PROPUESTAS PARA LA UNIDAD DEL PUEBLO PERUANO

INTRODUCCION

Construir el principio de unidad del pueblo peruano, es despojarse de los egos, intereses particulares o de grupo, y de mesianismos ideológicos sin renunciar a su concepción política o doctrinaria, con capacidad de estar unidos por la patria que nos vio nacer y el compromiso de la justicia social, respetando a cada quien en su propio espacio por diminuto o grande que sea, tener la predisposición  de escucharnos, tolerarnos en nuestras opiniones.

Construir la unidad de la diversidad del pueblo, es ser recíprocos, solidarios y hacer nuestra su pluriculturalidad y su trayectoria por la liberación nacional y social, solidarizarnos en las luchas por las reivindicaciones sociales de todos nuestros hermanos y trabajadores postergados en sus derechos esenciales a una buena educación, salud y empleo digno.

Construir la unidad del pueblo, es identificar el mal endémico de la pobreza y la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico y la criminalidad que arrastramos desde el colonialismo y que amenaza devorarlo todo con sus agentes y representantes en la actualidad, el rol del grupo del comercio en los diversos gobiernos de turno, autor intelectual de la manipulación de la información de los medios de comunicación  para atomizar la reivindicación de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos.

Construir la unidad del pueblo, es reconocer que representamos a una mayoría que apoyo el Programa de la Gran Transformación y por ello debemos de cerrar el paso a los representantes de la derecha en las próximas elecciones del 2016.

Fortalezcamos la unidad más amplia de nuestro pueblo peruano, con un solo lema UNIDAD para refundar nuestra república y construir una nueva sociedad con ciudadanos dignos y felices de ser peruanos.

BASES PARA UNA PLATAFORMA DE UNIDAD:

1.                Asamblea Constituyente con un enfoque de proyecto nacional popular, de Estado Promotor, reconocimiento de los derechos sociales, laborales, ciudadanos, comunitario, ambientalistas y humanistas dentro de una nueva Constitución que deje de lado la de 1993.

2.                Renegociación de los contratos de las empresas estratégicas del estado.

3.                Triplicar el presupuesto nacional para la salud, la educación y la seguridad interna.

4.                Muerte civil a los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción e incumplimiento de sus funciones.

5.                Reivindicación de los derechos laborales, con la ley general del trabajo y derogatoria de la Ley SERVIR.

6.                Revolución productiva e Industrial, contra el modelo extractivita. Innovación tecnológica en la agricultura y en todos los espacios productivos del país.

7.                Reconocimiento de la consulta previa a las comunidades involucradas en los proyectos de inversión, exigir el respeto a la vida y a su integridad personal y derechos ciudadanos; defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, la biodiversidad  y el patrimonio cultural, apoyando a nuestros hermanos nativos e indígenas.

8.                Reconocer una representación parlamentaria a los peruanos en el exterior, reconociendo sus aportes a la economía y desarrollo nacional.

9.                Reforma Tributaria para gravar más a los que más ganan y protección de las micro y pequeñas empresas del acoso tributario a cargo del estado.

10.           Prioridad de las políticas de estado para salir de la pobreza y el subdesarrollo.

11.           Definir una nueva descentralización política, con tendencia a generar macro regiones de desarrollo.

PROPUESTAS DE DESARROLLO DE LA UNIDAD:

1.       Participar en la Convocatoria de todos los espacios progresistas para impulsar la unidad del pueblo peruano.

2.       Suscripción de Actas de Compromiso en defensa de la Unidad, para constituir Mesa de Unidad en todas las regiones sin exclusiones.

3.       Someternos a las elecciones primarias para todo de cargo público de elección popular (Plancha Presidencial y Congresistas).

4.       Consolidar una sola propuesta programática, un solo frente y una sola lista de candidatos a las elecciones del año 2016.

5.       Constituir Comisiones de Trabajo Conjunto para abordar todos los aspectos de la campaña política y la unidad del pueblo.

LINEAMIENTOS PARA AFRONTAR LA COYUNTURA POLITICA.

