El instrumento de política más
importante de un país es su Plan de Desarrollo Nacional. Allí se establece la
visión compartida de futuro que tiene una sociedad, los grandes objetivos y
acciones que se buscan concretar para garantizar el bienestar de las próximas
generaciones. En el Perú, contamos con un Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional llamado “Plan Bicentenario: El Perú al 2021”, el cual fue aprobado por
Decreto Supremo N° 054-2011-PCM del 23 de junio del 2011, a puertas de concluir
el segundo gobierno de Alan García. Este Plan señala como uno de sus
Lineamientos de Política lo siguiente:
… Crear las condiciones
institucionales nacionales a través de la dación de políticas públicas inclusivas
en beneficio de los pueblos indígenas y afroperuanos, favoreciendo el
emprendimiento, la cultura de éxito, la superación de la “cultura de bien
limitado” y la “igualación hacia abajo”, que son rezagos de la cultura del
atraso que obstaculizan los objetivos de modernización productiva e inclusiva
(p. 47).
Es realmente sorprendente que un
documento oficial de tanta importancia considere a los pueblos indígenas como
parte de una “cultura del atraso” que obstaculiza los procesos modernizantes.
Más escalofriante aún es pensar que la imagen del país a sus 200 años de
haberse constituido como república, se sustenta en este tipo de discursos
racistas y excluyentes.
¿Por qué nadie se ha preocupado de
este Lineamiento de Política que se encuentra en uno de los documentos públicos
más importantes? Mi hipótesis es que la ideología anti-estatal, la visión cortoplacista en la gestión pública
y el énfasis en los micro-instrumentos de gestión antes que en los objetivos de
política, han limitado el desarrollo de un planeamiento estratégico serio. Cuando el Presidente Humala asumió el poder
observó que era necesario “actualizar” el Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional que su antecesor había aprobado poco antes de dejar el cargo. Tenía
que incluirse en ese plan la agenda que traía el nuevo gobierno: “la inclusión
social”, “el reencuentro histórico con el Perú rural”, entre otros temas. Por
ello, se dio un plazo de 150 días (luego extendido a dos años) para que el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) culmine el proceso de
actualización y remita a la PCM el proyecto para ser aprobado (todo ello fue
establecido en los Decretos Supremos N° 089-2011-PCM y Nº 051-2012-PCM).
Sabemos que el proyecto de
actualización ha estado circulando desde hace casi tres años sin haber sido
aprobado, y recién el 30 de junio último ha sido publicado en el Diario Oficial
El Peruano la autorización de su pre-publicación para su discusión pública
(Resolución Ministerial N° 138-2016-PCM), es decir, si es aprobado por el presente
gobierno, lo haría pocos días antes de dejar el mandato, tal como lo hizo el
gobierno aprista. De esta forma, se abriría la posibilidad de que el nuevo
gobierno vuelva a observar el “Plan Actualizado” y terminemos con un Plan de
Desarrollo Nacional que sería más un plan de gobierno que de Estado, con una
mirada de corto plazo y poco o nada internalizado por la administración pública
y la ciudadanía.
La cuestión es de fondo. En el Estado
peruano existen muchos planes pero no existe planeamiento. Es decir,
bajo el esquema del new public management la gestión pública ha
priorizado la modernización de entidades claves y la elaboración de muchos
instrumentos de gestión basados en mecanismos de mercado, todo ello hacia la
búsqueda de resultados inmediatos, dejando de lado los grandes lineamientos de
política que definan la ruta estratégica de largo plazo sobre el cual deben
articularse todos los sectores y niveles de gobierno. En este escenario, el MEF
a través de instrumentos de presupuesto por resultados como los programas
presupuestales, ocupó de facto el lugar del planeamiento estratégico, mientras
que sectores políticamente empoderados aprobaron planes (como el Plan Nacional
de Diversificación Productiva) que para el gobierno tuvieron mucho mayor peso que
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Se suma a ello que cada entidad
quiere dejar su huella de la forma más fácil: poniéndola en el papel. Así,
existen muchas estrategias, lineamientos de políticas, planes especiales, etc.
que se aprueban bajo parámetros poco claros, con metodologías distintas y sin
articularse entre sí. En este contexto, las políticas de Estado del Acuerdo
Nacional son declaraciones de buenas intenciones que terminan siendo un cajón
de sastre y nadie sabe cómo se implementan a través de políticas nacionales,
políticas multisectoriales, planes multisectoriales, etc.
El gobierno que se va poco hizo para
consolidar un verdadero sistema de planeamiento estratégico, donde todos los
sectores cooperen hacia fines comunes antes de preferir figuretismos
sectoriales. Y las cosas no pintan bien para lo que se viene. Ya hay voces que
afirman que el CEPLAN debe ser absorbido por el MEF o Proinversión, creyendo
que planeamiento estratégico es simplemente planeamiento de inversiones. Ni
siquiera a los acérrimos defensores de la integración económica y la
globalización les parece interesar que la propia OCDE en el recientemente
emitido Estudio de Gobernanza Pública sobre el Perú, recomienda la necesidad de
reforzar la labor del CEPLAN y el planeamiento estratégico a largo plazo. Si no
sabemos quiénes somos cómo país ni hacia dónde vamos, será difícil alcanzar un
verdadero desarrollo con equidad y justicia.
FUENTE: Roger Merino
No hay comentarios:
Publicar un comentario