Aunque el
presidente Ollanta Humala no hizo ninguna mención al valle de Tambo ni al
proyecto minero Tía María, durante su mensaje presidencial, los pobladores de
la zona quisieron manifestarse en el día del aniversario patrio portando las ya
clásicas banderas verde fosforescente con el lema “Agro sí, mino no”.
El
desfile tuvo lugar en La Curva, del distrito de Deán Valdivia y contó con la
presencia de delegaciones de varones, de mujeres y jóvenes que vivaban a favor
del agro y contra la activida minera.
Ayer se
vivió la misma escena en el desfile cívico que tuvo lugar en Cocachacra. Una
delegación de pobladores de El Arenal, se hizo presente portando banderas y
polos con las mismas consignas, siendo muy aplaudidos por la población.
Esto
refleja el estado de ánimo de los pobladores ya tratado en un estudio que
realizó la ONG Labor en la provincia de Islay por encargo del gobierno regional
y que serviría de base para plantear una nueva relación de diálogo con el
gobierno nacional.
Eso se
produce solo 5 días después de haberse levantado el régimen de excepción
implantado desde el 23 de mayo en que el gobierno suspendió las garantías
constitucionales en la provincia para evitar las protestas y los actos de
violencia que se suscitaron como consecuencia deo paro indefinido contra la
minera Southern Perú.
Dos de
los líderes de la protesta, Jaime de la Cruz, alcalde vacado de Deán Valdivia y
Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, se
manifestaron recientemente reiterando su posición contraria a la actividad
minera de Southern.
Cornejo
fue enfático en señalar que no tienen nada que conversar con la empresa y que
no se sentarán a dialogar con ellos. En relación al gobierno dijo que tampoco
aceptarán las convocatorias destinadas a tratar el tema insistiendo en su
imposición en el valle. Pidió, en cambio, que las autoridades vayan al valle a
dialogar directamente con la población para que puedan recoger sus demandas.
Jaime de
la Cruz, quien ha sido recientemente vacado del cargo de alcalde por tener una
sentencia condenatoria debido a los actos de protesta del año 2010, también ha
manifestado su firme compromiso con apoyar las protestas en caso de reanudarse
la intención gubernamental de hacer avanzar el proyecto.
Ambos
consideran que los alcaldes y los representantes de los agricultores son los
interlocutores válidos para tratar con el gobierno pero rechazan las mesas de
desarrollo que promovió el nivel central por considerar que son “trampas
destinadas a conseguir la aceptación de las operaciones mineras”.
Richard
Ale, alcalde provincial, considera que el pueblo ya se ha manifestado durante
las protestas y a través de la encuesta que mandó a elaborar el gobierno
regional, por lo que el gobierno debe actar la voluntad popular y cesar de
perseguir a las autoridades y acosarlas con medidas como el congelamiento de
las cuentas municipales, que es el caso de la municipalidad provincial de
Islay.
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