EL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO DE CONCILIACIÓN DE CLASES Y EL ASCENSO DE LA REPÚBLICA DE LOS DELINCUENTES

Cerrando un período de relativa estabilidad social, económica y política, iniciado en 2003 con el arribo de Lula a la presidencia de la República y consolidado en 2005 con la recuperación del crecimiento, la sociedad brasileña asistió, a partir de 2013, al creciente aumento de la efervescencia social; la inflexión del ciclo de expansión de los negocios que había alentado un modesto dinamismo económico, tras décadas de marasmo; y la acelerada descomposición del pacto político que había hecho viable la transición negociada desde el régimen militar al Estado de derecho. Desde entonces, el fin del letargo social, el espectro de un estancamiento de larga duración y la exacerbación de la inestabilidad política atizaron la lucha de clases.

El temor de que la creciente ola de inquietud social pudiese escapar al control y abrir brechas para la irrupción de las clases subalternas en el escenario histórico (como ocurrió con la sorprendente rebelión urbana de 2013) alarmó a las clases dominantes con el riesgo de una insubordinación de los pobres. Las concesiones hechas a las clase subalternas habrían ido más allá del límite de lo razonable, poniendo al orden del día la urgencia de contener el ímpetu de las reivindicaciones sociales y cortar de raíz el proceso de ascenso de las masas. Acicateados por los grandes medios de comunicación de masa, y con luz verde de la gran burguesía, los pudientes se lanzaron a la ofensiva.

El nuevo contexto histórico agudizó la guerra fratricida entre las alas izquierda y derecha del establishment. A falta de discrepancias sustantivas de proyecto político -puesto que ambos están perfectamente encuadrados en los parámetros más generales del neoliberalismo- la lucha entre los partidarios del orden por el control del Estado asumió la forma de una encarnizada disputa para definir quién podría ser el operador político más capacitado para administrar el ajuste del Brasil a las nuevas exigencias del capital, internacional y nacional, en tiempos de crisis. Más allá de las pasiones ciegas que alimentan falsos antagonismos, la diferenciación entre las dos facciones que polarizan la disputa política giró en torno a la forma de combinar "cooptación" y "fuerza bruta" como mecanismo de dominación de las clases subalternas.

En la guerra para decidir quién quedaría en el comando del Estado, la primera batalla fue ganada por el ala moderada del partido del orden, con la reelección de Dilma Rousseff a la presidencia de la República en 2014.Fue una victoria de Pirro. Al adoptar el programa económico de su adversario, Dilma se aisló de su base social y abrió camino a una contraofensiva reaccionaria. De tanto ceder al chantaje del mercado y de la fisiología [denominación que se da en Brasil a la mayoría acomodaticia del parlamento-NdT] la Presidenta terminó comprometiendo su propio lugar en la coalición liberal-fisiológica. El vacío político generado por la pérdida de su autoridad fue ocupado por Eduardo Cunha y Michel Temer. Su suerte quedó definitivamente sellada cuando, contrariando al Planalto [sede de la presidencia], el PT decidió que sus diputados no apoyaran al presidente de la Cámara de diputados en la Comisión de Ética. Antes de que Dilma hubiese completado quince meses de su segundo mandato, su base de sustentación parlamentaria se desplazó aún más hacia la derecha y el gobierno se desmoronó. El Supremo Tribunal Federal bendijo el proceso. La democracia de bajísima intensidad revelaba ser demasiado amplia para las exigencias del momento. La burguesía debió recurrir a una forma de gobierno abiertamente espuria.