BUSQUEMOS PONER EN AGENDA LOS TEMAS CENTRALES

A partir de lo dicho encontramos que un reto que surge de la actual coyuntura es cómo lograr introducir en la agenda pública temas centrales que nos permitan dialogar sobre cómo solucionar adecuadamente los problemas que agobian a las mayorías, impidiendo que la campaña presidencial del 2016 sea una repetición del desgastante enfrentamiento actual entre las fuerzas políticas.

2006:

Recordemos que en las presidenciales de 2006 temas claves fueron los relacionados a los límites que debía tener la inversión chilena en nuestro país por razones de seguridad nacional. También la necesidad de reformar la Constitución de 1993, la anticoncepción oral de emergencia (AOE), y la necesidad de una educación de calidad y mejoras en salud. Los temas de la CVR y la renegociación de los contratos firmados por el fujimorismo con las empresas extranjeras para aumentar la tributación fueron dos de los más disputados.

2011:

En la campaña del 2011 fueron temas centrales la posibilidad de amnistiar a Fujimori, que llegó a definir los campos de forma tajante. También la lucha contra la corrupción, entre otros, se propuso cambiar la legislación para que los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos no prescriban y dichos funcionarios sean inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos. También tuvo un espacio central la propuesta de organizar la economía del país de otro modo y no solo a partir de la explotación de los riquísimos recursos naturales con los que contamos. Se enfrentaron dos  visiones sobre la economía del país, que podríamos resumir en la frase continuidad o cambio.

El tema de inseguridad ciudadana también estuvo presente y se comenzó a hablar por primera vez del tema de la Unión Civil y de la necesidad de permitir el aborto en casos de violación. Estos dos últimos temas han estado presentes intermitentemente hasta hoy. Tímidamente hizo su aparición la posibilidad de despenalizar el uso de las drogas.  Sin embargo, las tres últimas (Unión Civil, aborto y drogas) fueron rápidamente demonizadas por el sector conservador de la Iglesia Católica con el entusiasta apoyo de los medios de comunicación.

¿Y EN EL 2016?

Nos permitimos sugerir tres temas que nos parecen importantes que entren en el debate electoral del 2016: los cambios a introducir en la política económica, mejorar los servicios públicos de educación y salud y promover el empleo productivo.  Hay muchos más, pero por razones de espacio nos limitaremos a desarrollar estos tres.

INTRODUCIR CAMBIOS EN LA POLÍTICA ECONÓMICA

Asistimos al fin de un ciclo de crecimiento económico iniciado entre el 2001-2002 y que finalizó el 2013, con un pequeño bache en el 2009 por la llamada crisis económica mundial originada en los Estados Unidos. Durante ese tiempo nuestro Producto Bruto Interno (PBI) creció a un ritmo promedio de 6% anual. En cambio, en el 2014 crecimos solo 2.35% y para este año se espera un crecimiento del PBI alrededor del 3%.  Es decir, nuestra economía se ha desacelerado.

Dicho ciclo cuenta entre sus aspectos positivos con una importante disminución de la pobreza monetaria.  Según cifras oficiales  pasó de 58,7% en el 2004 a 23,8% en el 2014.  Igualmente trajo consigo un mayor acceso al consumo de nuestra población, así como también permitió al Estado contar con mayores recursos, lo que se ha visto reflejado, entre otros, en mejoras en la infraestructura y mayor cobertura y extensión de los programas sociales de alivio de la pobreza.

Entre los factores negativos podemos mencionar que no incidió grandemente en la generación de empleo, lo que hizo que mucha gente buscara empleo en la economía ilegal o delincuencial: narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, trata de personas, contrabando, etc. Pero además para atraer la inversión privada se afectó seriamente los derechos laborales y de las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos extractivos y de agro exportación. También afectó seriamente el medio ambiente, muestra de ello es que en el ranking de desempeño ambiental (EPI) de la Universidad de Yale, figuramos en el puesto 110 entre 178 países.

