Por Jorge Agurto
Con la declaración del Estado de
Emergencia en los distritos de la provincia de Islay, en Arequipa, el gobierno
peruano inició la imposición autoritaria y militar de un proyecto anti-técnico
y anti-social, que amenaza la actividad agropecuaria del próspero Valle del
Tambo y abre una brecha con el sentir de la ciudadanía.
Desde la 1 a.m. del sábado 23 de
mayo personal policial y militar ingresó a los domicilios para arrestar como
delincuentes a padres de familia y jóvenes en el distrito de Cocachacra. Según
algunas fuentes son alrededor de cincuenta las personas detenidas y trasladadas
a las instalaciones de Seguridad del Estado en Arequipa.
En este clima de zozobra e
inseguridad el gobierno cree que hallará las condiciones para que la empresa
Southern explique las bondades del proyecto minero Tía María en el plazo de
sesenta días de pausa que la propia empresa se ha fijado para reiniciar sus
actividades.
Pero la mafia de poder que tiene
secuestrado al gobierno se equivoca si cree que el autoritarismo y su secuela
de represión, terror y violencia, solucionará el problema. Suspender la
libertad de reunión y de tránsito, la inviolabilidad de domicilio y entregar a
las fuerzas armadas el control del orden interno solo aviva el rechazo
ciudadano y la ilegitimidad del proyecto.
El pueblo de Arequipa es
orgulloso de su identidad y posee la dignidad, que no tienen los actuales
gobernantes, para defender sus convicciones, si es necesario ofrendando la
vida. En estos momentos aciagos de ocupación militar es probable que recurra de
manera ingeniosa a diversas formas de resistencia civil que desgaste la
presencia policial-militar.
Además, un estado de excepción no
puede mantenerse de manera indefinida cuando la inseguridad ciudadana desborda
el país y otros conflictos socioambientales pueden cobrar mayor protagonismo.
En estas circunstancias la
solidaridad nacional e internacional cobra mayor importancia. Más aún, cuando
la injusticia y la sinrazón enardece y la verdad se refuerza cada vez mas clara
del lado de los agricultores.
Son varios hechos los que
deslegitiman el proyecto Tía María: los cuestionamientos al Estudio de Impacto
Ambiental afloran, la imagen de responsabilidad de la Southern -subsidiaria del
Grupo México- está por el suelo debido a su desempeño irresponsable y corrupto
a nivel nacional e internacional.
A ello se agrega que el supuesto
ataque con dinamita a la Comisaría de Cocachacra se devela como un sicosocial
para justificar el estado de emergencia, mientras se refuerza el rol farsesco
del ministro del Interior cuya primera reacción ante la muerte de un civil es
negar la responsabilidad policial para luego ser desmentido por los hechos.
Como lo advertíamos en un
artículo anterior el problema de fondo es si en Islay puede sobrevivir la
agricultura con el proyecto de un distrito minero que alcanza en concesiones
mineras el 69.9 por ciento de la provincia de Islay y el 96.2 por ciento del
distrito Cocachacra.
Quienes siguen obcecados en las
supuestas virtudes del actual modelo y su énfasis extractivista-exportador seguirán
empujando el crecimiento económico aun a riesgo de polarizar el país; mientras,
añoran un régimen autoritario como el fuji-montesinista que les permita
enriquecerse sin el recato de las formas democráticas.
En tanto que en el Perú se
afianza un Estado narco-minero-corrupto-militar la movilización ciudadana de
las fuerzas sociales, morales y vivas de la nación se hace cada vez más urgente
y necesaria, en especial de aquellos sectores de la juventud que no han perdido
su capacidad de soñar.
Quizás los hechos de Islay nos
ayuden a recuperar la cordura histórica y reflexionar con sensatez generacional
sobre qué es lo que conviene al Perú en términos de futuro y diversidad, dos
capitales esenciales que no podemos hipotecar.
En este marco urge analizar hasta
dónde y en qué condiciones es posible la minería y no colocarla de antemano
como una actividad superior o primordial por encima de otras actividades
sostenibles como lo machacan quienes sostienen -sin fundamento- que el Perú es
un “país minero”.
Quizás es momento de quitarnos la
venda de los medios (sí, de los medios de desinformación) y apreciar nuestra
extraordinaria diversidad cultural, biológica, étnica, ecosistémica,
paisajística, turística, etc. y que proporciona el cimiento para construir un
Perú pluricultural y diverso que contribuya con personalidad y originalidad a
la humanidad.
Valorar que vivimos y gozamos de
la agricultura, la pesca, la gastronomía, los camélidos andinos y tenemos
inmensas posibilidades de enriquecer la vida si aprendemos a proteger nuestros
ecosistemas, biodiversidad y recursos genéticos, y en particular nuestra
extraordinaria Amazonía.
El paro macroregional en
solidaridad con los agricultores opuestos a Tía María convocado para el 27 y 28
de mayo, y la movilización ciudadana convocada para el 28 por el movimiento las
Zonas de la juventud en Lima y otras redes, son algunas de las acciones cívicas
que hoy expresan la necesidad de un destino común, cargado de futuro y
esperanza.
Mientras, el gobierno del ex
comadante Ollanta Humala Tasso, cada vez más servil y mediocre, se arropa en
las fuerzas armadas y sus balas, perdigones y bombas lacrimógenas.
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