La caída de Dilma fue asimilada por el conjunto de la sociedad sin conmoción. Más allá de acciones aisladas de algunos movimientos sociales, la mayoría de la población se mantuvo apática ante los acontecimientos que agitaban Brasilia. Un desinformado que llegase al país ni siquiera advertiría que la jefa de Estado acababa de ser depuesta. La docilidad del PT fue sorprendente. No hubo ningún esbozo de resistencia. Dilma dejó el Planalto de manera protocolar. Entre los dirigentes y parlamentarios del PT, la energía puesto en la batalla por el relato del golpe fue superior al esfuerzo para evitarlo. En el momento decisivo, Lula se hizo el muerto, más preocupado por negociar su propia situación con los futuros dueños del poder que en enfrentarlos. Con la honrosa excepción del abogado General de la República, José Eduardo Cardoso, que se jugó en cuerpo y alma en la defensa "del cumplimiento del debido proceso legal", los demás componentes del gobierno parecieron no haber alterado su rutina, comenzando por la misma Presidente, que, incluso en las peores horas de la crisis, no desatendió sus ejercicios matinales. La imagen de Dilma pedaleando plácidamente en los alrededores del Alvorada, mientras se decidía su destino en las covachas del Congreso Nacional, es una metáfora de su falta de estatura para el cargo. La presencia de parlamentarios del PT, exponentes de la batalla contra el impeachement, confraternizando con parlamentarios de la tropa de choque de los golpistas, en la fiesta Junina ofrecida por la ministra recientemente depuesta Kátia Abreu, revela la promiscuidad y liviandad de los actores del drama.

El apartamiento de la Presidente cerró melancólicamente trece años de ilusión en que la esperanza vencería al miedo. El sueño de que un gobierno de conciliación de clases sería capaz de crear un Brasil para todos terminó en pesadilla. Los fuertes vientos que llevaran a Lula al poder en el comienzo de los años 2000 no fueron aprovechados para romper el círculo de hierro del capitalismo dependiente. El "mejorismo" petista no cuestionó las estructuras responsables de la perpetuación del status quo. Los nexos indisociables de negocios, segregación social y dependencia externa se mantuvieron incólumes, y los males del subdesarrollo reaparecieron con fuerza redoblada. De la noche a la mañana, el sentimiento triunfalista de que el Brasil caminaba hacia el desarrollo sustentable dejó lugar a la generalizada sensación de que, en verdad, el país se hunde en el descalabro.

En nombre del orden y del progreso, los aventureros que asumieron el poder, sin ninguna legitimidad para radicalizar una política que había sido rechazada en las urnas, se lanzaron vorazmente contra los derechos de los trabajadores, las políticas sociales y la soberanía nacional. Los ministerios económicos fueron entregados a la saña del mercado y los demás, a los apetitos de la fisiología. La muy alta coincidencias de nombres claves entre los próceres que integran el gabinete de Temer y los que fueron parte de las administraciones petistas, evidencia que el nuevo gobierno no es la negación del anterior, sino su metástasis. Uno es consecuencia del otro. Dando la espalda a sus electores, Dilma abrió la caja de Pandora y liberó las taras del capital. Llevando al paroxismo la tercerización del gobierno en favor del PMDB, el PT pasó a ser superfluo. Convirtiéndose en mera pieza decorativa, Dilma perdió su credencial para permanecer en el Planalto. La radicalización del ajuste neoliberal requiere la acción de un Estado de excepción abiertamente autocrático. La notoria discrepancia entre la inmoralidad y absoluta falta de compostura en el "piso de arriba" y el rigor y disciplina que se les exige a los del "piso de abajo" debe intensificar aún más la lucha de clases.

