Ya como virtual presidente, Pedro
Pablo Kuczynski ha identificado las tres áreas de acción prioritarias para el
inicio de su gobierno: seguridad ciudadana; reactivación de la economía; y
“revolución social“. Para todas tiene propuestas y objetivos que se encuentran
en su plan de gobierno, y algunos que se han expresado verbalmente a lo largo
de la campaña. Sin embargo, hay aún importantes asuntos por definir en cada
una.
En seguridad ciudadana hay un
conjunto bastante integral de medidas de prevención y lucha contra la
delincuencia común y crimen organizado. Destaca la propuesta de diseñar e
implementar una nueva política de prevención social de la violencia y el
delito, y la creación del Programa Barrio Seguro. Un aspecto clave es ampliar
la cobertura de la vigilancia y el patrullaje de los barrios del país, llegando
al 100% en 2021 (de menos de 50% actualmente). Asimismo, se propone fortalecer
la inteligencia policial y la investigación criminal, constituir el sistema
especializado contra la criminalidad organizada (incluyendo la lucha contra el
narcotráfico), garantizar la presencia del Estado en los valles cocaleros,
acabar con los remanentes terroristas en el VRAEM, y fortalecer la lucha contra
la trata de personas, entre otras. En estos temas, las propuestas de PPK
contrastan claramente con el enfoque de Fuerza Popular de mano dura e
involucramiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana.
El gran reto para implementar este
tipo de política es que depende fundamentalmente de empezar a “refundar“ la
Policía Nacional en un corto plazo. Y para ello se requiere de un acuerdo
político en el legislativo, lo cual pasa a su vez por convencer a una mayoría
fujimorista que ha propuesto más bien retomar el 24 x 24, establecer un estado
de emergencia en Lima y Callao, y poner
a los militares en las calles. Para ser viable, la primera prioridad de PPK
requerirá, entonces, del trabajo político más arduo e inmediato en el Congreso.
Con respecto a la reactivación de la
economía, desde la publicación del plan de gobierno de PPK ha sido claro el
énfasis en el papel de la gran inversión pública y privada (megaproyectos) como
clave para generar el crecimiento deseado, antes que un énfasis en la pequeña o
microempresa. Esto no requerirá del arduo trabajo legislativo del tema de
seguridad, pero hay un vacío importante en los planteamientos que también
sugieren un gran desafío político: no se menciona ni evalúa el impacto
ambiental de los megaproyectos de infraestructura priorizados en el plan de
gobierno, ni tampoco se ha mencionado el aspecto ambiental al discutirlos en
los medios de comunicación. Al mismo tiempo, no se menciona estos grandes
proyectos en las secciones de análisis de temas ambientales del plan de
gobierno.
En un país de gran conflictividad
socioambiental, esta sería una omisión peligrosa. El plan de gobierno de PPK
tiene propuestas para prevenir y resolver pacíficamente los conflictos
sociales, con la creación del Sistema Nacional de Prevención y Solución
Pacifica de los Conflictos Sociales como elemento central para lograrlo. Sin
embargo, la discusión sobre los megaproyectos a destrabar parece completamente
divorciada de las propuestas de gestión de conflictos y de política ambiental.
Poner al crecimiento por encima de lo social y ambiental ya ha demostrado ser
una estrategia peligrosa y contraproducente para anteriores gobiernos.
Finalmente, se ha ofrecido una
“revolución social“ enfocada en el acceso a agua, educación y salud, y lograrla
se relaciona directamente con el cuarto gran objetivo del plan de gobierno de
PPK: mejorar la inversión social. Para ello se propone avanzar en una gran
diversidad de sectores: educación, agua potable y alcantarillado, desarrollo
agrario y rural, y salud pública. Los medios mencionados para lograr estos
avances incluyen mantener y fortalecer el actual esquema de programas sociales,
seguir con las reformas en educación, y dedicar mayores presupuestos a la
inversión social.
Cabe destacar, sin embargo, que en el
plan de gobierno no solo se busca aumentar el acceso a estos servicios
fundamentales, sino a través de ellos alcanzar un objetivo mayor: reducir la
gran desigualdad de ingresos que persiste en el Perú. Al hablar de una
revolución social, es de suponer que se está aludiendo a este cambio
estructural, como se propone en el plan de gobierno. Pero nada en el plan mismo
ni en declaraciones posteriores aclara cómo se lograría reducir las históricas
brechas entre peruanos, ni cómo medirlas. Es decir, al comprometerse
explícitamente con reducir la desigualdad no solo se compromete a que todos
mejoren y “crezca la torta“, sino también a que las brechas entre peruanos se
acorten y con ello se asegure la paz y el desarrollo. Acá hay un gran vacío por
aclarar, que solo se hará más evidente cada vez que se mencione este cambio
supuestamente “revolucionario“.
FUENTE: Gonzalo Alcalde
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