Sin embargo, sabemos que frente a la política económica hay opiniones diferentes, las cuales se han manifestado recientemente a propósito de la actual desaceleración económica. Distinguimos tres propuestas:

v Un sector que dice que la desaceleración se debe a medidas de política interna aplicadas por el actual gobierno y que podríamos volver a retomar el ciclo de crecimiento económico si el gobierno mejorara el clima de negocios y promoviera decisivamente la inversión. Para lograrlo, plantean bajar los costos laborales, disminuir los trámites, obviar la ley de consulta previa, relajar la regulación ambiental e imponer lo que llaman el “estado de derecho” a las poblaciones que no quieren la presencia de empresas extractivas en su territorio. Frente a lo dicho constatamos, según el Doing Business (ranking del Banco Mundial sobre clima de negocios), que figuramos en el puesto 35 entre 189 países evaluados. Y en América Latina solo superados por Colombia. Es decir, nuestro clima de negocio no es nada malo.

v Otro sector que reconociendo que los factores de la actual desaceleración de la economía peruana  son básicamente externos piensan que la economía se puede reactivar exportando más de lo mismo (es decir, recursos naturales) y por ello plantean medidas similares a los primeros.

v Un tercer sector que plantea cambios en la política económica, que nos hagan menos dependientes de la exportación de materias primas y ayude a  desarrollar nuestro mercado interno, sobre todo en sectores de agricultura para consumo interno, micro y pequeña empresa, turismo y servicios. El economista José Távara resume bien esta posición, él nos dice “Las nuevas ideas del progreso en economía parten de reconocer los límites de los modelos de crecimiento que degradan el medio ambiente, reproducen las desigualdades, reducen la calidad de vida de las generaciones actuales y amenazan la sobrevivencia de generaciones futuras. Desde esta perspectiva, el progreso no es sinónimo de crecimiento, sino que más bien exige innovar y reorientar nuestra civilización, adoptando nuevas tecnologías y patrones de consumo, a fin de elevar la calidad de vida de todas las personas”.

PRIORIZAR LOS SECTORES DE EDUCACION Y SALUD

Como coincidimos con la tercera posición reseñada líneas arriba nos parece clave lograr un efectivo compromiso de quien aspire al sillón presidencial el 2016 de efectivamente atender los graves problemas que afrontan la educación y la salud pública. No solo para mejorar el bienestar de nuestra población, sino porque ambos son pilares claves si queremos pensar en un verdadero desarrollo. Nuestra población está mayoritariamente descontenta con ambos servicios. El Barómetro de las Américas 2014 constata que figuramos últimos en la región en cuanto a satisfacción con la escuela pública, solo el 45,1% está satisfecho y en salud solo lo está el 43% de la población. Como bien señalaba un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de IDEA, lo que la gente demanda es “derecho a la educación, la salud (siendo la prioridad en las zonas rurales) (…) Lo que se demanda son mejores condiciones de vida y oportunidades equitativas de acceso al desarrollo”.

Educación: En educación el problema principal es el de la calidad de la misma. En las pruebas PISA, llevada a cabo por la OCDE (Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica) que evalúa el rendimiento de estudiantes en matemática, lectura y ciencias  el Perú quedó último entre los 43 países participantes en el 2000, en la del año 2009, alcanzó el penúltimo lugar y en la del 2012 figuramos últimos otra vez,  entre los 64 países evaluados^[3]. Por otro lado, el Índice de Competitividad Global en el rubro educación nos sitúa en el puesto 134 entre 144 países. 

La mala calidad de la educación pública ha llevado a una migración importante  desde la educación pública hacia la privada. A fines de la década del 90, aproximadamente 85% de la matrícula en primaria y secundaria era pública, hoy es de 75%, según el Ministro de Educación Saavedra  

Salud: En Salud 20% de la población no tiene acceso a ningún servicio de salud. Por otro lado, el alto costo de los medicamentos hace que la mitad de los que van a consulta médica no puedan comprar la totalidad de la receta, situación que puede agravarse si se aprueba el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). La ausencia de políticas de regulación de precios y la  tendencia a que sea el sector privado el que atienda las necesidades de la población son factores agravantes de esta situación. Otro grave problema de salud lo constituye la desnutrición infantil. Según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud (ENDES 2014) la tasa de desnutrición crónica infantil llega a 14.6%: y la anemia en niñas y niños menores de cinco años al 35,6%. Ambas cifras son mayores en zonas rurales y amazónicas.

