Desde que el virreinato se
independizó con el nombre de República del Perú, han sido los depredadores
capitalistas extranjeros los que se han acercado a los gobernantes para
ofrecerles el dinero que el país necesitaba para resolver sus álgidos problemas
de liquidez. Esto, a cambio de que le entreguemos en concesión por treinta años
o más, la explotación de algún reglón del patrimonio nacional. La historia
registra el saqueo del país mediante esta modalidad y la generación de grandes
fortunas de los concesionarios.
Así sucedió con el salitre, con el
guano y otras concesiones que ya conocemos. De esa forma se entregó el uso por
66 años de todas las propiedades ferroviarias del Gobierno peruano, la de
Matarani a Puno y Cusco así como el Ferrocarril Central a Huancayo, la
asignación del guano existente adyacentes, por la cantidad de 2.000.000 de
toneladas; algunos otros créditos en depósitos de guano, en la Isla de Lobos y
otros islas y 33 pagos anuales por parte del Gobierno peruano, cada uno de
80,000 libras esterlinas ($ 400,000).
El grupo Gildemeister obtuvo del
gobierno de Benavides la concesión del Puerto Chicama (Malabrigo) por donde
ingresaba ingente cantidad de mercadería extranjera y se exportaba libremente
la producción de los “Barones del Azúcar” a título oneroso. Con esta misma
modalidad se otorgaban concesiones mineras como hasta ahora autorizando la
extracción de nuestra riqueza mineral a nuestros depredadores.
La concesión forestal otorga al
concesionario el derecho exclusivo para el aprovechamiento sostenible del bosque
amazónico. La concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del
recurso natural concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y
productos a extraerse.
Actualmente, existe la modalidad de
concesión a título oneroso, otorgada al amparo del Decreto Supremo N°
059-96-PCM, en la que se impone al concesionario una contribución determinada
en dinero o una participación sobre sus beneficios a favor del Estado, no se
encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas.
Ahora también los gobiernos
regionales y gobiernos municipales pueden otorgar concesiones para la ejecución
y/o explotación de las obras de servicios públicos para suplir la falta de
financiamiento y de presupuesto. Pero esta modalidad de concesiones a través de
la historia se ha ido envileciendo mediante la corruptela de modo que las
autoridades reciben un porcentaje del presupuesto de cada obra en concesión y
así, cuanto más costosa sea la obra mayor es el monto del porcentaje que recibe
el corrupto. Incluso después de darse la buena pro de la obra el presupuesto
puede triplicarse por reajustes justificados artificialmente.
En el caso de los peajes, el alcalde
procede alevosamente contra el pueblo que lo eligió pues sin que la gente lo
sepa, otorga concesiones por treinta años a la construcción de tramos
carreteros pero no con cargo al presupuesto municipal sino con cargo a los
pobladores que ignoran los arreglos y son obligados a sacar dinero de su
bolsillo para enriquecer al depredador y a la autoridad corrupta. El alcalde
entonces se promociona políticamente como un gran impulsor de obras públicas y
la estafa se convierte en algo ordinario y legal.
Pero todo tiene un límite de soporte
hasta que el pueblo explota y entonces sucede lo que venimos observando en el
caso Puente Piedra pues tiene su origen en la concesión por treinta años de
peajes otorgado por el municipio de Lima a Odebrecht a cargo del proyecto Rutas
de Lima tanto en la Panamericana Norte y Sur como también, en la vía Ramiro
Prialé. Por su puesto, los alcaldes comprometidos con esta modalidad procurarán
que el sistema se mantenga porque en eso radica su rentabilidad política y
económica.
Así en este caso, esta modalidad ha
permitido al concesionario vial incrementar los peajes en 66% en 3 años sin
mejora equivalente en el servicio. Ya Odebrecht vendió 57% de su participación
en Rutas de Lima a Brookfield por 500 millones de dólares con lo cual ha
recuperado la inversión más una importante rentabilidad y sigue cobrando
dividendos.
Pero el problema no es solo de los
pobladores de Puente Piedra que tienen que pagar doble peaje por el solo hecho
de residir en áreas adyacentes sino de toda la población que circula por esas
pistas y que ve afectado su derecho de libre circulación. Pero precisamente los
contribuyentes ya han pagado sus impuestos para que con ello se hagan las
pistas y otras obras. Entonces es un abuso de gobierno volver a cobrarles
mediante peajes una y otra vez como pagar varias veces la misma factura.
Por eso también, cargarle a toda la
población el financiamiento del gaseoducto del sur incrementando el pago por
consumo de electricidad es una decisión de gobierno muy abusiva contra la
población que ni siquiera ha sido consultada. Como quiera que la población no
se organiza para defenderse ahora se ha dispuesto cobrar el servicio de
serenazgo también a través del recibo de luz. Con esta modalidad tendrán que
pagar hasta los que no reciban el servicio y así se va empobreciendo a la
población más necesitada para favorecer a nuestros depredadores.
Pero esto no es todo y resuelto el
problema de Puente Piedra el sistema continuará en todos los campos de la
actividad nacional al amparo de la legislación vigente que permite decisiones
antidemocrátricas y lesivas a la población mayoritaria. Pero tan dañina como el
abuso de poder resulta también la pasividad social que lo permite. Ante la
impotencia por falta de canales democráticos el pueblo termina aceptando los
abusos.
Ante todo lo señalado, ¿cuál es
nuestra responsabilidad personal y de la izquierda peruana? Si no se dice nada
al respecto es como si estuviera de acuerdo, porque el que calla, otorga. Pero
se supone que la izquierda defiende los intereses del pueblo y si no cumple con
esta responsabilidad podría interpretarse como cómplice del abuso de poder. No
conocemos del pronunciamiento de las organizaciones políticas de izquierda
frente a esta problemática y esa indiferencia resulta dañina para las
aspiraciones en perspectiva.
Por ello resulta estratégico
aprovechar toda circunstancia de abuso de poder para salir públicamente en
defensa del pueblo peruano y hacer ver la diferencia con lo que hace la
derecha. Perdemos una serie de oportunidades para explotarlas políticamente con
lo cual la negligencia y poca perspicacia conspira contra el fortalecimiento de
las fuerzas populares. No debemos dejar pasar las oportunidades que nos
favorecen. Por lo menos hagamos bulla para que el pueblo vea que existimos. No
defraudemos la esperanza cifrada en nosotros.
Los abusos y las ineficiencias de
gobierno están a la orden del día y si por lo menos emitimos un
pronunciamiento, ello contribuirá a tener una mejor imagen de nuestra
alternativa política. Mejor si podemos elevar un proyecto de ley que proteja al
pueblo de las concesiones onerosas y dañinas a la economía popular. Hay muchos
medios para llegar a los oídos de nuestro pueblo. Lo peor es quedarnos callados
porque eso favorece a nuestros adversarios. Este es solo un punto de vista. No
pretendo ser inmaculado ni mirar por encima a los demás.
Enero 2017
FUENTE: Milciades Ruiz
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