CRISIS, VIOLENCIA Y OLVIDO EN EL PERÚ

Los “olvidados” de Perú mantienen el pulso, pero restan fuerza en las calles para enterrar a los muertos de los disturbios más masivos de los últimos años en el país andino. Las protestas iniciaron el pasado 7 de diciembre luego de que el presidente Pedro Castillo intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto, lo que siguió con su destitución, arresto y el nombramiento de su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, como presidenta interina de la nación.

 

El sábado, Boluarte se mostró desafiante ante las peticiones ciudadanas que gritan en las calles por su dimisión: “¿Qué se resuelve con una renuncia mía? Acá vamos a estar, firmes, hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones (…) Exijo que se reconsidere la votación” del pasado viernes, cuando el Parlamento votó en contra de adelantar los comicios generales de 2026 a 2023. La mandataria, natural de Apurimac, decretó el estado de emergencia durante 30 días, iniciando el pasado miércoles.

 

Llamado al cese de la violencia policial

 

Desde el pasado jueves, las marchas tomaron fuerza en el sur del país y continúan con el cierre de varias vías, pese a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad peruanas y los toques de queda decretados en nueve regiones. “Estamos pasando momentos muy difíciles y tristes (…) Señores de las Fuerzas Armadas y policiales, hay que respetar los derechos fundamentales a la vida y al justo reclamo. No podemos seguir enfrentándonos entre hermanos y hermanas del mismo pueblo y del mismo país. Hagamos el esfuerzo del diálogo”, escribió en Twitter la reconocida líder indígena, Tarcila Rivera Zea.

 

Un llamado al cese de la brutalidad estatal al que se han unido varias organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, después de que al menos 22 personas hayan perdido la vida por disparos del Ejército y la Policía. A esto se suman más de 500, según la Defensoría del Pueblo, que pidió investigar las acusaciones de que las fuerzas del orden peruanas estaban utilizando armamento ilegal para reprimir las manifestaciones y algunos uniformados habrían lanzados disparos directos al cuerpo de las víctimas, muchas menores de edad y la mayoría entre los 18 y 25 años.

 

“Las instituciones del Estado peruano deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos”, reza una misiva que varios organismos de derechos hicieron pública el pasado viernes, pidiendo tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos una visita conjunta al país y el monitoreo de las protestas. También Amnistía Internacional demandó “el cese inmediato de la violencia estatal” y el restablecimiento del “diálogo para detener la escalada de violencia y evitar más muertes”.

 

Uno de los jóvenes que han teñido de rojo las trágicas cifras de los últimos días fue Clemer Rojas, de solo 23 años. El estudiante salió de su hogar, en una pequeña aldea de la andina región de Ayacucho – popular por ser el epicentro de la violencia entre el Estado y la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en los años ochenta y noventa– para unirse a las protestas contra la destitución y detención de Pedro Castillo. Nunca regresó. El sábado, una comitiva fúnebre encabezada por campesinos e indígenas trasladaban el cuerpo sin vida de Clemer al cementerio. Junto a la foto del joven, carteles que rezaban: “Dina Boluarte, asesina”.

 

De nuevo, el campo peruano pone los muertos cuando la ciudadanía sale a reivindicar derechos, así como mejoras sociales, económicas y el fin de las crisis políticas que se vienen entrelazando. “Sentimos mucho dolor y queremos justicia, para que esto (la muerte) de mi sobrino y lo que le ha pasado a mi familia no quede impune. Solo pedimos justicia”, señaló a la agencia de noticias AP, Marlene Rojas, tía del estudiante asesinado, según los familiares, por los uniformados.

 

Un agente de policía apunta con su arma a los partidarios del depuesto presidente peruano Pedro Castillo, durante una protesta contra su detención, en Chao, Perú. © AP – Hugo Curotto

Muchos peruanos culpan al Congreso de la inestabilidad del país. “Cierren el Congreso, es un nido de ratas” son algunos de los lemas coreados por los manifestantes, que también piden elecciones y, algunos, la destitución inmediata de Boluarte. Otros están demostrando su rabia contenida contra el sistema, que no consigue paliar la crisis económica que ha sumido a miles en la pobreza y las estructurales desigualdades sociales.

 

“Es un dolor inmenso lo que están haciendo, una gran injusticia contra él (Castillo) porque no debió pasar. Prácticamente han secuestrado a nuestro presidente”, dijo a AP una partidaria de Castillo. Según AFP, una reciente encuesta determinó que alrededor del 44% de los peruanos apoyaban el intento de Castillo de disolver la legislatura, pese a que trató de hacerlo fuera de los límites constitucionales.

 

Crisis política endémica; Castillo acusado de “rebelión”

 

Precisamente, Castillo se alzó como presidente hace 17 meses con el apoyo de la ruralidad y el campo peruano que lo vio crecer. Por ello, son los hijos de los campesinos e indígenas los que se están levantando con más determinación no solo en apoyo a Castillo, también para demostrar –una vez más– su hartazgo con las inestables instituciones y la clase política dirigente en Perú, que en menos de cinco años ha tenido seis presidentes.

 

Leopoldo Huamani, un agricultor de 60, viajó desde la ruralidad más abandonada de Chalhuanca hasta Lima, la capital, para unirse al movimiento de protesta. Se siente parte de los “olvidados”, votó por el izquierdista buscando en él la representación en un sistema político de élites, acusadas de corruptas, pero a raíz de los últimos acontecimientos aseguró a AP no sentirse representado por nadie. Pese a esto, Huamani se lanzó a las plazas para reclamar el cese de la violencia policial y exigir la dimisión de la interina presidenta: “Ella sólo representa a los muertos”, dijo a AP, añadiendo que eligieron un “humilde maestro rural como nosotros con la esperanza de una revolución que llevara a los pobres al poder”.

 

Esto coincide con la reciente carta que envió el ahora presidente depuesto y ex maestro desde la cárcel: “Fui elegido por los hombres y mujeres olvidados del Perú profundo, por los desposeídos que han sido abandonados durante más de 200 años”, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo en las calles y animándoles a continuar protestando, pese a las “masacres” de la Policía, como declaró. Castillo enfrenta ahora 18 meses de arresto domiciliario, acusado de “rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública”.