El domingo 4 de septiembre, Verónica
Mendoza escribió en el diario “La República” que uno de los temas que preocupan
al Frente Amplio es la inconsistencia de la propuesta económica del gobierno
calificándola desacertada y zigzagueante frente a la recesión. Critica que se
haya relegado la diversificación productiva y luego agrega su desacuerdo con la
reducción del IGV planteada por el gobierno porque teniendo un déficit alto no
es el mejor momento. ¿Y cuándo lo será? Textualmente dice “Es un contrasentido
que un día el gobierno pida un mayor margen de déficit fiscal y al día
siguiente plantee una medida que va a reducir la recaudación”.
Fundamenta su discrepancia diciendo
que habrá “menos plata para obras y para inversiones sociales, más aún cuando
sabemos que lo que el Estado va a dejar de recaudar (S/. 3,000 millones
aproximadamente) no va a llegar al bolsillo de los consumidores sino que va a quedar
principalmente en manos de las grandes empresas”. Luego continúa con otros
aspectos pero solo me ocuparé de esta parte porque me parece que sobre la
reducción del IGV el mensaje debería ser diferente ya que para muchos esta
posición coincide claramente con el fujimorismo y entonces, será difícil que el
pueblo vea la diferencia política con la derecha.
La lucha de los oprimidos contra los
excesivos impuestos es muy antigua porque ha sido siempre el método de
expoliación característico de regímenes corruptos y abusivos. En el virreinato
y luego en la república la contribución indígena ha sido un condenable abuso
contra la población más indefensa. El exceso tributario siempre tiene como
finalidad solo recaudar más fondos para los planes de los gobernantes y no para
favorecer al pueblo. Por lo tanto, la reducción de impuestos podría ser una
bandera política a enarbolar en vez de oponernos.
Entonces, justificar el exceso de
impuestos alegando que es para más “obras e inversiones sociales” quizá no sea
lo más apropiado para una opción política popular porque sería un contrasentido
pues en la izquierda buscamos aliviar las cargas excesivas que pesan sobre
nuestro pueblo. Con esta lógica podría pedir que se siga aumentando el IGV para
que haya más obras e inversiones sociales ¿? Nada garantiza que a mayor carga
tributaria popular, habrá mejores condiciones de vida para los más
necesitados”.
Lejos de ello, hay otras alternativas
coherentes con una política fiscal de izquierda recortando privilegios,
subsidios y prebendas a los parásitos que viven a costa del presupuesto
nacional. Lo que despilfarra la burocracia en energía eléctrica, agua,
papelería, teléfono, internet y más, podría destinarse a compensaciones
sociales rurales atenuando la actual migración. Lo que la izquierda ha
planteado siempre es una política tributaria en la que paguen más, los que más
tienen y no cargar a los pobres. No hay motivos para descartar esta propuesta
en vez de mantener un impuesto ciego que afecta a todos los consumidores, sin considerar
su capacidad contributiva.
En el Perú, la finalidad de mayores
impuestos ha sido siempre recaudar más fondos fiscales para cubrir déficits y
no aliviar la carga al pueblo. Fue el neoliberalismo durante el fujimorato que
elevó el IGV del 16 al 18% y Toledo lo subió a 19% para financiar promesas
electorales en vez de reajustar el presupuesto. Pero como bien sabemos, todo
incremento de precios es trasladado a los consumidores en cascada porque así,
los de arriba mantienen sus márgenes de rentabilidad y los de abajo, al no
tener a quien correr traslado, tienen que reducir consumo de alimentos,
medicinas, etc.
La medida antipopular de elevar el
IGV a 19% fue calificada como un golpe a la pobreza por su mayor impacto en los
artículos de primera necesidad, ocasionando mayor costo de vida. Ello significó
un aumento de precios en carne de pollo, azúcar, arroz, medicinas, agua, luz,
electricidad, telefonía, etc. Pero también en artefactos, bienes de capital,
vestimenta y combustibles. Aunque la medida fue pretextada como temporal la
hemos sufrido por años.
Según datos de Baker & McKenzie,
una firma legal que asesora a compañías globales, el promedio del IGV (IVA en
otros países) a nivel mundial es de 15%. Y la media de América Latina está por
debajo de ese porcentaje: 9%. ¿Entonces por qué abogar que siga en 18%? El
cuadro que se acompaña nos ayudará a tener una mejor idea del panorama
tributario regional y darnos cuenta que estamos muy por encima del promedio.
Ranking
|
País
|
IVA
|
1
|
Uruguay
|
22%
|
2
|
Argentina
|
21%
|
3
|
Chile
|
19%
|
4
|
Perú – Rep. Dominicana
|
18%
|
5
|
Brasil
|
17%
|
6
|
México – Colombia
|
16%
|
7
|
Honduras – Nicaragua
|
15%
|
8
|
Bolivia – Costa Rica – El Salvador
|
13%
|
9
|
Ecuador – Guatemala – Venezuela
|
12%
|
10
|
Puerto Rico
|
11,5%
|
11
|
Paraguay
|
10%
|
12
|
Panamá
|
7%
|
Sabemos que la lideresa del F. A.
cuenta con el asesoramiento de connotados economistas como Campodónico,
Dancourt, Germán Alarco, Félix Jiménez, Roberto Machado y otros expertos en la
materia. Por eso, resulta extraña la oposición del Frente Amplio a la reducción
del IGV, pero sus motivos tendrá y sería bueno saber en mayor detalle las
consideraciones técnicas y políticas al respecto. Porque a decir verdad no la
veo clara dicha postura y si algunos de ustedes conocen esas razones agradeceré
la aclaración.
Por lo demás, cuanto más errores
cometa la derecha más oportunidad nos concede para derrotarla. Si sus
contrasentidos la llevan al fracaso nuestra táctica no será salvarla sino dejar
que se hunda sola. A nosotros nos corresponde salvar al pueblo con alternativas
claramente diferenciadas de las opciones de derecha para que la opinión pública
no nos confunda al vernos repetir lo mismo que nuestros adversarios.
FUENTE: Milciades Ruiz
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