Odebrecht no actuó solo.
No concursó solo, no construyó solo.
Y afirma que no sobornó solo.
Lideró en todos esos aspectos, desde
el asfalto, cemento y ladrillos, hasta la coima y la cutra. Pero siempre, o
casi siempre, acompañado.
El
cartelizado sistema que Odebrecht organizó y refinó en Brasil, junto con
otras grandes empresas como Andrade Gutierrez, Camargo Correa y OAS, se tradujo
en grandes obras ejecutadas por consorcios compuestos por varias de estas
compañías.
Cuando las empresas brasileñas
salieron a conquistar Latinoamérica, exportaron el sistema operativo y lo
adaptaron sin esfuerzo a las realidades de las diversas naciones en las que
llegaron a operar.
En el Perú, como en otros países,
normalmente trabajaron en consorcio con otras compañías constructoras,
brasileñas y peruanas. En la mayoría de los grandes proyectos, Odebrecht fue el
accionista mayoritario. Las compañías peruanas tuvieron por lo general una
participación minoritaria, pero aún así ello les permitió crecer y expandirse
en poco tiempo.
Juntos trabajaron, juntos crecieron,
juntos lucraron. ¿Juntos coimearon también?
Hasta ahora, pese a diversas
evidencias que, por ejemplo, IDL-Reporteros ha investigado [‘Los pagos secretos
de Odebrecht en el Perú’ y ‘Confesión en tinta invisible’] las empresas
peruanas han oscilado entre el silencio, el reclamo de ignorancia y candidez, y
la negación de toda deshonestidad.
Las fiscalías, especialmente la de
Hamilton Castro, que ve el caso Lava Jato, tampoco se han preocupado por
investigar el tema.
Fiscal anticorrupción Hamilton Castro. (Foto: Ministerio Público).
Las otras empresas brasileñas,
excepto la muy comprometida OAS, que ahora negocia su delación premiada en
Brasil y aquí, prefieren caminar sigilosamente, sobre la punta de los pies,
esperando que el caso se encapsule y termine en un auto de fe ritual, mientras
las demandas de la economía en general y la reconstrucción en particular
faciliten un impune olvido.
Pero, a juzgar por lo que viene
pasando estos días, y especialmente ayer y hoy, parece que eso no será posible.
En Brasil, la notable periodista Malu
Gaspar tenía reservada una sorpresa.
Hace pocos días, Gaspar publicó una
larga crónica sobre el caso Odebrecht en el Perú en la revista Piauí. Pese a la
inocencia de su nombre de trino, Piauí es la versión brasileña del New Yorker.
Gaspar estuvo antes en Lima algunas
semanas, reporteando un tema que conoce como pocos en Brasil (su nota sobre la
familia Odebrecht debería ser lectura obligada para todo aquel a quien interesa
la dramática historia de la Corporación que lleva el nombre de la dinastía). Al
retornar, publicó una nota larga y reveladora sobre el tema de Odebrecht en el
Perú y la importancia que tiene nuestro país en los destinos de esa empresa y
del caso Lava Jato. Es un largo reportaje muy bien hecho y mejor escrito.
Pero ahí no terminó su trabajo
periodístico.
Ayer, Gaspar pasó del periodismo de
largo aliento a la brevedad comprimida del Twitter. Y lo hizo con unos pocos
golpes secos que en horas movieron desde el valor de acciones públicamente
transadas hasta la situación objetiva de compañías que habían logrado
sombrearse hasta hoy.
Sus tuits, bajo el irónico título de
“riesgos adicionales” anuncian el tema en el subtítulo: “Cómo funcionaba la
división de los sobornos entre Odebrecht y las constructoras peruanas”. Y los
tuits son secos y breves: “Surgen ahora pruebas de que las constructoras
locales participaron en la división [la palabra en portugués es ‘rachuncho’] de
las coimas”; y “Las actas del consorcio del metro de Lima muestran que [Graña y
Montero S.A.] la mayor constructora del Perú, cedió parte de sus utilidades
para compensar la coima”.
A continuación, Gaspar publica el
facsímil de la siguiente acta:
El acta formaliza la distribución de
resultados a fines de diciembre de 2011. Ahí reconocen que su utilidad fue de
128 millones 317 mil 540 soles.
Luego viene un punto inesperado:
“Adicionalmente las Partes reconocen [que la] Constructora Norberto Odebrecht
ha asumido riesgos adicionales a los que le correspondían por su participación
en el Consorcio…” y añade, “… considerando que el papel de Constructora
Norberto Odebrecht S.A. Sucursal del Perú ha sido determinante en la obtención
de los resultados del Consorcio, asumiendo inclusive riesgos adicionales,
corresponde que reciba un mayor porcentaje al de su participación de los
resultados del Consorcio al 31 de diciembre de 2011”.
Según Gaspar, “las coimas son
llamadas en el documento “riesgos adicionales” en el acta de 2011”. Añade luego
que “también fueron compensados ‘riesgos adicionales’ en 2015”.
Eso es así. En un proceso
independiente de investigación, IDL-Reporteros obtuvo documentos que muestran a
los “riesgos adicionales” en acción en otra fecha [el 2015] y en otro proyecto
y fecha [el tramo 2 de IIRSA Sur].
Los documentos, de acuerdo con la
información proporcionada por fuentes diversas a esta publicación, fueron
entregados a la Fiscalía anti-corrupción como parte del acuerdo de colaboración
eficaz de los principales ex superintendentes de Odebrecht (Jorge Barata y
Ricardo Boleira) a fines del año pasado. Su contraparte fue el fiscal
anti-corrupción Hamilton Castro.
