"Nunca antes había sucedido en
nuestro país un fenómeno social de tal magnitud, ni con tales caracteres. Lejos
de la capacidad de organización de los partidos políticos. Y más lejos aún de
las posibilidades de agitación de los innumerables grupos y sectas pretendidamente
izquierdistas"}
De pronto, en apariencia súbitamente,
las multitudes populares comenzaron a salir a las calles y caminos en muchos
lugares del Perú a protestar, como un movimiento que se comunicaba de un sitio
a otro. La respuesta de los titulares del gobierno fue tratar de pararlos a
balazos y abatieron a unos 55 jóvenes.
Pero las multitudes no se calmaron ni
acorbadaron. Al contrario, sin perder la serenidad continuaron su protesta en
las calles, plazas y carreteras. Y luego, innumerables delegaciones de ellas se
embarcaron en cuanto vehículo pudieron o se desplazaron a pie por las
carreteras en dirección a Lima. Una vez en la Capital, marcharon por las calles
y avenidas hasta que fueron contenidas por miles de policías de choque y
bombardeos con gases lacrimógenos. Tal cantidad de policías en las provincias y
Lima le permitió a la ciudadanía enterarse que está cercada por un régimen
policiaco, como en un campo de concentración.
Nunca antes había sucedido en nuestro
país un fenómeno social de tal magnitud, ni con tales caracteres. Lejos de la
capacidad de organización de los partidos políticos. Y más lejos aún de las
posibilidades de agitación de los innumerables grupos y sectas pretendidamente
izquierdistas. Incluso si se hubieran unido. A lo más, algunos de sus miembros
sensibilizados y hasta probablemente sorprendidos se unieron a esos
manifestantes.
Dos preguntas suscita este fenómeno
social: cuáles son sus causas y cuáles las causas de la mortífera réplica de
los titulares del gobierno.
La primera interrogante da lugar a
dos niveles de respuesta: uno inmediato y otro profundo.
En el nivel inmediato, las
motivaciones de las protestas son políticas. Las multitudes populares protestan
1) contra el golpe de Estado parlamentario del 7 de diciembre que depuso al
Presidente de la República y lo encarceló, violando la Constitución y las
leyes, culminando una campaña de hostigamiento desde antes que asumiera la
presidencia; 2) porque ellas eligieron a ese maestro de escuela, hombre del
pueblo, trabajador y mestizo; 3) porque ese hombre les había conferido la
dignidad de que, luego de doscientos años de vida republicana, uno de los suyos
llegase a la primera magistratura de la Nación; y 4) porque en su mensaje del 7
de diciembre, reproduciendo lo que ellos querían, había dicho que cerraría el
Congreso de la República, un antro de comechados para ellos, y que procedería a
reorganizar el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Junta Nacional de
Justicia.
En el nivel profundo, estas protestas
multitudinarias expresan: 1) el sentir y la voluntad de vastos sectores de las
clases trabajadoras que han comenzado a comprender que tienen derecho a un
trato económico equitativo, a ingresos más elevados, a servicios públicos
eficientes y oportunos y a que sus hijos reciban una mejor educación, puesto
que son ellas las que crean la riqueza con su trabajo; 2) a que acabe de una
vez la discriminación contra ellas por tener la tez india o mestiza; y 3) que
van perdiendo el temor a la represión y a las balas.
En otros términos, en los hombres y
mujeres de las clases trabajadoras y campesinas, de la artesanía, de la pequeña
producción y el comercio, y en los estudiantes y profesionales salidos de esos
grupos va surgiendo la conciencia de su identidad social y de su importancia
como fuerza económica y política y, con ella, la aptitud a asimilar la
ideología que los lleve a otro estadio histórico del cual ellos sean una fuerza
protagónica.
