LA CONFIANZA QUEBRADA EN LA CONTRALORÍA

La denuncia de que en la Contraloría se cobran comisiones para no ejercer labores de fiscalización, no es tan traída de los cabellos o lanzada con ventilador, como algunos piensan, porque existe un antecedente cercano del que seguramente el señor Khoury no querría oír hablar: a fines del 2012, bajo la actual gestión, se denunció al vicecontralor Oswaldo Yupanqui por actos dolosos referidos a la extorsión de un alcalde en Arequipa.

No sabemos ahora nada más que el vicecontralor fue destituido, pero no sobre los demás implicados en la red de corrupción, ni si se ha seguido la acción penal y con qué resultados. Nos preguntamos si el superior de Yupanqui, es decir el señor Khoury, está comprendido en el caso, ¿es testigo, investigado, inculpado?  Habrá seguramente ocasión para que el futuro Congreso revise la gestión de la Contraloría y se forme una opinión sobre cómo se manejó esta denuncia.

Estos hechos, intencionadamente soslayados para no mermar la autoridad de un órgano de la autoridad de la Contraloría, ha sido recordado en las recientes elecciones regionales, cuando la recién electa gobernadora regional de Arequipa hizo pública la desconfianza de la ciudadanía en el Contralor Khoury y la institución a su cargo. En otras regiones como el Callao o Cajamarca, la incredulidad se ha acentuado por razones casi opuestas: falta de control en un lado y ensañamiento con el presidente regional (hoy gobernador) en el otro.

Todo esto no significa sino una caída vertical de la credibilidad en el organismo que debería ser la garantía de honestidad y limpieza en todos sus actos. Precisamente, varias comisiones del Congreso, están verificando las omisiones del contralor Khoury en los casos más graves del período, lo que a su vez ha desatado una frenética carrera en el local de Av. 6 de agosto, para presentar más y más informes que acrediten que la Contraloría no andaba tan despistada y así lavarse la cara. Pero, tal parece que no existe sustancia que retire la suciedad acumulada.

Por ejemplo, ahí donde se discute sobre la actuación de los organismos internacionales en la supervisión de proyectos, la Contraloría no ha podido responder por qué no atendió el pedido de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) para revisar 100 licitaciones en las regiones, la mayor parte en Ancash (Caretas Nº 2336 del 20 de mayo del 2014).

Por todo lo dicho, debería subrayarse el contenido del artículo 25 de la Ley de Contraloría (27785), que indica que al Congreso al que le corresponde la fiscalización de esta entidad en el cumplimiento de sus funciones anticorrupción. Si no lo hace incurre en encubrimiento real.  Por tanto alguna instancia del Legislativo debe actuar de acuerdo a su mandato, tipificando si es que ha habido algo que se pueda llamar instancia permanente de control, muy bien remunerada mientras la corrupción estallaba en distintas regiones y organizaciones del Estado. 

FUENTE: Raúl Wiener Periodista, Analista Político y Económico peruano.