Hace unos
meses el viceministro de Minas, Fernando Gala, dijo que “los proyectos que
deben arrancar el 2012 suman inversiones de US$ 14,000 millones, todos los
cuales ya tienen audiencia pública efectuada –con excepción de Tía María–”. El
viceministro dijo que el principal proyecto es Las Bambas, con una inversión de
US$ 4,200 millones.
También
están, dijo, “Antamina, cuya ampliación significa una inversión de US$ 1,000
millones; Toromocho, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) será aprobado en
los próximos meses y debe arrancar el 2012 con US$ 2,200 millones; Antapaccay,
que es otra mina de Xstrata y debe arrancar el 2012, con US$ 1,300 millones;
Minas Conga, oro, con US$ 2,800 millones; Quellaveco con US$ 2,500 millones y
Tía María, proyecto que se espera sea aceptado por la población de Arequipa”.
Como se
aprecia, el viceministro Gala está muy satisfecho por la puesta en marcha de
estas inversiones y transpira optimismo por todos lados, a tal punto que nos
dice, por ejemplo, “que el EIA de Toromocho será aprobado en los próximos
meses”.
¿Quién
aprueba los EIA del sector minero? Los aprueba la Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas, que está
subordinado funcionalmente al… viceministro de Minas. Todos queremos creer que
la DGAAM cumple con los requerimientos de la ley y que toma sus decisiones de
manera independiente a lo que piensa el viceministro.
Pero
también podemos pensar que existe una fortísima presión para “lograr las metas
de inversión” de US$ 14,000 millones, que son un objetivo explícito del
Ministerio. Así, este es un típico caso de conflicto de intereses: de un lado,
los intereses del ministerio; de otro, los intereses de la sociedad, que desea
que exista una adecuada fiscalización ambiental.
Por eso,
en Chile, Brasil y Colombia los EIA de Minería (y los de hidrocarburos) los
analiza y aprueba (o desaprueba) una institución independiente. En Chile es el
Ministerio del Ambiente, a través del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental. En Brasil es el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA,
adscrito al Ministerio del Ambiente) y en Colombia es el Ministerio del
Ambiente (Decreto 1220 del 2005).
¿Y por
qué en el Perú los EIA no son evaluados y aprobados por el Ministerio del
Ambiente, que se creó en mayo del 2008? Porque lo impidió la fuerza de los
“lobbies” mineros. Se argumentó que el nuevo Ministerio del Ambiente “no tenía
las capacidades ni el personal idóneo” para hacerlo. Y ya está, porque “el que
puede, puede”.
No
sucedió lo mismo, sin embargo, con los mecanismos de fiscalización de las
inversiones mineras, que le fueron retiradas al Osinergmin a principios del
2010 y se transfirieron al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) del Ministerio del Ambiente. Se sabe que Osinergmin venía realizando las
labores con capacidad y había dictaminado sanciones importantes a los
incumplimientos (www.cristaldemira.com, 25/01/2010).
Dicho
esto, estamos de acuerdo en que esas funciones las asuma la OEFA y esperamos
que en estos meses de funcionamiento ya esté cumpliendo a cabalidad con sus
responsabilidades. Si esto es así, ¿por qué la DGAAM del Ministerio de Energía
y Minas no se puede también trasladar al Ministerio del Ambiente?
Así ya no
habría conflicto de intereses porque las declaraciones del viceministro Gala
serían las de un funcionario del gobierno que no tiene ingerencia directa sobre
los técnicos del Ministerio del Ambiente. Si esa transferencia se diera,
estamos seguros de que mejoraría la “licencia ambiental” y, con ello, disminuirían
buena parte de los conflictos ambientales y sociales. Salvo peor parecer.
—
*Humberto
Campodónico es profesor de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y miembro de Actualidad Económica del Perú.
FUENTE: Humberto
Campodónico*
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