mayor ilegalidad en la minería y afirma que “el Perú es el
único país del mundo que ha prohibido trabajar a la minería artesanal”.
El agricultor de palma aceitera
En Ucayali, Manuel Gambini, del Movimiento Independiente
Cambio Ucayalino, obtuvo el 37,6% de los votos, por lo que volverá a gobernar
esta región, tal como lo hizo del 2015 al 2018. Antes de llegar al sillón
regional, fue alcalde de la Municipalidad Distrital de Irázola durante dos
periodos entre 2007 y 2014.
En agosto de este año, la Fiscalía Especializada contra la
Criminalidad Organizada de Ucayali formalizó y dispuso la continuación de una
investigación preparatoria por un plazo de 36 meses a Manuel Gambini y otras 58
personas, acusados de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de
tierras y lavado de activos.
De acuerdo con la tesis del fiscal Dennis Vargas Sotelo, esta
red delincuencial, supuestamente conformada por Gambini y otros funcionarios de
su gestión como gobernador regional, entregaba títulos individuales de tierras
consideradas intangibles. Estas formaban parte de bosques de protección permanente
o de comunidades indígenas que aún no estaban tituladas.
Con el título, los nuevos propietarios vendían sus tierras a
la empresa de cultivadora de palma aceitera Plantaciones de Ucayali (la misma
que luego las transfirió al grupo Ocho Sur) para cultivar palma aceitera.
Durante los tres años que gobernó Manuel Gambini, la Fiscalía identificó que el
Gobierno Regional de Ucayali emitió 128 certificados de posesión de terrenos,
con una extensión total de más de 4 mil hectáreas, en el distrito de Nueva Requena,
en la provincia de Coronel Portillo.
"Esta última denuncia me sorprende. No tengo ni arte ni
parte, pero los que deberían de estar ya no están", dijo Manuel Gambini al
medio regional La Voz Ucayalina, en agosto último. En este caso, el fiscal Dennis
Vargas archivó la investigación a Celia Isabel Prado Seijas y Miguel Ángel
Seijas Del Castillo, exdirectores de agricultura en el gobierno de Jorge
Velásquez Portocarrero, y al empresario Dennis Melka.
El entonces candidato negó que tenga que ver con Plantaciones
de Ucayali y su director Dennis Melka, empresario estadounidense investigado
por la deforestación masiva que le permitió plantar casi 11 mil hectáreas de
palma aceitera en la selva de Ucayali. Gambini ecordó que cuando asumió el
gobierno regional en 2015, esa empresa ya estaba cosechando su palma.
La Fiscalía investiga a Manuel Gambini, virtual gobernador de Ucayali, por su presunta participación en una organización criminal de tráfico de tierras y lavado de activos. Foto: Facebook
Elecciones 2022
La Fiscalía investiga a Manuel Gambini, virtual gobernador de
Ucayali, por su presunta participación en una organización criminal de tráfico
de tierras y lavado de activos. Foto: Facebook
Junto con Gambini son investigadas otras 58 personas, la
mayoría han sido funcionarios públicos. Uno de ellos es Isaac Huamán Pérez, ex
director de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, quien es acusado
de ser el cabecilla de la organización criminal y otorgar de forma ilegal
derechos de posesión de tierras. De acuerdo con información del expediente
fiscal publicada por Convoca.pe, Huamán era protector de la empresa
Plantaciones de Pucallpa, de Dennis Melka.
"Hay funcionarios regionales investigados porque se han
beneficiado económicamente a través del otorgamiento ilegal de derechos sobre
tierras de la Amazonía. Isaac Huáman Pérez está imputado por delitos contra la
comunidad de Santa Clara de Uchunya", explicó a este medio Álvaro Másquez,
abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que defiende a esta comunidad
indígena en un proceso penal ambiental por crimen organizado. Huamán fue
detenido el 12 de diciembre de 2018.
A los comuneros de Santa Clara de Uchunya les tocó enfrentar
al Grupo Melka, un conglomerado transnacional que accedió a estos territorios que
ellos reclaman como tierras ancestrales. "De un día a otro, llegaron
decenas de tractores que se instalaron sobre siete mil hectáreas que habían
negociado previamente y empezaron a desforestarlas, árbol por árbol. Dentro del
territorio hay una plantación de palma aceitera en siete mil hectáreas de
bosque, lo que ha generado un perjuicio permanente en la comunidad",
recordó el abogado Álvaro Másquez.
Al referirse al investigado Isaac Huamán, ex funcionario
durante su gestión en el gobierno regional, Manuel Gambini dijo a La Voz
Ucayalina: "No estoy para taparle a un funcionario o una funcionaria.