La segunda interrogante, el por qué
de la represión y las muertes, tiene varias respuestas. Son: 1) el desprecio de
los grupos blancos con poder económico y sus auxiliares en el gobierno por las
gentes del pueblo (que se patentiza en la frase: “a esos cholos que protestan
en las calles hay que enseñarles quién manda”); 2) el miedo a las multitudes
populares (“son peligrosas, sobre todo cuando entienden”); y 3) el deseo
obsesivo de escarmentarlas (“para que nunca más vuelvan a hacerlo y ya no se
les ocurra volver a creer que todos los hombres y mujeres son iguales ante la
ley”).
Por consiguiente, sin ningún reparo
legal, dispusieron que las fuerzas
policiales y del Ejército salieran a reprimir y disparar, sin contemplaciones.
Los policías y soldados que ejecutaron esas órdenes no tuvieron en cuenta para
nada que la ciudadanía no les ha entregado las armas y les paga para que acaben
con la vida de los manifestantes y los derechos humanos; sino, al contrario,
para que los defiendan. Esa represión y esas muertes son inimaginables en
barrios blancos de Lima (“a ellos no se los toca ni con el pétalo de una
rosa”).
Recordemos que, en julio de 1949, el
gobierno de facto de Manuel Odría expidió el decreto ley de “Seguridad Interior
de la República” por el cual estableció la pena de muerte por terrorismo. Y
aunque nunca la aplicó, sus esbirros Pips mataron a unas diez personas en
operativos contra apristas (que no eran peligrosos para ellos) y comunistas
(sus verdaderos objetivos).
Ahora la pena de muerte ha sido
decretada, informalmente se diría. Y les ha sido aplicada a unos 55 jóvenes del
pueblo que salieron a las calles a protestar. De ellos, la prensa y ciertas
oficinas policiacas inconstitucionales han dicho ya, para justificarlas sin
fundamento, que actuaban movidos por el terrorismo. Como parte del operativo
represivo del gobierno, los fiscales han acusado a más de 600 personas
detenidas en las manifestaciones. No sería raro que también denuncien a los que
cayeron por las balas y los notifiquen y busquen allí donde están ahora.
La señora rectora de la Universidad
de San Marcos ¿estuvo también pensando en que la pena de muerte debería serles
aplicada a los estudiantes congregados en el campus universitario para atender
a los manifestantes de provincias que habían sido hospedados allí cuando pidió
la intervención de la policía para sacarlos? Felizmente, esos estudiantes,
intuyendo lo que podría sucederles si resistían, se comportaron prudentemente.
Pero igual, las fuerzas policiales los vejaron desde que rompieron una puerta
con una tanqueta. Los hicieron recostarse en el suelo, como a reclusos de
Lurigancho y El Frontón bajo los gobiernos de García y Fujimori antes de
matarlos. Los enmarrocaron y los condujeron a una prisión local. No fue solo
una metida de pata hasta el bikini. De no haber habido periodistas ¿qué habría
sucedido?
Mientras tanto, la señora Presidenta,
autora mediata de las ejecuciones de la gente en las calles, sigue en Palacio,
asistida por los grupos golpistas del Congreso, de derecha, centro y pretendida
izquierda que vacaron ilegítimamente al presidente Castillo, con la intención,
al parecer, de quedarse todos hasta julio de 2026. El artículo 115º de la
Constitución dispone que por impedimento permanente del vicepresidente en
ejercicio de la presidencia, asume sus funciones el presidente del Congreso. Y
convoca de inmediato a elecciones.
Ese impedimento sobrevendría si la
Presidenta renunciara. Y así se resolvería la crisis política generada por el
golpe de Estado del Congreso. Si no renuncia, se tendría que modificar la
Constitución con 87 votos en dos legislaturas seguidas para convocar elecciones
en el plazo que ellos quieran. Pero todo indica que esa mayoría nunca podría
alcanzarse. A esos grupos les es necesario, por lo tanto, mantener a Dina
Boluarte en la presidencia para quedarse.
Dina Boluarte fue elegida por el voto
de los electores de los departamentos que ahora la rechazan. Está por lo tanto,
totalmente desautorizada. Y su presencia en la Presidencia es la causa
inmediata de la actual crisis política de nuestro país.
Por Jorge Rendón Vásquez
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