El
principal costo de la corrupción no es lo robado, sino su impacto en la
inversión y el acceso a servicios públicos
La
corrupción se halla de manera consistente entre las preocupaciones más graves
de los peruanos. Según Ipsos, en el 2010, para el 47% de ciudadanos era uno de
los tres principales problemas del país; el porcentaje subió a 52% cinco años
después. La sensación de que se puede encontrar el germen de la corrupción
detrás de cada licitación, licencia, trámite burocrático, concesión privada y
funcionario público es cada vez más extendida.
La
impresión no es del todo injustificada: para la Procuraduría Anticorrupción,
hace un año, el 92% de los alcaldes del país (casi 1.700 de 1.841) estaban
siendo investigados por presuntos actos de corrupción vinculados a los delitos
de peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y
colusión.
Para la
mayoría, el gran problema con la corrupción son los recursos que el Estado
pierde cada vez que, por ejemplo, un alcalde distrital cobra una proporción del
dinero del canon invertido en estadios con mayor aforo que la cantidad de
habitantes del distrito o cada vez que un congresista contrata trabajadores
fantasmas para laborar en su despacho. Estas pérdidas, por cierto, no son
insignificantes. El año pasado, la entonces primera ministra Ana Jara señaló
que el monto comprometido en actos de corrupción ascendió en el 2013 a nada
menos que S/.10.000 millones –equivalente a 30 veces el presupuesto del
programa Cuna Más–.
La
verdad, sin embargo, es que el costo económico de la corrupción va mucho más
allá de los montos robados del Tesoro Público. Aparte de las implicancias
éticas o legales de estos delitos y de las pérdidas de recursos públicos, ¿cómo
afecta la corrupción a la economía del país?
1.
Debilita el ambiente de negocios y distorsiona los incentivos.
La
economía de mercado se basa en el supuesto de que las empresas que ofrezcan un
mejor servicio al menor costo serán premiadas con mayores ventas y mejores
ingresos. Cuando los acuerdos dejan de depender de este mecanismo y más bien
dependen de quién sea el amigo o pariente del alcalde de turno, la economía
deja de funcionar y las empresas pierden el incentivo para competir.
En el
caso de las licitaciones públicas, las empresas serias que pueden ofrecer, por
ejemplo, la construcción de una carretera con buenos materiales y tiempos
oportunos son desplazadas por empresas de menor fiabilidad que se prestan a
actos de corrupción. Previendo esta situación, muchas compañías serias
prefieren no presentarse a algunos concursos y se pierden acuerdos convenientes
tanto para el sector privado como para el sector público. El sistema de
incentivos para mejorar los servicios de los privados ya no opera.
En
consecuencia, la inversión privada se ve perjudicada. Según el Fondo Monetario
Internacional (FMI), un país con problemas de corrupción podría incrementar en
5% su inversión privada fortaleciendo el marco institucional que protege a los
inversionistas de estas prácticas. Además, el Foro Económico Mundial (WEF)
estima que la corrupción encarece en 10% el costo de hacer negocios, y en hasta
25% el costo de celebrar contratos en los países en desarrollo. Finalmente, el
WEF señala también que trasladar un negocio de un país con bajos niveles de
corrupción a uno con medianos o altos niveles de corrupción es equivalente a un
impuesto adicional del 20%.
2. Genera
malas decisiones.
Cuando un
alcalde corrupto planea el trazo de una carretera de un modo ineficiente pero
que le permite cobrar una comisión o contrata con una empresa constructora que
usará materiales deficientes pero que le asegura una tajada del negocio, el
verdadero costo de la corrupción no está en el monto que aparece en la cuenta del
burgomaestre, sino en los defectos de la carretera.
Por citar
un caso, la contraloría demostró que José Panta Quiroga, mano derecha de
Gregorio Santos en Cajamarca, recibió poco más de S/.403 mil en sus cuentas de
Interbank y el BCP. El motivo habría sido la irregular adjudicación de obras
por S/.130 millones a empresas que no contaban con los requisitos mínimos para
realizarlas. En esta situación, la coima representa el 0,3% del valor total de
las obras. La infraestructura mal concebida, mal construida y que,
posiblemente, tendrá que rehacerse cuesta varios millones. Este, posiblemente,
sea el costo escondido más importante de la corrupción: las malas decisiones
que genera por la búsqueda del incentivo ilegal.
A nivel
agregado, trabajos de la Universidad de Londres calculan que para países de
ingresos medios y bajos un punto adicional en el índice de corrupción de
Transparencia Internacional (estandarizado desde 0 para el país más corrupto y
12 para el menos corrupto) agrega 0,59 puntos porcentuales adicionales a la
tasa de crecimiento del PBI.
FUENTE: Diego
Macera
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