CEPLAN dice que el gasto público en salud en el Perú, al año 2013, se encontraba alrededor del 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI). Lo recomendado por la Organización Panamericana de la  Salud (OPS) para América Latina es de 6% del PBI y el nivel en países de la OCDE es de alrededor de 8% del PBI (OPS 2014).

PROMOVER EL EMPLEO PRODUCTIVO

El ciclo de crecimiento económico que terminó el 2013 no generó abundante empleo de calidad. Ricardo Infante, Juan Chacaltana y Minoru Higa nos dicen que “El hecho de que el crecimiento económico fuera liderado por el estrato de las grandes empresas, con escasos vínculos con el resto de la estructura económica, limitó el desarrollo de la producción de los estratos intermedio y tradicional, y afectó la utilización de la capacidad productiva y la generación de empleos de calidad.

Al mismo tiempo, dado que el estrato moderno ocupa una reducida proporción del empleo total, solo unos pocos trabajadores se beneficiaron del aumento de la productividad y los salarios, mientras que el resto siguió formando parte de un amplio segmento de la fuerza de trabajo en actividades de muy baja productividad, lo que tiende a generar una mayor desigualdad en la distribuciónn de ingresos”.

Por ello solo el 12% de la Poblaciónn Económicamente Activa (PEA) tiene empleo decente, es decir con contrato laboral, con jornada de 48 horas, seguro de salud, y sistema de pensiones. Por ello una encuesta de la Corporaciónn Andina de Fomento (CAF) señala que “El 81% de los encuestados declaró que el ingreso mensual de su hogar suma S/. 2,400 o menos, mientras que para el 64% no supera los S/. 1,200. Según la misma encuesta casi la mitad de ellos (48%) no percibe ingresos fijos.

Por ello también lo que tenemos son niveles altos de informalidad. El director de Semana Económica, Gonzalo Zegarra, dice que “Las economías del primer mundo tienen niveles de informalidad que no suelen exceder del 15% del PBI, con excepciones en la OCDE como México o Estonia que bordean el 30% (pero cuyo ‘primer mundismo’ es discutible). En el Perú la cifra supera el 50% del PBI y llega al 70% en materia laboral”.

Elizabeth Tinoco (Subdirectora General y Directora Regional de la Organización Internacional del Trabajo) y Alicia Bárcena (Secretaria Ejecutiva de la CEPAL) sostienen que  “La consolidación de los progresos sociales pasa necesariamente por políticas que mejoren la calidad de los puestos de trabajo. Por ello, la estrategia de desarrollo inclusivo debe evolucionar desde la compensación hacia la promoción social, mediante la mejora de la calidad de estos servicios universales y la promoción de una mayor productividad y formalidad laboral”.

Y agregan que “No se trata de fomentar cualquier tipo de empleo, sino uno decente, que se caracterice por un aumento de la productividad y las remuneraciones, que respete los derechos fundamentales en el trabajo, que sea seguro y saludable, con niveles adecuados de protección social, y que garantice el derecho a la representación y participación en procesos de diálogo social”

                                                                                                                 

LINEAMIENTOS PROGRAMATICOS PARA UN GOBIERNO TRANSFORMADOR:

Los peruanos y peruanas hemos perdido toda confianza en gran parte de los políticos, fruto de una democracia mal entendida, con traiciones de uno y otro lado. Hoy el Perú se puede jactar de contar con una democracia representativa estable y duradera. Es decir que la vía electoral se ha vuelto imprescindible para iniciar el proceso de cambios estructurales que el país necesita, pero para ello debemos de sentar las bases de dicha transformación: Refundación de la política, Desarrollo Nacional, Cultura política propia, nuevos partidos que sepan combinar los cambios generacionales y la renovación política permanente, lectura acertada de la coyuntura, amor a la patria, unir al pueblo y sus clases sociales mayoritarias, convocar a los frentes de masas y ciudadanos dispuestos a desarrollar un nuevo PROYECTO DE DESARROLLO NACIONAL.

 Con este fin proponemos:

UNA REFORMA POLÍTICA EN EL MÁS BREVE PLAZO: NUEVA CONSTITUCIÓN Y NUEVA MAYORÍA REPRESENTATIVA.

