"'Dos hojas del informe de la ContralContraloríaria en relación a la compra y la empresa elegida: resulta que en mayo suspendió perfectamente a sus 20 trabajadores.
El gobierno pretende comprar 1'056,430
tablets para fines de julio.
El problema es que la Contraloría ha señalado que "TOPSALE
S.A.C no está en capacidad de cumplir un contrato de tales dimensiones.
El miércoles 24, durante una conferencia en Palacio de Gobierno,
el ministro de Educación, Martín Benavides, anunció al país que el proceso de adquisición de las
tablets para los alumnos y profesores de bajos recursos estaba en la etapa
final.
Pepito
Grillo, al parecer, también está en cuarentena. Lo cierto es que el proceso
de licitación fracasó en dos ocasiones y, finalmente, el 19 de junio se salió del
cauce eligiendo a dedo a una empresa. Sin embargo, todavía no hay contrato
firmado. "Estamos ultimando detalles de los costos", dijo a esta
publicación un vocero de la oficina de
prensa del Ministerio de Educación. Y no es la única mala
noticia sobre las mentadas
tablets.
Un informe de carácter reservado que la
Contraloría envió al Ministerio de Educación la sema na pasada advierte que
el proyecto podría ser un fracaso.
El documento, entregado a esta revista
por un alto funcionario del MINEDU, está dirigido a la viceministra de Gestión Pedagógica, Diana Marchena Palacios. El informe sostiene, entre
otras cosas, que se contempla
pagar servicios de intemet para tablets
que se utilizarán en poblados donde ninguna empresa de telecomunicación tiene cobertura
de red.
La auditoria de
la Contraloría también
señala que el jefe del equipo que lideró
las dos licitaciones que fracasaron no tenía la preparación que requería el
cargo.
Tal como lo contó este semanario en una
edición anterior, el pasado 19 de
abril el gobierno emitió un decreto
legislativo que ordenaba la compra de 1'056,430 tablets, 200,000 cargadores
solares y medio
millón de planes de
datos para 90,137 profesores y 966,293 estudiantes de escuelas rurales y colegios
situados en las periferias
de las zonas
urbanas. El presupuesto para la
compra asciende a 930 millones
de soles y el cronograma señalaba
que la distribución comenzaría a inicios de julio.
El primer error del MINEDU fue invitar a empresas extranjeras
para que
participaran en el concurso de adjudicación cuando las fronteras
estaban cerradas a cal y canto. El intento de adquirir las
tablets fracasó antes de ponerse en marcha.
"Nosotros conversamos con el
MINEDU para preguntarles por las tablets. Nos
dijeron que iban a contactar a empresas de afuera pues aquí no había
nadie con capacidad para
asegurar el millón de
equipos que se quería adquirir.
También nos dijeron
que en un mes estaría el tema
resuelto, pero ya vamos dos meses y no ha ocurrido nada",
insiste Lucio Castro
Chipana, secretario general del SUTEP.
Tras el fracaso del primer intento, la
cartera de Martín Benavides puso en marcha un forzado plan "B" y buscó empresas nacionales. El pasado 7 de jumo el MINEDU convocó formalmente
el proceso de licitación para
la adquisición de tablets
y demás dispositivos y anunció un
cambio en la fecha para distribuirlos. La distribución ya no sería la primera semana
de julio sino a finales de mes.
Cincuenta y seis empresas respondieron a
la convocatoria del MINEDU. El problema fue que en las invitaciones "no se
había determinado “identificado los criterios o requisitos de evaluación del
postor, tales como la capacidad técnica y la experiencia", señala el
informe de la Contraloría.
De todos los candidatos, el MINEDU
eligió a la empresa ''TOPSALE S.AC." a pesar de que pidió 60 millones de soles
adicionales al presupuesto
establecido. La compañía le pertenece a
la empresaria Elba Ramírez Romero. El equipo de peritos de la Contraloría
advirtió que dicha compañía no tiene capacidad para cumplir con un contrato de
tales dimensiones.
"A la fecha (TOPSALE) cuenta con un
capital social de S/. 10'200,140, y sobre las adjudicaciones obtenidas en los
últimos cinco años
el mayor monto contratado
fue de S/.13'000,000", dice el
documento. Los auditores de la Contraloría también subrayaron que el mes pasado
la dueña de la empresa había
solicitado acogerse a la medida de la
suspensión perfecta para los 20 trabajadores con los que contaba. "Lo
anteriormente señalado genera un riesgo para la entidad, toda vez que la
decisión de contratación podría realizarse con postores que no evidenciarían
capacidad técnica o experiencia que permita garantizar el cumplimiento del
proceso de adquisición", concluyeron.
El Ministerio de Educación, tras recoger la advertencia de la Contraloría sobre ''TOPSALE S.AC.", convocó a
un segundo concurso con otras empresas, pero volvió a ser un fracaso rotundo.
Entonces hubo un cambio de planes, se
cambió el concurso público por una adjudicación directa y se insistió
en ''TOPSALE" para que se encargara de la compra.