Nosotros nombramos, pero como son unidades ejecutoras las direcciones
regionales, tampoco estamos metidos en todo. Si alguien falló, que la justicia
diga si cometió o no faltas y errores".
La Fiscalía investiga al virtual gobernador de Madre de Dios,
Luis Otsuka, por delitos ambientales y al de Ucayali, Manuel Gambini, por
integrar una organización criminal dedicada al tráfico de tierras y lavado de
activos".
En el Ministerio Público, Manuel Gambini figura con seis
investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias, contra la
administración pública, colusión, malversación y omisión, rehusamiento o demora
de actos funcionales, de acuerdo con el portal Vigilancia Electoral. En el
Poder Judicial, tiene cuatro procesos por supuestos delitos contra la
administración pública, cohecho activo genérico, peculado y colusión.
Al ser consultado por el número de investigaciones fiscales y
juicios que tiene, Manuel Gambini respondió a La Voz Ucayalina: "Tengo
varias denuncias preliminares" y explicó que lo involucraron en casos de
las direcciones regionales porque que era titular del gobierno regional.
Además, Manuel Gambini aparece en cuatro informes de control
de la Contraloría General de la República realizados entre 2018 y 2019. Estos
están relacionados con obras, contrataciones, adjudicaciones de predios y
nombramiento de funcionarios durante su gestión como gobernador regional de
Ucayali.
Palmicultor, cacaotero, dedicado a actividades agrícolas, es
la ocupación que Manuel Gambini declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones
para los últimos comicios. Sus ingresos anuales ascienden a S/ 343.316 y
provienen de intereses originados por la colocación de capitales, regalías,
rentas vitalicias, entre otros.
Manuel Gambini es accionista en tres empresas: Servicentro
Palma SAC, Oleaginosas Amazónicas SAC y y Agroindustrias Oleaginosas del Perú,
que cultivan y extraen aceite de palma. Tiene 14 predios registrados a su
nombre, la mayoría rurales y ubicados en Pucallpa. Diez de ellos fueron
adquiridos por adjudicación y cuatro por compra venta.
El empresario que dona sus bienes
“Yo tengo ocho años de alcalde en la provincia de San Martín.
He hecho muchas obras sin ninguna denuncia de corrupción y eso me da una
garantía de que yo trabajo en base a resultados”, aseguró Walter Grundel, del
partido Somos Perú, a los periodistas que le preguntaron sobre las
investigaciones que tiene en el Ministerio Público, tras una reunión que
tuvieron los gobernadores electos con el presidente Pedro Castillo, el último
lunes.
Sin embargo, el gobernador electo de San Martín tiene un
proceso en el Tercer Juzgado Unipersonal de Tarapoto, con número de expediente
936-2017, por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado. A
Walter Grundel se le acusa de contratar irregularmente a una empresa para el
cobro de deudas a Telefónica del Perú, lo que habría generado un perjuicio
económico de más de 100 mil soles a la Municipalidad de San Martín, cuando era
alcalde provincial, en 2015.
Por un audio difundido en redes sociales el 17 de octubre de
2021, la jueza del Tercer Juzgado Unipersonal de Tarapoto, Mariella Del Rocío
Vargas Flores, se apartó del proceso contra Walter Grundel, en la etapa del
juicio oral, a solicitud de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Tarapoto.
En la grabación, un interlocutor, que se sospecha que sería
Walter Grundel, se refiere a hacer un pago de "150", a hablar con una
jueza, de nombre Mariella, y a tener cuidado con su esposo, de apellido Sotelo.
Estos datos coincidían con la magistrada y su cónyuge, por lo que la Fiscalía
argumentó que la investigarían por presuntos hechos de corrupción para
favorecer al exalcalde.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el
exalcalde Grundel negó que haya sido una de las personas que aparece en el
audio donde se alude a una coima para la referida jueza.
Publicación del Ministerio Público tras difusión de audio de Walter Grundel que involucraría a jueza a cargo de proceso por colusión.
Publicación del Ministerio Público tras difusión de audio de
Walter Grundel que involucraría a jueza a cargo de proceso por colusión.
En 2018, la difusión de otro audio de Walter Grundel generó
el inicio de una investigación fiscal por una supuesta conversación con el ex
presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas. Este último habla
de un traspaso de maquinaria pesada y se compromete a financiar la candidatura
para la reelección del entonces burgomaestre de San Martín y a conseguirle
obras públicas. El diálogo se habría producido en 2013.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Tarapoto inició
una investigación a Walter Grundel y a Víctor Isla, por el presunto delito de
lavado de activos, en la carpeta fiscal 1369-2017. El exalcalde aceptó
públicamente que su voz estaba en la grabación, mientras que el extitular del
Congreso lo negó.