Más allá de las bravatas para consolar militantes frustrados, la decisión de mantener las alianzas políticas y electorales (a nivel de estados y municipios) con los partidos golpistas, evidencia la plasticidad y desfachatez con que el PT aceptó la nueva realidad. El compromiso de hacer una "oposición responsable", comprometida con la "racionalidad económica" y con el "respeto a las instituciones", reitera la identidad del PT con los imperativos del capital. Al avalar la violencia institucional de la que fue víctima, reconociéndola como un hecho consumado que, por más paradojico de que sea, forma parte de la reglas del juego, el PT acató los parámetros democráticos aún más devaluados de un Estado de excepción que no vacilará en apelar a nuevas violencias y hacer lo que fuese necesario para garantizar la estabilización de la economía y la pacificación de la nación. Incorporando definitivamente el espíritu de quienes la atormentaban, Dilma cayó enalteciendo la ley de responsabilidad fiscal y haciendo juramentos de fidelidad a las exigencias del mercado. En un esfuerzo desesperado por volver al poder, llegó a afirmar que mantendría al infame Henrique Meirelles en el Ministerio de Hacienda. En plena recesión, la patética reiteración del principio liberal de equilibrio fiscal como cláusula pétrea de un gobierno responsable, legitimó el proceso de criminalización de toda y cualquier gestión económica que no se someta a los ideales de la doctrina neoliberal -el discurso ideológico que, por ironías del destino, fundamentó la farsa institucional que justificó su destitución. El PT cerró su ciclo en el poder central rendido al pragmatismo del fin de la historia con todo lo que lo acompaña. En la oposición, el partido de Lula será el complemento necesario y funcional de la situación. En el próximo período, le cabrá un doble papel: evitar a cualquier precio la aparición de fuerzas políticas que puedan acreditarse como alternativas anti sistémicas, y servir como reserva política estratégica para la eventualidad de que un agravamiento de la crisis nacional exigiera la vuelta del gran líder como forma de apaciguar las masas exaltadas. Para ello, partido solo deberá adaptar su estrategia política -fintas con la izquierda para golpear con la derecha- a las nuevas instancias de la vida nacional.

II. La batalla por el relato de la crisis

Los desprolijos relatos que racionalizan la posición de los antagonistas trensados en la disputa que llevó a la destitución de Dilma, en nada contribuyen a la comprensión de las graves contradicciones que condicionan la vida nacional.

Los que atribuyen la crisis económica brasileña a desequilibrios fiscales, supuestamente provocados por créditos suplementarios calificados como "pedaleadas fiscales", según propone el simplón discurso de los liberales tupiniquins ("verde-amarelos"), repetido día y noche en los medios de comunicación, ignora que la crisis fiscal no es causa, sino efecto de la crisis económica. La justificación de la destitución de Dilma como paso necesario para la solución de la crisis económica y recuperación del crecimiento, ignora que la austeridad fiscal disminuye la demanda agregada y, en consecuencia, fortalece la tendencia recesiva que deprime las expectativas de inversión de los empresarios. El alegato de que los créditos suplementarios -las "pedaleadas fiscales"- caracterizarían el crimen de responsabilidad no toma en cuenta que se trata de una práctica habitual en la administración pública brasileña, generalizada en todas las esferas de gobierno, y que no está tipificada en la Constitución como motivo para la destitución de una autoridad electa.

El discurso moralista que imputa la corrupción generalizada al copamiento del Estado por el PT omité de Lula y Dilma meramente avalaron la promiscuidad entre lo público y lo privado de sus antecesores. La corrupción sistémica es una característica inherente al Estado brasileño, penetra en todos los poros de la adminiatración pública y envuelve a todos los partidos del orden. El enaltecimiento de los promotores federales que conducen la operación Lava Jato y del juez Sergio Moro como figuras que están por encima del bien y el mal, comprometidas con el saneamiento de la política, ignoran el hecho evidente de que el rigor con las fechorías del PT es proporcional a la condescendencia con las fechorías de sus opositores. En la mejor tradición de la justicia brasileña, la República de Curitiba funciona con la norma que establece "para los amigos todo, para los enemigos, la ley". Los que esperan una solución jurídica de la grave crisis ética que asola la nación hacen recordar las aventuras fantásticas del Barón de Munchausen, que se salvó del pantano en que se hundía tirándose de los cabellos. La corrupción es parte de las reglas del juego y el poder judicial no está por encima de la Ley. Problemas políticos, relacionados con la forma de organización del poder, sólo pueden ser resueltos con decisiones políticas. Sin la corrupción sistémica, la dominación burguesa colapsa.

