Poblaciones
indígenas reconocidas en el Perú por regiones
GOBIERNO
DE HUMALA OCULTÓ RELACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS PARA EVITAR CONSULTA PREVIA
En el
2012, el Estado inició el proceso para identificar a los pueblos indígenas del
Perú con la finalidad de registrarlos en una base de datos. Gran parte de esta
lista, que debía incluir a las comunidades con derecho al mecanismo de consulta
previa frente a proyectos mineros y otros que afectaran sus derechos, se
mantuvo en secreto hasta ahora.
Los
periodistas de investigación de OjoPúblico publicó la lista completa que el
gobierno no quiere revelar desde hace tres años y descubre que más del 60% de
las comunidades inscritas en esta nómina se ubica en territorios quechua con
derecho a la consulta previa. En este tiempo el Ministerio de Energía y Minas
autorizó la operación de 25 compañías mineras sin el citado proceso de diálogo
y contrató, además, a consultores privados para decidir quiénes eran indígenas
y quiénes no.
La lista
de comunidades indígenas en el Perú empezó a silenciarse luego de una protesta
en los andes. En febrero del 2013 los habitantes de Cañaris, pueblo ubicado en
la sierra norte de la región Lambayeque, se movilizaron contra el proyecto
Cañariaco, de la minera canadiense Candente Copper. La comunidad pedía el
inicio del proceso conocido como consulta previa, como requisito previo a la
operación minera en la zona. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue rotunda:
argumentaron que la base de datos que identifica a las comunidades con este
derecho no estaba lista y que, por lo tanto, no se podía determinar si a
Cañaris le correspondía o no la consulta, a pesar de su histórica ascendencia
quechua.
ENTONCES,
¿QUIÉN ERA INDÍGENA EN EL PERÚ?
En el
2012, el Estado aprobó una norma para identificar y contabilizar a los pueblos
indígenas de todo el país con la finalidad de registrarlos en una base de datos
inédita que debía ser implementada por el Ministerio de Cultura. Desde
entonces, el contenido de la base -que según exfuncionarios del gobierno, ya
estaba concluida desde diciembre del 2012- se convirtió en uno de los secretos
mejor guardados del gobierno de Ollanta Humala. Su elaboración, particularmente
de las comunidades del ande, estuvo acompañada de feroces pugnas entre altos
funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, y Cultura; y de duros
cuestionamientos por parte de los empresarios mineros. ¿Indígenas en los
andes?, preguntaron en varias ocasiones los funcionarios de Energía y Minas.
OjoPúblico
accedió a la base de datos que la gestión anterior del Ministerio de Cultura
dejó lista, verificó su autenticidad y analizó su contenido. Los hallazgos son
reveladores: se trata de una larga nómina de 5.571 comunidades indígenas, el
63% (3.532) tiene origen quechua y están ubicadas principalmente en las
regiones surandinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, en donde
existe fuerte presencia de megaproyectos mineros; mientras que el 10% es aimara
y 26% amazónicos.
SE
APROBARON PROYECTOS SIN CONSULTA
Aún
siendo esta una nómina preliminar, la lista ofrece luces de cómo en los últimos
años las dos exgestiones del Ministerio de Energía y Minas aprobaron
irregularmente proyectos mineros sobre territorios indígenas obviando la
consulta previa. La lista de comunidades quechuas incluye 1.247 comunidades en
Puno; 940 en Cusco; 557 en Ayacucho; 510 en Huancavelica; 436 en Apurímac, 44
Moquegua y 43 Arequipa, 4 en Lambayeque (incluido Cañaris) y otras tantas en Áncash
y Huánuco. En estos pueblos, registrados por las autoridades en la base de
datos desde el 2012, debieron implementarse procesos de consulta previa
conducidos por las autoridades para debatir cualquier proyecto de inversión (no
solo minero) que pudiera afectar los derechos colectivos de las comunidades.
Sin embargo, esto nunca ocurrió.
La
investigación de OjoPúblico en base a la filtración de esta lista de pueblos
indígenas estableció que los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y su
sucesor Eleodoro Mayorga, autorizaron las operaciones de 25 compañías mineras
en estas tierras sin efectuar procesos de consulta previa, aun cuando los
poblados en donde se asientan dichos proyectos estaban incluidos en la base de
datos preliminar que el sector conocía. Además, permitió descubrir que el
Ministerio de Energía y Minas (MEM) contrató a consultores privados para
identificar y decidir cuáles eran comunidades indígenas y cuáles no, y con ello
justificar la aprobación de los proyectos mineros sin los procesos de diálogo
previos.
El
exviceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, confirmó que la base de datos
en cuestión estaba lista desde el 2012. “Esta información fue puesta en
conocimiento del entonces ministro [Jorge Merino], del viceministro de Minas [Guillermo
Shino] y de funcionarios y técnicos del sector en diferentes reuniones.
