Por Salud con lupa / 26 FEBRERO, 2021
No ahonda en la vacunación secreta de
personajes que no formaban parte del estudio, recomienda el retiro de la
confianza de funcionarios que ya renunciaron y no de otros, con responsabilidad
directa en la negociación de la compra de vacunas del Instituto Nacional de
Salud y Digemid que se mantienen en sus cargos, y promete entrevistas a los
implicados a las que no se puede acceder.
Después de diez días de haberse
formado, la Comisión Investigadora sobre el uso de vacunas experimentales por
fuera del ensayo clínico fase III de Sinopharm entregó ayer un informe que ha
sido cuestionado por la opinión pública por sus tibiezas y omisiones. El
encargado en presentarlo fue el doctor Fernando Carbone, como presidente de la
Comisión, en compañía del ministro de Salud, Óscar Ugarte.
“Muchos dicen que no debieron
hacerlo, que fue un error, que debió hacerse público, que debió informarse
abiertamente, que se equivocaron”, dijo Carbone sobre las 470 personas que
fueron inoculadas con la vacuna de Sinopharm. Calificó de error un acto que
permaneció oculto durante seis meses sin ninguna fiscalización de por medio.
Con la excepción, por cierto, del doctor Aldo Javier Lucchetti, entonces
director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio
de Salud, quien dejó en claro, con su testimonio, que sí considera que debió
aceptar la inoculación de la vacuna candidata contra el Covid-19.
Carbone mencionó que de estos 470
implicados, 369 integran los equipos de investigación del estudio mientras los
101 restantes no guardan ninguna relación con el ensayo. Son personal del
Ministerio de Salud, Cancillería, familiares e invitados. Carbone confirmó
también que de las 3,200 dosis secretas, 1,200 fueron entregadas a la Embajada
de China.
Pero el documento, que consta de 66
páginas, sienta algunas posturas a diferencia de su interlocutor: los
investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia no debieron incluir
en el protocolo que se vacunaría al equipo de investigación y personal
relacionado al estudio porque según la normativa de los ensayos clínicos en el
Perú (y el mundo) no pueden aplicarse productos fuera del estudio.
"El Comité Nacional Transitorio
de Ética en Investigación (CNTEI) del Instituto Nacional de Salud (INS) no
debió aprobar el protocolo ni las cantidades de insumos ahí solicitadas, pues
debió ceñirse al documento técnico; el INS no debió autorizar un protocolo que
incluye 3,200 dosis adicionales a las necesarias y tampoco un texto ajeno a lo
permitido por el Reglamento de Ensayos Clínicos; y la Oficina General de
Investigación y Transparencia Tecnológica (OGITT) del INS tampoco debió
autorizar el protocolo aprobado por el CNTEI, pues incumple el Reglamento de
Ensayos Clínicos", se lee en el informe.
Una cadena de instituciones que
actuaron indebidamente y que permitieron “un tráfico de vacunas”, como lo
denominó el contralor general de la República, Nelson Shack. En el informe se
establece también que fueron los investigadores principales del proyecto
quienes le extendieron la invitación a su equipo de vacunarse en secreto. Se
refieren a los doctores Germán Málaga, de la Universidad Cayetano Heredia, y a
Eduardo Ticona, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero con una
diferencia: dentro de su lista la Universidad Cayetano Heredia utilizó la
clasificación de “personal relacionado”, incluyendo así al expresidente Martín
Vizcarra, a funcionarios del Ministerio de Salud, Digemid, Cancillería e
inclusive a autoridades de la misma universidad, y familiares.
En ese sentido, el informe concluye
que esa terminología “personal relacionado” fue interpretada por los implicados
de una manera que les permitió beneficiar a su círculo más cercano. “Laxa y
flexible” son los términos que usaron los entrevistados. “La interpretación
dada a la frase antes mencionada no ha seguido las reglas de la lógica pues no
es posible que se interprete más allá del sentido semántico de las mismas. Era,
pues, evidente que el límite de dicha frase era el estudio propiamente dicho, y
no más allá del mismo. Por lo tanto, otro tipo de interpretación puede haber
constituido un acto de falta de diligencia grave en relación al cumplimiento
del protocolo”, reza el informe.
Un detalle importantísimo que revela
lo turbio del Vacunagate es que los entrevistados aseguran que luego de ser
inoculados con la candidata a vacuna de Sinopharm no recibieron ningún
seguimiento de parte de ningún monitor a diferencia de los 12 mil voluntarios
formales. “Ello constituiría una infracción al indicado protocolo”, sostiene el
documento.
