Fiscal de la Nación ha archivado 28
casos de presunta corrupción detectados en el gobierno aprista ¿QUÉ PASO?
JOSE PELÁEZ
Dudas. José
Peláez asegura que actúa al margen de la política, pero llama la atención cómo
ha librado de procesos a altos funcionarios del régimen aprista.
Al pedirle
explicaciones, José Peláez Bardales afirmó que el archivamiento no significa
que no se abra una investigación si se presentan nuevas pruebas contra ex altos
funcionarios apristas.
María Elena
Hidalgo/
En medio año
de gestión, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, ha dispuesto el
archivamiento de 28 investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, como
aprovechamiento indebido del cargo y enriquecimiento ilícito.
Lo llamativo
es que en la mayoría de casos los beneficiados por la decisión de Peláez son
funcionarios de alto nivel del segundo régimen de Alan García Pérez, entre
ellos, los ex jefes del gabinete Jorge del Castillo Gálvez y José Antonio
Chang, y los ex ministros Aurelio Pastor, Enrique Cornejo y Miguel Hidalgo.
El sucesivo archivamiento
de las acusaciones contra ex funcionarios gubernamentales de la administración
aprista por parte del fiscal de la Nación ha sido interpretado como un adelanto
de opinión por los integrantes de la Megacomisión parlamentaria que indaga los
supuestos actos de corrupción durante la gestión presidencial de Alan García.
La
Megacomisión ha encontrado indicios de actos de corrupción en varios de los
casos que ha mandado al archivo el fiscal José Peláez Bardales. De modo que
cuando el informe del grupo de trabajo del Congreso llegue al despacho del
fiscal de la Nación, para que proceda a la acusación penal contra ex
funcionarios del gobierno aprista, dispondría el archivamiento de todo bajo el
argumento de que ya investigó a estos por los mismos hechos, según el
pensamiento del presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada.
Consultado por
La República, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, afirmó que era
infundado el temor de la Megacomisión de que se archiven sus investigaciones
sobre corrupción en el segundo gobierno de García.
“Cuando el
Congreso de la República apruebe el informe de la Megacomisión, emita su
dictamen y proceda a denunciar, inmediatamente los documentos de la acusación
constitucional pasarán al fiscal de la Nación y en un plazo de tres días deberá
derivarlos al juez correspondiente para que en cinco días dicte el auto de
apertura del proceso”, explicó Peláez.
“En este caso,
la Constitución no le da al fiscal de la Nación ninguna atribución para poder
decidir si es procedente o no. Su mandato consiste en que, cuando llega la
documentación a sus manos, debe elaborar la acusación respectiva sin ninguna
capacidad para observar ni discutir”, aseguró el fiscal de la Nación.
El magistrado
agregó que sus actos están desprovistos de intencionalidad política.
“Para resolver
un caso no nos basamos en la persona, ideología o el partido. Simplemente
analizamos el caso, evaluamos si la conducta del funcionario tiene contenido
penal. Aquí investigamos pero con sustento”, dijo.
Respecto a la
coincidencia de que la mayor parte de los casos de corrupción archivados por su
despacho favorecen a ex altos funcionarios del segundo régimen aprista,
desmintió que dichas resoluciones impliquen alguna forma de impunidad.
“Esas
resoluciones no tienen la condición de cosa juzgada. Con nuevas pruebas, esos
casos se pueden reactivar. Si el Congreso encuentra hechos nuevos, yo formularé
la denuncia correspondiente”, resaltó el fiscal José Peláez.
NIEGA
INFLUENCIA POLÍTICA
El fiscal de
la Nación, José Peláez, ha formulado cargos contra 34 funcionarios y servidores
públicos por el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en ninguno de
los 34 casos ha sido acusado algún ex ministro o ex congresista.
Según Peláez,
este dato demuestra que su despacho sí actúa contra la corrupción.
“De esos 34 no
sabemos a qué línea política pertenecen y tampoco nos importa. Aquíse investiga
al margen de influencias políticas”, expresó.
Aunque todavía
está dentro del plazo para continuar con sus investigaciones, la Mega-comisión
ha documentado un importante número de casos de presunta corrupción durante el
segundo gobierno de Alan García. La mayor parte está relacionado con
inversiones en infraestructura.
CASOS DE
MINISTROS
1Enrique
Cornejo Ramírez, ex ministro de Transportes. Delito: Aprovechamiento indebido
del cargo. Se le atribuye aprovecharse de las ventajas que le otorgaba el cargo
que ejercía, al interesarse indebidamente en la transferencia de la
autorización de la frecuencia de radio 92.5 en la ciudad de Ica a favor de la
empresa Radiopolis SAC, desconociendo el proceso judicial y medidas cautelares
sobre el cumplimiento de contrato y el uso de la mencionada frecuencia.
2 Aurelio
Pastor Valdivieso, ex ministro de Justicia. Delito: Peculado de uso. Se le
imputó el haber utilizado los bienes del Estado para sus actividades proselitistas.
3Jorge del
Castillo, ex premier. Delito: Tráfico de influencias y enriquecimiento
ilícito. Se le imputa haberse aprovechado de su alto cargo de
premier para favorecer a diversas empresas extranjeras en perjuicio de la
nación.
4Miguel
Hidalgo Medina,ex ministro del Interior. Delito: Colusión. Se le imputa –cuando fue director general de
la PNP– de ser el responsable directo del desabastecimiento generalizado de
antirretrovirales, afectando a los pacientes de VIH.
5José Antonio
Chang Escobedo Ex ministro de Educación.
Delito 1: Malversación de fondos. Se
le imputa haber propiciado irregularidades
en la remodelación, rehabilitación y equipamiento de las instituciones
públicas educativas emblemáticas y del Estadio Nacional.
Delito 2:
Abuso de Autoridad. Se le imputa haber abusado de sus atribuciones y concertado
con funcionarios públicos del Ministerio de Educación con la finalidad de
manipular el expediente administrativo de contratación de consultor para la
elaboración de un expediente técnico y así poder cambiar las constancias de
inscripción del Registro Nacional de Proveedores presentada por el postor.
6Octavio
Salazar Miranda, ex ministro del
Interior Delito: Peculado de uso. Por
aprovecharse de su cargo al haber dispuesto al personal policial realizar una
persecución institucionalizada contra la empresa Police Security SAC
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