Asimismo, cuando pidieron información sobre la presencia de comunidades
indígenas en el ámbito de una serie de proyectos mineros, también se les
proporcionó el listado y los datos”, reveló Vilca.
El
gobierno de Humala fue el que aprobó la ley de consulta previa, luego de que la
gestión de Alan García la observara y rechazara. ¿Por qué entonces mantener la
base de datos bajo las sombras, sobre todo la lista de comunidades quechuas? La
respuesta está en Apurímac. El gobierno de Humala siempre cita a esta región
como el departamento con el mayor monto de inversión minera comprometida para
la próxima década: US$11.990 millones. En estas tierras olvidadas, de montañas
elevadas, pobreza extrema y carreteras que ni siquiera figuran en los mapas, se
concentran 10 de los 28 proyectos mineros (detrás de los cuales hay 25
compañías) a los que el MEM autorizó sin tomar en cuenta la consulta previa.
LA
HISTORIA DE HUAQUIRCA
En abril
del 2013, Ollanta Humala declaró: “No se trata de tener a medio Perú con
comunidades… la base de datos está en revisión”. Cuatro meses antes el
viceministerio de Interculturalidad, dirigido entonces por Iván Lanegra, había
presentado la nómina de comunidades ante la Presidencia del Consejo de
Ministros, aunque de forma interna. Las declaraciones de Humala ocasionaron la
renuncia de Lanegra. La base de datos permaneció oculta, los proyectos mineros
continuaron aprobándose y el gobierno continuaba diciendo que la base aún no
estaba lista. El 2014, con la salida de Merino y el nombramiento de Eleodoro
Mayorga en el sector, la situación no varió. El nuevo ministro llegó a decir
que la Ley de Consulta Previa, que permitió la creación de la base datos, había
generado un bache a las inversiones. Este era el motivo real.
Una de
las comunidades a la que el gobierno le negó la consulta previa, con el
pretexto de que no aparece en la base de datos, es Huaquirca. Aquí, a más de
4.000 metros de altura se desarrolla el proyecto minero Anama, explotado por la
compañía Anabi, del grupo peruano Aruntani. Huaquirca figura como pueblo
quechua en la lista a la que accedió OjoPúblico, pero en dos resoluciones el
MEM le negó su condición de indígena. La primera corresponde al 25 de julio del
2013: la resolución que aprueba las actividades de exploración señala que “no
se ha identificado comunidad que pueda ser definida como pueblo indígena en el
área del proyecto”. Dos años después, el 3 de febrero del 2015, otra resolución
aprueba esta vez la explotación: “Efectuada la consultoría […] Huaquirca no
debe ser considerada como pueblo originario y/o indígena”.
Minera
Aruntani es uno de los mayores productores de oro del Perú. De acuerdo a las
cifras de producción del MEM, esta compañía opera cuatro minas del preciado
mineral al sur del Perú: Apumayo (Ayacucho), Arasi (Puno), Aruntani (Moquegua)
y Anabi (Cusco).
El cruce
de información de la base de datos con la cartera de proyectos mineros,
resoluciones directorales del MEM y la revisión de decenas de Estudios de
Impacto Ambiental (EIA) nos ha permitido identificar por lo menos otras 27
comunidades quechuas ubicadas en áreas de proyectos de exploración y
explotación minera, pero a las que no se les consultó. Se trata de proyectos
aprobados que corresponden a 25 empresas mineras, entre las que destacan:
Aguila American, Consorcio Minero Horizonte, Tumipampa, Compañía de Minas
Buenaventura, Minera Milpo, Sociedad Minera El Brocal, Maxy Gold Peru,
Ferrobamba Iron, Minsur, Mitsui Mining & Smelting, Antares Perú, Anabi,
Aruntani y Exploraciones Collasuyo.
CONSULTORAS
SIN SUSTENTO LEGAL
Uno de los hallazgos más importantes del cruce
de la base de datos preliminar de pueblos indígenas y las resoluciones de
aprobación de los proyectos de exploración y explotación minera conduce a las
consultoras privadas que el MEM contrató en múltiples ocasiones para aprobar
proyectos de exploración y explotación. Desde el 2012 hasta junio del 2015, y en
por lo menos 15 casos, el viceministerio de Minería, a cargo de Guillermo
Shino, dejó en manos de consultoras el trabajo de identificación de las
comunidades indígenas. Estas ‘consultorías’ se realizaron sin la intervención
ni asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de
Cultura.
El mismo
Jesús Qqueuña Llicahua, presidente de la comunidad quechua de Huaquirca,
recuerda con detalle la entrevista que le hizo un grupo de consultores
contratados por el MEM en agosto del 2014: “duró 20 minutos, aquí la mayoría
somos quechua, hablamos quechua. Somos una comunidad indígena, tenemos
rituales”, dijo por teléfono. En aquella visita, estas personas no le
mencionaron nada de la consulta previa ni los motivos de la entrevista.