En contrapartida, los que reducen la crisis política a una crisis de gobernabilidad, provocada por la falta de escrúpulos de una oposición golpista que, en una coyuntura económica delicada, puso todas las fichas al "mientras peor mejor", según repite la cantinela petista, esconde el hecho notable es que el gobierno Dilma cayó porque fue incapaz de administrar sus propias contradicciones -problema potenciado por la sorprendente ineptitud de su alto comando. Al subordinar la razón de Estado a los imperativos del gran capital, el gobierno petista quedo sujeto a la desestabilización desde el momento en que su estricta funcionalidad al mercado quedó comprometida. Al vincular su base de sustentación parlamentaria con lo que hay de más corrupto y fisiológico en la política brasileña, quedo sujeto a la fuga de las ratas en cuanto el barco comenzó a hacer agua. Al mantener intacto el monopolio de los grandes medios de comunicación, con la ingenua suposición de que la docilidad con los magnates de los medios tendría como contrapartida su relativa neutralidad la guerra por el poder, quedo completamente desarmado para impedir su excecración pública. Finalmente y, sobre todo, al negar la organización independiente de los trabajadores como fuerza motriz de las transformaciones sociales, el PT fomentó la fragmentación y el desaliento de las masas, comprometiendo la movilización de la única fuerza social potencialmente capaz de enfrentar una conspiración urdida en las altas esferas del poder.

El relato de que la presidenta fue víctima de un "golpe" no es falso, pero omite el hecho de que el primer golpe -la estafa electoral- fue cometido por la misma Dilma, al jurar en la campaña electoral que no haría el ajuste fiscal "ni siquiera si las vacas tosieran". Denunciar el segundo golpe, ocultando el primero, es dejar en la sombra el hecho que la verdadera víctima de los atentados contra la democracia es la clase trabajadora, que votó de manera inequívoca contra el ajuste neoliberal. En la conspiración contra los derechos de los trabajadores, Dilma y Temer son cómplices, pues el segundo golpe sólo remató el primero. Más todavía. La denuncia del golpe parlamentario como un atentado contra la democracia, sin la debida ponderación carácter limitado de la democracia brasileña, no permite percibir la esencia de la crisis que conmueve al sistema representativo: la impermeabilidad del Estado brasileño a las demandas populares. Sobrevalorar los aspectos formales de la democracia brasileña, sin la debida explicitación de su real contenido, es una forma capciosa de esconder los atentados perpetrados por el PT contra la clase trabajadora y mantener el debate político herméticamente encuadrado en la lógica estrecha del cretinismo parlamentario.

III. La crisis en perspectiva histórica

Puestos en perspectiva histórica, el derrocamiento del gobierno del PT y el ascenso de la República de los Delincuentes deben ser vistos como un capítulo en la severa crisis económica rica que conmueve la vida nacional. Más que dificultades coyunturales que podrían ser resueltas en poco tiempo mediante la sustitución de administradores incapaces y la adopción de medidas técnicas e institucionales, los problemas brasileños reflejan contradicciones estructurales, complejamente determinadas por fuerzas externas e internas en la sociedad nacional. Para bien o para mal, tales contradicciones no serán resueltas sin transformaciones de gran envergadura en las estructuras económicas, sociales y políticas.

La perspectiva de un escenario económico de gran inestabilidad, que pone en el horizonte la posibilidad de un estancamiento de larga duración, es resultado fundamentalmente de la absoluta impotencia de Brasil para defenderse de los efectos devastadores de la crisis que paraliza la economía mundial. Después de décadas de creciente exposición a la furia de la competencia global, la economía brasileña perdió los eslabones estratégicos de su sistema industrial y comprometió la eficacia de sus centros internos de decisión, quedando sin medios objetivos y subjetivos de practicar una política económica capaz de defender los intereses nacionales. Sin mecanismos endógenos de expansión de la demanda agregada, el empuje propulsor del crecimiento pasó a depender de factores exógenos a la economía nacional. En estas condiciones, en tanto el comercio exterior se mantenga deprimido, no hay cómo recuperar de manera sustentable el proceso de generación de renta y empleo. Al relegar al Brasil a una función aún más subordinada en la división interna del trabajo, la "integración profunda", comandada por los Estados Unidos, debe agravar la dependencia comercial del país en relación con la expansión de la demanda de productos agrícolas y minerales en el mercado internacional.

