Candidata presidencial propuso la
eliminación del término «conflicto armado interno» en textos escolares, que
recuerda los asesinatos en La Cantuta y Barrios Altos, por los que Alberto
Fujimori cumple 25 años de cárcel.
La candidata presidencial Keiko
Fujimori pretende borrar de la historia peruana los crímenes de lesa humanidad
que su padre, Alberto Fujimori, ordenó que se cometan durante su régimen
dictatorial. En el debate en Chota, Cajamarca, la lideresa de Fuerza Popular
prometió quitar el término «conflicto armado interno» de los textos escolares.
Tal frase hace alusión a que lo
ocurrido durante las décadas 80 y 90 en el Perú fue una guerra entre
autoridades gubernamentales y grupos armados, que causó desapariciones forzadas
y asesinatos de inocentes. Así lo explica el informe final de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación.
El objetivo de borrar estas palabras
en los libros que usa el Ministerio de Educación es quitar responsabilidad a
los criminales que violaron derechos humanos en el plano civil. Luego,
pretenderían hacer lo mismo en el plano judicial, explicó Gloria Cano,
directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
«Nosotros ya hemos alertado que el
fujimorismo quiere señalar que jamás ocurrieron las violaciones que ocurrieron.
Para ellos, esto era una guerra contra el terrorismo y todo valía: las
matanzas, las torturas, las violaciones sexuales», señaló.
Aún hay familias que esperan justicia
por las violaciones de derechos humanos que cometió el régimen del padre de
Keiko Fujimori.
Gisela Ortiz, hermana de Enrique
Ortiz, estudiante víctima de la Cantuta, narró que aún no se juzga a los
responsables de las desapariciones de los estudiantes Ansualdo y Martín Roca
Casas, quienes fueron detenidos por agentes de inteligencia de La Marina y
trasladados al sótano del Servicio de Inteligencia Nacional.
Tampoco condenan a los que estuvieron
detrás de los asesinatos del caso Pativilca, ni a los que mataron a la familia
Ventocilla. La justicia peruana tampoco ha condenado a todos los responsables
del caso La Cantuta.
Hay crímenes impunes como los que
miembros del Ejército cometieron contra el periodista Luis Morales, en
Ayacucho, y la exalcaldesa Leonor Zamora.
«Así hay muchos hechos todavía
pendientes de juzgamiento como las víctimas de los sobres bombas que también
salieron desde el Servicio de Inteligencia del Ejército durante el gobierno de
Alberto Fujimori», comentó Cano.
Los intentos por borrar lo ocurrido
durante el conflicto armado interno no son nuevos. El excongresista Edwin
Donayre fingió ser una persona con discapacidad e ingresó al Lugar de la
Memoria para grabar cómo una guía narraba el accionar de las fuerzas del orden,
Sendero Luminoso y el MRTA. Luego, señaló que la trabajadora realizaba apología
al terrorismo.
«Con ello lo que quieren hacer es
señalar cualquier acto de memoria como un acto de terrorismo, el terruqueo de
siempre. Creo que los candidatos y el que sea elegido o electo como
representante de la máxima autoridad tiene que comprometerse al respeto de la
memoria, al respeto de lo que ya dijo el informe de la Comisión de la Verdad y
lograr por fin que se plasmen las recomendaciones», opinó la directora de
Aprodeh.
Redacción Wayka
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