Sobre el
monopolio del uso de la fuerza y los linchamientos callejeros
Hartos de
la desidia gubernamental y la obsecuente negación de la realidad, hasta del
propio Presidente Humala, un grupo de ciudadanos viene promoviendo el
linchamiento de los delincuentes, en clara copia de lo que ya vienen haciendo
rondas y comités de autodefensa, con aplauso o mirada cómplice para otro lado
de quienes hoy se alarman y escandalizan, gobierno incluido. Osea, si el que
infringe la ley, tomándola por mano propia, viste poncho o kushna y camina
sobre tierra, el delito es tolerable, pero si es urbano, los mismos reclaman
todo el peso de la ley en defensa de los derechos humanos del delincuente.
En
gobierno replica desde la estratosfera negando lo innegable, amparándose en
supuestos indicadores divorciados de la realidad y cifras que ellos mismos
construyen, a sabiendas que si no hay muerto o seguro que cobrar, nadie quiere
perder el tiempo denunciando, así que para la PNP y el Gobernante, el delito no
denunciado nunca ocurrió.
Grave
error político enarbolar la defensa de los derechos humanos de los delincuentes
a un población hastiada de que los derechos humanos de la gente honesta no le
importen al gobernante. Hace que apeste a complicidad con el enemigo.
Cuando
este tipo de conducta revolucionaria aparece, socialistas, marxistas y fascistas (matices todas de la peste
dictatorial) claman erróneamente la necesidad del monopolio estatal de la
violencia, violencia que es, para ellos, siempre maligna, salvo -claro está-
cuando ellos la ejercen, llamándola entonces “justicia social”. Defienden así
la satrapía de Hugo Chávez y su sucesor Maduro, aplauden los homicidios del
Che, Fidel y su sádico hermano Raúl. Por sus crímenes no hay ojos que lloran,
ni CVR alguna.
Lo que el
Estado debe tener es el monopolio del juzgamiento y el castigo, eso no debe
cederse nunca, a ninguna agrupación distinta del propio Estado, ni a las Rondas
Campesinas, ni a los Grupos de autodefensa, ni a las Juntas Vecinales, ni a
ningún ciudadano por indignado y harto que esté. La campaña por la que hoy se
rasgan las vestiduras, debiera servir para dar de una vez un golpe de timón,
recuperando ese monopolio perdido en un país donde hasta la prensa ha acabado
llamando retención o justicia popular al secuestro, los azotes y el
linchamiento, cuando son cometidos por ciudadanos del ande o la amazonía.
O
empezamos de una vez a restaurar el imperio de la ley o seguiremos rodando cuesta abajo hacia el paleolítico en
materia de orden, seguridad y justicia.
La
violencia per se no es siempre mala. Con violencia combatió Cáceres al invasor,
con violencia vencimos en Junín y Ayacucho, con violencia se rescató a los
rehenes de la embajada de Japón, con violencia se defiende desde sus orígenes
el hombre honesto cuando es atacado injusta e ilegalmente por delincuentes. La
violencia es un derecho y herramienta justificada cuando se usa para detener la
acción ofensiva del atacante, incluso si como consecuencia no deseada, se causa
lesiones y hasta la muerte del delincuente, pero es imprescindible distinguir
el uso de la fuerza en legítima defensa, del uso de la violencia sancionadora
contra el agresor ya rendido, reducido o maniatado; eso es salvajismo, así lo
cometan ronderos, nativos, comuneros o ciudadanos de la urbe.
FUENTE:
Dardo López-Dolz
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