Organizaciones indígenas y campesinas
rechazan la Ley de Comités de Autodefensa (CAD) que propone entregar armas a
estos grupos conformados por civiles y se incorporen a Sistema de Seguridad
Ciudadana. Es decir, estén bajo el mandato de la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas. Las organizaciones indígenas denuncian que este proyecto no fue
consultado con las comunidades y es inconstitucional.
Esta propuesta autoriza a los Comités
de Autodefensa a adquirir armas por compra o donación por parte del Estado o
particulares. Además, dispone que podrán recibir subvenciones económicas de los
gobiernos locales, regionales y nacional y del sector privado. Estas
disposiciones han generado la alerta en las comunidades, pues «aumentaría la
violencia en zonas donde ya existen muchos defensores y defensoras de derechos
humanos asesinados».
La nueva normativa recoge las
iniciativas del congresista Perci Rivas Ocejo de Alianza para el Progreso y la
parlamentaria Valeria Valer Collado de Fuerza Popular. Fue aprobado en el Pleno
del Congreso el 22 de abril, a pesar de contar con opiniones desfavorables por
parte del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, el Ministerio de
Defensa y la Defensoría del Pueblo.
Ley sin respaldo
El Ministerio del Interior advirtió
que armar a los CAD «no se condice con el estado de derecho» ya que supondría
generar una especia de policía local. Además, que el proyecto va en contra de
la política de Estado de restringir la compra y uso de armas por la población
civil. Al respecto, el Ministerio de Justicia sostiene que esta ley podría
generar un mercado ilícito de armas
Por su parte, el Ministerio de
Defensa alerta que esta ley también genera una «sobreposición de organizaciones
como las Rondas Campesinas y Rondas Comunales, en el ejercicio de atribuciones
vinculadas a la realización de autoridades comunales». Lo que generaría
conflictos en la organización comunitaria de los pueblos originarios y
comunidades campesinas.
«La aprobación de este proyecto
constituye, por un lado, un desaire a las rondas campesinas que, de acuerdo a
la Constitución y la ley, tienen la prerrogativa de velar por la seguridad,
justicia y paz social en las comunidades. Las rondas campesinas son
democráticas, no usan armamento, todo lo resuelven mediante el diálogo en
asambleas», resaltó Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional
Agraria.
Comunidades protestan
El presidente de la Federación
Regional de Rondas Campesinas de Piura, Marcial Calle López, anunció que, el
próximo jueves 6 de mayo, las Rondas Campesinas se manifestarán contra el
proyecto ya que contradice la autoridad de las rondas y porque no fue
consultado ni con las rondas ni con la Comisión de Pueblos Indígenas del
Congreso.
«Directamente no están destruyendo y
no vamos a permitir eso. (El proyecto) transgrede a las rondas y genera
conflicto interno dentro de las comunidades y de los caseríos», señaló Marcial
Calle en declaraciones a Radio Cutivalú de Piura. Mediante un pronunciamiento
público, las organizaciones indígenas y campesinas exhortaron al presidente
Sagasti a no promulgar dicha ley.
«Esto podría dar lugar a
enfrentamiento internos, con la gravedad de que los CAD estarán armados y
contarán con la asesoría legal gratuita del Estado en caso sus integrantes
tuvieran denuncias, investigaciones o procesos judiciales por presuntos delitos
cometidos en el cumplimiento de su apoyo a las fuerzas del orden. (…) Además,
no ha sido consultada pese a afectar derechos de pueblos indígenas», denuncian
las organizaciones.
El pronunciamiento ha sido firmado
por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la
Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC), la Confederación
Nacional Agraria (CNA), la Organización de Mujeres Indígenas y Amazónicas del
Perú y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), entre
otras organizaciones.
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