ESTADO PACIFICADOR O VIOLADOR

La lucha antiterrorista del Estado se hacía, según se entiende, en nombre de toda la sociedad para recuperar la paz y castigar a los que ejercieron violencia contra ella y contra las instituciones del poder. Si este es el fundamento, quiere decir que igual que ningún sector puede darse como dueño del Estado, tampoco puede apropiarse de su victoria. Pero, en el Perú, donde todos dicen que por nada del mundo quisieran volver a pasar como una etapa como la de los 80 y 90, tenemos profundas diferencias, no solo para entender lo que ocurrió, sino sobre todo, cómo debemos vivir en tiempo de postguerra.

Cuando se escucha que el reclamo ante instancias judiciales internacionales, de una persona sentenciada duramente por terrorismo (25 años de prisión), contra el Estado por haber sido violada y torturada en prisión, no provoca indignación unánime, porque no queremos violadores y torturadores con uniforme de policías, jefes y autoridades que encubren estos crímenes, y jueces que “no ven” loa abusos, sino que aparecen los que dicen la indemnizaron por terrorista o los que en voz un poco más baja señalan que la terrorista se los buscó y lo que debiéramos hacer es retirarnos de los pactos de derechos humanos que hemos firmado, como si lo que esperaran es que nos viéramos ante más casos de estos y quisiéramos evitar la vigilancia internacional.

Claro que hay otra parte de la población que dice que debemos alcanzar un estatus civilizado y esa brutalidad policial y desamparo de justicia que padeció una sentenciada por terrorismo, podría recaer sobre otros, ¿o acaso no existe el caso Gerson Falla, que ha seguido una ruta de impunidad sin que nada lo relacione con terrorismo? Pero algo más, si se trata efectivamente de elementos vinculados a hechos de violencia policía, unos reaccionan como si la guerra continuase y las viejas reglas del enfrentamiento sin cuartel: matar al prisionero (el esposo de la denunciante murió cuando estaba detenido), violar a las mujeres del contrario, torturas, etc. Todo lo que se encuentra regulado en los convenios sobre derechos humanos, y que se pretende dejar de lado con el argumento de que los insurrectos tampoco respetaban a sus adversario y a la población civil.

La pregunta es si queremos institucionalizar la guerra, para que un sector autoritario saque provecho de ello y barra bajo la alfombra las consecuencias de una lógica de este tipo, o si estamos detrás de una paz sobre principios de igualdad ante la ley y de aplicación estricta de la justicia. A casi 25 años desde el fin del conflicto interno, algunos siguen como el primer día y afirman que la violada, bien violada está. Otros creemos que nunca el que representa al Estado y tiene la fuerza coercitiva o la autoridad que emana de ellos pueden violar a nadie. Pobres tipos los que justifican esta degradación de la función pública.  

FUENTE: Raúl Wiener Periodista, Analista Político y Económico peruano.