1.     Coincidimos con otras organizaciones políticas nacionales que el Perú necesita urgente una NUEVA CONSTITUCION  que resuelva las limitaciones impuestas por la constitución vigente de la dictadura fujimorista en los temas de los derechos sociales, laborales y económicos a fin de eliminar el sello neoliberal agotado en el actual modelo económico, y que tiene entrampado al país en una seria crisis moral, política y económica.  La nueva Constitución debe de surgir de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA REPRESENTATIVA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES, LOS FRENTES DE MASAS Y LAS REGIONES DEL PAIS, donde el poder se asienta en la voluntad de los ciudadanos, respeta sus derechos fundamentales y expresa los anhelos de una sociedad étnicamente diversa, pluricultural y multilingüe, garantizando una vida en condiciones de mayor igualdad, con participación y representación de todos y todas. El Estado debe estar sujeto al poder soberano del pueblo, y las decisiones trascendentales que afecten a la política, la economía y la defensa de la soberanía nacional.

2. POR UN NUEVO MODELO DE ESTADO: PROMOTOR DEL DESARROLLO. Hoy en día el estado peruano está entrando a una fase peligrosa a punto de convertirse en un NARCOESTADO, como producto de la conciliación de los diferentes partidos en vivir un status quo con referente a las verdaderas reformas políticas, económicas y sociales. Esta situación ha generado el crecimiento de la violencia callejera, el narcotráfico y la corrupción generalizada en todos los ámbitos del aparato estatal (Congreso de la República, Ministerio Público, Primera Dama, Poder Judicial, Programas Sociales, Policía, FF.AA. etc.), quienes se han acostumbrado a vivir como ricos a costa de la pobreza de los trabajadores, el desempleo y  los deficientes servicios públicos y la mala calidad de la Salud y la Educación. Por eso es imprescindible acabar con toda esta corrupción generalizada, proponiendo un nuevo modelo de Estado PROMOTOR DEL DESARROLLO donde la corrupción y los sueldos dorados sean cambiados por la participación activa de la sociedad organizada en todas las instancias de gobierno y los trabajadores recuperen su poder adquisitivo, la Industria Nacional sea la fuerza motriz de nuestra riqueza energética y la integración económica a los países de la región sea el sello inconfundible de la Soberanía Nacional. No más Dependencia de las transnacionales que vienen a  expoliar  nuestras riquezas.  Para ello jugaran un rol importante los partidos emergentes como el nuestro que debe de dejar de lado todo apetito personal o económico para trascender realmente en la vida política del país.

3. DEMOCRATIZACION DE LA POLITICA: Nos comprometemos a recuperar la ética en la política y su sentido de servicio a la sociedad. Proponemos poner en marcha una reforma política que moralice la política y erradique la corrupción. Esta reforma debe ser integral y generar la democratización de los partidos políticos, con primarias abiertas, equidad de género y alternancia en las listas. Promoveremos sanciones drásticas no sólo para los políticos corruptos, sino también para los partidos que los cobijen.

4.     Los entes electorales deben de cambiar su rol de limitar la participación del pueblo en la política nacional, promoviendo las consultas ciudadanas sin limitación alguna. Los partidos se deben de legalizar acreditando una vida orgánica real y no por la engañosa forma de acreditación de firmas. La militancia política de los ciudadanos debe ser libre y expresa de manera voluntaria en un determinado partido. Los  Congresistas electos deberán jurar lealtad a sus bancadas, siendo causal de vacancia el transfuguismo y las faltas éticas y morales, así como actos de corrupción.

UN NUEVA ECONOMÍA NACIONAL JUSTA, SOLIDARIA Y GENERADORA DEL EMPLEO

5. Apostamos por una Economía Nacional JUSTA, SOLIDARIA Y GENERADORA DEL EMPLEO como alternativa al modelo económico neoliberal impuesto en el país en las últimas tres décadas. El modelo de crecimiento primario-exportador, dependiente de las exportaciones tradicionales, ya está agotado y no tiene capacidad de generar ni los empleos ni las actividades productivas que necesita nuestro país para desarrollarse en las próximas décadas. Promoveremos un nuevo modelo de desarrollo equitativo, incluyente y sostenible, sobre la base del desarrollo y expansión de nuestros mercados internos, para articularnos como nación, reducir nuestra vulnerabilidad externa e integrarnos competitivamente al mundo.

