Por Rocío
Silva Santisteban
El
ministro Manuel Pulgar Vidal publicó el domingo un artículo en el que
ridiculiza la propuesta posextractivista que múltiples intelectuales
latinoamericanos y europeos plantean, entre ellos por supuesto Eduardo Gudynas,
pero también Héctor Alimonda, Joan Martínez Alier o Maristella Svampa,
sosteniendo que se trata de una propuesta “bucólica y agrarista”. Reducir y
extrapolar son dos características del debate simplón: lamentable para una
persona con la trayectoria de Pulgar Vidal.
Sin
embargo, es necesario aclarar desde una perspectiva de las ideas que la
propuesta posextractivista no se sostiene sobre la negación de la minería a
rajatabla sino sobre la propuesta racional de una minería que se enmarque
dentro de una visión pluriproductiva. Por ese motivo, el concepto “Zonificación
Ecológica Económica- ZEE” debe ser asumido y priorizado por los distintos
gobiernos regionales, municipales y el gobierno nacional. Por cierto, es una
tarea del Minam que, por la buena voluntad de algunos de sus funcionarios, sale
adelante sin mayor apoyo político. Hoy solo diez departamentos y dos regiones
especiales (Vraem y Picota) cuentan con un ZEE que, además, no se respeta.
Pero en
nuestro Perú actual nos enfrentamos a lo que yo misma denomino un
“extractivismo compulsivo” que fue fomentado por el gobierno de Alan García con
la justificación teórica del “perro del hortelano”, discurso subalternizador,
que ha sido percibido por los indígenas peruanos como irrespetuoso y
discriminador. Durante este gobierno, al que los votantes de Humala dieron
apoyo porque esperaban una diferencia del anterior, se ha profundizado este
extractivismo compulsivo: el presidente Humala ha priorizado, debido a la
desaceleración de la economía, el fortalecimiento de proyectos de exploración y
explotación, tanto mineros como petroleros, muchas veces ninguneando las
propias leyes aprobadas como la de consulta previa (reglamentada de tal manera
que parece amortajada). Si bien es cierto no apela al discurso del “perro del
hortelano”, hoy por hoy le da sustento a la calificación inadmisible del
funcionario de la Southern, Julio Morriberón, la de “terroristas antimineros”.
Así, el diario El Comercio tituló el domingo “Humala afirma que terroristas
azuzan la violencia en Islay” dándole el espaldarazo que ese discurso
reificante necesitaba. Es vil usar el fantasma del terrorismo para enfrentar
otro tipo de conflictos totalmente diferentes.
Raúl
Zibechi sostiene en un análisis sobre el extractivismo en América Latina que:
“La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte
inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de
desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo ‘normal’ de
operar del extractivismo”. ¿Por qué? Porque el extractivismo se sustenta en la
acumulación por despojo, por lo tanto, requiere de un control de esa población
a la que se despojará. Se trata de estrategias que van de la mano con la
imposición de estados de excepción levantando las garantías de la democracia.
Lo ha dicho también Horacio Machado para Potosí, pero se aplica a Tía María:
“Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y
judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes
y referentes de organizaciones y movimientos emergentes –mujeres y varones,
jóvenes, adultos y ancianos por igual– son acusados de ser los nuevos
terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario
expulsarlos”.
El
gobierno ha tomado una decisión. La jauría de la derecha cavernaria grita y
aúlla. Los señores de la mina sonríen en silencio.
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