Foto Jueza Enma Benavides. (Foto: GEC)
Las historias ocultas detrás de la
disposición de archivamiento de la investigación fiscal contra la hermana de la
fiscal de la nación, la jueza Enma Benavides; y del conflicto de intereses del
juez Juan Carlos Checkley, quien deberá decidir si confirma o no el
sobreseimiento del caso.
El jueves 2 de febrero pasado, el
fiscal supremo Uriel Terán solicitó al Poder Judicial el archivo de la
investigación contra la hermana de la fiscal de la nación, la jueza Enma
Benavides, que la vincula con el presunto cobro de coimas a investigados por
narcotráfico a cambio de su libertad, cuando integró el Colegiado E de la de la
Sala Penal Nacional junto a Pablo Ilave y María Apaza.
IDL-R ha documentado –en las cuatro
entregas previas de esta serie investigativa–, cómo el colegiado que integró
Benavides ordenó la variación de la prisión preventiva por comparecencia para
varios investigados por tráfico de drogas, entre ellos el colombiano Roberto
Gómez Herrera, alias ‘Huevo’ y el peruano José Manuel López Quispe, alias
‘Papita’, un conocido acopiador de cocaína en el Vraem.
Pese a tener un cúmulo de evidencias,
un colaborador eficaz que había implicado directamente a Benavides, y varias
diligencias relevantes en curso, el fiscal archivó el caso bajo el argumento de
falta de evidencias. “Los elementos de convicción obtenidos durante la
investigación preparatoria no permiten alcanzar el estándar de sospecha
suficiente para formular acusación penal” contra Benavides, Ilave y Apaza por
los delitos de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir,
sostuvo Uriel Terán en el requerimiento de sobreseimiento.
Terán asumió la conducción de la
investigación y de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en
Corrupción de Funcionarios en julio pasado, para ocupar el cargo de la
abruptamente removida fiscal Bersabeth Revilla. La fiscal de la nación,
Patricia Benavides, había sacado a Revilla con la excusa de una supuesta baja
productividad –pese a que su rendimiento entre 2019 y 2021 fue notable–, para
ocultar el motivo real del despido: la represalia por haber investigado a su
hermana.
El fiscal Terán, en una entrevista en canal N del 26 de agosto pasado, apenas unas semanas después de haber asumido el cargo, dijo que no iba a “permitir, en ningún momento, interferencias de cualquier tipo” en el caso. “Yo voy a actuar siempre con objetividad, transparencia, pegado a la ley y a la Constitución. Nosotros, en ningún momento, por más mediático que se convierta el caso, no vamos a sucumbir a una situación en la que podamos tener algún tipo de injerencia”.
Los hechos demuestran lo contrario.
En seis meses logró socavar un caso que tenía sólidos cimientos probatorios.
El fiscal Ronald Quispe Suárez se
hizo cargo de la investigación del caso durante la gestión de Revilla y
continuó con Terán. En el curso de las diligencias, uno de los implicados se
acogió a la colaboración eficaz y describió cómo operaron las conexiones entre
los magistrados y los narcotraficantes.
Se trata del colombiano Percy
Coromoto Matos, integrante del grupo
liderado por Roberto Gómez Herrera, ‘Huevo’, ambos arrestados en 2012 cuando
alistaban un cargamento de una tonelada de cocaína para ser exportada a Europa,
camuflada en granito.
Roberto Carlos Gómez Herrera, alias ‘Huevo’.
En una entrevista a IDL-R en setiembre pasado, Coromoto indicó que había iniciado un proceso de colaboración eficaz con el despacho de Revilla, a cambio de una reducción de la pena de 18 a 10 años. “La juez que llevaba el caso era Enma Benavides y es con ella con la que se hacen los arreglos. Eso lo teníamos en conocimiento no solo nosotros, sino otros detenidos que a través de otros abogados llegaban donde ella. La versión aquí dentro del penal es “la vieja juega”, “la señora juega””, declaró Matos a IDL-R.
La colaboración de Matos era crucial
en este caso.
En 2015, de acuerdo con las
investigaciones fiscales, ‘Huevo’ entregó 150 mil dólares al abogado intermediario
Walter Mendoza a cambio de lograr su libertad. El dinero, según varios
testigos, fue para pagarle al juez de primera instancia Rafael Martínez y los
tres magistrados del Colegiado E de la Sala Penal Nacional.
Los cuatro jueces fallaron a favor de
darle la libertad a ‘Huevo’. Ya en libertad, ‘Huevo’ inició negociaciones con
Mendoza para lograr la liberación de Coromoto. Era el único integrante de la
banda al que la Sala de Benavides le había confirmado la prisión preventiva.
En ese contexto, ‘Huevo’ llamó varias
veces a Coromoto –al que llamaba ‘Pri’– para informarle del avance de las
gestiones para su liberación. Los diálogos registrados en audio, hasta ahora
desconocidos, forman parte de la carpeta fiscal que corroboran hechos
relacionados a la liberación de ‘Huevo’ contados por testigos.
