El
supuesto ataque con dinamita a la Comisaría de Cocachacra, y que el gobierno
tomó como pretexto para declarar el Estado de emergencia en la provincia de
Islay, sería un acto premeditado de la propia policía según la versión de una
pobladora que vio a los policías efectuando la detonación. Escuche su
testimonio:
De ser
cierta la versión, el montaje policial se sumaría al extraño incendio de un bus
interprovincial sin pasajeros que fue fotografiado en llamas en un lugar
descampado y sin testigos, pero que se atribuyó de manera inmediata a los
protestantes.
Cabe
recordar que un sicosocial que una vez develado colocó en situación de
vergüenza a la fuerza pública fue la siembra de un “miguelito” u objeto
punzocortante que colocó un efectivo de la Dirección Nacional de Operaciones
Especiales (Dinoes) en la mano de un humilde agricultor para ser fotografiado
al instante.
Felizmente,
una cámara de vídeo registró toda la acción y permitió descubrir el operativo.
La fotografía ya había sido difundida por los medios de prensa del Grupo El
Comercio como una acción que graficaba la actitud violentista de los
agricultores.
De otro
lado, es importante anotar la actitud del ministro del Interior José Pérez
Guadalupe quién se ha acostumbrado a negar de plano la responsabilidad policial
en la muerte de los civiles.
Primero
sostiene tajantemente que hayan muerto a causa de proyectiles. Cuando los
resultados de la necropsia lo desmiente entonces afirma que los proyectiles
corresponden a armas caseras y no a las de la policía.
Según la
lógica del ministro los manifestantes se disparan y matan entre sí, sin que la
policía tenga responsabilidad alguna.
Lo
incoherente y contradictorio es que mientras las autoridades ejecutivas y
policiales inicialmente negaban de plano que las fuerzas policiales emplean
armas letales en las operaciones represivas, ahora justifican el uso de las
mismas; pero cuando se produce un fallecido indican que no ha sido provocado
por ellos.
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