6.  Apoyaremos a las inversiones nacionales y extranjeras que respeten los derechos de los trabajadores, el medio ambiente y paguen sus impuestos; una política macroeconómica fiscal, monetaria y cambiaria que asegure los equilibrios macroeconómicos y que, junto con la planificación y el presupuesto, apoye el desarrollo industrial y agrario; una política industrial basada en encadenamientos productivos competitivos; una política agraria de soberanía y seguridad alimentaria que permita la adecuada nutrición de los peruanos y peruanas; una minería sustentable con licencia social de las comunidades donde se desarrolle; una reforma tributaria democrática donde paguen más los que más ganan y tienen; iniciar un proceso sostenible de aumento del salario mínimo vital de acuerdo a los mecanismos técnicos y constitucionales que lo respaldan; y una política de apoyo a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Las micro, pequeñas y medianas industrias dinamizan las economías locales y sobre todo generan empleo productivo, por lo que les brindaremos apoyo técnico y crediticio.

LA SALUD Y LA EDUCACIÓN GRATUITA SERÁN LAS PRIORIDADES DEL NUEVO GOBIERNO DEL PUEBLO

7.     Para iniciar la superación de la aguda desigualdad social que padece el Perú se tiene que terminar con las desigualdades que tienen un origen de clase, género, etnia, orientación sexual, edad y procedencia regional, para respetarnos y hacer efectivos los derechos de todos y todas. Un Estado democrático y promotor debe garantizar los derechos sociales de la población, a través de sistemas públicos universales, gratuitos, y de calidad en la educación y la salud, y proveer un sistema público de pensiones. También debe garantizar la plena igualdad en los derechos civiles de minorías como las comunidades que aspirar a aprobar la Unión Civil y la despenalización del aborto.

8.     Defensa del trabajo como la fuente fundamental de la riqueza y que el empleo digno es un derecho irrenunciable. Garantizaremos el derecho de las mujeres a recibir igual remuneración por el mismo trabajo. Promoveremos una nueva Ley General del Trabajo que elimine los regímenes especiales discriminadores y que fortalezca la negociación colectiva y la plena libertad sindical. Proponemos eliminar la LEY SERVIR y defender la estabilidad laboral de miles de trabajadores contratados bajo la modalidad CAS, eliminaremos la prohibición de la negociación colectiva en las entidades públicas  y el restablecimiento de la jornada laboral de las 8 horas.

POR UNA INCLUSIÓN SOCIAL PROFUNDA EN BENEFICIO DE MILLONES DE INFORMALES Y  PERUANOS EN POBREZA EXTREMA.

9.     Formalización de las pequeñas y microempresas a todo lo largo y ancho del país, otorgándoles asistencia técnica y financiera con periodos de gracia de tributación a fin de incorporarlas a la economía formal del país. Apoyaremos el desarrollo empresarial de la comunidades campesinas y agrarias con énfasis a la innovación tecnológica para hacerlas más competitivas y generadoras de divisas.

10. Incorporar a la economía nacional a las empresas de la MINERÍA INFORMAL Y DEL TRANSPORTE PÚBLICO, promoviendo para ellos estrategias de intereses recíprocos entre el estado, las regiones y los trabajadores informales. Somos conscientes de que la inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema para la mayoría de nuestra población, en medio de la pasividad de las autoridades, que deben garantizar la seguridad. Planteamos que las actividades de seguridad ciudadana sean competencias de los gobiernos locales y regionales, para lo cual tenemos que integrar a la Policía Nacional y al serenazgo en un solo cuerpo de operaciones, diseñando nuevas estrategias que apliquen programas de reeducación cultural, laboral y sano esparcimiento (deportes, recreación y manifestaciones culturales).

11. LUCHA CONTRA LA POBREZA, entendida como una de las principales políticas públicas tenemos que revisar y reorientar los PROGRAMA SOCIALES, dándole un contenido de participación y formación de concientización social para fortalecer los objetivos del Desarrollo Nacional. Estos programas sociales deben de contribuir a la vez al desarrollo de los programas de   alimentación y la salud. Bajo la consigna nacional de NO MAS HAMBRE EN EL PERU, la soberanía alimentaria se orientara a la promoción  de la agricultura familiar, que es la principal fuente de nuestra alimentación y agro-diversidad. La salud y la producción y comercialización de medicamentos se pondrán al servicio de los intereses de la comunidad y no de un pequeño grupo de empresas trasnacionales.

