El 22 de
abril último se cumplieron 13 años de la entrega del Informe Kroll sobre
Alberto Fujimori, emitido por la compañía Kroll Inc, una consultora de riesgo
de cobertura global famosa por haber descubierto fortunas ilegales de
dictadores como Ferdinand Marcos, Sadam Hussein o Jean Claude Duvalier. A pesar
del tiempo transcurrido y de que el contrato fue pagado con los tributos de los
peruanos, el país no puede conocer hasta ahora su contenido. ¿No ha pasado
acaso tiempo suficiente para que los ciudadanos lo conozcan?
La
historia del informe se remonta al año 2001, cuando el entonces presidente de
la Comisión Investigadora del gobierno de Alberto Fujimori, David Waisman,
informó a la prensa que el ex mandatario se habría llevado al Japón más de mil
millones de dólares sustraídos del Banco Central de Reserva (BCR). Unos días
después, el BCR informó que su patrimonio estaba intacto y que no se había
producido ninguna sustracción. Con el transcurrir de los meses, se hizo
evidente que no había pruebas sólidas que demostraran de manera fehaciente que
Fujimori se había enriquecido dolosamente.
En ese
contexto, el gobierno de Alejandro Toledo solicitó, en el 2002, la contratación
de Kroll Inc., para que rastreara en todo el mundo hasta encontrar la presunta
fortuna ilegal de Fujimori. El objetivo del gobierno era reunir las pruebas
necesarias para extraditar al ex jefe de estado por el delito de
enriquecimiento ilícito.
La prensa
informó entonces que probablemente en un mes Kroll tendría la relación de los
fondos ilícitos de Fujimori. También se informó que la investigación de la
empresa alcanzaría a los familiares y a todas las demás personas cercanas al
investigado.
Una vez
que la empresa entregó su informe final, el gobierno lo retuvo durante largos
meses, hasta que, ante el reclamo de los investigados, decidió divulgar solo un
resumen general en el que reconoció que no se había encontrado ninguna cuenta
bancaria ilícitas a nombre de Fujimori, pero agregó un párrafo en el que afirmó
que eso no descartaba que dichas cuentas pudieran existir en alguna parte. En
conclusión no había nada, pero debía quedar la duda, pura política.
Posteriormente,
se filtró a la prensa información sobre el informe que nunca fue desmentida por
las autoridades. Se supo así que comprendía siete tomos y que no se limitaba a
Alberto Fujimori sino también a todo su entorno, inclusive tal vez Vladimiro
Montesinos.
Después
de haber leído el informe, el presidente Alejandro Toledo decidió declarar
“secreto de estado” el documento, sin explicar las razones de esa decisión.
Nunca se supo de esas razones, pero debido al secreto Fujimori no pudo
solicitar la presentación del reporte ante los jueces que lo procesaron en su
momento por cargos de corrupción.
Pero el
tema adquirió ribetes de escándalo uno tiempo después, cuando se supo que
habían sido robados dos tomos del informe, estando bajo custodia del estado,
algo muy extraño. ¿Cómo pudieron desaparecer 2 volúmenes? ¿Las personas
encargadas de su custodia fueron investigadas y sancionadas? Estas preguntas
siguen en pie.
La
sospecha es que los volúmenes robados contenían los nombres y cuentas de
políticos sobornados por Montesinos, entre los cuales estarían algunos
personajes con poder o mucha influencia en los gobiernos que sucedieron a
Fujimori.
Nadie
puede negar que en el gobierno de Fujimori hubo corrupción. Allí están las
cuentas de Montesinos que hablan por sí solas, pero una corrupción no puede ser
usada para tapar otra, y al parecer eso es lo que se habría hecho con el
informe Kroll, el cual algún día tendrá que salir a la luz, tarde o temprano.
FUENTE: Alberto Orellana Kontoguris
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