A mediados de los 80, luego de unos
tres años de inmersión sin pausa en la investigación periodística, las
realidades descubiertas me exigieron un título: la Historia como atestado: El
crimen en el poder.
El concepto describió bien la
realidad del país inmediatamente anterior a Fujimori y Montesinos, y luego
calzó perfectamente con estos. Sin embargo, tuvo una limitación: la rigidez,
grisura, carencia de matices del atestado. Apropiado para el encausamiento,
limitado para la narrativa. No describe bien la picaresca del delito; ni a los
pícaros inteligentes ni a los pícaros idiotas.
Que el atestado, entonces, quede por
ahora con los especialistas. No es suficiente para describir el embarradero
electoral al que ha llevado al país el JNE.
No es que falten bribonerías en esta
farsa sino que la dinámica que ellas generaron las excede y, luego de dañar
gravemente la integridad de las elecciones, las pone en una situación en la que
–se haga lo que se haga– estas se encontrarán en peligro.
Hagamos una recapitulación breve,
para entender la situación que un Jurado deshonesto e incompetente ha creado al
país.
- Todo empezó cuando uno de los
candidatos ‘pitufos’ (los que están perdidos entre el 4%, el “otros” y la nada
estadística), Julio Guzmán, empezó a repuntar, ganó velocidad, entró en una
térmica ascendente, pasó a todo el pelotón que seguía a la puntera, alcanzó el
segundo puesto nacional con viento a favor y el primer puesto en el sur del
país.
- Como suele suceder en las carreras,
esa disparada trastocó a todo el mundo. El pelotón se deshizo y varios (Toledo,
Acuña, García, PPK) cayeron a diferentes velocidades mientras que dos
candidatos: Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza, abandonaban el grupo pitufo y
crecían a un ritmo no muy veloz, pero sostenido.
- La ganancia de unos era
inevitablemente la pérdida de otros. Encabezados por el APRA, varios de los
candidatos en resbaladera, apoyaron la iniciativa de sacar fuera del proceso a
Guzmán por nimias faltas administrativas.
- Las complicidades con las
leguleyadas que se esgrimieron en el proceso, fueron francamente repulsivas. Lo
que no se podía lograr en la campaña se iba a perpetrar como trampa. Sin
embargo, ninguno de los políticos que azuzaba las sanciones: ni García, ni
Toledo, ni PPK, ni ninguno de ellos, podía ordenar la salida de Guzmán. El JNE
sí podía. Y lo hizo.
- Ya he examinado, en las semanas
anteriores, quién es qué en el JNE, sus conflictos de interés, las insistentes
y precisas acusaciones por corrupción, que indican cómo se gestó la resolución
que sacó de la campaña a un candidato que ya tenía cuando menos el 20 por
ciento de la intención de voto.
- Al final, ejecutaron a Guzmán (solo
electoralmente, menos mal) e hicieron igual en el mismo proceso con César
Acuña. A este, que ya estaba golpeadísimo por las revelaciones de plagio en
serie perpetrado por él, debe haberle parecido un alivio salir del tormento
cotidiano de un nuevo plagio hecho público. El hecho es que, por haber
efectuado una donación relativamente modesta de dinero, fue también sacado de
la campaña.
- En medio de la indignación de la
gente que, con razón, olió trampa e inició las marchas contra Fujimori que
culminarán en la del 5 de abril, el JNE sentó precedentes: fallas administrativas
menores en el proceso de preparar la candidatura presidencial; o la entrega de
dádivas causarán la exclusión del proceso electoral, con el balido de fondo,
como en la “Granja de animales” de Orwell, del conocido elenco de opinólogos
repitiendo: “la ley es la ley”.
- Cuando se juega con piedras en una
vidriería, hay un cierto tipo de ruido que inevitablemente se producirá. Keiko
Fujimori fue denunciada, con exhaustivas pruebas en vídeo, de haber entregado
dinero en el Callao. No es mucho, pero es suficiente y el precedente de Acuña
no deja margen discrecional. “La ley es la ley”, “la ley es la ley”…
- De otro lado, la candidatura del
propio Alan García parece enfrentar problemas de legitimidad que trascienden lo
puramente administrativo. El 2 de noviembre del año pasado, la militante
aprista Ángela Valdez presentó un recurso al presidente del JNE, Francisco
Távara, en el que pide que se declaren nulos los “actos electorales” internos
que resultaron, entre otras cosas, en la candidatura presidencial de Alan
García.
- ¿La razón? Los directivos del APRA
se encuentran con mandato fenecido desde el 2014. ¿Por qué? De acuerdo con sus
propios estatutos, la máxima autoridad en el APRA es el congreso partidario. El
último se realizó en marzo de 2010 y eligió al CEN y la Comisión Política
Nacional por un período de cuatro años, que venció en marzo de 2014.
- Sin embargo, no se convocó a un
nuevo congreso y, salvo unos pocos militantes que se apartaron del puesto, la
Comisión Política y el CEN continuaron funcionando y organizaron el proceso de
nombramiento de candidaturas a la presidencia y el congreso (con lista única),
pese a haber expirado su mandato.
- Por ello, Ángela Valdez denunció
una “usurpación” de funciones ante Távara. Cuando IDL-Reporteros le preguntó
por ese documento, Távara dijo no recordar haberlo recibido. Sin embargo, una
breve verificación de IDL-R estableció que el 17 de noviembre del año pasado,
la dirección de fiscalización del JNE envió copia de la denuncia al APRA; y el
día siguiente, el 18, notificó a Ángela Valdez del envío de la denuncia al
partido aprista. Desde entonces hasta ahora, la gestión permanece “en trámite”.
Es decir, en el limbo.
- ¿Por qué, mientras se decapitaba la
candidatura de Guzmán por nimiedades administrativas, se ignoraba por completo
este caso mucho más serio? ¿No era que a igual razón igual derecho; o a igual
sinrazón parecida sanción? ¿No era que “la ley es la ley”?
Este Jurado, torpe hasta en sus
trampas se encuentra ahora enredado en sus propios nudos. ¿Excluirá a Keiko
Fujimori y a Alan García por las mismas razones que se usó con Acuña y Guzmán?
Si no lo hace, su parcialidad será patente, su desprestigio todavía mayor.
Si excluye a los dos, es casi seguro
que otros candidatos enfrentarán impugnaciones similares fundadas en el mismo
principio, de que cualquier leve falla se castiga con la pena capital.
Como, recuerden, “la ley es la ley”,
puede producirse una masacre (electoral) de candidatos en donde quizá al final
haya que elegir entre, digamos, Gregorio Santos y Miguel Hilario para la
presidencia. ¿Suena exagerado? ¿Pero no es acaso, exagerado, que por tonterías
se haya confiscado el derecho al voto del 20% que declaraba su preferencia por
Guzmán? Y si sacan (como debieran, de acuerdo con el ‘criterio’ del JNE) a
Keiko Fujimori de las elecciones, la confiscación del voto subiría, sumando
preferencias por Guzmán y Fujimori, al 50% de los votos.
Todo este desorden, esta monumental
incertidumbre, es fruto del JNE. Recuérdenlo una vez que este proceso de
socavamiento del sufragio popular haya llegado a su fin.
Escribe: Gustavo
Gorriti
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