La expectativa de una creciente inestabilidad política está determinada por la crisis estructural que conmueve al sistema representativo. Evidenciando la presencia de un gigantesco malestar social, la intensificación de la lucha de clases cuestiona la funcionalidaed del pacto de poder que viabilizó la transición lenta, segura y gradual desde el régimen militar a la democracia de baja intensidad de la Nova República. El carácter estructural de la crisis política se hace patente con la total incompatibilidad entre los principios que fundamentaran la constitución de 1988 -la conquista de derechos de ciudadanía, la creación de las políticas públicas y la afirmación de la soberanía nacional- y las directrices que orientaron la ofensiva neoliberal iniciada por Collor, consolidada por Fernando Henrique Cardoso y continuada por Lula y Dilma-, la embestida del capital contra los derechos de los trabajadores, el ataque del rentismo a los fondos públicos y el avance del mercado sobre el Estado. Las jornadas de junio de 2013 agudizaron las contradicciones. Los jóvenes ganaron las calles para exigir el cumplimiento de la Constitución. Sin embargo, los imperativos del capital en tiempos de crisis apuntan en la dirección opuesta. El carácter irreconciliable de las voluntades políticas que polarizan la lucha de clases no deja margen para componendas. La acelerada daescomposición del gobierno Dilma y el carácter espurio de su sucesor expresan el antagonismo irreparable entre voluntades políticas inconciliables: la exigida en las calles y en las urnas y la exigida por el llamado mercado, manifestada en los ultimátum de las agencias internacionales evaluadoras del riesgo y en la cantinela neoliberal martillada día y noche por los grandes medios de comunicación. Hasta que este antagonismo no sea resuelto, de una u otra forma, no hay la menor posibilidad de que Brasil pueda volver a vivir un ciclo de expansión y paz social.

Dentro de los parámetros del orden global, la solución para la crisis brasileña pasa por el reciclaje del patrón de acumulación liberal-periférico por la recomposición del patrón de dominación autocrático-burgués.

En los marcos del liberalismo, las crisis económicas son enfrentadas invariablemente por una profundización de las reformas liberales. Lo fundamental es ajustar la economía y la sociedad a los nuevos imperativos del patrón de competencia global dictado por el gran capital. A corto plazo, el ajuste plantea la necesidad de recomponer la tasa de ganancia del capital y abrir nuevos negocios para los capitales excedentes, con políticas de ajuste salarial, recorte del gasto público, disminución de la carga tributaria a las empresas, recomposición del rentismo sostenido por la deuda pública, ampliación de privatizaciónes, profundización del proceso de liberalización. A largo plazo, el ajuste consiste en adecuar la economía brasileña a su nueva posición en la división internacional del trabajo, lo que pone en el horizonte la necesidad de aumentar el grado de especialización de las fuerzas productivas, reducir la soberanía del Estado nacional y disminuir el nivel de vida tradicional de los trabajadores, adaptándolo a la condición más precaria de una economía primario-exportadora. Entre el corto y el largo plazo, la sociedad queda en el limbo, sujeta a la temporalidad abstracta del capital monopolista en tiempos de crisis, cuya esencia consiste en el tiempo necesario para la destrucción del excedente absoluto de capital que frena el reinicio del proceso de acumulación. En otras palabras, a medio plazo, la economía queda sujeta a un estancamiento por tiempo indeterminado. Al acelerar y profundizar el proceso de reversión neocolonial, el proyecto del gran capital pone en el horizonte la transformación definitiva de Brasil una megafactoría moderno.

