Todos
estos años y no hemos aprendido. Desde inicios del año 2000, el Perú ha sido
escenario, con mayor intensidad, de una diversidad de enfrentamientos entre los
pobladores de los lugares concesionados para desarrollar proyectos mineros y la
Policía Nacional, institución que básicamente, en el mejor de los casos,
intenta impedir cualquier acción contraria al ordenamiento y buscar que se
respeten los compromisos contractuales asumidos por el Estado Peruano. Sin
embargo, no hemos adquirido experiencia para solucionar el problema: ¿Por qué
los pobladores del lugar se oponen a los proyectos mineros? Político tras
político, dirigente tras dirigente, ministros tras ministros y no hay una
solución efectiva. Se ofrecen diálogos, propuestas, pero nada de nada.
Hay que
tomar en cuenta que uno de los
principales factores que ha generado el descenso (en todo caso) de la economía
peruana es la división social. Mientras los proyectos de gran evergadura esten
cuestionados por los lugareños, no se
generará un bienestar integral. Al mismo tiempo, mientras no se profundice en
buscar cuál es el bienestar de los lugareños que desean alcanzar para no
cuestionar la ejecución de un proyecto minero, no se generará un bienestar
integral.
De hecho,
como muchos autores lo han señalado, en el Peru, si encuentras oro en tu casa,
te vas a volver pobre, porque tendrás que irte de ese lugar. Tu derecho de
propiedad cuenta con esa restricción.
Si
queremos una solución que permita la licencia social a los proyectos mineros,
quizá sea necesario una revisión del derecho de propiedad. A nadie le gusta que
le quiten las cosas. Por más justificación legal que exista (expropiacion, por
ejemplo). Si se descubre oro justo en tu
casa, la probabilidad de que aceptes irte de allí sin oponer resistencia es
remota. En principio tendría que existir para ti un beneficio plenamente
equivalente y, desde luego, una indemnización porque tú vas a tener que pagar
un severo grupo de costos no planificados por causa del traslado y la
modificación del plan de vida (que para los demás peruanos nos puede resultar
tan indiferente porque podemos creer que estos costos no existen). Costos
sociales, climáticos, tradicionales. muchas de estas cosas jamás se adoptan o
asumen al momento de una expropiación.
Pero, qué
tal si los propiestarios de un lugar donde se encuentra oro no dejan de serlo
al momento de concesionarlo? Qué tal si los propietarios se vuelven socios
minoristas de los proyectos mineros? Qué tal si los porpietarios reciben una
cuantiosa indemnización que sea capaz de compensar el hecho de abandonar sus
tierras, su comunidad, su paisaje, etc.?
La
solución podría radicar en un enfoque de reconocimiento de propiedad y en la
indemnizacion, en convertir a los afectados, tanto propietarios como a los
afectados por los posibles riesgos de contaminación, de modificación de
paisaje, etc. No es una propina, no es que el Estado les esté beneficiando más,
simplemente debiera ser el derecho de cada ciudadano que, afortunadamente o
desafortunadamente, ha vivido o vive encima de minerales.
La
insatisfacción, las promesas no cumplidas, la mentira, es lo que ha generado
que los pobladores de Tía María reaccionen, tal y como se reaccionó en Conga y
antes en Yanacocha. la mentira ha logrado posicionar a los dirigentes de doble
tendencia, a los politicos de doble conciencia y evidentemente ha generado un
injustificado desprecio de peruanos
contra peruanos. Culpan al manifestante porque hace sentir su
incomodidad, su enojo contra el sistema, su rabia contra las mentiras y contra
las muestras de soberbia y falta de prestación de importancia al problema que
atraviesan. Y creemos que ellos son los culpables de que los proyectos mineros
no funcionen.
Ese
desprecio se ha vuelto muy marcado los últimos años. La población que protesta contra proyectos
mineros es catalogada como roja, como
ignorante, como desconsiderada y contraria al desarrollo. Estos calificativos
despectivos, no hacen otra cosa que incrementar la tensión y desde luego, la discordia,
cuya reacción en cadena le genera al Perú costos de transacción elevados a tal
punto que impacta sustancialmente en la economía nacional. No hay que ser tan
precipitados en las opiniones. Debemos exigir un cambio estratégico en las
directrices para obtener el ansiado permiso social y dar paso a una explotación
responsable.
Por otra
parte, vale precisar que el único responsable de que los proyectos mineros no
se desarrollen es el gobierno. Sin un marco regulatorio estable y fortalecido
que no genere tantas confusiones, sin una estrategia política de solución de
conflictos que abarque el reconocimiento de derechos de propiedad e
indemnizaciones, vamos a continuar encapsulados en los conflictos y los grupos
anti mineros, siendo las empresas concesionarias y la economía peruana quienes
asumirán a un costo sobregirado la incapacidad de toma de decisiones.
El Perú
necesita impulsar su desarrollo y tiene recursos para hacerlo. El retardo en la
explotación de los proyectos mineros nos afecta a todos.
*Aclaro
que los aspectos relacionados con el impacto ambiental de los proyectos mineros
no han sido tomados en cuenta en este post.
No hay comentarios:
Publicar un comentario