Roque Bravo Basaldua, asesor en la
comisión investigadora del caso Lava Jato en el Congreso, estuvo denunciado por
la Fiscalía Anticorrupción hace unos años, y ha sido allegado a Aurelio Pastor,
exparlamentario aprista que hizo que se archive el caso Interoceánica en el año
2008, y ahora defiende a uno de los implicados en los sobornos.
“Yo asumo la responsabilidad de la
decisión de ver quien me asesora. Imagínese que ahora me juzguen por mis
compañeros de promoción”, sostiene la presidenta del grupo de trabajo, Rosa
Bartra.
Bravo estudió Derecho a fines de los
años ochenta en la entonces Pontifica Universidad Católica, donde coincidió con
Pastor Valdivieso.
Asesor de comisión coincidió con
exministro aprista en la PUCP
En el año 2007, el aprista fue
designado secretario de la comisión investigadora de la Interoceánica Sur. Este
trabajo abortó porque Frecuencia Latina, que recibía publicidad de Odebrecht,
publicó un video editado, donde acusaban a la presidenta del grupo congresal,
Margarita Sucari, de agarrarse parte del sueldo de sus asesores.
Pastor tomó la posta y sustentó en el
Pleno un informe incompleto, con el cual la mayoría archivó el caso mientras el
gobierno de Alan García negociaba las famosas adendas. Ahora se sabe que hubo
corrupción en esa obra.
Ahora, el excongresista es abogado de
Walter Arboleda, exjefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, donde
también se han detectado sobornos de Odebrecht. Justamente, ambos acudieron a
la comisión Lava Jato el 12 de julio último.
Arboleda con Bartra: Fujimorista
defiende designación de Bravo
“¿Usted puede revisar documentos tan
complejos en 2 horas?”, preguntó la legisladora a Wálter Arboleda quien dijo
que “si se tiene la información, sí”. Sin embargo, tras asegurar que sólo se
limitó a firmar la documentación recibida, sin revisarla previamente, no pudo
responder el porqué de la diferencia de minutos en los documentos emitidos.
Cuando se difundieron los famosos
audios de supuesto tráfico de influencias en el Jurado Elecciones, donde
Aurelio Pastor fue sentenciado y luego exculpado, Bravo era secretario general
del JNE. Se le mencionaba ligeramente, pero más a Hugo Sivina, entonces
presidente del órgano electoral.
Precisamente, Sivina había favorecido
al ahora asesor del grupo Lava Jato, cuando lo designó ilegalmente, como indicó
el entonces procurador anticorrupción Jorge Caldas. Aún era oficialmente juez
de paz cuando obtuvo su cargo en el JNE.
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