OjoPúblico buscó a la empresa Aruntani para que nos explique sobre los acuerdos
llegados con Huaquirca, pero no obtuvimos respuesta.
Las
‘consultorías’ contratadas por el MEM se realizaron sin la intervención ni la
asesoría de la entidad rectora del proceso de consulta: el Ministerio de
Cultura.
EN LOS
ANDES. El 63% de las comunidades identificadas como indígenas son quechuas del
norte y sur del Perú. Crédito: Miguel Mejía.
Las
contrataciones de consultores se realizaron durante las gestiones de los
ministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga, que decidieron
tratar el tema al margen de las recomendaciones y funciones del viceministerio
de Interculturalidad. Los reportes de los consultores privados se usaron para
justificar la aprobación de proyectos mineros sin consultarles previamente a
las comunidades de los andes.
La actual
titular del MEM, Rosa María Ortiz, reconoció en una entrevista con OjoPúblico
que “la actuación de estas consultoras nunca tuvo una base o un sustento legal.
Contratar a una consultora para hacer una caracterización [como se llama a la
identificación de una comunidad para saber si es o no indígena] no me parece
que haya sido la forma de trabajar”, sostuvo, tras reconocer que antes “no hubo
voluntad de hacer consulta previa. Pero eso ya está modificándose desde mi
gestión”.
SANCIONES
Y RESPONSABILIDADES
El
viceministerio de Interculturalidad nunca recibió información de resultados ni
de la metodología empleada por estas consultoras. Patricia Balbuena, actual
responsable de este despacho, menciona que recién “hace una semana recibieron
los últimos informes de estas consultorías” y que comenzarán a revisar caso por
caso. Al final de este análisis emitirán un informe para que se tomen las
medidas correctivas y establezcan las sanciones administrativas si es que
concluyen que se vulneraron derechos y procedimientos.
La
ministra Ortiz opinó lo mismo. “Definitivamente hemos previsto una sanción si
se determinan responsabilidades luego del informe de Cultura”. Pero ¿cómo se
remediará la vulneración del derecho de las comunidades indígenas quechua en
las que no se realizó consulta previa? ¿Cómo quedan los proyectos mineros?
“Aquí la empresa no tiene nada que ver. En el hipotético caso de que Cultura
determine que correspondía hacer consulta previa en cierta zona y no se hizo lo
que se tendrá que hacer es una consulta a destiempo”, concluye la ministra.
El
gobierno señaló que esta base de datos no es oficial porque nunca fue aprobada
ni existe un documento oficial que consigne su entrega al Consejo de Ministros,
y que será el Ministerio de Cultura el que publique la lista de comunidades
indígenas, previa revisión, en los próximos meses. El viceministerio de
Interculturalidad ha publicado ya una lista de comunidades indígenas amazónicas
y recientemente, la de 345 comunidades aimaras. Sin embargo, en la lista que
OjoPúblico muestra ahora existen 567. ¿Qué significa esto? La diferencia, según
Balbuena, responde a que ellos hicieron un análisis más detallado, a nivel de
centros poblados, y no a nivel distrital, como asegura que hicieron las
gestiones de los exviceministros Lanegra y Vilca.
Vilca
responde desde España: “No encuentro motivo para que solamente se hayan
identificado a poco más de 300 comunidades indígenas aymaras, más aún teniendo
en cuenta que estas se encuentran ubicadas en los departamentos de Puno, Tacna
y Moquegua, donde se habla mayoritariamente el idioma indígena”. Dos de las
comunidades aymaras que sí aparecen en la base de datos preliminar y fueron
retiradas de la lista oficial publicada recientemente son Aruntaya (Moquegua) y
Huacochullo (Puno): ambas tienen proyectos mineros en sus territorios que
fueron aprobados por el MEM sin consulta previa, el proyecto Cleo, de minera
Aruntani y Maycol B, Inversiones Troy.
El Ministerio
de Cultura ha anunciado que seguirá publicando previa revisión y periódicamente
(hasta diciembre de este año) la lista completa de pueblos indígenas. Sin
embargo, los proyectos promovidos por los diferentes sectores continuarán
aprobándose en los meses siguientes con una base de datos a medio publicar.
Paulo Vilca sostiene que Cultura debería oficializar la publicación completa y
justificar con expedientes técnicos el retiro de las comunidades que aparecían
en la lista preliminar y que ahora ya no figuran. La discusión en torno a quién
es y quién no indígena se mantiene en manos del gobierno.
FUENTE: Nelly
Luna Amancio y Vanessa Romo
No hay comentarios:
Publicar un comentario