La Contraloría señala que no
fue la única metida de pata del MINEDU. La cartera de Benavides también planea pagar
por planes de internet para las
tablets en lugares donde ningún proveedor de telecomunicaciones ha
llevado su señal hasta ahora. Al
respecto, Telefónica advirtió que esta situación se repite en una quinta
parte de los centros poblados de todo el país.
Por ejemplo, a Huayllabamba (Cusca) se planeaba
enviar 119 tablets, a Pucapampa
(Huancave lica) 74, a Pakui (Amazonas) 48 y a San Matías (lea) 14. "Lo
expuesto conllevaría el riesgo de contratar y desembolsar por servicios que no serían prestados por ningún operador
de comunicaciones", señala el informe.
Sobre
este asunto, un vocero
del MINEDU reconoce que eso es
cierto, pero con matices. "La información que
manejamos sobre estos centros
poblados puede cambiar con
el tiempo y es pasible de ser actualizada durante la ejecución del servicio", dice el funcionario.
La Contraloría también puso en la mira
al responsable del proceso, CARLOS
FONSECA OLIVEIRA, JEFE DE LA UNIDAD DE
ADQUISICIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS.
Al respecto, el informe señala que
Fonseca no está acreditado ante el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE),
requisito indispensable para
ocupar el puesto. A ello se suma que
Fonseca es gerente general de "LICITA PERÚ S.AC.", una consultora
especializada en asesorar a
empresas privadas que quieren contratar
con el Estado y, también, a
instituciones del Estado. En los últimos
cuatro años la empresa de Fonseca
facturó S/. 100,000 a entidades
públicas. "Este gobierno no
está cumpliendo sus promesas. Este proceso tiene para
alargarse hasta agosto o setiembre", dice Lucio Castro.
Mientras tanto, cerca de un millón y
medio de estudiantes en todo el país todavía sigue sin acceso a algún programa remoto de
aprendizaje.
En
un intento por calmar las
aguas, el gobierno decidió que un grupo de estudiantes y
profesores de escuelas rurales regresaran
a clases presenciales. El
pasado 17 de junio la Agencia Andina
informó que el ministro Benavides había autorizado clases presenciales a partir
del 1 de julio "en colegios con limitado acceso a medios de comunicación y
conectividad". De acuerdo a las órdenes del Ejecutivo son 7,431 colegios
los que volverían a abrir sus puertas.
La noticia ha caído como una bomba en el
magisterio. Los maestros que tendrán que retornar a las aulas aseguran que en
los colegios del ámbito rural es imposible cumplir con varias de las
condiciones de prevención sanitaria que, en el papel, exige el MINEDU.
El profesor Winston Reyes, de 45 años,
está en la lista de los profesores que deberán impartir clases a partir del 1
de julio. Reyes, quien cumple cuarentena en Cañete, deberá viajar a la
comunidad de Villasol, al sur de Yauyos, para reabrir el colegio 209565. Además
de ser el único docente de esta escuela y el director del centro
educativo, también hace las veces de personal de limpieza. Reyes enseña a once alumnos de todos los grados de primaria. "Esto
no va a funcionar porque los tecnócratas del ministerio no conocen la realidad
de esos lugares y plantean cosas inviables. Cuando nos enteramos que Yauyos era
uno delos lugares elegidos para el retorno a clases, mis colegas y yo nos
preocupamos mucho. El 85% de los 1,050 maestros que trabajan allá no vivimos en
la provincia sino en Lima, Cañete, Chincha y Huancayo. Todos tendríamos que
viajar a provincias", dice.
"Piden que los maestros se tomen
pruebas de descarte cuando no tenemos
dinero para eso, pi den limpieza
y medidas sanitaria cuando los colegios rurales no tienen baños y no hay agua
potable. Si las comunidades en las
alturas de Yauyos comienzan a contagiarse estarán condenadas porque las postas
allá están totalmente desabastecidas, no cuentan ni con balones de
oxígeno", denuncia.
Elías Bravo, de 49 años, es maestro y
dirigente del SUTEP en la provincia de Antonio Raimondi, el único distrito en
Áncash "aprobado" para el retorno a las aulas. "Esta provincia
está a ocho horas de Huaraz. Aquí hay 650 profesores, 2,000 alumnos y 113 centros educativos. El 96% de
estos no tienen servicios básicos", señala Bravo. El profesor
dice que oficialmente no hay contagiados en la provincia pero la decisión
del Ejecutivo podría cambiar radicalmente la situación.
"En esas zonas no hay agua, ni desagüe,
ni energía eléctrica. Primero el gobierno debería atender esas necesidades
básicas. Hemos pedido que retrocedan en
esa decisión porque no queremos
ser responsables de más contagios
y muertes", dice. Bravo y sus colegas creen que la nueva disposición del MINEDU
se debe a que el Ejecutivo no va a cumplir con la entrega de las tablets.
"Obviamente si han dictado esta medida es que no van a cumplir con sus
compromisos", cuenta.
Por RICARDO VELAZCO
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