Pero, ¿cuáles son las grandes
omisiones del informe Carbone? No hay hallazgos ni cuestionamientos sobre la
vacunación de personajes influyentes y poderosos como el expresidente Martín
Vizcarra, las máximas autoridades de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, el Nuncio Apostólico, Nicola Girasoli, e incluso
la abogada Cecilia Blume, una de las ‘invitadas’ del doctor Germán Málaga,
responsable de incluirla en lista. Ninguno era voluntario ni formaba parte del
equipo de investigación.
Tampoco se menciona directamente a
altos funcionarios del Ministerio de Salud como lo son los doctores César
Cabezas, jefe del Instituto Nacional de Salud y Raúl Timaná, director general
de la Oficina General de Investigación y Tecnología (OGITT), que depende del
ISN. Fue la OGITT el área que no pudo advertir este proceso de vacunas
irregulares a pesar de haber realizado una decena de inspecciones. Y es el INS,
la institución encargada de supervisar todos los ensayos clínicos y la conducta
de los investigadores en el Perú.
De su contraparte, la Digemid,
entidad que autorizó la importación del producto en investigación y productos
complementarios, apenas unos párrafos. “Respecto a esto, las declaraciones
dadas por la Directora General de la Digemid, Carmen Ponce Fernández, ante la
comisión, difieren de las declaraciones de la directora ejecutiva de Productos
Farmacéuticos de la misma Digemid, Sofía Salas Pumacayo y, la Asistente
Ejecutiva II, Cecilia Arrese Mogollón, beneficiarias de la vacuna candidata, en
relación a cómo se generó la posibilidad de beneficiar a algunos trabajadores
de Digemid y de qué manera se determinó quienes eran los beneficiarios de la
vacuna”. Una investigación periodística de El Foco reveló que al interior de
Digemid se sortearon cinco vacunas.
No se menciona en ninguna parte al
doctor Eduardo Gotuzzo, exmiembro del comité de expertos del Ministerio de
Salud, cuya empresa Gotuzzo Asociados (una organización de investigación por
contrato, conocida en la jerga médica como CRO) fue contratada por la
Universidad Cayetano Heredia para monitorear las historias clínicas de los 12
mil voluntarios del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm en el Perú.
Gotuzzo también fue vacunado irregularmente. A propósito de su Gotuzzo
Asociados, una de sus empleadas que recibió la vacuna es Paloma Verne Ugarte,
hija de Claudia Ugarte, a cargo de la Dirección General de Personal de la Salud
del Minsa. Ugarte no fue vacunada, pero sí su hija.
En el apartado VI, el informe de la
Comisión realiza una serie de recomendaciones: entre ellas el retiro de
confianza a 13 funcionarios con nombre y apellido entre los que figuran la
exministra de Salud Pilar Mazzetti, el ejecutivo Adjunto II del Viceministerio
de Salud Pública, Mario Tavera; y director general de la Oficina General de
Cooperación Técnica Internacional, Víctor Cuba, entre otros. El detalle es que
todas esas personas ya presentaron sus renuncias, como dejamos constancia en un
informe anterior. ¿Qué sentido tiene entonces? Entre esas recomendaciones no se
pide el cese de César Cabezas, jefe del INS, ni de Carmen Ponce, directora de
Digemid o de Raúl Timaná, de OGITT.
El informe Carbone ha confirmado una
información que la prensa ya manejaba: que los enlaces para el reparto de las
vacunas secretas fueron el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Jorge Jarama, y el asesor de Inmunización del Minsa, el
doctor Carlos Castillo. Respecto a Castillo, él entregó una lista con 33
vacunados, de los cuales solo 30 coinciden con la información entregada por la
Universidad Cayetano Heredia. El informe no revela la identidad de esos tres
individuos, pero además menciona que no encontraron la dependencia laboral de
dos de ellos y que, por lo tanto, no han podido ser ubicados.
Finalmente, durante la conferencia de
prensa el doctor Fernando Carbone aludió constantemente a los 271 anexos del
documento. Estos anexos contienen las entrevistas de los implicados. Sin
embargo, ninguno ha sido publicado hasta la fecha. El informe Carbone será enviado
a la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría, la Superintendencia Nacional de
Salud y el Congreso. Más que una investigación, es un documento descriptivo que
no apunta a comprender las implicancias de este grave hecho que tendrá impactos
en la investigación clínica con seres humanos en el Perú.
Lean el informe y saquen sus conclusiones.
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