El 27 de
Julio, en pleno feriado puente de Fiestas Patrias, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1182, también
conocida como la Ley Stalker. ¿Qué hace esta ley? Permite que los policías
sepan dónde estás sin pedirle permiso a nadie, sin ninguna orden judicial. Sí,
tal y como suena, bajo la excusa de que “el Poder Judicial la hace muy larga”.
Si esta
ley se aprueba, además, la policía podrá solicitar a las empresas de
telecomunicaciones tu data y ellas estarán obligadas a entregársela. Cualquier
individuo puede ser el investigado.
1. ¿Qué
busca la ley?
La web
especialista en derecho digital, Hiperderecho, publicó en su página web un
artículo donde explica detalladamente cuáles son las ventajas y desventajas de
esta ley, que para ellos, califica como la más polémica de toda la gestión de
Humala.
“El
Decreto Legislativo 1182, busca regular el uso de los datos derivados de las
telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de
equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen
organizado. Aunque introduce también otras modificaciones al Código Penal, la
parte más problemática es la de sus nueve artículos principales en la que crea
dos nuevos mecanismos de acceso a la información privada de los ciudadanos.”
Aguanta;
¿”equipos de comunicación”? ¿No es sólo celulares?
Exactamente.
La ley no especifica qué dispositivos electrónicos móviles. En pocas palabras,
estamos hablando de smartphones, tablets, laptops, iPods, etc. De hecho, hasta
tu Nokia ladrillo del 98 entra aquí.
“El
Decreto Legislativo crea un mecanismo mediante el cual la Policía puede enviar
un pedido a cualquier empresa operadora para acceder a los datos de
localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos
electrónicos. Estos datos son enviados permanentemente por todos los teléfonos
móviles conectados a una red de comunicaciones, incluso los que no son
smartphones, y constituyen un registro exacto de la circulación de cualquier
usuario de estos aparatos”.
2. ¿Que
harán con la información?
Pero hay
más. En una de sus tantas disposiciones complementarias, la Ley Stalker realiza
el mayor cambio en cuanto a la protección de la privacidad de la historia: toda
nuestra información será almacenada por tres años. (Por si acaso, pues).
“Por
primera vez, se aprueba en Perú una norma expresa que obliga a todas las
empresas concesionarias de servicios públicos a almacenar por tres años toda la
información de los datos derivados de las telecomunicaciones para que pueda ser
consultada por la Policía. Esto significa que toda la información sobre los
detalles de con quién nos comunicamos, por cuánto tiempo, y desde dónde, entre
otros, correspondientes a los últimos tres años serán almacenados por las
empresas de telecomunicaciones”.
Para
acceder a esta información mucho más detallada, el decreto establece que sí es
necesario una autorización por parte del Poder Judicial. Sin embargo, esto no
es suficiente, ya que el simple acto de almacenar tanto tiempo este tipo de
información viola la privacidad de los ciudadanos. Incluso hay todo un
principio internacional sobre la aplicación de los derechos humanos a la
vigilancia de las comunicaciones.
3.
¿Cuáles son los requisitos para que la policía conozca tus datos personales?
Para que
la policía sepa tu ubicación satelital, se necesita el cumplimiento de tres
requisitos.
Se trata
de un delito flagrante.
El delito
investigado será sancionado con una pena igual o mayor a los cuatro años de
cárcel.
El acceso
a esta información sea un medio fundamentalmente necesario para la
investigación.
Pero aquí
es donde comienza lo realmente preocupante, el cumplimiento de estos requisitos
sólo será revisado cuando la policía ya haya accedido a la información. Luego,
la PNP tendrá 24 horas para enviar al Fiscal un informe que sustente el
requerimiento y el Fiscal tendrá otras 24 horas para solicitarle al juez la
“convalidación de la medida” y el juez tendrá otras 24 horas para pronunciarse
sobre la legalidad del pedido y establecer un periodo durante el cual estará
vigente. Hay un gráfico que detalla perfectamente este proceso.
¿No
entendiste? Fácil. La policía pedirá el acceso a tu ubicación y tu identidad y
luego tendrá que explicar por qué la pidió. Pasarán 72 horas hasta que un juez
decida si era necesario pedir información y verifique si todos los requisitos
han sido respetados. Haya sido necesario o no, igual el policía ya sabrá que tú
eres el dueño de la línea y dónde estuviste.
El
artículo de Hiperderecho resalta su inmensa diferencia con el esquema actual.
“Bajo el
esquema anteriormente vigente, si la Policía quería necesitaba acceder a la
geolocalización de cualquier línea telefónica era necesario que sea un Fiscal
quien se lo solicite a un Juez. Resultaba responsabilidad del Fiscal convencer
al Juez de que existían indicios suficientes como para amparar esta solicitud y
era el magistrado quien establecía la forma, oportunidad, periodo y garantías
aplicables a la intervención.”
4. El
gobierno quiere que confíes en ellos
La
respuesta de Jaime Reyes, jefe del gabinete de asesores del Ministerio del
Interior, ha sido realmente lamentable. En un debate en Canal N, le pidió a la
población que “confíe en el gobierno”. Lamentablemente, ni este gobierno ni
ninguno de nuestros políticos se ha ganado la confianza suficiente como para
acumular tantos poderes.
5. El
espejo norteamericano
A simple
vista podemos darnos cuenta de los cuestionamientos sobre esta norma y el
riesgo al que se expone nuestro derecho a la privacidad en caso se llegue a
aplicar. Este tipo de reformas tienen que ser discutidas en público, en el
Congreso, y no publicadas a escondidas en pleno feriado. La exposición de este
Decreto al público hace que distintas personas sean partícipes del debate y
todo el proceso legislativo sea respetado. Resulta increíble que, como menciona
Hiperderecho, “la culpa del Poder Judicial recaiga sobre el ciudadano”.
“Peor
aún, la norma actual transfiere el costo de la supuesta demora del Poder
Judicial al ciudadano y no hace nada por modificar las situaciones de hecho o
de derecho que producen esta demora.”
En
Estados Unidos se intentó hacer lo mismo con la Ley Patriota después del ataque
a las torres gemelas. Esta ley buscaba “dotar de mayor poder de vigilancia contra
los delitos de terrorismo” a sus fuerzas de seguridad, dándoles carta abierta a
investigaciones y allanamientos para luego ser derogada y declarada
inconstitucional.
Si esto
pasó en los Estados Unidos, ¿se imaginan qué podría pasar en el Perú? Si ya con
este gobierno, la DINI abusó de sus facultades… ¿se imaginan un gobierno
fujimorista más autoritario con este poder? Esta ley le da demasiados poderes
al régimen de turno y puede ser perfectamente usado contra gente inocente. No
puede ser que para solucionar un problema de coordinación entre los poderes del
Estado, la respuesta sea atentar contra el derecho a la privacidad de TODOS los
peruanos, por si alguno de nosotros, alguna vez, se le ocurre, quizás, cometer
un crimen.
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