Cada minuto, veinte personas son obligadas
a salir de sus hogares, esto significa que más de 28 000 personas cada día son
forzadas a buscar un futuro incierto en otros lugares. Hemos llegado a máximos
históricos de personas desplazadas en el mundo. En el 2016 ya sumaban 65.6
millones de personas, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur).
Dentro de este grupo, existen más de
22 millones de refugiados: personas que buscan protección en un país extranjero
porque en su propio país son perseguidas debido a su raza, religión,
nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a algún grupo social[1].
Aunque muchos podríamos imaginar que
solo existen refugiados en países de Medio Oriente, Europa y Norte América,
nuestro país no es ajeno a esta problemática. En el Perú existen 1 649
refugiados y más de 4 000 personas que solicitan la condicion de refugiado
(solicitantes de asilo). La cantidad de solicitantes de asilo ha aumentado
exponencialmente en los últimos años, pasando de 392 en el 2015 a 4392 en el
2016, según datos de Acnur.
Asociar este incremento a la cantidad
de personas de Venezuela que hemos visto llegar al país en los últimos años es
inevitable. Sin embargo, existen refugiados y solicitantes de asilo de más de
treinta nacionalidades. La mayor cantidad provienen de Colombia, Cuba y
Venezuela, aunque también destaca la presencia de personas provenientes de
Haití, Siria, Serbia y Palestina, entre otros.
El grupo de refugiados y solicitantes
de asilo en el Perú es diverso, incluye a hombres y mujeres de diferentes
edades, características y motivos de salida de sus países de origen, que
vinieron sin su familia o acompañados de parte de esta. Lo que muchos tienen en
común son las dificultades para lograr acceder a sus principales derechos, como
una documentación de identidad que les permita trabajar de manera formal y
acceder a servicios básicos y vivienda.
Un estudio con 93 refugiados y
solicitantes de asilo de distintas nacionalidades en Lima Metropolitana,
realizado por la Escuela de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya, en alianza con Acnur y Encuentros Servicios Jesuita para la
Solidaridad, reveló algunas cifras que son bastante preocupantes:
- 7 de cada 10 refugiados y
solicitantes de asilo tuvo que trabajar sobre horas y/o tenían muy bajos
ingresos por ser extranjeros.
- 40 % de encuestados tardó más de un
mes en conseguir trabajo desde su llegada al país, aumentando su exposición a
riesgos en esa etapa.
- 85 % de encuestados no contaba con
ningún tipo de seguro de salud, por lo que en caso de alguna enfermedad, debían
automedicarse o invertir en servicios particulares.
- 6 de cada 10 personas se sintieron
discriminados en el Perú, la mayoría debido a su nacionalidad y aspecto físico.
A esto se suma que el ser refugiado
puede desencadenar altos niveles de estrés y afectar su salud mental. De
acuerdo con el estudio mencionado, las situaciones que más generan estrés son
la separación del país de origen, la discriminación y los problemas de
documentación que restringen el acceso a condiciones básicas de vivienda y
trabajo. Estas situaciones parecen estar asociadas a síntomas de ansiedad y
depresión, reportados por más del 60 % de refugiados y solicitantes de asilo
encuestados. Sin embargo, son pocos los que pueden acceder a servicios de salud
para atender dichos síntomas.
Todo indica que los refugiados y
solicitantes tienen serias dificultades en su integración en el Perú. Aunque
muchas de estas dificultades también afectan a otras poblaciones vulnerables,
el ser refugiado o solicitante de asilo parece llevar a un mayor riesgo de
vulneración de derechos, debido a la falta de documentación y discriminación,
así como al limitado acceso a redes por la migración.
Considerando esto, el Estado peruano
se ha comprometido, junto con otros países, a realizar acciones para la
protección e integración de refugiados y cuenta con un marco normativo.
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinacion con otros
sectores, Acnur y organizaciones de sociedad civil implementan acciones para su
apoyo y protección.
Sin embargo, estas iniciativas son
aún insuficientes para abordar la complejidad de situaciones que viven
refugiados y solicitantes de asilo en el país. Se necesita implementar mayores
acciones desde el Estado para la implementación de políticas y acuerdos
orientados a la protección e integración de refugiados y solicitantes en el
Perú. Estas acciones requieren una mayor articulación entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores y otros sectores, como Trabajo, Salud y Educación. Así,
se debe procurar que los derechos reflejados en la Ley del Refugiado, se
traduzcan en políticas y reglamentos, así como en la capacitación del personal
de diferentes sectores.