Por ejemplo, en una comunicación del
19 de febrero de 2015, ‘Huevo’ le dijo a Coromoto que ya había hablado con el
doctor [Mendoza] y que este le había dicho que consiguiera el dinero lo más
pronto posible para pagarle a “esta gente porque ya está todo organizado y todo
definido y todo listo”.
En otra comunicación del 17 de marzo
de ese año, ‘Huevo’ reconoció haber pagado 150 mil dólares a Mendoza para
obtener su libertad y le pide a Coromoto que tenga paciencia, pues ya le había
entregado a Mendoza otros 50 mil dólares como parte de pago para lograr su
salida de la cárcel.
Ese mismo día, Mendoza le escribió un
extenso mensaje de texto a Coromoto prometiéndole la libertad a cambio de un
pago. Le dijo que ya había cumplido con una “primera etapa” y lo exhortaba a
que hable con Roberto [‘Huevo’] para que le pagara sus honorarios y así pueda
salir de la cárcel.
Ante la falta de respuesta, el 30 de
marzo de 2015 Mendoza le escribió a Matos: “Yo creo que si no tiene para los
honorarios, peor no tiene para el cuadre”.
Toda esta información requería ser
corroborada y ampliada por ‘Huevo’, actualmente preso en Brasil, pero el fiscal
Terán solicitó el archivo del caso respecto a los jueces, antes de que las
autoridades brasileñas respondieran a una solicitud de cooperación internacional
–cursada hace varios meses– para interrogarlo.
De acuerdo con fuentes de IDL-R,
Terán hace poco canceló la colaboración eficaz de Coromoto, con lo cuál la
importante información entregada por él es eliminada del proceso.
Las mismas fuentes indicaron que,
recientemente, Terán le exigió al fiscal Ronald Quispe que dictaminara el
archivo, es decir el sobreseimiento del caso y la consecuente exculpación de
los investigados. Quispe, quien se opuso inicialmente, de acuerdo con las
fuentes, cedió cuando Terán amenazó con despedir al asistente de aquel.
Es una práctica común en la fiscalía
que cuando un fiscal no comparte el criterio del fiscal que está a cargo del
despacho, no pone sus iniciales en las disposiciones fiscales que redacta.
En la resolución de sobreseimiento no
aparecen las iniciales del fiscal Quispe. Tampoco están las del fiscal adjunto
supremo Alcides Chinchay, quien participa en las audiencias judiciales del
caso.
La resolución fiscal del pedido de
sobreseimiento de Enma Benavides, del 2 de febrero pasado, solo lleva la firma
del fiscal supremo Uriel Terán.
Conflicto de interés
El juez supremo Juan Carlos Checkley
será quien resuelva el pedido de sobreseimiento de la investigación contra la
jueza Enma Benavides.
Checkley se hizo cargo del Juzgado de
Investigación Preparatoria de la Corte Suprema en enero de 2022, en reemplazo
del juez Hugo Núñez. Y le correspondió juzgar varios casos de la fiscal
Revilla, entre ellos, el de Enma Benavides.
Juez supremo Juan Carlos Checkley. (Foto: La República)
En paralelo al caso de Benavides, la fiscal Revilla llevaba otro caso, el conocido como ‘Los ilegales de Piura’, sobre una red de altos magistrados de acusados de recibir sobornos, a través del abogado intermediario Luis León More, para otorgar beneficios que van desde la variación de prisión por comparecencia hasta la anulaciones de condenas, a investigados y condenados por diversos delitos. Una red criminal a gran escala, con métodos parecidos, si se compara a los hechos investigados respecto al Colegiado E de la Sala Penal Nacional, cuando estuvo integrada por Enma Benavides.
En el contexto de esa investigación,
un colaborador eficaz entregó información
que vinculaba al juez supremo Checkley, en el periodo en fue presidente
de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura, con el presunto cobro de una
coima para absolver en segunda instancia a un cliente del abogado Luis León.
El 25 de abril pasado, la fiscalía
abrió una carpeta reservada para investigar a fondo el caso. Pero al asumir
Terán la conducción del despacho fiscal, ordenó levantar la reserva del caso y
Checkley fue notificado. Hasta setiembre del año pasado, por lo menos, la
investigación estaba en curso.
Que un juez que es investigado por un
fiscal, vea las causas de ese mismo despacho fiscal, constituye un conflicto de
interés porque representa una clara y evidente amenaza a la independencia en la
toma de decisiones judiciales sobre los casos que provienen de ese despacho
fiscal.
Al cierre de esta edición, IDL-R
intentó contactar sin éxito al juez Juan Carlos Checkley. En cuanto al fiscal
supremo Uriel Terán, este cortó la comunicación apenas supo qué IDL-R lo
llamaba.
Publicado el viernes 10 de febrero, 2023 a las 22:09 | RSS 2.0.
Última actualización el lunes 13 de
febrero, 2023 a las 5:39
Por IDL
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