A la ofensiva del capital sobre el trabajo a nivel económico corresponde la ofensiva simétrica a nivel político. Con el propósito de armonizar los intereses de la burguesía brasileña con los del capital internacional, las clases dominantes tendrán que profundizar la liberalización y la internacionalización de la economía, vaciando aún más la soberanía nacional. El nuevo patrón de satelización debe obedecer a las directivas de los acuerdos bilaterales de libre comercio, impulsados por los Estados Unidos. Con la finalidad de evitar la rebeldía de las masas y perpetuar la pasividad de las clases dominadas, el nuevo patrón de dominación deberá profundizar el Estado de excepción, intensificando el proceso de criminalización de las luchas sociales. El sentido más general de ese movimiento ya fue plasmado por la política antiterrorista aprobada por Dilma Rousseff en los estertores de su gobierno. Finalmente, para dotar a la economía brasileña de un mínimo de estabilidad, protegiéndola de las inestabilidades provocadas por la competencia global, sobre todo de sus efectos catastróficos en los agentes económicos más débiles, la relación entre los sectores modernos y atrasado que componen el parque productivo nacional deberá ser redefinida. Los sectores modernos de alta productividad expuestos a la competencia global serán regidos por los patrones formales establecidos sin acuerdos internacionales, en tanto los sectores anacrónicos de baja productividad, asociados al suministro a las grandes empresas exportadoras y a la atención del mercado interno protegido de la competencia de importados, serán relegados a una creciente informalidad. Por el momento, es imposible vislumbrar la ecuación política capaz de resolver tales cuestiones. Cuando lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no tiene fuerza para nacer, la sociedad queda sujeta a fuerzas indeterminadas y prevalece una gran confusión.

IV. El desafío de la izquierda socialista

El imperativo del capital en tiempos de crisis estructural pone en el orden del día la necesidad de una ofensiva sobre el trabajo. Dentro de los parámetros del liberalismo, las alternativas de la sociedad quedan limitadas a la forma de graduar el ritmo y la intensidad del ajuste neoliberal. No hay, sin embargo, margen alguno para cuestionar el sentido del ajuste -la eliminación de derechos adquiridos y la profundización del proceso de reversión neocolonial. Para realizar su desideratum, el capital tiene un proyecto político bien definido -el ajuste económico; un método eficaz para implantarlo -la terapia de choque que moviliza la violencia económica y política como forma de sumisión de los trabajadores y usurpasión de la soberanía nacional; y una compleja organización política para ejecutarlo -Estado de excepción, como comité ejecutivo de la burguesía.

Las necesidades de los trabajadores en tiempos de ofensiva liberal ponen en el orden del día la urgencia de una respuesta práctica que impida el avance de la barbarie capitalista. La solución democrática para el impasse histórico en que el país se encuentra pasa, por lo tanto, por una completa ruptura con el patrón de acumulación liberal-periférico y el patrón de dominación autocrático correspondiente. De ahí la urgencia de un gran debate sobre el proyecto político, el método y las formas de organización capaces de realizar tal tarea. La cuestión se hace más candente aún al tomar en consideración el hecho de que el programa que inspiró la lucha de la izquierda en las últimas décadas y que sigue siendo hegemónico -el programa democrático-popular- parte de una evaluación opuesta.

La concepción de que existían condiciones objetivas y subjetivas para compatibilizar capitalismo, democracia y soberanía nacional -la esencia del programa democrático-popular- parte de dos supuestos fundamentales: la convicción de que Brasil posee las bases materiales de un capitalismo autodeterminado; y la creencia de que, una vez restablecido el Estado de derecho, la lucha de clases pasó a ser regida por una lógica basada en la búsqueda del bien común. La evaluación de que no existirían obstáculos materiales ni bloqueos políticos insuperables para la implantación de la justicia social llevó a la conclusión de que el capitalismo no condenaba fatalmente al pueblo brasileño a la pobreza.