Por ejemplo, a fin de mejorar las
condiciones de empleo, se necesita trabajar en conjunto con el Ministerio de
Trabajo, para la aceptación de la documentación de refugiados y solicitantes de
asilo en el registro de contratos laborales, así como en su difusión de su
documentación y la necesidad de garantizar derechos laborales de esta
población.
"Se puede trabajar en
estrategias de sensibilización sobre la existencia de refugiados y solicitantes
de asilo, las problemáticas que viven y la importancia de la reducción de
acciones discriminatorias contra esta población".
En cuanto a acceso a servicios,
podría ayudar una coordinación más cercana con el Ministerio de Salud, a fin de
que la reglamentación sobre acceso a servicios como SIS y Essalud incorpore a
refugiados y sus familias. Asimismo, se necesita una mayor comunicación con
funcionarios a cargo de estos servicios sobre las condiciones y derechos de
refugiados.
El trabajo con el Ministerio de
Educación debería generar soluciones para el registro y convalidación de
títulos académicos de refugiados y solicitantes. Esto permitiría una mayor
inserción laboral con mejores condiciones de empleo así como el aprovechamiento
de su formación en organizaciones locales. Además, es necesario trabajar con
este sector para que la reglamentación sobre requisitos de acceso y registro en
instituciones educativas, y su respectiva comunicación a funcionarios
encargados, considere a refugiados, solicitantes de asilo y sus familias.
Además, se necesita implementar
acciones orientadas a reducir la discriminación. Un paso fundamental sería
visibilizar a esta población, dando a conocer la existencia de refugiados y
solicitantes de asilo, sus características y principales derechos. Se puede
trabajar en estrategias de sensibilización sobre la existencia de refugiados y
solicitantes de asilo, las problemáticas que viven y la importancia de la
reducción de acciones discriminatorias contra esta población.
De manera complementaria, se
recomienda realizar acciones que permitan el acceso a acompañamiento
psicológico a refugiados y solicitantes de asilo con mayores síntomas de
ansiedad y depresión. Este acompañamiento podría ayudar en el manejo del
proceso de estrés producto de la migración y adaptación al país. Para esto, se
pueden articular acciones con el Ministerio de salud para incorporarlos en la
atención de salud mental del SIS y/o con organizaciones privadas que trabajen en este tema.
Estas intervenciones deben considerar
que las personas refugiadas y solicitantes se suman a las poblaciones locales
que ya viven en condiciones de vulnerabilidad (como personas en situación de
pobreza que acceden a empleos precarios), lo que representa mayores
limitaciones y retos. Sin embargo, se espera que estas acciones, sumadas a las
intervenciones desde las organizaciones de sociedad civil involucradas en el
tema, puedan ayudar a tener un mayor avance en la integración de refugiados y
solicitantes de asilo en el país.
Todo esto implica dejar de centrarse
únicamente en la aceptación de la estadía de refugiados en el país y en
soluciones limitadas únicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. En
contraste, requiere pensar en soluciones sostenibles orientadas a la integración
de refugiados y solicitantes en el Perú. Estas soluciones no se restringen
únicamente a la normatividad, si no que exigen una articulación constante entre
diferentes sectores y organizaciones.
El camino parece ser un reto bastante
complejo y sin mayor información acerca de fórmulas de éxito, al ser una
problemática que distintos países están intentando afrontar. ¿Por qué asumir el reto de la integración?
Por varias razones. En primer lugar, para lograr hacer realidad las leyes y
acuerdos existentes que dan prioridad a la protección e integración de
refugiados y solicitantes de asilo en nuestro país. Segundo, por recibir a
personas que han tenido que salir de sus hogares como nos gustaría que nos
reciban a nosotros cuando lo necesitemos, como nos gustaría que hayan recibido
a los 2 609 peruanos que son refugiados en otros países. Por último, por
aprender a abrir puertas y tender puentes en vez de construir murallas.
[1] Convención sobre el estatuto de
los refugiados, 1951.
FUENTE: Patricia Cabrerizo Docente de
la Escuela de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
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