Muchos
ciudadanos deben estar preguntándose hoy cómo se pudo conocer que Nadine
Heredia y su amiga Rocío Calderón estaban usando la misma tarjeta de crédito
para hacer compras de artículos suntuosos dentro y fuera del país. Pues bien,
esas operaciones, que se hicieron en secreto absoluto, fueron detectadas y
desveladas a la luz pública por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La UIF
fue creada en abril del 2002 como una unidad especializada de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP, que opera con total autonomía técnica y funcional, y
cuya misión expresa es detectar movimientos bancarios extraños que podrían
configurar los delitos de lavado de activos y/o financiamiento de actividades
terroristas.
Por ley,
los bancos y otras empresas financieras están obligadas a reportar a la UIF
todas las operaciones bancarias que podrían ocultar los delitos señalados. En
el caso de la primera dama y su amiga, el Banco de Crédito se vio obligado por
la ley a reportar a la UIF que la señora Heredia estaba haciendo compras
frecuentes y por montos importantes con la tarjeta de crédito de la señora
Calderón.
Según las
leyes que regulan el accionar de la UIF, ésta debe intervenir cuando alguien
hace consumos rutinarios como tarjetahabiente adicional de otra persona porque
podría implicar el interés de ocultarse de la vista del banco y de presentar a
una tercera persona como propietaria del dinero que le pertenece en realidad a
la “adicional”.
Por
cierto, la UIF hace su labor de manera rigurosa. El reporte que reciben del
banco sobre los movimientos financieros sospechosos es ingresado a una base de
datos, después un analista estudia toda la información y emite un informe que
luego es revisado por un comité. El analista debe sustentar su informe ante el
comité y si, finalmente, se corrobora que hay indicios de posible delito, el
reporte es derivado al Ministerio Público con la recomendación de abrir una
investigación penal del caso. Este fue el trámite que siguió el reporte de la
UIF sobre Nadine Heredia y Rocío Calderón.
La UIF
podría profundizar más las investigaciones que hacen sus analistas, que son
técnicos altamente especializados, pero no pueden ir más lejos porque no está
facultada para levantar el secreto bancario, ni el tributario, de los
sospechosos. Por ejemplo, al enterarse que Heredia estaba usando regularmente
una tarjeta de crédito a nombre de Calderón, la UIF tuvo que limitar sus
pesquisas solo a un banco, cuando sin poder pedir información sobre ambas
personas a todas las entidades del sistema financiero.
La
Superintendencia de Banca ha intentado llenar este vacío legal presentado una
iniciativa legislativa -la ley la faculta- que está encarpetada en el Congreso
de la República desde hace seis años. Cuando se presentó dicho proyecto, el
2009, el Congreso no llegó a incluirlo en su agenda. Tres años después, el
2012, el actual presidente del Congreso, Luis Iberico, presentó un nuevo
proyecto de ley muy similar que después fue archivado por la Comisión de
Constitución.
Posteriormente,
la congresista Carmen Omonte presentó un tercer proyecto similar para empoderar
a la UIF, pero el nacionalista Josué Gutiérrez se opuso a la iniciativa y logró
que sea derivada a la Comisión de Constitución, donde quedó encarpetado.
Finalmente,
se sabe que, ante el cierrapuertas del Congreso, hace siete se gestionó que la
norma para fortalecer el trabajo de la UIF sea aprobada por el Ejecutivo
directamente, pero el Consejo de Ministros anterior también la encarpetó. ¿Hay
una consigna política de bloquear el trabajo de la UIF porque ésta reportó el
caso Heredia-Calderón?
FUENTE: Alberto Orellana Kontoguris
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