Un nuevo gobierno siempre trae la
oportunidad de revisar lo hecho, de plantear derroteros nuevos y aspirar a
mejores políticas. Las políticas sociales suelen estar muy presentes en el
debate pre electoral, suelen ser parte central de la oferta de los candidatos.
En este cambio de gobierno, el tema de pobreza debería estar en el centro del
debate pues enfrentamos, luego de más de 15 años de reducción sostenida de la
pobreza monetaria, un cambio en la tendencia.
La pobreza subió en el año 2020
(veremos las cifras oficiales en abril de este año). Si bien volveremos a ver
una reducción en el presente año, habrá grupos de ciudadanos que habiendo caído
en pobreza en el 2020 no podrán recuperarse solo con la reactivación de la
economía. Entonces el desafío del nuevo gobierno será doble, lograr un retorno
a un proceso sostenido de reducción de pobreza, además asegurando que esté sea
mejor, más sólido, más estructural, junto con la urgente atención a los grupos
que en particular requerirán de apoyo adicional, temporal, focalizado y
oportuno.
¿Qué exigir al nuevo Gobierno en este
tema? Una atención central, prioritaria, al tema de la pobreza, la exclusión y
la desigualdad. Estos temas tienen que ser parte de las propuestas eje, de las
propuestas centrales de quien llegue al poder; sin ello será poco lo que se
logrará. Solo continuar con lo que se viene haciendo no será suficiente, es
necesario llevar al debate político el tema de la pobreza, que, la verdad sea
dicha, ha estado ausente del debate por años, y solo ha vuelto con la pandemia
y la recesión económica.
Quien asuma la conducción del Poder
Ejecutivo en julio de este año, tendrá que enfrentar un problema alimentario
serio. Hambre, alimentación insuficiente, sobrepeso y obesidad, dietas poco
saludables, anemia y desnutrición.
Si el tema se pone en debate, creo
que hay cuatro asuntos claves que cualquier propuesta debe presentar. En primer
lugar, la necesidad de una nueva estrategia de desarrollo e inclusión social.
La estrategia vigente tiene más que ver con la coyuntura del 2011 que con la
del 2021. Además, la crisis de 2020 desnudó un conjunto de precariedades que
han no solo coexistido con las acciones orientadas a reducir la pobreza, sino
que, en muchos casos, las han limitado. Esta nueva estrategia debe recoger los
enormes y dramáticos aprendizajes que nos deja el 2020. Para ello, hay que
tener clara la tarea del Midis y de la CIAS (Comisión Interministerial de
Asuntos Sociales) en ello.
Esta estrategia, dadas las
características actuales de la pobreza en el país, debe generar una respuesta
diferenciada: mantener y potenciar las acciones en marcha en el ámbito rural
(que tienen los más altos índices de pobreza y donde se concentra la mayor
cantidad de población en pobreza extrema) junto con el diseño de una
intervención para enfrentar la pobreza urbana, tanto en grandes ciudades como
en ciudades intermedias. Para ello se requieren nuevos instrumentos (programas,
intervenciones) y una alianza con otros actores (Gobiernos locales, Ministerio
de Vivienda, de Transporte, comunidad organizada, empresas privadas, etc.).
En segundo lugar, urge una revisión
de los programas sociales existentes que permita generar una proceso de
adaptación de los mismos a las nuevas demandas y sobre todo que abra un proceso
de innovación en ellos. Todo tiene que pasar a ser más digital, más basado en
información en tiempo real, con mayor diferenciación territorial y con más
flexibilidad. Los programas no pueden volver a ser lo que eran pre pandemia,
eso ya no debería ser una opción.
En tercer lugar, será vital generar
un programa social para responder a situaciones de emergencia como las vividas
en el año 2020 (pero también ante el Fenómeno de El Niño Costero, el terremoto
del 2007, etc.). Necesitamos un mecanismo que permita que ante una emergencia
los programas existentes trabajen distinto, en función a las necesidades de la
propia emergencia y al proceso de recuperación/reconstrucción posterior.
Necesitamos un programa que esté “dormido” listo para operar y que se active
ante cada emergencia. Un programa que tenga listo el aparato de gestión, la
cobertura legal y el acceso a recursos para coordinar la atención social de la
emergencia, desde el pago de bonos y la actualización de los padrones de
hogares afectados, hasta la capacidad de movilizar programas, sectores y
gobiernos subnacionales, además de coordinar esfuerzos con el sector privado y
la sociedad civil. No podemos demorar meses en generar las condiciones
operativas para movilizar el soporte social del sector público ante una
emergencia.
En cuarto lugar, quien asuma la
conducción del Poder Ejecutivo en julio de este año, tendrá que enfrentar un
problema alimentario serio. Hambre, alimentación insuficiente, sobrepeso y
obesidad, dietas poco saludables, anemia, desnutrición, etc. Este debería ser
un eje central de preocupación. Como país no podemos permitirnos que millones
de compatriotas pasen hambre y que millones de niños no cuenten con una
alimentación que les asegure una salud y un desarrollo adecuado. En esto
tenemos experiencias exitosas sobre las que construir, pero estamos lejos de
tener una respuesta pública adecuada para la emergencia alimentaria.
Esto es lo que debería estar en
cualquier programa social. Sin embargo, parece, a la vez, ser bastante exigente
a la luz de las propuestas y equipos en la carrera electoral. Quizás incluso
este conjunto, en extremo acotado, de recomendaciones exceda largamente las
capacidades y posibilidades de quienes ganen las elecciones.
Escrito por Carolina Trivelli Ávila:
Magister en Economía Agraria por The Pennsylvania
State University y Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP). Actualmente es Investigadora Principal del Instituto de Estudios
Peruanos (IEP) y consultora para diversos organismos internacionales. Ha sido
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre los años 2011 y 2013.
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