A raíz
del conflicto en torno al proyecto minero Tía María, un editorial del diario El
Comercio reflexiona sobre el tema de la licencia social (“Licencia Tomada”,
edición del 31 de marzo de 2015) y señala que “el concepto ha sido capturado
por los enemigos del desarrollo minero del país”.
En el
editorial se dice: “Una licencia, según el diccionario de la Real Academia
Española es un “permiso para hacer algo” o el documento en el que este
consta…”. “Cuando se habla de licencia social, sin embargo, el terreno de lo
exigible se torna vasto e impreciso. En el contexto específico de los proyectos
mineros, la expresión parecería aludir a una conformidad de la sociedad que
vive alrededor del lugar en el que estos piensan desarrollarse, y cuyos límites
nunca son definidos. No queda claro, para empezar, quiénes tienen derecho a
opinar y quiénes no”.
Interesante
discusión que merece varias precisiones. En primer lugar deberíamos reconocer
al padre de la criatura: como lo recuerda Ian Thompson y Susan Joyce[1], el
concepto de la licencia social para operar fue propuesto por un líder del sector
minero canadiense en 1997, como un requerimiento esencial para la sobrevivencia
de la industria minera en el futuro. Otro líder empresarial, Pierre Lassonde,
presidente de la poderosa Newmont Mining decía: “Tu no obtienes la licencia
social con una visita al ministerio del gobierno a hacer una solicitud o
pagando una cuota… se requiere mucho más que dinero para realmente volverse
parte de las comunidades en las cuales uno opera”(2003). Interesante
definición: “volverse parte de las comunidades en las cuales uno opera”.
Son
numerosas las declaraciones de empresarios sobre el concepto de licencia
social. Por lo tanto, está claro que el concepto ha sido creado, propuesto,
difundido y hasta supuestamente llevado a la práctica por las propias empresas
mineras a partir de espacios como la Iniciativa Global de la Minería y el
Consejo Internacional de Minería y Metales, creados el año 1999. Existe
abundante literatura producida por estos espacios.
En
efecto, licencia significa pedir permiso para hacer algo. ¿A quién en el campo
minero? Pues a las poblaciones vecinas al proyecto; a los directamente
afectados; a las comunidades con propiedad ancestral de las tierras. Es así de
sencillo.
Y
precisamente, lo que ha pasado en los últimos años en Asía, África, América del
Norte, Central y del Sur, Oceanía y hasta la propia Europa, es que cuando no
hay licencia social los proyectos no van: hay una larga lista de proyectos que
se han trabado de manera indefinida en todo el mundo y la lista más numerosa no
es la del Perú.
Ojo, no
es que el concepto haya sido capturado por el enemigo. El concepto simplemente
existe; lo han creado las propias empresas y si se quiere ser coherente, el
concepto tiene que convertirse en práctica concreta y no solo en discurso de
imagen institucional.
[1] Ian
Thompson y Susan Joyce (2013): Obteniendo una Licencia Social para Operar. On
Common Ground Consultants Inc.
FUENTE: JOSÉ
DE ECHAVE
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