Transcurridos
100 días de gobierno de Luis Castañeda Lossio al frente de la ciudad, puede
entenderse mejor la lógica que tienen sus acciones respecto del transporte.
Como El Gatopardo de Lampedusa, quiere que todo cambie un poco para que nada
cambie.
La
controvertida ordenanza 1876 responde a una visión donde el control del sistema
del transporte es mercantilista. Solo la Municipalidad Metropolitana de Lima,
bajo su real saber y entender, decide a que empresa concesiona rutas (puestas
vaya a saber Dios en base a que racionalidad) por tres años. Yo decido quien
entra y quien sale. Eso ni siquiera alcanza a ser el mercado desrregulado que
algunos libertarios sueñan. Es el siglo XVII con un virrey al mando de la
ciudad, concediendo “privilegios”. Y como bien nos describe Alfonso Quiroz en
su Historia de la Corrupción en el Perú, ello siempre desemboca en la
posibilidad de cobro de comisiones a quienes obtienen estas rutas.
Al mismo
tiempo, una mirada de este tipo significa no romper con el modelo comisionista
afiliador (empresas cascarón, con choferes dueños del vehículo, sin ninguna
responsabilidad civil de la compañía y con la búsqueda desesperada de pasajeros
para el diario) que ha tenido el transporte limeño durante estos años. De allí
que podamos ver hoy, sin ningún desparpajo, al señor Julio Rau Rau, principal
personificación de esta forma de trabajo en el transporte, aplaudir esta
ordenanza. Y de allí que apreciar ver a este señor, junto al regidor Wilder
Ruiz (presidente de la comisión de transporte de la MML), en una ceremonia de
bendición de buses de una de las empresas que ha sido favorecida por Castañeda.
Porque
claro, el cambio estará circunscrito únicamente a los vehículos. El alcalde de
Lima sabe que algún presente debe entregar a sus críticos y ese será el
acotamiento de las combis y de las coaster en la ciudad. Que las empresas
comisionistas afiliadoras se comprometan en la compra de buses le es una doble
coartada: estoy cambiando algo (”se van las combis”) y, al mismo tiempo, amarra
las manos al siguiente alcalde que sí quiera ir por la senda de los corredores
y las concesiones a 10 o 15 años. Estos transportistas dirán: “¿y ahora quien
me devuelve la inversión?”.
El
problema está en que, manteniendo un sistema como el antes descrito, lo que
veremos a cambio son correteos de buses (de hecho, cualquiera que haga un tramo
relativamente largo por Lima luego de las 9 p.m. sabe que esto es pan de cada día)
y, peor aún, accidentes más aparatosos. Y claro está, todo ello amparado por un
sector de ciudadanos que, por cuestiones económicas, apuestan por un transporte
barato pero inseguro y que, además, reduzca su cuota de caminata, sea por
comodidad, evitar gastos de zapatos (bien considerado como suntuoso en varios
hogares, debido a la exigua cantidad de ingresos) o por la inseguridad del
paradero desde el cual deben dirigirse a sus hogares. Se canjea la seguridad en
cuanto estas necesidades sean atendidas o no agravadas.
Y es aquí
donde deben apuntar quienes son los principales voceros de emprender una
reforma del transporte que, manteniendo como ejes al Metro y a los corredores
complementarios y de aproximación, pueda corregir los defectos de implementación
que se tuvo en 2014. Exhibir las bondades de la reforma y enfatizar en el plano
de la seguridad como valor es algo que puede ser bien entendido por los
sectores que, en principio, pueden ver el mero cambio de buses como una
transformación real, cuando no lo es.
Finalmente,
¿qué otras razones llevan a Castañeda a menospreciar los corredores? No es solo
esta lógica, sino también su visión en torno a la obra pública. El alcalde de
Lima no puede concebir cambios en la ciudad si es que estos no pasan por la
colocación de cemento y una placa bajo su nombre. Como hemos dicho otras veces,
la ciudad si requiere mejoras en su infraestructura, pero las mismas no pueden
estas sujetas a los caprichos de la principal autoridad de la ciudad. Basta ver
lo ocurrido con el proyecto Río Verde y como se canceló una oportunidad por
mejorar el entorno del maltrecho río Rímac a cambio de un intercambio vial de
dudosa utilidad. Castañeda no le puede zampar sus nombres a los buses y sabe
que construir corredores segregados a lo Metropolitano sería una insensatez.
Pero
Castañeda no es la única autoridad a la que se debe mirar. Es al Congreso de la
República a quien se debe exigir una Ley que establezca una autoridad autónoma
del transporte para Lima y Callao que pueda cortar con esta visión del
transporte urbano y establezca, por fin, un orden que pueda asegurarnos
empresas que no sean cascarón, seguridad y, por supuesto, también racionalidad
en rutas de transporte. Una autoridad que sea clara en el mensaje que, a la
larga, más costosos son los accidentes que el consabido “bajan rompemuelles” o
el correteo. Son 40 congresistas que representan a 10 millones de ciudadanos.
¿Quién de ellos se atreve a ponerle el cascabel al gato?
FUENTE: Alejandro Godoy
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