Una lectura equivocada de la realidad y histórica indujo a las fuerzas de izquierda a una brutal subestimación de las dificultades que encontraría para transformar la realidad.2 La sobrestimación del significado de la industrialización pesada, que impulsó el fuerte dinamismo de la economía brasileña de 1950 y 1980, llevó al espejismo de que existiría margen de maniobra para combinar acumulación de capital, distribución de renta y autonomía nacional. Las esperanzas generadas por el regreso de los militares a los cuarteles alimentaron la ilusión de que finalmente la sociedad brasileña habría creado condiciones subjetivas para la realización de reformas sociales que resultasen en una significativa mejoría en las condiciones de vida del conjunto de la población. Una mirada retrospectiva a las últimas cuatro décadas no deja, sin embargo, margen de dudas. Inmerso en un proceso de reversión neocolonial, el Estado brasileño quedó completamente como rehén de los negocios del gran capital, perdiendo, de una vez por todas, la capacidad de hacer política públicas subordinadas a los imperativos de universalización de derechos universales y a las necesidades dictadas por los intereses estratégicos de la nación.

Para que la historia no se repita como farsa , es preciso superar la teoría y la práctica que llevaron al trágico naufragio del PT. En tanto los trabajadores no adquieran la convicción de que es imposible romper el orden establecido sin cuestionar el carácter limitado de la democracia, la lucha de clases seguirá encuadrada en los marcos de una institucionalidad perversa que esteriliza el potencial revolucionario de las terribles contradicciones que brotan en una sociedad en acelerado proceso de reversión neocolonial. Para estar a la altura de los desafíos históricos, el polo trabajo necesita materializar su voluntad política en un proyecto simple y bien definido que tenga como norte la búsqueda de igualdad sustantiva -derechos ya; necesita definir una estrategia de lucha capaz de enfrentar la terapia de choque -la ocupación, la desobediencia civil y la rebelión de masas como centros neurálgicos de la lucha de clases; y necesita construir una organización que unifique todas las organizaciones de trabajadores comprometidas en la búsqueda de igualdad sustantiva en un gran movimiento por la revolución brasileña.

Artículo enviado por el autor. Traducido del portugués para Herramienta por Aldo Casas.

2 La interpretación de la autodeterminación del capitalismo brasileño se encuentra elaborada en los trabajos de la llamada Escuela de Campinas, principalmente en los trabajos de Cardoso de Mello, J.M., O capitalismo tardío, San Pablo, Brasiliense, 1982; Belluzzo, L.G.., Desenvolvimento Capitalista no Brasil, San Pablo, Brasiliense, 982-1983, 2 v.; y Tavares, M.C., Acumulacao de capital e industrializacao no Brasil, Campinas, UNICAMP, 1974; Ciclo e Crise, Rio de Janeiro, FEA/UFRJ, 1978; y “Problemas de industrialización avanzada en capitalismos tardíos y periféricos”, Economía de América Latina. Revista de Información y Análisis de la Región, México, n. 6, s.p., 1981; Mimeo. La interpretación sobre el radio de maniobra política de las sociedades latinoamericanas es sistematizado por Fernando Henrique Cardoso en algunos capítulos de O modelo político brasileiro, San Pablo, Difusao Europeia do Livro, 1972. La crítica teórica a la idea de autodeterminación del capitalismo brasileño está desarrollada en Sampaio Jr., P.S.A., Entre a Nacao e a Barbarie: os dilemas do capitalismo dependente, Petropolis, Vozes, 1977, pp. 17 a 34.   

FUENTE: Plinio de Arruda Sampaio Jr. Profesor del Instituto de Economía de UNICAMP. Se agradece la cuidadosa revisión de la versión en portugués de Marlene Petros Angelides.