12.  POR LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y LUCHA CONTRA EL FEMINICIDIO, las mujeres en el Perú sufren las graves consecuencias del machismo y su discriminación ante la Ley; aparte de no gozar del mismo sueldo que los varones, sufren graves amputaciones por la violencia familiar siendo necesario proponer una Ley integral  que reconozca la igualdad de derechos y  la No Violencia contra ella y el grupo familiar.

13.                                    Es necesario que se apruebe un Plan de Acción contra la Violencia hacia la Mujer que contenga acciones concertadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, orientadas a la prevención integral, así como a la atención articulada y oportuna para el acceso a la justicia y recuperación de las víctimas. No habrá mejora en esta lucha si no se destinan  los recursos públicos para la creación de las casas de refugio para mujeres der bajos ingresos, si no se establece un protocolo de alto riesgo y se mitigue el riesgo de feminicidio.

14.                DEFENSA DE LA VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE, el desarrollo de nuestro país no puede ser entendido únicamente como crecimiento del PBI. Junto a esto existe la necesidad de cuidar el ambiente en que vivimos, teniendo en cuenta el cambio climático en curso. Impulsaremos el manejo sostenible de los recursos naturales y la protección del patrimonio ambiental de todas las generaciones, así como cambios en la matriz energética hacia el uso de recursos renovables para la generación de energía, y la paulatina reducción de nuestra dependencia de la importación de petróleo. La actividad minera debe ser vista por el estado como una importante fuente de divisas que el país necesita pero su explotación debe de estar diseñada bajo estrictos parámetros legales que permitan contar con la Licencia Social de las comunidades involucradas. Aquí haremos una profunda lucha contra la politiquería y el anarquismo de falsos luchadores sociales.

REGIONES TRANSVERSALES CON DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA.

15.                La descentralización  económica y política del país es una reforma fundamental y apostamos por su profundización. Planteamos una descentralización que haga confluir el gobierno local y regional con el desarrollo territorial. Para ello promoveremos regiones transversales que sean espacios viables política y económicamente y un efectivo contrapeso al centralismo limeño.  La descentralización debe convertirse en un gran espacio de participación ciudadana, directamente y a través de las organizaciones sociales que, en el marco de la democracia representativa, permitan la participación responsable de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la fiscalización de la acción pública.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y ERRADICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

16.                Los tentáculos del narcotráfico y la corrupción son parte de una misma lacra social que comprometen cada vez más la vida política, social y económica del país, corrompiéndola gravemente y amenazando con capturar el poder político para ponerlo a su servicio. Se requiere un combate frontal que debe ser prioridad del gobierno, y un compromiso nacional, independientemente de las ideologías y filiaciones políticas o partidarias, para derrotar este peligroso flagelo y evitar llegar a situaciones como las que viven otros países de la región. Nuestro país debe decidir con soberanía sobre su política de desarrollo alternativo, diferenciando a los productores de hoja de coca de los narcotraficantes.

POLÍTICA EXTERIOR AL SERVICIO DEL DESARROLLO.

17.                Nuestra política exterior estará al servicio de nuestro desarrollo nacional, del fortalecimiento y la defensa plena de la democracia representativa y participativa tanto en nuestra sociedad como en la de todos los países, regiones y sociedades con las que mantenemos relaciones diplomáticas y comerciales. Favorecemos la integración andina y regional, y creemos en una globalización solidaria y democrática, donde los países en desarrollo tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones con soberanía económica y política. Somos parte de las naciones que buscan defender los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas por encima de las imposiciones de los organismos financieros internacionales o de intereses de un puñado de corporaciones trasnacionales.  Apoyamos mecanismos de integración como la Comunidad Andina, el MERCOSUR, la UNASUR y el CELAC, con independencia de las grandes potencias y sin vulnerar la autodeterminación nacional, que nos permitirán participar ventajosamente en las oportunidades de un mundo globalizado y multipolar.

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