A su salida del Palacio de Gobierno, el virtual gobernador de San Martín, Walter Grundel, dijo que no tiene denuncias por corrupción, lo cual no es cierto. Foto: Presidencia de la República.
Elecciones 2022
A su salida del Palacio de Gobierno, el virtual gobernador de
San Martín, Walter Grundel, dijo que no tiene denuncias por corrupción, lo cual
no es cierto. Foto: Presidencia de la República.
El traspaso de bienes no es una novedad para Walter Grundel.
En su declaración jurada de hoja de vida presentada este año al JNE, el
candidato informó que no tenía ningún inmueble, pues el último registrado a su
nombre lo otorgó a otra persona, en calidad de donación, en junio de 2022.
Además, transfirió la propiedad de diez de los 15 vehículos registrados a su
nombre, por un valor de más de 170 mil soles, en favor de terceros, también
como donación.
El año pasado, Walter Grundel percibió 15 mil 390 soles de
ingresos anuales, en el sector privado, según declaró al JNE. Desde 2018, es
gerente general y accionista de la empresa Agroavícola Escalera. A partir de
2021, también ocupa la gerencia general del Grupo Las Brisas, empresa de la
cual dejó de ser accionista, en 2016, porque transfirió sus acciones en favor
de un tercero.
El exalcalde también tiene un proceso judicial por el
presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del
cargo, iniciado en 2016. Ya se emitió sentencia y se encuentra en estado de
apelación.
Walter Grundel fue alcalde provincial de San Martín en dos
períodos, de 2011 a 2014, y de 2015 a 2018. Por su gestión en dicho municipio,
aparece en dos informes de la Contraloría General de la República: en 2017, por
la ejecución contractual de una obra de saneamiento, y en 2019, por ampliaciones
de plazo de la obra de construcción de un puente vehicular sobre el río
Shilcayo.
Jorge René Chávez, virtual gobernador de Loreto, a su salida de Palacion de Gobierno. Tiene investigaciones por peculado en la Fiscalía Anticorrupción y tuvo una sanción administrativa. Foto: Presidencia de la República.
Jorge René Chávez, virtual gobernador de Loreto, a su salida
de Palacion de Gobierno. Tiene investigaciones por peculado en la Fiscalía
Anticorrupción y tuvo una sanción administrativa. Foto: Presidencia de la
República.
El llamado médico del pueblo
El virtual gobernador de Loreto, Jorge René Chávez, del
partido Somos Perú, se hace llamar el médico del pueblo, apelativo que se
autoimpuso cuando brindaba atención médica en los barrios de Loreto durante la
pandemia del Covid-19.
Entre 2015 y 2018 fue alcalde provincial de Datem del
Marañón. En 2020, trabajó en la Dirección Regional de Loreto y, en 2021, en el
sector privado. A diferencia de las otras autoridades regionales, René Chávez
sí tiene estudios superiores y ha declarado ante el JNE que vive de su
profesión de médico. En 2021, su ingreso anual fue de 35 mil 830 soles.
René Chávez afronta tres investigaciones por peculado en las
Fiscalías Anticorrupción y un proceso judicial por omisión, rehusamiento o
demora de actos funcionales. Además, el candidato declaró que tenía una sanción
derivada de un proceso administrativo disciplinario, que se encontraba en plazo
de apelación para ser resuelto por el tribunal de Servir, la entidad del
Servicio Civil. Dicha sanción ya no figura en el registro de esa autoridad.
Chávez consideró esa sanción como una persecución política.
Lo sancionaron por haber recibido y permitido el pago de incentivos laborales a
funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Loreto, en noviembre y
diciembre de 2020, por montos mayores a los establecidos en la escala única de
incentivos aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
“Debo decirles que estemos del lado correcto y, de una vez
por todas, hagamos las cosas denunciando los actos de corrupción, que hacen
bastante daño al país”, dijo el presidente de la República, Pedro Castillo, el
último lunes, a los virtuales gobernadores regionales que acudieron a Palacio de
Gobierno, entre ellos las nuevas autoridades de Loreto y San Martín. Este es el
pedido de un mandatario investigado por corrupción y otros delitos formulado a
nuevas autoridades que son investigadas por hechos similares.
FUENTE: Por Elena Miranda | 13 Octubre, 2022
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