Erlon Arfelli, director de la empresa Generación Huallaga (de Odebrecht); Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú; y Ricardo Boleira, ex director ejecutivo de la constructora en este país. (Foto: Cosas).
Según las fuentes consultadas por
IDL-Reporteros, los colaboradores eficaces de Odebrecht afirmaron que en todos
los casos, Odebrecht pagó la coima y luego recibió la parte que correspondía de
sus socios mediante el expediente de “riesgo adicional”.
El pago no fue proporcional sino
“desproporcional” en atención a las gestiones de soborno de Odebrecht y los
costos de hacer los pagos a través de los elaborados mecanismos de lavado de
dinero que tuvo la compañía.
En el caso de IIRSA Sur, tramo 2, los
colaboradores eficaces afirmaron, según las fuentes, que todos los socios
sabían del pago de coima a Toledo y que luego “pagaron su parte” a través de la
“distribución desproporcionada” de utilidades, para compensar a Odebrecht. De
acuerdo con la confesión de Odebrecht, esta compañía pagó $20 millones de
dólares en coimas en 2011 y recuperó $9 millones de sus socios.
Participaron en ella la Constructora
Norberto Odebrecht, con el 25% de las acciones; Odebrecht Investimentos em
Infra-Estructura Ltda, con el 45% de las acciones; Graña y Montero, S.A., con
19% de las acciones; JJC Contratistas Generales, con el 7% accionario;
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A., con el 4% de acciones.
Sin embargo, los 94 millones 318 mil
519 soles del dividendo neto acumulado fueron repartido de acuerdo con el
siguiente porcentaje:
Constructora N. Odebrecht: 38,27%;
Odebrecht Investimentos: 45%; Graña y Montero: 14.29%; JJC: 1,55%; ICCGSA:
0,88%.
La razón para la desproporción en el
reparto de utilidades fue otra vez, según el acta, los “riesgos adicionales”
asumidos por Odebrecht “en la obtención de los resultados”. Según los
colaboradores eficaces de Odebrecht, esos “riesgos” incurridos para los
“resultados obtenidos” fueron el pago de coimas.
El mismo esquema se repite cuatro
años después, en la reunión para el “Acuerdo de Distribución de Resultados y
Liquidación del Consorcio Tren Eléctrico”, que se realizó el 4 de mayo de 2015,
entre los representantes de la Constructora Norberto Odebrecht con Graña y
Montero S.A.
La utilidad por repartir del
resultado final del Consorcio Tren Eléctrico fue de 39 millones 18 mil 326
soles. Y otra vez, “las Partes” reconocieron los “riesgos adicionales” que
había asumido Odebrecht; y teniendo en mente que “el papel de CNO [Odebrecht]
ha sido determinante en la obtención de los resultados del Consorcio, acordaron
que reciba “un mayor porcentaje al de su participación de los resultados”. Y
así, a Odebrecht le tocó algo más de 35 millones de soles, mientras que Graña y
Montero aceptó recibir un poco más de 3 millones 900 mil soles.
La explicación de fuentes
familiarizadas con el pensamiento de los colaboradores eficaces es que en cada
paso, la mayor proporción que se llevó Odebrecht pagó la parte que les
correspondía a sus socios de las coimas que aquella había entregado.
Esa parte de la confesión durmió un
plácido sueño en la fiscalía hasta la publicación, ayer, de la nota de Malu
Gaspar en el twitter de Piauí.
Horas después, el ahora Grupo Graña y
Montero emitió un comunicado en el que “niega rotundamente el haber pagado
sobornos, reembolsos o conocer sobre el pago de los mismos para la obtención de
la buena pro del proyecto Tren Eléctrico– Lima”.
Sostiene además que el concepto de
“riesgos adicionales” no es un eufemismo para referirse al soborno, sino un
concepto “habitual en el sector construcción”. Según G y M, los “riesgos
adicionales” devueltos a Odebrecht representan los trabajos y obligaciones
adicionales asumidos por ellos”.
Frente al aporte de IDL-Reporteros de
otros dos casos significativos en los que se registra el mismo patrón, Graña y
Montero buscó explicar el caso IIRSA Sur, en una comunicación enviada a este
medio el viernes 7 de julio: “El riesgo adicional constituyó la construcción de
obras que no estaban contempladas desde el inicio, cuyo riesgo de construcción
era muy alto y que las empresas peruanas no estuvimos dispuestas a asumir”.
Consultada por IDL-Reporteros, ICCGSA
indicó que “no tuvo conocimiento de los pagos indebidos mencionados por la
empresa Odebrecht”. “Debemos resaltar” –agregó la empresa– “que en las
concesionarias IIRSA Sur tramos 2 y 3, ICCGSA tiene una participación de tan
solo 4%”.
Establecida la línea argumental de
los ex-socios peruanos de Odebrecht, será interesante conocer la explicación de
la Fiscalía Anti-corrupción respecto de las investigaciones que hizo y las que
dejó de hacer sobre un caso en el que hubo confesiones precisas y cantidades
claras relacionadas con las coimas que Odebrecht reconoce haber pagado y de las
cuales sostiene haberse resarcido en parte gracias al mecanismo de “riesgos
adicionales”.
FUENTE: Romina Mella y Gustavo
Gorriti y la colaboración de Hernán P. Floríndez, Rosa Laura y Leslie Moreno.
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